El 30 d'octubre en la Comissió de Justícia del Senat i el 12 de novembre en el Ple, vam debatre dos projectes de llei aparentment poc conflictius i de poc recorregut polític, ja que essencialement es tractava de la transposició d'una directiva europea per a l'execució a la Unió Europea de resolucions que imposin sancions pecuniàries (és a dir perquè, per exemple, un jutge belga pugui demanar a un jutge de Girona que obligui a un ciutadà europeu resident a la Costa Brava a pagar una sanció econòmica dictada per un tribunal belga). Però resulta que on menys t'ho esperes salta el tema de la llengua i sorgeix el conflicte. En aquest cas hi havia un article que requeria la "traducció a l'espanyol" del certificat que acrediti la demanda de resolució d'un tribunal europeu.

Si us preocupa la situació de la llengua catalana a la Justícia i a Europa, si us plau continueu la lectura.

La realitat és que l'article 171.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, diu que "les actuacions judicials realitzades i els documents presentats en l'idioma oficial d'una comunitat autònoma tindran, sense necessitat de traducció al castellà, plena validesa i eficàcia". Una esmena (de CiU) reblava el clau en aquesta direcció i deia que, en el cas d'aquestes demandes d'execució d'una resolució d'un tribunal d'un país de la UE, s'havia de requerir la traducció al castellà o a qualsevol de les altrtes llengües de l'Estat en els àmbits territrials en què són oficials. Al Senat s’incorpora aquesta esmena al dictamen de la llei a la Comissió de Justícia (sense la presència del portaveu de CiU), amb els vots favorables de l’Entesa (com a portaveu de Justícia de l’Entesa assumeixo la defensa de l’esmena), del BNG i del PP, i el vot en contra del PSOE que ja s’hi havia oposat junt amb el PP en el tràmit del Congrés.

En el Ple del Senat, després de múltiples pressions del portaveu de Justícia de l’Entesa, del portaveu del PSC dins l’Entesa i d’alguns senadors del PSOE, el PSOE, malgrat les pressions en contra del Ministeri de Justícia, s’acaba sumant al consens majoritari, retira el seu vot particular en contra de la incorporació de l’esmena al dictamen i l’esmena que reconeix el règim d'oficialitat vigent del català acaba sent aprovada amb el conjunt del text per unanimitat.

L'alegria, però, va ser de molt curta durada, perquè en tornar el Projecte de Llei al Congrés, resulta que no solament el PP (cosa previsible, perquè ja han actuat així en altres casos) sinó també el PSOE, inclosos els diputats del PSC, vota en contra de la decisió unànime del Senat favorable al català i el text queda amb el redactat monolingüista espanyolista original.

Per acabar-ho d’adobar, i em sap molt greu, tant en la primera tramitació al Congrés com en aquesta última després d’haver passat el text pel Senat, qui intervé en nom del PSOE en contra de la incorporació d’aquesta esmena a favor de la llengua catalana i del seu règim d’oficialitat és el diputat per Girona del PSC, Àlex Saez, amb uns arguments que podeu qualificar vosaltres mateixos:

“En cuanto a la enmienda número 20 de CiU, para la que ha pedido ese grupo parlamentario la máxima sensibilidad con el tema de las lenguas cooficiales, quiero decirle al portavoz del Grupo de Convergència i Unió que precisamente este mismo diputado que les habla hoy en nombre del Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Comisión de Cultura una primera iniciativa a favor de la lengua catalana. La sensibilidad que demuestra el Gobierno de España con las lenguas cooficiales está fuera de toda duda, incluso el impulso del uso de las lenguas cooficiales en los organismos europeos. Sin embargo, vamos a proceder al rechazo de esta enmienda número 20, que propone modificar el artículo 13.1 para prever que el certificado que reciba el juez pueda venir traducido a la lengua cooficial de la comunidad autónoma en que deba ejecutarse la resolución firme, por un doble motivo. En primer lugar, porque la propia decisión marco establece como lengua oficial la del Estado de ejecución. En segundo lugar, porque nuestro grupo parlamentario entiende que debe estar traducido también al español, a los efectos de que -en ocasiones- dichas resoluciones podrían ser susceptibles de reenvíos dentro del propio territorio español, con lo que si no estuviera también traducido al español podría dificultar la eficacia y agilidad en la ejecución de la resolución.

“Termino, por tanto, anunciando este rechazo, pero con la satisfacción de que este proyecto de ley haya alcanzado un amplio consenso (…)”

(Intervenció en la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats el 23 de setembre, vegeu aquí el Diari de Sessions)

“En coherencia con la posición sostenida por nuestro grupo en la Comisión de Justicia en el Congreso, mantenemos únicamente nuestro rechazo a la enmienda número 21 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Senado al artículo 13.1 del proyecto de ley, que permitiría que las notificaciones de resoluciones judiciales pudieran enviarse al órgano judicial traducidas al español o a cualquiera de las lenguas cooficiales. Esto no se produce por ninguna falta de sensibilidad hacia el euskera, el gallego o el catalán a las que mi grupo parlamentario tiene más que acreditada su defensa y promoción, ni limita ningún derecho a los ciudadanos. Conocemos y reconocemos que el uso de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia puede y debe mejorarse. Pero la aceptación de esta enmienda, lejos de contribuir a este fin, lo que podría producir son desajustes, obstáculos a la celeridad y agilidad que pretende el procedimiento de ejecución. Yo le exhorto, señor Jané -y permítame el atrevimiento-, a que retire esta enmienda. Su grupo parlamentario y el mío defendemos un Estatut de Autonomía en Cataluña que va a mejorar también el uso de las lenguas cooficiales, el uso del catalán en nuestra comunidad autónoma. En nada contribuye a ello esta enmienda y yo me permito el atrevimiento de solicitarle que retire esta enmienda. El certificado que acompaña a la resolución judicial, en caso de introducirse en la ley, debe venir traducido al español, puesto que la traducción a alguna de las lenguas cooficiales podría plantear una merma de eficacia si el juez manifiesta desconocimiento de la lengua o si se precisan -cosa que podría ser usual- reenvíos de este certificado para la práctica de la ejecución a otros partidos judiciales en los que esta lengua no fuera oficial.”

(Intervenció en el Ple del Congrés de Diputats del 20 de novembre en contra de la decisió del Senat, vegeu aquí el Diari de Sessions)

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A continuació trobareu les meves intervencions en relació amb aquesta qüestió.

Intervenció en la Comissió de Justícia del Senat el 30 d’octubre:

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».)
Bon dia, senyor president.

Una vegada més he de començar la meva intervenció expressant la meva protesta pel fet que no es pugui utilitzar amb tota normalitat la llengua catalana en aquest Senat.

Decía, con otras palabras, que para mí quieren decir lo mismo, que nuevamente he de empezar mi intervención protestando por la imposición del castellano como única lengua de trabajo en esta comisión.

Entrando en la materia de los proyectos de ley que hoy debatimos en esta comisión, y para ser lo más breve posible, expreso nuestro apoyo global a los textos de estos proyectos, porque constituyen un paso más en la consolidación de la Unión Europea y particularmente en la creación de un espacio de seguridad y justicia común en una cuestión clave como es el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

En la pasada legislatura ya aprobamos, entre otras, la Ley para la eficacia en la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, que apuntaba en la misma dirección. Nuestra posición ahora, evidentemente, no va a variar en el proyecto de ley para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones que impongan sanciones pecuniarias, ni en el proyecto de ley orgánica complementaria de esta.

Tampoco va a variar nuestra posición en lo que se refiere a las enmiendas. Quiero manifestar nuestro apoyo total a la número 21, de CIU y lamento que no esté hoy presente su representante para votarla. Es una enmienda exactamente igual a una que presentó en la pasada legislatura el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con la transposición de la normativa europea sobre resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas. Teniendo en cuenta el artículo 3 de la Constitución, que dice literalmente que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que las otras lenguas son lenguas españolas, la denominación de lengua española es confusa y, en todo caso, no adecuada a la Constitución, que protege especialmente la oficialidad de las otras lenguas que sean reconocidas por los estatutos de autonomía.

Esta enmienda va acorde, también, con toda la legislación derivada, y en relación con la plena eficacia jurídica de los documentos en estas lenguas, particularmente en los territorios en que son oficiales, señala expresamente: «Cuando el certificado que acompañe a la resolución de ejecución de una sanción pecuniaria no venga traducida al castellano o a cualquiera de las demás lenguas del Estado en los ámbitos territoriales en los que tienen carácter de lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, se remitirá inmediatamente a la autoridad judicial...». Es decir, es una enmienda que reconoce y aplica el régimen de oficialidad de nuestras lenguas que rige actualmente en el Estado español, y nos parece muy importante que lo haga en el marco de la transposición de una normativa europea y en relación con las actuaciones judiciales dentro de la Unión Europea.

Esperamos que esta enmienda sea aprobada y, a ser posible, con el voto favorable del grupo que apoya al Gobierno. Lamento mucho tener que decirle que me parece lamentable que un grupo que en el terreno de las ideas apuesta por el pluralismo, e incluso por una reforma del modelo de Estado y se afirma profederal, cuando llega la hora de hacer camino poco a poco, demasiado para nuestro gusto pero camino al menos, en esa dirección de mayor pluralismo y democracia, de mayor reconocimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, se opone con unos argumentos propios del más rancio centralismo, como el de los retrasos que ha expresado hoy el portavoz socialista y como los que se utilizaron en el debate de este proyecto en el Congreso.

Me apena doblemente traer a colación estas intervenciones de compañeros de la bancada socialista del Congreso y del Senado, y hoy aplaudiría con entusiasmo que, en coherencia con sus principios y su apoyo a los estatutos, votaran a favor de esta extensión del derecho al uso de nuestras lenguas en terrenos especialmente importantes en este momento como son la justicia y la Unión Europea, ámbitos en los que todavía debemos avanzar mucho por lo que se refiere al pleno reconocimiento del ejercicio de los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos que tienen como lengua de vida y de trabajo el catalán, el gallego y el euskera.

Moltes gràcies.

Intervenció en el Ple del Senat del 12 de novembre de 2008

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor senador inicia su intervención en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del Diario de sesiones): «Gràcies, president. Bon dia. Una vegada més he de començar la meva intervenció expressant la meva protesta pel fet que no es pugui utilitzar amb tota normalitat la llengua catalana en aquest Senat.»
En otras palabras, decía que, nuevamente, he de empezar mi intervención protestando por la imposición del uso del castellano en esta Cámara.

Los proyectos que hoy debatimos podemos calificarlos de técnicos, pues su trasfondo político no es otro que la construcción práctica de la Unión Europea, en la que, afortunadamente, participamos de unos consensos básicos que nos permiten avanzar. Por ello, apoyamos globalmente estos proyectos de ley, pues suponen un nuevo paso en la creación de un espacio común europeo de justicia en una cuestión fundamental como es el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales.

Durante el trámite en comisión se mejoró el texto en cuestiones formales, pero importantes, especialmente con la incorporación de una enmienda al artículo 13, en virtud de la cual, cuando el certificado que acompaña la resolución de ejecución de una sanción pecuniaria no venga traducido al castellano o a cualquiera de las demás lenguas del Estado en los ámbitos territoriales en los que tienen carácter de lengua oficial de acuerdo con sus estatutos, se requerirá la traducción correspondiente. Es decir, que ahora el texto reconoce y aplica el régimen de oficialidad de nuestras lenguas que rige en el Estado español. Por ello, nos parece importante que lo haga también en el marco de la trasposición de una normativa europea y en relación con las actuaciones judiciales dentro de la Unión Europea.

Quiero expresar nuestra satisfacción por que el Grupo Parlamentario Socialista haya retirado su voto particular y se sume a la mayoría, que ahora va a ser unánime, para defender nuestro marco jurídico plurilingüe. La redacción original -cuando el certificado que acompaña la resolución de ejecución de una sanción no venga traducido al español requerirá traducción- no era, desde nuestro punto de vista, ajustado a nuestro marco jurídico. En primer lugar, porque la referencia al español para denominar al castellano en un texto jurídico con rango de ley era, cuando menos, inadecuado y confuso a la luz de la Constitución, ya que esta, en su artículo 3, no habla de una sola lengua española, sino de lenguas españolas y del castellano, no del español, como lengua española oficial del Estado. Pero aún hay más, porque la propia Constitución deja bien claro que esta oficialidad del castellano no excluye la oficialidad de las otras lenguas, al contrario, afirma que estas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.

Por lo demás, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 171.4, dice literalmente: las actuaciones judiciales realizadas y los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma tendrán, sin necesidad de traducción al castellano, plena validez y eficacia. Esto quiere decir que si un órgano judicial europeo presenta un documento en catalán ante un órgano judicial radicado en Cataluña, este debe aceptarlo sin requerir traducción al castellano.

Así pues, en el nuevo redactado existe una disposición que reconoce la oficialidad del castellano y de las demás lenguas en plena armonía con el texto constitucional, con los estatutos y con la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Hoy damos un paso importante en relación con una ley sin gran debate político; toda la Cámara, por unanimidad, apoya el plurilingüismo. Para que nuestra satisfacción sea plena -y cuando digo nuestra, creo que puedo referirme a la de todo el Senado- ahora se trata de que tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista trasladen dicho acuerdo al Congreso de los Diputados, para que así terminemos definitivamente con el doble lenguaje en relación con esta cuestión, de manera que se haga efectivo este reconocimiento del derecho al uso de nuestras lenguas en ámbitos como el de la justicia y la Unión Europea, muy importantes para su desarrollo.

Quiero agradecer expresamente también al Grupo Parlamentario Popular que apoyara ya en la comisión este nuevo redactado, acorde con el plurilingüismo del Estado. Nos alegra su posición, y hoy la del Grupo Parlamentario Socialista, porque esperamos que sea un buen augurio para acabar con la utilización de las lenguas como arma arrojadiza en el debate político.

(El señor senador continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones): «Per acabar, aprofito l'oportunitat d'aquest acord per emplaçar-los perquè aquí al Senat, on només depèn de vostès, ens asseguem a parlar i fem el que calgui perquè puguem usar amb normalitat en aquest Ple unes llengües que són de tots i principalment de tots els que les parlem més enllà de diferències polítiques o ideològiques.»
Les decía que, para terminar, aprovecho la oportunidad de este acuerdo para emplazarles, de manera que en el Senado, donde solo depende de ustedes, nos sentemos a hablar y demos los pasos necesarios para que podamos usar con normalidad en el Pleno unas lenguas que son de todos y, principalmente, de todos los que las hablamos, por encima de diferencias políticas o ideológicas.

Moltes gràcies, president.