Avui s'aprova al Senat l'Estatut d'Andalusia. El PP dóna suport a un text que en molts aspectes és un calc de l'Estatut català que ha recorregut davant el Tribunal Constitucional. Albert Lamarca, profesor de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra, i Vanessa Casado, militant d'ERC (23 a la llista d'ERC per Barcelona al parlament de Catalunya), número 1 de la promoció de Dret 2006 a la UPF, on prepara el doctorat, i que acabarà la llicenciatura d'Economia l'any vinent, han fet un estudi comparatiu dels dos estatuts que desmunta tota l'argumentació del PPi que revela que a l'Estatut andalús hi ha 55 articles idèntics o molt semblants a d'altres de l'Estatut de Catlunya recorreguts al Tribunal Constitucional.

Abans de res, per als qui això del concurs els soni a xinès, reprodueixo aquesta definició de concurs treta del Gran Diccionari de la Llengua Catalana: 5 concurs de creditors DR MERC Reunió de creditors davant el jutge, en mans del qual el deutor ha de fer cessió dels béns per a pagar a cadascú segons el grau del seu crèdit. Evidentment, el procediment és més complex que això, però aquest és l'origen.

Estic satsifet d'haver aconseguit aprovar per unanimitat la moció que trobareu més avall, perquè encara que he hagut de fer concessions importants al PSOE, era substancial per continuar treballant i pressionant a favor de la reforma que el partit del govern admetés que s'ha d'estudiar una revisió d'aspectes de la llei, que calen més jutjats mercantils i que tindria en compte les reivindicacions dels col·legis professionals en relació a la retribució dels administradors concursals.

Aquestes són les notes en què vaig basar les meves dues intervencions al Ple de dimarts 19 de desembre al Senat en defensa de la nostra moció (quan surti el diari de sessions veureu que van ser una mica més breus, perquè el debat es va fer a última hora del vespre després de més de 6 hores seguides de parlaments):

Gràcies, senyor president,

La reforma concursal, la regulació en un únic text legal de la normativa concursal, que es va realitzar amb l’actual llei concursal, la llei 22/2003 que va entrar en vigor l’1 de setembre de 2004, representava, com diu en la seva exposició de motius, “una de les peces més importants en el procés de modernització en el nostre dret”.

Decía que la reforma concursal, la regulación en un único texto legal de la normativa concursal, que se realizó con la actual ley concursal, la Ley 22/2003 que entró en vigor el primero de septiembre de 2004, representaba, como reza en su exposición de motivos, “una de las más importantes piezas … en el proceso de modernización en nuestro derecho”.

La nueva ley venía a superar anacronismos decimonónicos que no permitían atajar maniobras de mala fe, abusos y simulaciones que conducían a soluciones injustas. Se consiguió redactar una norma moderna destinada a salvaguardar los legítimos intereses, a menudo contrapuestos, de las partes implicadas en una crisis empresarial.

La unidad de procedimiento, con garantías bien delimitadas para las partes, y la atribución de la competencia para conocer del concurso a los Juzgados de lo Mercantil creados al hilo de esta ley representaban un paso decisivo para dicha modernización.

Dicho esto, era evidente, y más en una ley y una materia de tanta complejidad, que la aplicación práctica de la norma exigiría ajustes para poder garantizar que se respetará la voluntad modernizadora del legislador y se superaran las inercias del pasado.

La moción que presentamos obedece a la necesidad de dar una respuesta a tiempo a algunas disfunciones que se producen en la aplicación de la ley; disfunciones percibidas tanto por jueces de lo mercantil, como por economistas y abogados, y otros profesionales, que intervienen en procedimientos concursales, y particularmente en la administración concursal, que han expresado públicamente su preocupación.

De hecho, esta moción se inscribe en un proceso de trabajo, de análisis de la aplicación de la ley concursal y de reflexión sobre posibles mejoras, que han realizado los colegios profesionales catalanes de censores jurados de cuentas, de titulados mercantiles y empresariales, de abogados y, singularmente, el Col•legi d’Economistes de Catalunya. Las gestiones realizadas a lo largo de este año ante el Ministerio de Justicia y ante el Consejo General del Poder Judicial para tratar sobre este asunto, en las que ha intervenido el senador que les habla, y en las que se manifestaba una percepción similar a la nuestra sobre la aplicación de la ley concursal, han corroborado nuestro convencimiento de la oportunidad de plantear también estas cuestiones en sede parlamentaria para favorecer que desde el gobierno se les de una respuesta positiva.

En primer lugar, cabe destacar que el nuevo marco legal no está siendo plenamente eficaz para resolver las situaciones de crisis, porque el procedimiento concursal está siendo utilizado por las empresas, generalmente, de una manera tardía, con poca o nula anticipación, con la agravación del estado de insolvencia y la dificultad para adoptar estrategias de contención que ello supone.

El concurso es poco y mal utilizado en demasiados casos. Como señalaba un juez mercantil, nuestra economía es todavía inmadura y se halla aún muy alejada de otras en que el modelo concursal ya funciona desde hace años. Un dato ilustrativo revela que en el Estado español se producen 0,35 concursos por cada 10.000 habitantes, en tanto que en Inglaterra se producen 5 casos, 15 veces más que aquí, y en EEUU 20, es decir 60 veces más.

La pésima situación patrimonial en que se encuentran la mayoría de las empresas que llegan al concurso, hace que en general sea demasiado tarde para poder cumplir las garantías que exige el plan de viabilidad.

De ahí que que sea tan importante adoptar medidas que incentiven adelantar la declaración de concurso como garantía de una mejor situación patrimonial de la empresa, tanto a favor de sus acreedores como a favor de su propia continuidad, si es posible.

Por otra parte, se dan toda una serie de factores que, a pesar de ampararse en la letra de la Ley, hacen que los procedimientos no se desarrollen como sería deseable de acuerdo con la voluntad del legislador.

Así, en la práctica, muchas solicitudes presentadas no cumplen el supuesto objetivo del concurso, ni existe masa activa suficiente para cubrir ni tan solo los gastos del proceso, obedeciendo en realidad a situaciones liquidatorias que se intentan prolongar en el tiempo aprovechándose de artimañas procesales.

Además, son muy frecuentes los retrasos en las admisiones a trámite de las solicitudes, por la falta de rigurosidad de la información que presentan, falta que se produce con efectos similares en otras fases del concurso.

A todo esto hay que añadir los retrasos procesales cuando el deudor llega al concurso con un situación patrimonial muy deteriorada, situación muy frecuente en procedimientos abreviados, ya que se ha de tener en cuenta también el elevado coste que tiene el procedimiento concursal, sobre todo en lo que hace referencia a la publicación de edictos y a los honorarios de los profesionales que intervienen.

También consideramos necesario un mayor fortalecimiento de las medidas cautelares, limitando o eliminando su discrecionalidad, para evitar la desaparición del patrimonio del deudor cuando el concurso ya está admitido.
Finalmente otra cuestión también muy relevante es el grado de protección de los créditos de los acreedores públicos y el de los privados en el concurso, que consideramos que debería tender a nivelarse y que tendremos ocasión de debatir nuevamente en relación con el Proyecto de Ley de Concurrencia y prelación de créditos en caso de ejecuciones singulares, en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y que podria colisionar con nuestro criterio y con aspectos de la propia ley concursal.

Al margen de las cuestiones normativas, una de las consecuencias positivas de la ley ha sido la creación de los juzgados de lo Mercantil concebidos como órganos especializados para el conocimiento de los procesos concursales, pero también para atender otros asuntos relevantes en torno al mundo de la empresa, como los contratos mercantiles, la propiedad industrial, los asuntos relativos al transporte, los seguros, el derecho de la competencia, la marca y las patentes.

Una apuesta muy ambiciosa que tenía una limitación grave ya que, pese a que los nuevos juzgados comportaban una modificación de la planta judicial, en la memoria económica del proyecto de ley no se contempló un estudio del impacto financiero de esta reforma, cosa poco explicable, aunque no nos sorprenda al ser una práctica habitual en muchos proyectos de ley.

Un número insuficiente de Juzgados de lo Mercantil encargados de tramitar los expedientes concursales pueden provocar situaciones de colapso por la elevada carga de trabajo que estos órganos soportan, que debería crecer si la ley se aplicara no solo como vía liquidatoria sino también como instrumento para salvar empresas que puedan ser total o parcialmente viables.

Y ello, incide especialmente en algunas comunidades autónomas que se caracterizan por una economía con gran peso del sector industrial y de la pequeña y mediana empresa.

En estos más de dos años de vigencia de la ley concursal, cuatro comunidades autónomas han concentrado en torno al 56% de los procedimientos consursales publicados. Catalunya, con un 22% del total, la Comunidad con mayor numero de procedimientos, ha contado hasta junio de este año sólo con 7 juzgados mercantiles (4 en Barcelona, y 1 en Lleida, Tarragona y Lleida, respectivamente), apenas un 13% de los 55 que había en todo el Estado.

La demarcación de Barcelona, por ejemplo, pese a ser la primera del Estado en expedientes tramitados, contaba hasta el pasado 30 de junio con sólo 4 juzgados mercantiles. Esta situación de partida, totalmente insuficiente, se ha empezado a corregir, aunque sólo parcialmente, con la creación del Juzgado mercantil 5, que entró en funcionamiento el pasado 30 de junio, y a partir del 2007 con la entrada en funcionamiento del Juzgado mercantil 6, pero que no será de nueva creación, sino tan solo la transformación del antiguo Juzgado de Primera Instancia 58 de Barcelona. La realidad actual es que mientras que en Barcelona se tramitan más del 19% del total estatal de los expedientes y habrá, en 2007, 6 juzgados mercantiles, en Madrid, con un 12% del total de los expedientes ya hay hoy 7 juzgados mercantiles.

Finalmente, quisiera referirme a una de las cuestiones centrales de nuestra moción: la retribución de los administradores concursales

El nuevo sistema concursal requiere la intervención de profesionales altamente especializados, en el ámbito de la economía, el derecho, la contabilidad y la gestión de empresas que deben auxiliar al juez mercantil en el cumplimiento de sus funciones.

Los administradores concursales son retribuidos con arreglo a arancel, lo que constituye una novedad en el derecho concursal. Con este sistema, el legislador pretendía conseguir que profesionales de calidad tuvieran suficientes incentivos para desempeñar el cargo de administradores concursales

Sin embargo, la gran mayoría de los concursos declarados corresponde a procedimientos abreviados, en los que sólo hay un administrador concursal y la masa activa resulta frecuentemente insuficiente para hacer frente a los gastos del proceso, entre ellos la retribución de la administración concursal, por lo que en muchos casos estos profesionales no cobran sus honorarios, e incluso han de sufragar a su cargo algunos gastos causados por la tramitación del expediente.

Hay que decir en este sentido que los procedimientos abreviados tramitados en Barcelona representan un 93% del total, y que de los 250 expedientes concursales abiertos, sólo se ha publicado el correspondiente edicto de declaración concursal en 130 casos.

El sistema, a pesar de la voluntad expresada por el legislador, no garantiza una retribución adecuada a los administradores concursales por la labor que desempeñan, lo que puede provocar una renuncia a esta especialización por parte de profesionales capacitados, y nos consta que algunos empiezan a planteárselo, que podría acarrear consecuencias negativas para el buen funcionamiento del nuevo sistema concursal.

Es necesario introducir el concepto de retribución mínima, acorde con las tareas que inexcusablemente debe desarrollar la administración concursal en cualquier concurso, independientemente de la magnitud del activo y del pasivo concursales, y establecer algún tipo de fondo de carácter público destinado a resarcir a los profesionales por los honorarios y gastos devengados por su intervención en los procedimientos concursales, en caso de impago por parte de las entidades concursadas.

En cualquier caso, tal como prevé la Disposición adicional única del Real Decreto 1860/2004, debe procederse a la evaluación de los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concursales, buscando una solución más satisfactoria que la actual, consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados.

Así pues, para concluir, con nuestra moción proponemos que al cabo de más de dos años de aplicación de la ley se realicen los ajustes necesarios para que se cumplan sus objetivos con la máxima eficiencia posible.

Llegados a este punto no puedo menos que felicitarme porque el resto de los grupos parlamentarios han entendido la necesidad de estos ajustes y hemos acordado un texto transaccional que nos satisface porque abre la puerta a una reforma de la normativa reguladora de los procedimientos concursales, insiste en la necesidad de crear nuevos juzgados mercantiles y insta al gobierno a evaluar la aplicación del arancel de los administradores concursales, al tiempo que plantea la actualización del báremo, el establecimiento de una retribución mínima de los administradores concursales y la creación de los instrumentos legales para garantizarla.

Agraint als altres grups la seva bona disposició a l’acord, acabo senyor president

Agradeciendo a los demás grupos su buena disposición al acuerdo, concluyo señor presidente

Gràcies

Segona intervenció (torn de portaveus):

Gràcies, president,

Seré muy breve y, me limitaré, prácticamente solo a la lectura del texto que hemos suscrito todos los grupos. Únicamente quisiera destacar la importancia de una administración concursal profesional y competente mediante un dato: a los dos años de vigencia de la ley el INE contabilizaba 1799 concursos que afectaban a unos 43.500 trabajadores y a un número sin duda muy importante de acreedores. A nadie se le puede escapar, que un planteamiento con previsión del concurso junto a una administración concursal con voluntad y capaz de plantear ya sea una liquidación ordenada ya sea una viabilidad aunque fuera de una parte de la actividad empresarial tienen un inmenso impacto social.

El texto de la moción que aprobaremos finalmente por unanimidad es el siguiente (aquí el trobareu)

Nuestro grupo agradece a los demás grupos su apoyo y muy especialmente al Grupo Socialista que se haya avenido a un acuerdo que compromete al gobierno. En este sentido quisiéramos dejar claro que no nos satisface la simple aprobación de esta moción, porque de lo que se trata es de dar nuevos pasos en el próximo ejercicio para conseguir una reforma de la normativa que redunde en una mejor resolución de los concursos en beneficio de las partes implicadas y de la buena salud de las empresas y de nuestra economía.

El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa reguladora de los procedimientos concúrsales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, con el objeto de eliminar disfunciones y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades productivas y de los puestos de trabajo que éstas generan, siempre que sea económicamente viable, conforme las siguientes actuaciones:

1) Iniciar los estudios para una posible mejora de la Ley 22/2003 con el fin de favorecer el uso de los procedimientos concúrsales como instrumento de superación de las crisis empresariales, con la participación del Consejo General del Poder Judicial y de las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, entre otras.

2) Continuar incrementando el número de Juzgados de lo Mercantil, y su adecuada dotación, en especial, en aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor carga de trabajo como consecuencia del número de expedientes concúrsales en tramitación.

3) Proceder a la evaluación de los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concúrsales, consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, conforme dispone la Disposición adicional única del Real Decreto 1860/2004.

Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de los administradores concúrsales y las tareas que realizan; y se considerará la actualización del baremo, en su caso, y el establecimiento de una retribución mínima de cada uno de los administradores concúrsales suficiente para que pueda atender con profesionalidad la tramitación básica de un concurso y la creación de los instrumentos legales necesarios y suficientes que garanticen esta retribución mínima.

És una qüestió complexa, però ja n'he parlat en altres moments en aquest bloc. Ara hi torno perquè vaig presentar una moció al Ple del Senat, ahir la vam debatre i, finalment, després d'una transacció que retallava el contingut inicial, i que vaig preparar jo mateix perquè el PSOE entrés en l'acord, es va aprovar per unanimitat.

Quan vaig preparar la moció, junt amb J.M. Alcoberro, assessor dels senadors d'ERC, i alguns membres del Grup de Treball d'Administradors Concursals del Col·legi d'Economistes de Catalunya, vaig preferir presentar un text extens i detallat, que ens permetia posar damunt la taula del Ministeri de Justícia i dels grups parlamentaris les principals solucions que proposàvem per resoldre les disfuncions que havíem detectat en l'aplicació de la llei concursal en els seus dos anys de vigència, sabent, però, que hauríem de retallar-la per aconseguir un acord de tots els grups, particularment del partit del govern.

Aquest és el text de la moció inicial:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 22/2003, de 9 de juny, Concursal, va abordar l’esperada i necessària reforma global del dret concursal, mitjançant una profunda modificació i modernització de la seva normativa. No obstant, l’experiència acumulada després de dos anys des de l'entrada en vigor de l'esmentada llei, posa de manifest certs problemes que dificulten l'aplicació del procediment concursal, contravenint l'esperit que el legislador va voler imprimir a l'esmentada reforma.

El concurs ha estat concebut com un mecanisme perquè les empreses amb dificultats econòmiques puguin liquidar-se ordenadament o recuperar la seva viabilitat, per la qual cosa la llei ha d’afavorir que el concurs se sol•licita a temps i es desenvolupi amb celeritat i eficàcia, i contribueixi així al sanejament de l’activitat econòmica, al manteniment de llocs de treball quan aquest sigui viable i a la millor salvaguarda dels legítims interessos dels treballadors, dels creditors i del conjunt d’agents econòmics i socials implicats en la vida de les empreses.

No obstant això, el procediment concursal està sent utilitzat per les empreses d’una manera tardana, amb poca o nul•la anticipació, amb l’agreujament de l’estat d’insolvència i la dificultat per tal d’adoptar estratègies de contenció que això suposa.

A la problemàtica d’índole normativa, s’afegeix un nombre encara insuficient de Jutjats Mercantils encarregats de tramitar els expedients concursals, que en algunes demarcacions, com en el cas de Barcelona, podem provocar fins i tot situacions de col•lapse en un futur per l’elevada càrrega de feina que els òrgans jurisdiccionals suporten.

D'altra banda, el nou sistema concursal requereix la intervenció de professionals altament especialitzats, que són retribuïts d'acord amb aranzel, cosa que constitueix una novetat en l'evolució del dret concursal espanyol. Amb aquest sistema, el legislador pretenia aconseguir que professionals de qualitat tinguessin prou incentius per desenvolupar el càrrec d'administradors concursals, ja que hauria de permetre'ls obtenir uns rendiments adequats per les seves activitats professionals com administradors concursals, compatibles amb altres ingressos professionals.

La Llei 22/2003 establia que el Govern havia d'aprovar l'aranzel de les retribucions corresponents a l'administració concursal. L'esmentada regulació es plasma en el Reial Decret 1860/2004, de 6 de setembre, que en la seva Disposició addicional única, estableix que el Govern procedirà a avaluar els resultats de l'aplicació de l'aranzel dels administradors concursals, tan aviat com es disposi d'estudis estadístics sobre el funcionament del nou sistema concursal, consultant per a això el Consell General del Poder Judicial i les organitzacions representatives dels col•lectius professionals afectats.

Els estudis realitzats pels esmentats col•lectius indiquen que, amb el sistema actual, els administradors i la resta de professionals que intervenen en els procediments concursals no sempre tenen garantida una retribució adequada per la labor que desenvolupen, al ser molt freqüents les situacions de total insolvència de les empreses concursades, cosa que podria comportar la renúncia a aquesta activitat per part de molts d'ells, renúncia que faria perillar la supervivència del nou sistema concursal i perpetuaria, en suma, determinats vicis del passat.

La moció, en definitiva, proposa iniciar una revisió del marc regulador vigent, mitjançant la introducció de diverses mesures destinades a augmentar el nivell de confiança i l'ús que els agents econòmics i socials haurien de realitzar del procediment concursal.

Per tot això, el Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés presenta la següent

MOCIÓ

El Ple del Senat insta el Govern a estudiar i promoure, en el seu cas, la revisió dels procediments concursals després de l’entrada en vigor de la Llei 22/2003, amb l’objecte d’eliminar disfuncions i reforçar els mecanismes que afavoreixen el manteniment de l’activitat de les unitats productives i dels llocs de treball que aquestes generen, sempre que sigui econòmicament viable mitjançant les següents actuacions:

1. Procedir a l'avaluació dels resultats de l'aplicació de l'aranzel dels administradors concursals, consultant per a això al Consell General del Poder Judicial i a les organitzacions representatives dels col•lectius professionals afectats, conforme disposa la Disposició addicional única del Reial Decret 1860/2004.

2. Modificar el Reial Decret 1860/2004, pel que s'estableix l'aranzel de drets dels administradors consursales, per garantir una proporció adequada entre la retribució dels administradors concursals i les tasques que realitzen. Modificació que hauria d'incloure les següents mesures o altres similars:

a) Preveure que, en els casos que el deutor concursat fos una persona jurídica, la retribució de cadascun dels administradors concursals no podrà ser inferior a 4.000 euros, tenint la consideració de retribució mínima quan resultés un aranzel d'import inferior a l'esmentada xifra.
b) Establir l'obligació del concursat de dipositar una provisió de fons en el Compte de Dipòsits i Consignacions del Jutjat, dins dels cinc dies següents a la data de l'acte de declaració del concurs, pel més gran dels següents imports:

- La suma de la retribució mínima per a tots i cadascun dels membres de l'Administració Concursal, és a dir, 4.000 euros en els procediments abreujats i 12.000 euros en els ordinaris.
- La suma de la retribució per a tots i cadascun dels membres de l'Administració Concursal per a la fase comuna del concurs, segons estableix el RD 1860/2004, aplicat sobre les primeres xifres de massa activa i massa passiva aportades pel deutor al procediment.

En qualsevol cas, l'esmentada provisió de fons es podrà descomptar de la massa activa del concurs, i la seva falta de dipòsit en el termini establert podrà suposar l'arxiu del procediment per insuficiència de béns, previ informe motivat de l'Administració Concursal.

3. Establir un fons de caràcter públic destinat a rescabalar els professionals pels honoraris i despeses originades per la seva intervenció en els procediments concursals, en cas d'impagament per part de les entitats concursades.

4. Incrementar el nombre actual de Jutjats Mercantils, en especial, en aquelles demarcacions en les quals es registra una major càrrega de treball com a conseqüència del nombre d'expedients concursals en tramitació.

5. Iniciar els estudis preparatoris per a la reforma de la Llei 22/2003, amb la participació del Consell General del Poder Judicial i de les organitzacions representatives dels col•lectius professionals afectats, entre d'altres, amb les següents finalitats:

a) Afavorir l'ús dels procediments concursals com a instrument de les empreses per a la superació de situacions de crisi.
b) Ampliar els supòsits de sol•licitud de declaració de concurs, mitjançant la inclusió de situacions de sobreendeutament.
c) Flexibilizar els supòsits objectius del concurs per permetre la seva sol•licitud pels creditors.
d) Facilitar l'admissió de les mesures cautelars sol•licitades pels creditors en els supòsits de concurs necessari per evitar la desaparició del patrimoni del deutor, sense perjudici de l'establiment de fiança suficient per part de l'òrgan jurisdiccional.
e) Aproximar el nivell de protecció dels crèdits dels creditors públics i el dels privats en el concurs.
f) Reduir els terminis de comunicació als creditors per agilitar els procediments concursals.
g) Fomentar les bones pràctiques comptables de les empreses, i el seu ús com eina de previsió i control econòmic i financer per assegurar la seva viabilitat.

L'actual posició d'ERC, després del pacte de govern amb el PSC (i ICV) a Catalunya, ha permès que en el tràmit dels Pressupostos no ens haguem hagut de limitar a fer la carta als reis mags, sinó que ens ha permès negociar i aconseguir l'aprovació d'uns quants paquets d'esmenes i que el PSOE s'avingui a la presència d'ERC en alguns llocs clau. Amb aquesta finalitat, en el tràmit al Senat hem retirat gairebé totes les esmenes que havíem presentat inicialment en nom de l'Entesa i finalment n'han quedat vives 19, 14 de les quals eren d'ERC i 5 d'ICV, que esperem que prosperin amb el suport del PSOE, que ja tenim assegurat, i dels altres grups, excepte el PP.

Des de dilluns al matí s'està fent al Senat el debat dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2007, en sessions maratonianes i pesadíssimes, però finalment molt significatives, perquè és en els pressupostos on es veu la política real del govern. Aquest dimecres he intervingut molt breument per referir-me a les nostres esmenes a la secció 24 de Cultura. Aquestes són les notes en què he basat la meva intervenció:

Gràcies, senyor president,

Nuestro grupo ha mantenido seis enmiendas a la sección 24 de Cultura de estos presupuestos generales del Estado que son asumidas en este trámite ante el pleno por parte del conjunto de los partidos que integran l’Entesa Catalana de Progrés. Hemos mantenido seis enmiendas que hemos visto que tenían reales posibilidades de prosperar y para evitar convertir este debate en una lectura pública de cartas a los reyes magos. El Grupo Socialista ya acaba de manifestar que las va a apoyar y esperamos obtener el apoyo de los demás grupos de esta cámara para su aprobación y aumentar de manera directa los presupuestos de Cultura en 2.980.000 euros, destinados:

a la Diputació de Girona, 130.000 euros para promocionar l’actividad cultural de entidades sin finalidad de lucro,

y sobre todo a la conservación de nuestro patrimonio cultural,

en la demarcación de Tarragona, 500.000 euros para la restauración del castillo de Siurana,

y de manera muy significativa en la demarcación de Lleida, donde este próximo año esperamos que se ejecute la inversión de un millón de euros para la adecuación del edificio de la Panera para que pueda acoger el Museu Morera, la de 800.000 euros para la restauración del castillo de Ós de Balaguer, la de 500.000 euros para el importante yacimiento arqueològico del poblado ibérico de Els Vilars en el municipio de Arbeca y una ayuda de 50.000 euros para la conservación de la Torre d’Alsamora.

Para terminar, como portavoz de Cultura de l’Entesa Catalana de Progrés, quisiera subrayar y congratularme por el hecho que la mayoría de las enmiendas que hemos mantenido, incluyendo las que pertenecen a otras secciones, tienen finalidad cultural ya sea para conservación del patrimonio ya sea para la promoción de la lengua catalana, como es el caso de los 3 millones de euros de Indústria para el fomento del uso de la lengua catalana en las nuevas tecnologías.

Un esforç en Cultura que creiem que mereix el suport de la Cambra.

Un esfuerzo en cultura que creemos que merece el apoyo de la Cámara.

Gràcies