Per un error de còpia, en el meu post anterior no vaig transcriure correctament el text de la moció que es va aprovar amb el suport de tots els grups (ara ja l'he corregit). La moció aprovada insta al Govern a:

1. Realizar las gestiones que estén a su alcance a nivel bilateral y en el marco de las Naciones Unidas para lograr una solución justa y definitiva del conflicto del Sahara, respetando el principio de libre determinación del pueblo saharaui, con la convocatoria, en la menor brevedad posible, del referéndum, de acuerdo con las mociones y resoluciones ya aprobadas en sede parlamentaria.
2. Interesarse ante la Secretaría General de Naciones Unidas por el urgente nombramiento de un Enviado Especial y un Representante Especial para el Sahara.
3. Urgir al Gobierno marroquí a respetar los Derechos Humanos y libertades democráticas y el fin de toda violencia.
4. Garantizar la suficiencia de la ayuda humanitaria a enviar a la población saharaui.

Fa un parell de mesos vaig preguntar al Govern de l'Estat quina participació tenia en l'explotació dels recursos naturals del Sàhara, aquesta és la resposta:

Asunto: Obtención de rendimientos económicos de los recursos naturales del Sahara Occidental mediante la participación en alguna de las empresas que los explota.

Respuesta:

Desde 1976, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantenía en la compañía Fosfatos de Bucraa una participación del 35%, tras ser autorizado el Instituto Nacional de Industria por el Gobierno español a enajenar su participación en la compañía mediante su venta a la Office Cheriffien des Phosphates (OCP).
Esta participación suponía la presencia de cuatro representantes en el Consejo de Administración de la compañía, compuesto por diez miembros.
Desde diciembre de 2002, SEPI no tiene ninguna participación en el accionariado de la compañía.
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fosfatos de Bucraa, celebrada en diciembre de 2002, aprobó la reducción del capital social a cero y una ampliación posterior del mismo.
SEPI no ejercitó el derecho de suscripción preferente de la ampliación, por lo que perdió la participación del 35% que ostentaba desde 1976.
En relación a los rendimientos económicos de los recursos naturales del Sahara Occidental, entre ellos la pesca, mediante la participación en alguna de las empresas que los explota, se indica que el Gobierno no participa en empresa alguna que explote los recursos pesqueros.

Madrid, 28 de junio de 2005.
--El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Ara es tractaria de saber quines empreses espanyoles sí que hi estan participant i si actuen com a lobby per influir en la política del govern a la zona.

En el Ple del 28 de juny, el Senat va aprovar una moció, una altra més, per demanar al govern de l'Estat que faci gestions perquè el govern del Marroc respecti els drets humans al Sàhara i perquè es compleixin les resolucions de Nacions Unides.

Va ser complicat arribar a un acord perquè el PP (que s'ha adonat que amb això del Sàhara pot erosionar la imatge del PSOE entre els seus propis votants) va presentar una moció redactada en un to que era clarament inacceptable pel PSOE i aquest en va presentar una d'alternativa que no podíem acceptar cap dels altres grups perquè demanava a "les parts" (com si fossin equiparables i igualment responsables de la situació) que respectessin els drets humans. Jo vaig prendre la iniciativa de redactar-ne una altra que vaig preparar junt amb la senadora del PNB Elena Etxegoyen, que van signar tots els grups menys el PP i el PSOE, i que finalment va servir de base per a la transaccional que es va aprovar a última hora, després que vaig fer d'home de bons oficis portant el paper dels bancs socialistes als del PP, i viceversa, ara canviant una paraula ara una altra, fins a arribar a l'acord, perquè cap dels dos grans partits es volia quedar sol. Finalment, coses de la vida parlamentària, van passar a firmar el text en net mentre jo estava a la tribuna intervenint i en el tràmit formal, si algú mai se'l mira, sembla com si l'Entesa no l'hagués firmat quan vam ser els artífexs de l'acord! (En tot cas la cosa queda clara en el diari de sessions, quan el president tanca el debat després d'aclarir l'error dient: "Entendiendo que se ha firmado una transaccional por todos los grupos parlamentarios; por tanto, queda aprobada esta moción por asentimiento.")

A continuació reprodueixo la meva intervenció en el Ple, la moció aprovada i les mocions originals dels diferents grups:

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: «Moltes gràcies, senyor president».
Esta transacción nos está dando algo de trabajo, pero parece que al final todos votaremos juntos (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»):
«El dret d’autodeterminació dels pobles és inalienable qualsevol solució pacífica i democrática del conflicte al Sahara passa per donar la possibilitat als saharauís de decidir lliurement en un referéndum d’autodeterminació com volen viure, de quines institucions volen dotar-se i com volen cooperar i relacionar-se amb els seus veïns i amb la comunitat internacional.»

Decía que el derecho de autodeterminación de los pueblos es inalienable y cualquier solución pacífica y democrática del conflicto del Sáhara pasa por dar la posibilidad a la saharauis de decidir libremente, en un referéndum de autodeterminación, cómo quieren vivir, de qué instituciones quieren dotarse y cómo quieren cooperar y relacionarse con sus vecinos y con la comunidad internacional.

La población saharaui, desde hace muchos años, padece una grave situación por la falta de expectativas de resolución emocrática del conflicto y de poder ejercer efectivamente este derecho de autodeterminación, situación que se ha ido agravando —aún si cabe— desde la dimisión de James Baker como comisionado de las Naciones Unidas. No es de extrañar que en estas circunstancias la población saharaui se manifieste por sus derechos a la mínima
ocasión, a pesar de la violenta represión que sufre por parte de la policía marroquí.

Creemos que ante esta situación, procurando mantener su capacidad de mediación diplomática, el Gobierno del Estado no puede permanecer indiferente sino que debe procurar utilizar su capacidad de influencia para que la situación dé un giro definitivo. Por eso, hemos presentado una enmienda de sustitución con un texto que nos parecía que podía recibir el consenso general de la Cámara que, finalmente, parece que hemos conseguido y proponemos acciones en positivo como que se realicen las gestiones que estén al alcance del Gobierno y a nivel bilateral, en el marco de Naciones Unidas, para lograr una solución justa y definitiva y, especialmente, que se convoque el referéndum
lo más rápidamente posible. Igualmente es una iniciativa importante la solicitud
de nombramiento de un nuevo comisionado de las Naciones Unidas para el Sahara. Al tiempo que no podemos dejar de situar las responsabilidades de cada cual en su sitio, es inevitable reconocer que a día de hoy, y muy especialmente desde hace dos meses, la Administración marroquí reprime de forma violenta las manifestaciones pacíficas de la población saharaui en El Aaiún y Smara y de los estudiantes saharauis en universidades marroquíes. Por ello en este redactado que nos parecía que podíamos asumir todos los grupos parlamentarios, como así ha sido, urgimos al Gobierno marroquí a respetar los
derechos humanos y libertades democráticas y el fin de toda violencia.

Finalmente, no podíamos eludir una cuestión fundamental desde hace 30 años, demasiado tiempo, y es la grave situación humanitaria que padece la población saharaui, especialmente en los campos de refugiados de Tinduf. Por eso planteamos que hay que garantizar la suficiencia de la ayuda humanitaria a enviar a la población saharaui.

La solidaridad con el pueblo saharaui es un clamor popular en todo el Estado español y el Gobierno no puede desoírlo, más aún cuando resuena en las sedes parlamentarias de todas las comunidades autónomas y ahora en las Cortes Generales. La acción diplomática puede tener sus razones y sus prudencias, pero su fin último no puede ser otro que la paz y el libre ejercicio del derecho de autodeterminación por parte de la población del Sahara occidental, y hay momentos en que esto se debe explicitar. Los ciudadanos deben palpar que su Gobierno, el de todos, y que representa a todo el Estado en su acción exterior, hace realmente lo que está en sus manos para hallar una solución o, al menos,
para atajar las violencias policiales y la conculcación de derechos humanos fundamentales.

Antes de terminar no puedo dejar de subrayar nuestra convicción profunda de que el avance democrático en Marruecos también depende de que se dé una solución pacífica y democrática al conflicto del Sahara. Por eso nuestra solidaridad, aunque se exprese hoy más enfáticamente en relación con el pueblo saharaui, también va dirigida al pueblo marroquí.

Me alegro de haber intervenido en esta transacción, y que al final podamos votar al unísono una moción en la que todos nos sentimos representados, y que traslada al Gobierno el sentimiento mayoritario de los ciudadanos y ciudadanas. Y agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, como dueño de la moción original, su flexibilidad en pro de un acuerdo.

«Moltes gràcies, senyor president.»

Moció aprovada:
El Senado insta al Gobierno de la Nación a:
1. Realizar las gestiones que estén a su alcance a nivel bilateral y en el marco de las Naciones Unidas para lograr una solución justa y definitiva del conflicto del Sahara, respetando el principio de libre determinación del pueblo saharaui, con la convocatoria, en la menor brevedad posible, del referéndum, de acuerdo con las mociones y resoluciones ya aprobadas en sede parlamentaria.
2. Interesarse ante la Secretaría General de Naciones Unidas por el urgente nombramiento de un Enviado Especial y un Representante Especial para el Sahara.
3. Urgir al Gobierno marroquí a respetar los Derechos Humanos y libertades democráticas y el fin de toda violencia.
4. Garantizar la suficiencia de la ayuda humanitaria a enviar a la población saharaui.

Moció original del PP:
El Senado insta al Gobierno de la Nación a
1. Condenar la injustificada violencia en la represión de los manifestantes saharauis, por parte de las fuerzas policiales de Marruecos.
2. Exigir al Gobierno de Marruecos rectificación sobre la falacia de la instigación española a las manifestaciones saharauis.
3. Instar al Gobierno español a interceder ante las instancias internacionales con el fin de conseguir la celebración del referéndum en el Sahara, sin más dilaciones.

Moció alternativa del PSOE:
El Senado insta al Gobierno de la Nación a:
1. Continuar los esfuerzos a nivel bilateral y en el marco de NN. UU.
para lograr una solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara, respetando el principio de la libre determinación del pueblo saharaui, de acuerdo con las mociones y resoluciones ya aprobadas en sede parlamentaria.
2. Interesarse ante el Secretario General de NN. UU. por el urgente nombramiento de un Enviado Personal y un Representante Especial.
3. Urgir a las partes el respeto de los Derechos Humanos y libertades democráticas del pueblo saharaui y el fin de toda violencia, permitiendo una solución política del conflicto en el marco de las resoluciones de NN. UU.

Moció alternativa dels altres grups:
El Senado insta al Gobierno de la Nación a:
1. Realizar las gestiones que estén a su alcance a nivel bilateral y en el marco de Naciones Unidas para logar una solución justa y definitiva del conflicto del Sahara, respetando el principio de la libre determinación del pueblo saharaui, con la convocatoria de un referéndum de acuerdo con las mociones y resoluciones ya aprobadas en sede parlamentaria.
2. Interesarse ante la Secretaría General de Naciones Unidas por el urgente nombramiento de un Enviado Personal y un Representante Especial para el Sahara.
3. Urgir al Gobierno marroquí a respetar los Derechos Humanos y libertades democráticas y el fin de toda violencia, así como a propiciar una solución política del conflicto en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas.
4. Garantizar la suficiencia de la ayuda humanitaria a enviar a la población saharaui.

(La referència al "Gobierno de la Nación" és per un calc de la moció original del PP, que es va colar als administratius que van picar el text en tots els redactats)

El 15 de juny va comparèixer la ministra de Cultura a la Comissió de Cultura del Senat per "explicar el Pla Integral del Govern per a la disminució i la eliminació de les activitats vulneradores de la propietat intel·lectual". El debat va ser força interessant i prometedor ja que es va comprometre a preparar una modificació de la Llei de la propietat intel·lectual per adaptar-la als canvis induïts per les noves tecnologies, escoltant tots els sectors implicats i amb consens dels grups parlamentaris. En aquesta compareixença entre altres coses va deixar clar que no s'aplicarà cap cànon ni als discs durs ni a les línies ADSL.

Aquestes van ser les meves intervencions i les respostes de la ministra:

El señor BOFIL ABELLÓ (El señor Bofil Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Moltes gràcies, senyora presidenta.
Moltes gràcies, senyora ministra, li agraïm que comparegui en aquesta Comissió per explicar-nos com pensa actuar davant de temes amb tanta repercussió social i econòmica com aquest de la pirateria.»

Muchas gracias, señora ministra, le agradecemos que comparezca en esta comisión para explicarnos cómo piensa actuar ante temas con tanta repercusión social y económica, como este de la piratería.

Hemos venido sobre todo a escucharla, a conocer sus propuestas, para más adelante, si acaso, proponer alguna iniciativa parlamentaria que refuerce nuestro común propósito de erradicar las actuaciones que lesionen intereses legítimos de proteger los derechos de autor y los derechos de explotación y, sobre todo, de proteger la creación cultural y asegurar su continuidad y su crecimiento, siempre, claro está, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, los cambios sociales y asegurando el derecho igualitario al acceso a la cultura por parte de los ciudadanos, y éste, quizá, seguramente es el gran problema que tenemos: cómo conjugar este conjunto de intereses legítimos.

En cualquier caso, sí que quisiera fijar mínimamente nuestra posición por lo que se refiere a la piratería. El marco legal es suficiente --usted también lo ha dicho-- y de lo que se trata es de aplicarlo con firmeza e inteligencia a la vez, y esta inteligencia quizás es lo más complicado porque debe distinguir entre la reproducción privada y piratería y nos encontramos con que la reproducción privada está adquiriendo un volumen muy importante, cuando resulta que incluso desde el punto de vista legal sería discutible establecer los límites de la persecución legal de esta reproducción.

Por lo que se refiere a la piratería, en cambio, se debería ser más firme todavía de lo que se ha sido hasta ahora en la copia ilegal masiva, que es especialmente punible cuando va dirigida a la comercialización ilegal o encubierta.

Considero que se ha de dar información positiva sobre la propiedad intelectual, porque la Ley de Propiedad Intelectual se está utilizando en muchos aspectos para proteger derechos comerciales, que son perfectamente legítimos, pero no los previstos inicialmente por el legislador cuando se creó esta ley, dirigida a proteger al creador; por tanto, repito, hay que dar una información positiva sobre la legislación de propiedad intelectual, porque cuando un particular adquiere una obra tiene ciertos derechos sobre la misma y sobre su uso; por ejemplo, en el caso de los libros se dice que no se pueden reproducir, ni citar, etcétera, y parece que el particular no tenga ningún derecho sobre ellos; es decir, la Ley de Propiedad Intelectual favorece que de alguna manera la cultura esté en manos de los ciudadanos.

Por otro lado, el fenómeno de la piratería tiene connotaciones que no son puramente económicas, sino también de tipo social, referidas a la inmigración, el top manta, etcétera, aunque quizá no sea el fenómeno principal; por tanto, es evidente que la represión debe ir acompañada de una actuación social hacia los colectivos que propician este tipo de actividades.

Pienso que todavía queda mucho por discutir al respecto, porque hay una cierta demagogia en lo que se refiere al perjuicio directo que causa la reproducción ilegal sobre los derechos de autor, ya que se parte de un supuesto de que todo CD o toda música copiada es música no vendida, cuando en realidad, en muchos casos, si no existieran esas copias, si los jóvenes no se bajaran del ordenador su música, simplemente no podrían acceder a ella, pero no por eso van a aumentar necesariamente las ventas de determinados productos; creo que aquí hay un juego que sería necesario aclarar, comprobar los derechos de cada parte y en qué medida desde la sociedad de la información podemos poner puertas al campo.

En este sentido, fomentar la sociedad de la información es también fomentar el uso compartido de recursos intelectuales, de investigación universitaria, de materiales educativos, etcétera; los autores no pretenden siempre comercializar su obra, en muchas ocasiones ceden sus derechos patrimoniales en beneficio del uso común; incluso los «weblock» son un fenómeno de creación donde muchas personas colocan su producción intelectual, incluso artistas plásticos, y hay una repercusión económica de esta cesión gratuita.
Habría que hablar sobre una cuestión que usted no ha citado, el canon sobre los CD, que está beneficiando a aquellos autores que están asociados y a aquellos que se han propuesto actuar con su obra de una determinada manera; pero otros autores --algunos minoritarios asociados, u otros que no siguen ese camino-- están penalizados porque con su obra están contribuyendo a que se beneficien otros, precisamente los asociados, que obtendrán algún beneficio del canon.

Por tanto, estamos ante una cuestión bastante compleja que debemos analizar en profundidad para elaborar una nueva ley de la propiedad intelectual que considere estos aspectos, por ejemplo, la posibilidad de recortar el derecho de cita, el hecho de disponer de estructuras para que los autores que desean liberar los contenidos de sus obras en beneficio social puedan hacerlo sin que resulten gravadas; deberíamos favorecer las Creative Commons, el programario libre u otro tipo de iniciativas que existen, que considero positivas, porque además estas iniciativas libres tienen una gran repercusión económica, aunque no lo parezca, pues están favoreciendo el desarrollo económico; no en vano, muchos países están adoptando programario libre, municipalidades, etcétera, por un sencillo motivo, como es favorecer el desarrollo económico, y creo que es algo a tener en cuenta.

Esta ley deberá proteger al mismo tiempo a aquellos autores que pretenden un beneficio económico y fomentar e impulsar las obras participativas y reutilizables.

Señora ministra, el canon, dadas sus características, se transforma en un impuesto; es decir, desde el momento en que afecta a obras de autores que no van a beneficiarse del mismo, se transforma en un impuesto que ha sido dictado en realidad por unos particulares, como son la Sociedad General de Autores y las empresas productoras de CD. Por otro lado, hay indicios de que se intenta ampliar este canon a otros soportes digitales, como pueden ser los discos duros, u otros sistemas de reproducción.

Me gustaría saber si el ministerio piensa adoptar alguna medida cautelar al respecto para evitar que esta situación vaya adelante, en la medida en que, teniendo en cuenta la posición del conjunto de los actores sociales y analizando bien la situación, se trata de reformar la ley de la propiedad intelectual en un sentido que pueda dar satisfacción al conjunto de la problemática; por tanto, estas medidas que se adoptan de forma unilateral generan una cierta alarma social porque afectan a colectivos importantes, al mundo empresarial, al mundo universitario e incluso pueden llegar a ser abusivas.

En realidad, hay un problema de fondo que ya tendremos ocasión de comentar, y es que la explotación de los derechos está pensada desde una óptica de la imprenta, de la edición tradicional de libros, de vídeos, CD, etcétera, y es evidente que es necesario volver a formularlo desde el punto de vista de la sociedad de la información.

En este sentido, más que los autores, seguramente algunos intermediarios se deberían adaptar a esta sociedad de la información, porque en realidad las nuevas tecnologías permiten en muchas ocasiones, por ejemplo, el acceso a una canción y no a todo un disco; es decir, los nuevos sistemas informáticos permiten un tipo de consumo y acceso al producto diferente al que existía en el pasado, sin embargo, algunos intermediarios están anclados en unas determinadas formas y mediante medidas legales intentan protegerse cuando deberían adaptarse a las nuevas tecnologías. Hay que ver en qué medida las nuevas tecnologías permiten una comercialización, un acceso a productos de un tipo distinto, porque hay casos en que es posible este tipo de acceso, incluso podría protegerse contra la piratería, pero es más cómodo recurrir al canon, recurrir a la Administración que recurrir a medios técnicos que permitirían evitar esta piratería.

Esto era lo fundamental que les quería comentar. En realidad, debemos refundar los derechos de autor; hay que volver a la idea original en la que usted ha insistido en su intervención, que es proteger a los creadores, pero primero habrá que ver quiénes son, quienes están comercializandolo, e intentar definir los derechos de autor de forma distinta a la actual, porque los aspectos mercantiles han acabado dominando y pervirtiendo el sentido original de la propiedad intelectual.
«Moltes gràcies».

Aquesta és la part de la intervenció de la ministra que es referia més específicament al que jo li havia plantejat:

Y voy a sacar de dudas a todas sus señorías. En el proyecto de ley que transpone la directiva relativa a la sociedad de la información se excluyen expresamente las líneas ADSL y los discos duros de los ordenadores. Quiero que a todos les quede claro ese extremo.

Éste es un tema en el que hay que utilizar todas las capacidades de que dispongamos. Por ello, agradezco al senador Bofill su intervención; creo que sabe mucho de este asunto, que repito es muy complicado. Por tanto, además de la elaboración del plan, muchas de cuyas medidas ya se han puesto en marcha, como decía la senadora Navarro, de momento lo principal es el diálogo permanente con todos los interlocutores, que son muchos. Ya nos hemos reunido con todos ellos, y lo seguimos haciendo casi cada día; pero deberemos seguir reuniéndonos hasta que acabemos este trabajo, que no es sino una nueva ley de propiedad intelectual, que no sé si va a afectar a toda la legislación vigente, o sólo a parte de ella. Eso nos lo irá indicando el proceso, es decir, no será una decisión a priori. Y a todos los interlocutores con los que hemos hablado les hemos advertido que si todos no ceden un poco será imposible alcanzar una regulación que merezca la pena. Como decía el senador del Grupo Popular, la actual regulación está desfasada; pero, como decía el senador Bofill, es la que hay y tendría que aplicarse muchísimo mejor.
Ésta va a ser una decisión legislativa de las Cámaras, a propuesta del Gobierno, pero también va a ser una ley verdaderamente negociada. Por ello, insisto, si todos no ceden en algo será imposible una nueva regulación, tanto por mérito o defecto del Gobierno, como por mérito o defecto de los grupos parlamentarios, a los que este Gobierno va a invitar a que se lleve a cabo con el mayor consenso posible, e incluso por unanimidad; porque posiblemente la única medalla de esta propuesta consista en dejar allanado el camino para la creación en este país en términos de legislación internacional.

Además del plan que les he comentado, las medidas de Justicia, que figuraban en primer lugar, se adoptaron tras los dos siguientes Consejos de Ministros. Ya se han adoptado una serie de medidas por parte del Gobierno, y existe un criterio de flexibilidad para que cada ministro adopte las correspondientes medidas en el ámbito de su competencia. Como podrán comprender, la ministra de Cultura no puede indicar taxativamente al ministro de Justicia o al de Interior cómo tienen que hacer las cosas.

Ambos conocen perfectamente el grado en que tienen que cumplir su compromiso con el plan, y el ministro de Justicia ya ha tomado una serie de decisiones, incluida la modificación del Código Penal.

Por otro lado, puede parecer extraño que el Ministerio de Sanidad y Consumo se incluya en un plan de estas características, pero es que se deben tomar una serie de decisiones, especialmente en el ámbito del consumo, como las sanciones administrativas en esa área.

En cualquier caso, repito, la ministra de Cultura no puede indicar al resto de sus colegas en el Consejo de Ministros hasta el último detalle de las decisiones que cada uno debe adoptar en el ámbito de sus competencias.

Por otro lado, creo que todos coincidimos en que los cambios en materia de cultura son muy complicados para los ciudadanos, al igual que lo son para las instituciones. Ciertamente, en este caso las cosas están mal porque nadie ha podido actuar rápidamente; en ocasiones ni siquiera pueden hacerlo los creadores, como decía el senador Bofill. Y es que, siguiendo el ejemplo que él mismo ha puesto, el de la música, algunos de ellos todavía siguen pensando que se compra su CD o disco. Sin embargo ya hay muchísima gente que no compra un disco, sino una, dos o tres canciones de un disco y otras tantas de otro, eligiendo libremente, porque las tecnologías se lo permiten, cómo configurar su música. Pero en mi modesta opinión se equivocan los creadores cuando creen que van a proteger sus derechos de autoría sin incorporarse rápidamente a las posibilidades actuales, muy diferentes a las existentes al inicio de su carrera o trabajo.

También tiene muchísima razón el senador Bofill, y en los Estados Unidos hay algún ejemplo de ello, al hablar de que a veces se coloca gratis un producto en la red --yo conozco casos de libros-- que propicia una expectativa de derecho económico que se recupera con otro que no se va a colocar en ella. Por eso digo que estamos en un momento de tránsito y confusión, tanto para los creadores como para los ciudadanos, así como para quienes tenemos que tomar decisiones políticas y legislativas.

Sin embargo, tengo la impresión de que quienes no tienen ninguna confusión son los pertenecientes al tramo intermedio, el de los derechos industriales, que a lo largo de la historia siempre han tenido mucho más claros este tipo de temas. Y como existe una visión industrial, económica, creativa y artística de la cultura, la legislación que saque adelante el Gobierno estará coordinada por dos ministros, el de Industria, y yo misma.

También estoy de acuerdo con que hay que regular nuevamente lo relativo a la copia privada, reconociendo y protegiendo dos situaciones. Por un lado, la copia privada es un derecho de los ciudadanos; de lo contrario no podríamos hablar de que la cultura es un servicio público, una expectativa necesaria en la vida. Sencillamente sería un producto que uno podría comprar, y que de no hacerlo no tendría. Pero también es verdad que la copia privada, que no entra en la ilegalidad del negocio, en este caso ilícito, devenga un derecho que se reconoce en la legislación por parte de los creadores. Y lo que pasa es que tendremos que abordarlo con una regulación que abarque --como decía el senador-- a copias privadas que ahora mismo no están reguladas, porque hay una confusión enorme sobre si son privadas o no, sobre si tengo derecho o no a tenerlas gratis, y también es verdad, como decía al principio, que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo y ceder una parte de las viejas ideas que se tienen sobre este asunto. Es verdad, en cuanto a los derechos industriales, que se tiene que tener una especial sensibilidad de que el negocio de esos derechos industriales está inmerso en una materia, que es la cultura, muy delicada.

No quiero decir a sus señorías cosas que sé que saben y que sería casi un insulto, pero no es lo mismo la propiedad privada de tu domicilio, donde nadie puede acceder sin mandato judicial y donde todo lo que ocurre es absolutamente privado, que la privacidad de tu libro cuando lo has puesto en el mercado, que la privacidad de tu obra cuando la has colocado. El autor tiene que entender que cuando da el paso al frente de exponer su obra --todo artista necesita público, escenario, juicio, competencia, halago y reconocimiento--, se escapa de sus manos aunque sea privado. Uno abre la puerta de su casa a quien quiere, pero el autor ya no abre la puerta de su obra a quien quiere, sino que forma parte del uso y de la necesidad de los propios ciudadanos de un derecho que está reconocido y que tenemos que seguir protegiendo. Tenemos que entrar en una dinámica de cambio de mentalidad en muchos creadores para ceder y matizar muchos derechos industriales en relación con lo que estamos manejando, la cultura en el mercado, y tenemos que hacer cosas, en este caso --como su señoría decía--, muy rápidas.

En este momento estamos trasponiendo la Directiva 20/2001. Es muy tarde, tenía que haber estado traspuesta en diciembre de 2002 y estamos en el año de 2005. Ya contamos con el informe del Consejo de Estado y estamos en este momento a punto de empezar su tramitación parlamentaria, como sus señorías saben, como proyecto de ley en el Parlamento. Hemos tomado unas primeras decisiones conjuntas el Ministerio de Industria y el de Economía. No les voy a negar a sus señorías las dificultades tradicionales de este Gobierno y de todos los gobiernos en las dos dimensiones, que no es que sean capricho ni discrepancia de los ministros sino que están en la calle y, como están en la calle, se reflejan en las áreas de decisión de cualquier Gobierno. En ese sentido, ésa es una primera decisión de trasladar rápidamente una directiva.
Es verdad que en el canon en general estamos en los tribunales. Como sus señorías saben, el Reino de España está denunciado en los tribunales en el canon porque ahí ni siquiera se ha podido llegar, el incumplimiento y el retraso eran tan grandes que ni siquiera hemos podido llegar. Es verdad, decía su señoría, que ese canon no repercute sobre las arcas públicas porque es un canon que está previsto para los ciudadanos, pero también es verdad que con arreglo a la visión que todos podemos compartir más o menos de cómo es la sociedad española, su nivel de renta per cápita, sus hábitos culturales, dependerá de la sentencia, la defensa que hemos hecho es que la estamos cumpliendo de una determinada manera, aunque todos sabemos perfectamente que en ese sentido no, pero cuando la sentencia se produzca habrá que decir que de momento en algunas áreas este país no está en condiciones de repercutir directamente a los ciudadanos el pago de este canon, porque si ya es difícil fomentar el hábito de la lectura, que, por cierto, este año se ha disparado, pero calculo que es por la conmemoración del IV Centenario del Quijote --veremos cómo se comporta este asunto en años sucesivos y vamos a ser honestos con el mismo--, también es verdad que no se puede repercutir directamente en los bolsillos de los ciudadanos, especialmente en el ámbito de los autores que escriben.

Decía el senador Bofill que se hace mucha demagogia. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso que aquí o somos sinceros todos o no vamos a ningún sitio. Como bien ha dicho el senador Bofill, cuando alguien se baja esa música, se promociona esa música y después se va al concierto en directo, que es donde se hace una parte importante del negocio económico de los autores, claro que sí. Y es promoción moderna, es una forma nueva de promoción, que afecta en una parte a lo ilícito, pero en otra parte lleva recursos económicos al artista en otra dimensión.

Vamos a ser muy serios con todos los datos que podamos manejar. Por eso le diré que hacer el mapa de la piratería era lo principal de este plan.
Digamos que este plan tiene unas medidas de choque rápidas, como su señoría bien detallaba, con sanciones administrativas, con más eficacia en la Administración de Justicia, con más eficacia en los Cuerpos de Seguridad del Estado, pero es verdad que en este terreno hay que hacer más diagnóstico del que tenemos, con más sinceridad, con más atrevimiento por parte de todos los sectores, con más capacidad de ceder todos un poco porque, si no, no vamos a ningún sitio. Hay mucha demagogia y el senador lo decía. No afecta a las grandes industrias, sean multinacionales o no, sino al pequeño y mediano negocio, que es el que no puede sobrevivir en esta situación. De eso somos conscientes. Además, las grandes industrias y las multinacionales, como todos bien sabemos, son en muchos casos los propietarios de las patentes de los aparatos que reproducen, es decir, que los beneficios llegan o por la vía legal o por la vía ilegal, con lo cual estamos ante una situación tremendamente compleja y sobre la que tenemos que hablar con un abanico de interlocutores verdaderamente difícil y muy complicado, y el senador también se refería, acertadamente, a aquellos autores que no están asociados. Entiendo que a la altura de la historia que estamos viviendo, en el año 2005, en el siglo XXI, ningún Gobierno va a obligar a nadie a que se asocie a nada que no quiera. En ese sentido, lo tenemos más complicado todavía, porque algunos autores directamente llaman a la piratería. No me gusta utilizar esa palabra, lo que pasa es que es muy gráfica, incluso bonita en el idioma, pero hay que ser en esto un poco más rigurosos y hablar de actividades vulneradoras, etcétera.
Es una situación muy complicada en la que, de momento, hemos tomado medidas rápidas, de carácter clásico. Tenemos que trasponer dos directivas. Una está ultimada entre los dos ministerios y --repito-- está a punto de iniciar su tramitación en el Parlamento, porque ya ha pasado la fase del informe del Consejo de Estado. Hemos propuesto, en el seno de la Unión, una reflexión específica para hacer políticas transversales en este asunto. Es verdad que a nosotros los modelos europeos nos sirven relativamente poco --el senador es consciente de esta situación--, porque nuestro mercado difícil está en países con muchísimos más problemas que nosotros y muy alejados de las medidas que se puedan tomar en Alemania o en Italia. En uno de los grandes mercados donde tenemos problemas es en Méjico, con 104 millones de personas. Por eso, una parte importante del trabajo que hemos hecho, y que la senadora Navarro lo destacaba, es hablar mucho y establecer un equipo de trabajo, que está funcionando, con Portugal, Brasil y Méjico, especialmente con Méjico, porque es la única manera que tenemos de seguir avanzando en un mundo donde las legislaciones están mucho más desenfocadas que la nuestra en muchos aspectos. De todas maneras, como decía el senador Bofill --y esto es muy propio de los españoles--, en muchos casos se nos ocurre inventar cosas y sólo con aplicar lo que ya tenemos llevaríamos un asunto rápido y avanzado por delante.

Trobareu el conjunt de les intervencions, prou interessants, aquí en el diari de sessions.