Aquesta és la moció que hem presentat com a conseqüència de la interpel·lació sobre la necessària reforma del sistema penal i penitenciari, que es debatrà en el proper Ple del Senat, el 8 de març:

L’article 25.2 de la Constitució espanyola estableix com a finalitat primordial de les penes i mesures privatives de llibertat, la reeducació i reinserció social dels penats.

La Llei Orgànica General Penitenciària de 1979 va incorporar fidelment aquests pricipis, marcat així un canvi de rumb històric en la concepció del sistema penitenciari. No obstant això, al cap de més de vint-i-cinc anys de la seva aprovació, esdevé necessària la revisió del conjunt de normes que incideixen en el sistema penitenciari per adequar-les a la realitat social i oferir un tracte adequat, diferenciat i proporcionat als penats així com una possibilitat real de reinserció social.

A aquest motiu, s’hi afegeix l’increment de la població reclusa que es registra en els centres penitenciaris, procés que s’intensificarà en els propers anys a causa de l’enduriment de les normes penals aprovades en l’anterior legislatura, sense que els mitjans materials i humans siguin suficients per atendre les noves necessitats.

Les mesures que es proposen, partint de l’adequada resposta als fets delictius i de la plena salvaguarda dels drets de víctimes i perjudicats, aposten per la millora del tractament penitenciari i dels processos de rehabilitació, la promoció de les mesures alternatives a l’internament i una major racionalització dels controls jurisdiccionals.

Per tot això, el Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés propasa al Ple del Senat l’aprovació de la següent

MOCIÓ

El Senat insta el Govern a:

1. Promoure, amb el màxim consens social i parlamentari, les reformes legislatives de caràcter penal i penitenciari necessàries per millorar l’adequació de les penes a la naturalesa dels delictes i afavorir la reinserció social dels condemnats, i amb aquesta finalitat realitzar els estudis tècnics preliminars que avalin la seva idoneïtat.

2. Potenciar les mesures penals alternatives a l’internament en presons, a través de fórmules més eficaces, socialmente útils i econòmicamente menys costoses.

3. Desenvolupar normes específiques en matèria processal penitenciària, amb una distinció més nítida entre les funcions jurisdiccionals atribuïdes als òrgans sentenciadors i als òrgans de vigilància penitenciària, tenint en compte les particularitats de les Comunitats Autònomes amb competències en matèria penitenciària.

4. Adoptar mesures per afavorir l’accés al tercer Grau dels penats amb bon pronòstic, mitjançant un procés positiu de reinserció social que salvaguardi els drets de víctimes i perjudicats i el rescabalament dels perjudicis causats.

5. Augmentar els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per afrontar les necessitats generades per l’increment de la població reclusa en aquest últim període, i establir acords específics amb aquesta finalitat amb les Comunitats Autònomes competents en matèria penitenciària.

6. Incrementar la planta judicial dels jutjats de vigilància penitenciària.

7. Estudiar les problemàtiques específiques relacionades amb els interns d’origen estranger.

A continuació de la intervenció del ministre trobareu la meva rèplica i la seva resposta final.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Gracias, señor presidente.
Señorías, senador, efectivamente, la situación del sistema penitenciario español es difícil y compleja porque - como usted ha apuntado- la población penitenciaria ha experimentado en los últimos cuatro años un aumento exponencial. En 2000 teníamos una población penitenciaria de 39.169 reclusos y actualmente tenemos 51.431 reclusos, siempre siguiendo los datos de la Administración central porque -como usted también ha apuntado- el sistema de prisiones está transferido en Cataluña.
España tiene, por lo demás, uno de los índices más altos de población encarcelada en el seno de la Unión Europea: 150 personas por cada 100.000 habitantes en contraste con los 90 que constituye la media de la Unión Europea.

Las deficiencias con las que se ha encontrado - como ha tenido ocasión de explicar en esta Cámara y en la otra la Directora General de Instituciones Penitenciarias- este Gobierno han afectado tanto a las infraestructuras que albergan a este elevado número de personas como a las plantillas de personas cuyas funciones se desarrollan en el ámbito penitenciario.
Por tanto, el aumento de la población penitenciaria, sumado a la congelación importante de los recursos, de las infraestructuras y del personal de prisiones, conforma -como le digo- un problema complejo y delicado, y precisamente por ello debemos ser muy rigurosos en los planteamientos que vayamos a hacer a la hora de abordar la reforma de nuestro sistema penitenciario.
La reforma del sistema penitenciario es una cuestión que afecta a lo que en el sentido propio, en el sentido más generoso de la palabra, llamamos políticas de Estado, que necesitan de mayor consenso político y no deben responder al impulso ni a la improvisación. Algunos han hablado de vértigo legislativo y la fragmentación de los diferentes proyectos legislativos, calificada por diferentes sectores de los tribunales como una auténtica contrarreforma del Código Penal de 1995 que se ha operado en los últimos años, ha adolecido, efectivamente, de una falta de unidad legislativa que se resiente en su calidad técnica, y es importante decir que algunos artículos han llegado a redactarse en tres formas diferentes durante los últimos años y ha creado una importante sensación de inseguridad jurídica en los operadores jurídicos, es decir en todas las personas constitucionalmente encargadas de imponer y administrar la pena.
Es difícil entender como el Código Penal de 1995, que se había sustentado en profundos estudios de los tribunales y técnicos que se dilataron durante más de un decenio, ha sido modificado nada menos que quince veces en ocho años, afectando a nada menos que un tercio de su articulado. El legislador hizo en su momento un importante esfuerzo al redactar la Ley Orgánica General Penitenciaria, que fue una ley fruto del consenso, la Ley Orgánica 1/1979, que se inspiraba en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, elaboradas en el seno de la Unión Europea y en el Consejo de Europa, en los pactos internacionales sobre derechos humanos y las leyes penitenciarias de los países más avanzados, es decir, todo ese conjunto normativo que nos identifica a las sociedades abiertas y avanzadas y que quieren hacer una buena administración de la pena.
Usted, señoría, en su interpelación denuncia la masificación de centros penitenciarios y el endurecimiento de las normas penales y propone una revisión de la legislación para paliar estos efectos. Hay que analizar ambas propuestas con sumo cuidado.
En primer lugar, no podemos caer en el mismo error antes denunciado de acudir a una reforma legislativa como primera opción, y especialmente a una especie de contrarreforma de la contrarreforma del Derecho penal. La seguridad jurídica en materia penal radica no sólo en la bondad, acierto pleno de las reformas, sino también en que éstas tengan una cierta estabilidad y permanencia en el tiempo. Por ejemplo, habría sido una irresponsabilidad por nuestra parte haber dejado sin efecto la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, que entró en vigor, si no recuerdo mal, en octubre del año pasado, aun cuando teníamos tiempo para haberla hecho.
Como sabe, desde el Grupo Parlamentario Socialista nos opusimos frontalmente a dicha reforma pero no la vamos a contrarreformar, ni esa ni ninguna, sin el fuerte consenso político que se necesita, sin hacerlo de una manera sistemática, elaborada, estudiada, tranquila y que huya de escenarios de pura coyuntura que -como decía antes- no nos llevan a corto, a medio, ni a largo plazo, a ningún sitio.
A pesar de lo anterior, señorías, sí quiero decirle que el Gobierno ha anunciado una reforma global del Código Penal con ocasión de celebrarse los diez años de su vigencia, que se cumple en el 2005, y para ello esperamos poder contar con la participación de todos los grupos parlamentarios. La reforma del Código Penal es también una cuestión de Estado. El Código Penal, según algunos, viene a ser una especie de Constitución en negativo y necesita ese fuerte consenso político y social, porque se trata de analizar las inevitables disfunciones en su contenido, y, sobre todo, evaluar los efectos positivos y negativos que algunas de las reformas han provocado sobre la realidad político criminal, de forma que podamos proceder a los ajustes que sean necesarios.
El Ministerio de Justicia acaba de constituir una comisión integrada por un grupo de expertos que inicialmente va a elaborar un listado de materias que, a su entender, resulta necesario para revisar tanto el Código Penal como la legislación del menor. En ese grupo de expertos van a intervenir, naturalmente, la Fiscalía General del Estado, miembros de la judicatura, con sus particulares y esenciales aportaciones y va a ofrecer un primer borrador sobre el que vamos a trabajar entre todos.
Quiero referirme a otra cuestión. Es difícilmente aceptable la afirmación de que el hacinamiento de las prisiones debe resolverse mediante una contrarreforma penal.
Nadie puede ser excarcelado -esto es de puro sentido común, pero es importante recalcarlo- porque se afirme la existencia de un problema de alta población penitenciaria si su internamiento resulta necesario desde el punto de vista de la justicia y de las finalidades de la pena.
Señor senador, señorías, el endurecimiento de las penas y el régimen de cumplimiento de los terroristas fue una decisión acertada y que este Gobierno asume. Los ciudadanos exigen la máxima firmeza del Gobierno en este punto, y nosotros seguiremos trabajando en esta línea sin apartarnos de nuestro compromiso con el pacto por las libertades.
También es cierto que el período de seguridad introducido en la reforma de la Ley Orgánica 7/2003 era reclamado por la mayoría de los ciudadanos, incluso cuando se trataba de delincuentes comunes. Hemos asistido con mucha frecuencia, con demasiada, a las denuncias que razonablemente hacían las víctimas y sus familiares sobre la temprana excarcelación de delincuentes habituales profesionales, lo que generaba y genera una cierta alarma social cuando reinciden en su conducta delictiva, y lo mismo cabe decir del acceso al beneficio de la libertad condicional de quien no ha satisfecho, pudiendo hacerlo, sus responsabilidades civiles.
En cuanto a la reforma de Ley Orgánica General Penitenciaria, resulta indiscutible que las realidades sociales y legales evolucionan, y por ello es preciso, ahondando en los principios establecidos en esta legislación, proceder a su modificación para mejorarla y adaptarla a la realidad social. En este sentido, como usted seguramente sabrá, senador, se ha creado una comisión técnica para la relectura de la Ley Orgánica General Penitenciaria con el fin de analizar sus carencias y proponer los elementos que deberían ser reformados. Dicha comisión está formada por un grupo de expertos, plural y representativo de diferentes estamentos jurídicos, y quedó constituida el 27 del pasado mes de enero, para trabajar su reforma, haciendo hincapié, como no puede ser de otro modo, en el objetivo rehabilitador de las penas privativas de libertad que exige el espíritu constitucional -y la letra- del artículo 25.2 de nuestra ley fundamental. Estos trabajos, en todo caso, deben ser presentados posteriormente ante los grupos parlamentarios a fin de obtener el mayor consenso político sobre un tema, como es el de la ejecución de la pena privativa de libertad, tan sensible y que afecta de una manera tan directa a la propia esencia del Estado, a la administración de la pena, a los derechos y libertades fundamentales.
En la última reunión de este grupo, celebrada el pasado día 21, se llevó a cabo el reparto de tareas entre sus componentes para actualizar la normativa en las materias doctrinalmente pacíficas, de ahí que la futura reforma penitenciaria incorporara exigencias técnicas derivadas del principio de legalidad como -y cito-, entre otras, uno, la regulación con rango legal del catálogo de infracciones y sanciones cometidas por los internos; dos, la inclusión en la futura ley de institutos creados y regulados por el Reglamento Penitenciario de 1996 y no desarrollados; tres, la remodelación del concepto del tratamiento, incorporando a su texto los avances que se han ido produciendo en el campo de las ciencias sociales y consolidando, a nivel legal, una concepción del tratamiento más acorde con los actuales planteamientos de la dogmática jurídica y de las ciencias de la conducta, tal y como ya se efectúa a nivel reglamentario. Hay que hacer hincapié, además, en el componente resocializador más que en el concepto crítico del mismo desde la perspectiva de la reinserción del interno, como un proceso en formación integral de su personalidad, dotándolo de instrumentos eficientes para su propia emancipación. En definitiva, los principios que inspiraron en su día la elaboración de la Ley Orgánica General Penitenciaria sobre la base -insisto una vez más- de todo ese paquete o conjunto normativo que identifica un sistema penal como propiamente democrático según las Naciones Unidas, los convenios internacionales, los protocolos en materia de derechos humanos, etcétera.
Es preciso también, señoría, potenciar las unidades extrapenitenciarias de madres para que los niños menores de tres años que hasta ahora venían conviviendo en prisión con sus madres sufran el menor impacto institucional y se salvaguarde el principio constitucional de protección a la familia. También es necesario y es importante extender los centros de inserción social y las unidades dependientes a un espectro más amplio de internos que el que tenemos hoy en día, dando acogida a aquellos internos que presenten un perfil de baja peligrosidad y una evolución favorable en su trayectoria penitenciaria y que se encuentren integrados en un programa de tratamiento.
En conclusión, señor presidente, señorías, quiero resaltar una vez más que las normas penales han de tener estabilidad y fijeza para salvaguardar los principios de seguridad jurídica, legalidad y certeza, por lo que, como señalábamos anteriormente, han de ser elaboradas tras un sereno análisis y examen de sus deficiencias y posibilidades de mejora en función de las necesidades que la experiencia nos dicta y, además, en función de lo que nos dicen los órganos expertos que tienen que ser las cosas.
Finalmente, debo apelar de nuevo, en una materia tan sensible para la convivencia como ésta, al máximo consenso político y, por tanto, al máximo consenso parlamentario.
Señor presidente, señorías, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
No tenemos la más mínima intención de caer en lo que el ministro de Justicia ha denominado penelopismo, tejer y destejer, pero es evidente que existe en nuestras cárceles una situación condicionada por las medidas de reforma penal de la anterior legislatura.
Nuestro grupo no considera que se deban efectuar estas modificaciones para combatir el hacinamiento, porque no se trata de esto. Se trata de que se cumplan las penas en las condiciones que la propia Ley General Penitencia prevé porque lo que está ocurriendo es que no se están cumpliendo las condiciones para el cumplimiento de las penas.
Por otro lado, considero que la finalidad última es la reinserción social, tal como se define en el texto constitucional. Por este motivo, y estoy de acuerdo con usted, pienso que es necesario realizar un estudio de conjunto de las medidas penales y penitenciarias para que se cumpla este objetivo fundamental que fija la Constitución.
Por ello, hablamos no sólo de reformas del Código Penal sino incluso de promover otras iniciativas legislativas relacionadas con medidas penales alternativas a la prisión, como la posibilidad de redactar una ley procesal penitenciaria que clarifique algunas lagunas existentes en el momento de la aplicación de las penas.
Esta es la filosofía que guía en Cataluña, el hecho de que instituciones penitenciarias dependan de la Consejería de Justicia, y consideren que las medidas penales no se acaban con la sentencia sino que continúan durante todo el proceso de aplicación de la pena.
También quiero insistir en este paréntesis que se genera en este proceso de reflexión, que seguramente es muy necesario. El ministerio y el Gobierno deberían prever los medios concretos para resolver los problemas urgentes de nuestras cárceles, porque es cierto que no debemos generar inseguridad jurídica , que hay que reflexionar y que la reforma que pongamos en marcha debe ser meditada y servir para los objetivos propuestos. Pero, al mismo tiempo, son necesarios medios suficientes para resolver esta situación tan grave que actualmente padecen nuestras cárceles.
En Cataluña planteamos una cuestión, y no sólo para este campo, y es que cuando el Gobierno del Estado adopta medidas que afectan a nuestras competencias, como cambios legislativos, que comportan un aumento del gasto para hacer frente a estas nuevas obligaciones, es necesaria una dotación presupuestaria extra a fin de que nuestra administración pueda hacer frente a sus obligaciones.
Esta es esencialmente la motivación de nuestra intervención, es decir, promover unos cambios legislativos necesarios y dotarnos de los medios para que el sistema penitenciario cumpla su función social.
Igualmente, quiero hacer una puntualización. Ha hablado usted de terrorismo. Expresamente en mi intervención no me he referido al terrorismo porque considero que es un tema específico. Lo que no puede ser es que con motivo de la lucha contra el terrorismo se hayan endurecido algunas medidas penales que han afectado a otros sectores de la delincuencia que necesitan un tratamiento distinto. Cada situación necesita un tratamiento. Evidentemente, en la ley existen unas salvedades con respecto de los delitos de terrorismo, pero es cierto que se ha generado una sensación de inseguridad ciudadana para justificar una política centrada en la represión, y considero que deberíamos conseguir una política centrada en nuestro objetivo, que es la reinserción social.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, senador, por su interpelación y la réplica. El tono y el contenido van a ayudar a seguir trabajando bien en el futuro. Por el momento el Gobierno, en lo que se refiere a toda la infraestructura necesaria para que la finalidad de la pena no se convierta en algo utópico, como usted sabe, está trabajando desde el punto de vista presupuestario, de las infraestructuras y del personal de instituciones penitenciarias. Son todos sistemas esenciales para que, como decía antes, la administración de la pena se produzca en condiciones democráticas y solventes y para que, precisamente, se produzca de mayor y mejor modo la reinserción social de los delincuentes condenados a penas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque es una finalidad intrínseca de la administración de la pena en el sistema democrático, pero también porque es útil para ese sistema democrático. Los delincuentes rehabilitados, como yo he mismo dicho aquí alguna vez, dejan de serlo y, por lo tanto, si se rehabilitan en prisión adquirimos inmediatamente una ganancia neta en seguridad ciudadana, conveniente para toda la sociedad.
En cuanto al objeto de la interpelación, las reformas legales, agradezco su réplica y me remito a los dos aspectos que yo he destacado reiteradamente en mi intervención. En primer lugar, que tienen que ser reflexivas, cuidadosas y con una vocación de permanencia en el tiempo. Por lo tanto, se tienen que elaborar -es lo segundo que quería decir- con un fuerte consenso social y con su correspondiente traducción en términos de consenso político parlamentario. De momento estamos trabajando y bien, tanto en el área de Justicia del Gobierno con esa comisión dedicada al Código Penal, como en el área de Interior con la comisión dedicada a evaluar una eventual reforma de la legislación penitenciaria, que permita acomodar el sistema penitenciario a los nuevos tiempos.
Por lo tanto, señor presidente, señoría, muchas gracias y buenos días.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Compareix en nom del govern el ministre de l'Interior José Antonio Alonso a qui adreço aquestes paraules (que reprodueixo del Diari de Sessions):

Buenos días, señor ministro. Voy a empezar con una cuestión previa.

Bon dia senyor ministre. A l’espera que es modifiqui el Reglament d’aquesta cambra perquè s’hi puguin usar amb normalitat les llengües oficials a les CCAA, no m’expressaré en la meva llengua i em traduiré jo mateix directament al castellà. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)
A la espera de que se modifique el reglamento de esta Cámara para que se puedan usar en ella con normalidad las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, no me expresaré en mi lengua y me traduciré yo mismo directamente al castellano.
Como bien sabe, el motivo de mi interpelación, evidentemente, no es la lengua sino la grave situación que vive el sistema penitenciario, es decir, los centros penitenciarios propiamente dichos y también el conjunto de procedimientos e instituciones que más allá de los centros de reclusión intervienen o deberían intervenir en la reinserción social de los que han cometido algún delito y en la prevención de la reincidencia.

No es un hecho totalmente nuevo porque el crecimiento demográfico y los profundos cambios sociales que ha sufrido la sociedad en estos últimos 25 años por sí misma han conllevado un aumento relativo de los delitos y sobre todo un cambio de su tipología. Hasta aquí nada realmente sorprendente puesto que, por desgracia, nos hemos ido acostumbrando a que en las políticas sociales la Administración vaya a remolque de los acontecimientos. Lo que sí es grave es que desde el Estado, durante el anterior mandato, se promovieran medidas, cambios legislativos tendentes a un endurecimiento de las penas y a una menor flexibilidad de su sistema de aplicación que han aumentado aún más la presión sobre el sistema penitenciario y han agravado su situación de sobrepoblación sin dotarlo siquiera de mayores medios.
La saturación de los centros penitenciarios obstaculiza la función que constitucionalmente tienen asignadas la reeducación y la reinserción social, saturación que no se debe a un aumento espectacular de la delincuencia. Debemos preguntarnos por qué el Estado español, a pesar de contar con un número inferior de delitos registrados, tiene igual o mayor población penitenciaria que países como Francia o Italia, que tienen 20 millones más de habitantes. Y la desproporción aumenta aún más si extendemos la comparación a los países del norte de Europa.
En 1995, en todo el Estado, había 45.198 reclusos; en el 2000, 45.384, y de hecho desde 1993 al 2001, la población reclusa se mantuvo relativamente estable alrededor de los 45.000 reclusos, pero desde el 2000 se ha producido un aumento constante y en el 2005 rondamos los 60.000. Es decir, entre 1993 y el 2000 el aumento fue cero; entre el 2000 y el 2005 el aumento ha sido del 31 por ciento. Y la previsión de todos los expertos es que, una vez que hayan entrado en vigor la totalidad de las reformas penales promovidas durante al anterior legislatura, la población reclusa no pare de crecer.
En Cataluña, única Comunidad Autónoma de todo el Estado que ha asumido desde 1984 el reto de la gestión del sistema penitenciario, la situación no es esencialmente distinta, condicionada, como está, por el marco legal general y por la política penal y penitenciaria y también de extranjería del Gobierno del Estado. También en Cataluña, el crecimiento de la población reclusa ha sido continua desde el 2001 y ha pasado de enero de 2001 a enero de 2005 de 6.049 a 8.178 reclusos, un aumento de un 35 por ciento en cuatro años, aumento que las cárceles catalanas, muchas obsoletas e inadecuadas no pueden absorber, ya que sólo tienen una capacidad para unas 6.000 personas internas. Esto se traduce en hacinamiento. Las celdas de un gran número de centros mantienen espacios de 10 a 12 metros cuadrados entre cuatro y seis internos, cifra muy alejada del principio de un interno por celda, que establece el reglamento penitenciario. Además, hay que tener en cuenta que este crecimiento del número de reclusos no se debe tanto a un aumento de los ingresos en las cárceles, como a un alargamiento de la estancia en prisión como consecuencia de las últimas reformas penales. Y hemos constatado en Cataluña que los reclusos con condenas de entre 3 y 15 años han aumentado considerablemente, mientras que han disminuido progresivamente las condenas de menos de tres años; estancias más largas en las cárceles que plantean también necesidades especiales que hay que atender, entre otras cosas porque el mayor período de privación de libertad aumenta el riesgo de desocialización de las personas penadas y, por lo tanto, aumenta el riesgo de marginación social y de reincidencia delictiva a la salida de los centros.
No tendríamos un cuadro completo de la situación sino tomara en consideración la incidencia que tiene el fenómeno de la inmigración en la actual situación penitenciaria en Cataluña. En Cataluña, y seguramente el ejemplo sería extrapolable a otras Comunidades Autónomas con un alto índice de inmigración, entre 1999 y 2005 los internos extranjeros han pasado de ser cerca del 20 por ciento a ser más del 32 por ciento del total de la población reclusa, es decir, que la población reclusa en general ha aumentado enormemente estos últimos años, pero en comunidades como Cataluña la proporción de extranjeros en este crecimiento es muy alta. Así, el número de internos extranjeros ha aumentado en Cataluña entre estas mismas fechas un 117 por ciento, mientras que el número de internos que tienen nacionalidad española ha aumentado cerca de un 12 por ciento. Esta presencia de extranjeros agrava los problemas que ha de afrontar el sistema penitenciario. ¿Cómo afrontar la reinserción social de personas que ni tan sólo tienen una situación jurídica regular en nuestro territorio? ¿Cómo resolver los múltiples problemas que plantea la babel lingüística y cultural que se vive en algunos centros?
Vale la pena añadir que el control de la ejecución de penas, el seguimiento individualizado que debería tener cada penado es evidentemente insuficiente, si consideramos que, por ejemplo, en Cataluña tenemos cuatro jueces de vigilancia penitenciaria para una población reclusa de 6.506 penados y de 629 en situación de libertad condicional.
La respuesta a todos estos problemas del sistema penitenciario es sin duda mayores recursos, pero también mayor inteligencia e imaginación práctica para dar tratamiento distinto a delitos y situaciones distintas, es decir, considerar la privación de libertad como uno de los recursos de nuestro sistema penal básicos en algunos delitos y situaciones, pero no el único. Hacen falta mayores recursos y no es de recibo que se aborden reformas sin prever sus consecuencias, como pasó en la anterior legislatura. Y aquí también hay que intentar ser concretos. Sólo en Cataluña, si la población reclusa continua creciendo al ritmo de estos últimos años, además de construir centros para absorber el actual déficit de 2.200 plazas, se debería construir una cárcel nueva cada año. A estos costes de infraestructuras de gran impacto social y territorial, hay que añadir que mantener en la cárcel a un recluso cuesta entre 50 y 60 euros día; el mantenimiento y el crecimiento constante de las estructuras y equipamientos relacionados con el internamiento penitenciario tienen un coste económico y social demasiado elevado en relación con su eficiencia. De hecho, es insostenible.
Mientras tanto, mientras se han estado privilegiando las políticas represivas, centradas en la privación de libertad, se ha descuidado la aplicación de medidas penales alternativas a la prisión.
Falta, incluso, una legislación coherente para que se puedan aplicar con eficacia.
Es necesario que se adopten nuevas políticas. Sabemos que el Gobierno es consciente de la situación. La señora Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias, reconoce que a los 25 años de la ley General Penitenciaria no se han puesto los medios suficientes para que un modelo basado en la capacidad de cambio de las personas se lleve a la práctica. En estos momentos -y son palabras suyas-se está produciendo un incremento de la población penitenciaria producto de que se aprobaron modificaciones legislativas que no tuvieron la previsión oportuna.
Nos gustaría conocer cuáles son las iniciativas que prevé abordar el Gobierno en los próximos meses y cuál es su calendario de iniciativas para hacer frente a estos problemas del sistema penitenciario. Especialmente nos gustaría conocer su opinión en relación, en primer lugar, a la revisión de las reformas del Código Penal que mayor impacto están teniendo en la actual situación penitenciara. En segundo lugar, la dotación de los recursos suficientes para hacer frente al aumento espectacular de la población reclusa que han inducido a esas reformas penales. Concretamente, Cataluña, que tiene transferidas las competencias de la gestión penitenciara, considera que es necesaria una actuación presupuestaria extra del estado con esta finalidad. En Cataluña el presupuesto de la Consejería de Justicia, que tiene las competencias penitenciarias, ha aumentado este año un 37 por ciento, pero aún así los recursos no son suficientes.
Por otro lado, también creemos que debería hacerse un estudio del impacto de las lagunas de las políticas de extranjería que inciden muy notablemente en la situación penitenciaria. Me refiero, entre otras cosas, a las problemáticas de las expulsiones o de la inserción porque no se puede hablar de reinserción de los que no tienen una situación regular administrativamente no socialmente en nuestro país.
En cuarto lugar, creemos que son necesarias las reformas sustanciales del conjunto de medidas legales posibles para remediar la situación. Concretamente, creemos que es necesario clarificar el papel de juez sentenciador y del juez de vigilancia penitenciaria en el cumplimiento de la penas y de promover la redacción de una nueva ley procesal penitenciaria, una nueva ley que debería tener en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas con competencias en materia penitenciaria y establecer un sistema de recursos que se agote en los órganos judiciales de su territorio, sea cual sea el tribunal sentenciador.
Finalmente, creemos que es necesario promover las medidas penales alternativas a la prisión y, por tanto, sería conveniente, quizás, redactar una ley sobre estas medidas, de la misma manera que existe una Ley General Penitenciaria; y la necesidad de dotarse de medios suficientes para aplicar estas penas alternativas a la prisión como la localización permanente para que no pase como en el arresto de fin de semana que se dejó morir por falta de medios.
Para terminar, quisiéramos que por su parte favorecieran las iniciativas que la Generalitat de Cataluña está llevando de cara a la redacción de un nuevo Reglamento penitenciario de rango autonómico.
Muchas gracias.

Gràcies senyor president, senyories,

Permetin-me que comenci en la meva llengua introduint un dels elements centrals de la meva intervenció: si el cine europeu i el cine espanyol necessiten protecció i suport de l’Estat, és fàcil imaginar com necessita el cinema català un suport encara més decidit de l’Estat, que té l’obligació constitucional de protegir i promoure les manifestacions culturals en les nostres llengües i que administra uns fons que són patrimoni de tots, i per tant en una part també dels catalans.

A la espera de la reforma del Reglamento de esta Cámara me traduzco yo mismo directamente al castellano (cosa que no deja de ser una dificultad añadida a mi intervención).

He dicho al empezar: “Permítanme que empiece en mi lengua introduciendo uno de los elementos centrales de mi intervención: si el cine europeo y el cine español necesitan protección y apoyo del Estado, es fácil imaginar como necesita el cine catalán un apoyo aún más decidido del Estado, que tienen la obligación constitucional de proteger y promover las manifestaciones culturales en nuestras lenguas y que administra unos fondos que son patrimonio de todos, y por lo tanto también de los catalanes.” Y lo mismo que decimos de los catalanes podríamos decirlo de los gallegos que empiezan a desarrollar también una industria cinematográfica propia.

Dicho esto, quisiera agradecer al Grupo Popular la oportunidad que nos brinda de iniciar un debate sobre el cine y su propuesta de algunas medidas demasiado generales todavía en su formulación pero todas positivas para el sector: ayuda a jóvenes cineastas, revisión de la fiscalidad… Evidentemente cabe preguntarse ¿porque ahora que están en la oposición y no hace un año cuando estaban en el gobierno? Pero no seguiré ese fácil, i indiscutible, camino de crítica al PP. Al contrario me felicito que des del PP se de un apoyo tan inequívoco como en la moción que hoy debatimos a la realidad pluricultural y plurilingüística del Estado español. El talante abierto y comprensivo de la realidad plural del Estado también puede ser patrimonio de la derecha, o al menos de parte de la derecha española, y si es así, y esperamos que sí, es un hecho que puede pesar positivamente en los debates que nos esperan estos próximos meses; empezando por la propia reforma del Senado.

Pero, volvamos al cine. La primera evidencia es que estamos hablando de un sector cultural, de una industria cultural, que difícilmente puede sobrevivir, ante la supremacía norteamericana y ante el fenómeno televisivo, sin medidas positivas de protección y apoyo de las Administraciones públicas, y no es de extrañar que el sector quisiera verse reflejado desde este punto de vista en el espejo francés, ya que mientras aquí el cine español tiene una cuota de pantalla de tan solo el 14%, y el producido en Catalunya un modestísimo 3,35%, el cine francés en su país llega al 40%.

Para que este apoyo al cine producido en el Estado español sea efectivo debe tener muy en cuenta la realidad del sector y debe no solo respetar sino promover su pluralidad. Por lo que se refiere a la industria, a la producción cinematográfica, hoy aproximadamente el 50% radica en Madrid, el 30% en Catalunya y el 20% restante se reparte por este orden entre Galicia y el País Valenciano principalmente. Es decir que todavía hoy tenemos dos grandes centros de producción, una bicapitalidad de Madrid y Barcelona en el sector del cine, pero si examinamos la evolución del sector en la última década constatamos una progresiva concentración de la producción en Madrid y una pérdida de peso relativo de la producción hecha en Catalunya. Las cifras reflejan que entre 1994 y 2004 en Catalunya se han producido una media de 19 largometrajes al año, con una puntas de 29 en 1996 y en 2003, mientras que en el resto del Estado el crecimiento ha sido más continuo y ha multiplicado casi por tres el número de largometrajes producidos en un año.

A la vista de estos datos, parecen bastante plausibles las quejas que emanan desde el sector en Catalunya en el sentido que tanto el ICAA (Instituto de la cinematografia y las Artes Audiovisuales) como las televisiones de ámbito estatal con sede en Madrid en el momento de invertir en productos catalanes se rigen de facto, en el mejor de los casos, por un sistema de cuotas que limita la producción a un número fijo de películas anuales. Y hay que recordar aquí que en la producción de un largometraje los dos tercios de la inversión dependen de las ayudas del Estado y de las televisiones.

Es por todo ello, y atendiendo al peso que aún tiene la industria cinematográfica catalana, y a la existencia de un sector profesional y artístico de indudable calidad en Catalunya, que consideramos indispensable que cualquier Plan de apoyo la producción cinematográfica se elabore en colaboración con los organismos competentes en Catalunya. Más aún si consideramos las competencias plenas de la Generalitat en materia de cultura y el hecho de que desde hace años se desarrolla en Catalunya una política propia en el campo del cine.

Este Plan debe contener, tal como apunta muy bien la moción del grupo popular, un apartado específico de apoyo a las producciones cinematográficas que reflejen la realidad pluricultural del Estado español y muy especialmente las producciones en catalán, gallego y euskera.
En primer lugar porque es un deber democrático, porque es una contribución directa tanto a la pervivencia de nuestras lenguas y nuestras culturas, como al mejor conocimiento mutuo y al enriquecimiento cultural del conjunto.
Este enriquecimiento puede ser notable si sumamos nuestras cinematografias en su diversidad. Desde Cataluña se produce buen cine y se puede producir aún mejor cine; no faltan, ya lo hemos dicho, profesionales capaces, ni empresas; tenemos los temas que nos proporciona una realidad social compleja y una base cultural potente basada en una historia rica y en un fondo literario importante. Lo que faltan son sobre todo políticas coherentes y un apoyo decidido a la inversión y a la distribución de nuestros productos.

Uno de los elementos importantes de esta incentivación de la inversión es la revisión de los aspectos fiscales ligados al cine partiendo de la base que estamos hablando de una industria cultural. (Entre paréntesis, al hablar de estos aspectos fiscales no puedo dejar de hacerme eco de las demandas del sector de que no se grave con el IVA lo que corresponde a subvenciones de las Administraciones públicas.)

Tampoco se puede ignorar la demanda del sector de que los pagos de las subvenciones del Estado se pongan al día, ya que los actuales retrasos de dos a tres años en el cobro de estas subvenciones son extremadamente lesivos especialmente para las pequeñas y medianas productoras que han de trabajar con créditos y soportar unos costes bancarios excesivos, cuando el propósito es ayudar a la producción cinematográfica y no a las entidades de crédito.

Ahora bien, más allá de las subvenciones directas, que siguen siendo imprescindibles, donde se debería incidir claramente es en la cuestión de la televisión. En primer lugar, hay que asegurar el cumplimiento de la Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, el cumplimiento por los operadores de televisión de ámbito estatal de la obligación de dedicar un mínimo del 5% de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, un 60 por 100 de la cual debe destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España. Para ello, en línea con lo que señalaba la ministra de Cultura en su intervención en la anterior sesión plenaria de esta Cámara, hay que crear los mecanismos que permitan controlar que tanto las televisiones públicas como las privadas, especialmente las grandes cadenas de ámbito estatal, cumplen con el 5%. Es necesario que haya la máxima transparencia y que esta importante inyección de inversiones en el sector se haga teniendo en cuenta la necesidad de consolidar los centros de producción existentes y las posibilidades efectivas del sector. Por otro lado, estas inversiones a partir del 5% deberían considerar también la necesidad de un apoyo específico a las producciones que reflejen la pluralidad cultural y a las producciones en lengua catalana, basca y gallega. Producciones para las cuales se debería garantizar una difusión a través de estos canales de televisión de ámbito estatal.

[El següent paràgraf no l’he arribat a llegir per tenir temps per fer els aclariments finals; el deixo, però, perquè vegeu quin era el sentit global de la meva intervenció]

Y hablando de difusión entramos en lo que son las otras dos patas fundamentales para asegurar el futuro del sector de la cinematografía: la distribución y la exhibición. Para ello este Plan de Apoyo a la Producción Cinematográfica se debería acompañar de unas políticas de apoyo claro y efectivo a la distribución y exhibición en todo el Estado de todos los productos cinematográficos que han recibido ayudas públicas y que han de encontrar su espacio de relación con el público, sin el cual todos los esfuerzos realizados serían vanos. Asegurar una mínima presencia continua del cine español, del cine catalán, del cine gallego, etc. en las salas es el camino para prestigiar también una producción que fuera de unos títulos muy contados y a veces a pesar de la buena aceptación por parte del sector del público que las ha conseguido ver no permanecen un tiempo suficiente en las pantallas.

Votaremos afirmativamente la moción transacccionada tal como la expuesto el portavoz del Grupo Popular. Queremos dejar constancia que consideramos más adecuado nuestro redactado del punto relativo al necesario apoyo del cine producido en catalán, gallego y euskera, ya que referirse al castellano como “lengua común”, siendo suave, ni es exacto ni es adecuado, ya que para ser exactos y no entrar en polémicas el castellano es simplemente lengua oficial del estado según el actual redactado de la Constitución.

Por otro lado, quisiera insistir que nos hubiera gustado que figurará con claridad que queremos control y transparencia en el cumplimiento del 5% por parte de los operadores de televisión públicos y privados, les guste más o menos a sus titulares.

Gracias

Si s'haguessin acceptat les nostres esmenes la moció hauria quedat així:

El Senado insta al Gobierno a:

Que antes de finalizar este ejercicio de 2005 presente un Plan de Apoyo a la Producción Cinematográfica, elaborado en colaboración con los gobiernos de las Comunidades Autónomas en que radican industrias de producción cinematográfica y que ejercen competencias en materia de cinematografía, en el que se contemplen, entre otras medidas:

1.Ayuda a jóvenes cineastas, en todas las áreas de la producción cinematográfica

2. La revisión de la fiscalidad con la finalidad de incentivar la inversión en cine.”

3. El apoyo a las producciones cinematográficas que reflejen nuestra realidad pluricultural, especialmente a las producciones en idiomas oficiales propios de algunas Comunidades Autónomas, y medidas para asegurar la presencia de estas producciones en las televisiones de ámbito estatal.”

4. La progresiva puesta al día de los pagos de las subvenciones del Estado al sector cinematográfico.

5. El estudio de los mecanismos para un mayor control y transparencia del cumplimiento por los operadores de televisión de ámbito estatal de la obligación de dedicar un mínimo del 5% de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión europeos, "un 60 por 100 de la cual debe destinarse a producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España" (de acuerdo con la Ley 15/2001). Mecanismos que deberían favorecer una distribución de esta inversión con criterios transparentes entre los distintos centros de producción cinematográfica del Estado español.

Enmienda a la Moción 670/33, que presenta en el Senado el Grupo Parlamentario Popular, como consecuencia de la Interpelación relativa a medidas a favor de la promoción y el fomento de la cinematog rafia.

“El Senado insta al Gobierno de la Nación a que en el plazo de diez meses presente un Plan de apoyo a la Cinematografía Española, en el que se contemplen, entre otras, las medidas:

1. Apoyo a la Producción cinematográfica con especial relevancia a la producción independiente y dentro de ella a la incorporación de jóvenes cineastas.

2. Apoyo a la Distribución cinematográfica con especial incidencia en la distribución independiente.

3. Apoyo a la Exhibición cinematográfica en colaboración con las Comunidades Autónomas.

4. Estudio de los aspectos fiscales relacionados con la inversión en cine.

5. Apoyo a la cinematografía que refleje la realidad pluricultural del país [Finalment hi han afegit "plurilingüística", però fixeu-vos que en aquest punt malgrat les referències absolutament fora de lloc a "la lengua común" es més clar el suport al cine produït en les altres llengües en la moció original del PP]

6. Conservación y salvaguardia del Patrimonio Cinematográfico.

7. Impulso a la actualización de los Sistemas de Información para un mejor conocimiento del Mercado cinematográfico.

Debatuda en el Ple del 22 de febrer de 2005.

El Grupo Parlamentario Popular somete a la aprobación del Pleno de la Cámara la siguiente
MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno de la Nación a:

Que en el plazo de seis meses presente un Plan de Apoyo a la Producción Cinematográfica, en el que se contemplen, entre otras medidas:

1.Ayuda a jóvenes cineastas, en todas las áreas de la producción cinematográfica 2.Revisión de la fiscalidad 3.Apoyo a las producciones cinematográficas que reflejen nuestra realidad pluricultural, especialmente a las producciones en idiomas oficiales que no sean el idioma común.

Palacio del Senado, 10 de febrero de 2005.

El Ple del Senat va aprovar per unanimitat, el 8 de febrer, una moció de l'Entesa Catalana de Progrés (defensada pel senador Jordi Guillot) perquè el Govern es mantingui ferm en la seva negativa i intenti aconseguir a Europa una majoria contrària a l'adopció d'una Directiva europea sobre patents de programari. Tots els grups parlamentaris s’han posat d’acord per a aprovar la moció de l’Entesa mitjançant una esmena transaccional per tal d’aconseguir la prohibició de les patents a les invencions implementades per ordinador.

El grup de l’Entesa ara, a més d’insistir en un vot negatiu, demana que el Govern de l'Estat s’impliqui més per evitar aquesta normativa favorable a les patents. És per això que suggereix el diàleg amb altres països per aconseguir una nova majoria que refusi la proposta del 18 de maig i, per altra banda, que sensibilitzi els eurodiputats i eurodiputades escollits a l’estat espanyol perquè defensin també aquesta posició.

Aquest 9 de febrer, el PP ha presentat una interpel·lació al Govern (ministra de Cultura) sobre "les mesures previstes pel Govern (de l'Estat) per frenar la crisi del cine espanyol". Per al pròxim Ple del Senat del dia 22 presentarà una moció sobre el mateix tema en el debat de la qual intervindré com a portaveu de Cultura de l'Entesa Catalana de Progrés.

S'admeten suggeriments i informació, especialment de gent del sector, sobre la situació del cinema català, dins d'aquest anomenat "cinema espanyol", tant des del punt de vista industrial com creatiu, sobre l'accés a ajuts i subvencions... per correu electrònic: senat@miquelbofill.net .

Divendres 11 de febrer, a les 20.00, a Torroella de Montgrí (Casa Pastors, antic Museu)
Xerrada amb Joan Surroca, exdiputat de Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya, i Miquel Bofill, senador d'ERC per Girona.

Dissabte 12 de febrer, a les 20.00, a Lloret de Mar (Sala de Plens de l'Ajuntament)
Xerrada amb Maria Mercè Roca, diputada del GP d'ERC al Parlament de Catalunya, i Miquel Bofill, senador d'ERC per Girona.

Agenda d'actes d'ERC pel NO a les comarques de Girona

Moltes raons per al NO

He accedit a la demanda que m'ha fet avui en el Ple del Senat el ministre de l'Interior per ajornar per al dia 23 de febrer el debat de la meva interpel·lació sobre les reformes legislatives necessàries per a la millora del sistema penitenciari i del sistema penal en general, amb motiu de l'atemptat d'ETA amb cotxe bomba avui a Madrid i de diverses amenaces de bomba encara no aclarides aquest matí.

Cal dir que el PP no ha volgut renunciar a cap de les preguntes que tenia formulades i el ministre ha hagut de respondre-les abans d'incorporar-se al grup de treball del seu ministeri que feia el seguiment de l'atemptat i d'aquestes amenaces.

(Text de la interpel·lació presentada el 31 de gener, que debatrem, si no hi ha res de nou, el 23 de febrer.)

Divendres 11 de febrer a les vuit del vespre, parlaré junt amb Joan Surroca, exdiputat de Ciutadans pel Canvi al Parlament de Catalunya, en un acte contra aquest semblant de Constitució, a la Casa Pastors (antic museu) de Torroella de Montgrí. Hi exposarem les nostres raons pel no.

Com a portaveu de Justícia de l'Entesa Catalana de Progrés he presentat una interpel·lació al govern sobre la seva política penitenciària i molt especialement sobre les reformes legislatives necessàries per a la millora del sistema penitenciari i, en general, del sistema penal.

Aquesta interpel·lació es veurà en el Ple del 9 de febrer. Hi respondrà en nom del govern el ministre de l'Interior. Tenim 15 minuts inicials d'intervenció cada un i 5 minuts més cada un de rèplica.

A continuació podeu veure el text que vam presentar el 31 de gener amb la formulació inicial de la interpel·lació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 25,2 de la Constitució espanyola assenyala, com a fi primordial de les penes i de les altres mesures de privació de la llibertat, la reeducació i reinserció social dels penats; aquests principis van ser escrupolosament incorporats a la Llei Orgànica General Penitenciària de 1970, marcant així un canvi de rumb en la concepció del sistema penitenciari.

No obstant això, passats més de vint-i-cinc anys des de l’aprovació d’aquella norma, ha arribat el moment d’avaluar la legislació en el seu conjunt, ja sigui la de caràcter estrictament penitenciari, ja siguin les normes penals que incideixen en aquest àmbit, per adequar-les a l’actual realitat social, evitant regressions i entenent que una política penitenciària d’èxit, evidentment, no és la que augmenta el nombre de penats, ni la que tan sols els manté aïllats de la societat, sinó la que compta amb una dotació de mitjans suficients per donar un tractament adequat, diferenciat i proporcionat per tal que les persones tinguin una real opció a la reinserció social.

En aquest sentit, cal tenir en compte que les reformes penals aprovades al llarg de la passada legislatura, en particular l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 7/2003, de compliment íntegre i efectiu de les penes, contribueixen a la massificació dels centres penitenciaris, procés que s’intensificarà els propers anys, segons indiquen totes les previsions, per la qual cosa també és necessari revisar la repercussió penitenciària que comporta l’enduriment de les normes penals.

Entre els objectius a abordar en aquesta nova etapa caldria considerar, entre altres, la potenciació de mesures alternatives a l'internament, que permetin una adequada resposta als fets delictius, tal com ja es contempla al Codi Penal de 1995, en l’ impuls dels programes de rehabilitació, una major implicació de la societat en el tractament penitenciari... En qualsevol cas, és necessari tenir en compte que les reformes legislatives en matèria penal i penitenciària sempre haurien d’anar acompanyades de la dotació de mitjans suficients per donar compliment al mandat constitucional.

Per altra banda, cal que els marcs legislatius generals tinguin en compte les competències que, en matèria penitenciària, puguin assumir les Comunitats Autònomes. És el cas específic de Catalunya, única Comunitat Autònoma que compta actualment amb els serveis penitenciaris transferits, incloent les competències d’execució penal. El Govern de la Generalitat, en col•laboració amb diversos especialistes, està preparant un reglament penitenciari de rang autonòmic, orientat a la reeducació i la reinserció.

És per tot això que formulem al Govern la present INTERPEL•LACIÓ al voltant del seu criteri sobre les reformes legislatives de caràcter penitenciari i penal necessàries per a la millora dels sistema penitenciari.