En la meva intervenció en l'últim Ple d'aquest període de sessions els vaig recordar que aquest és un tema pendent i que no ens n'oblidarem:

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones ».) «Gràcies senyor president, senyories. En aquesta última sessió de 2004, alhora que els desitjo unes felices festes i un bon 2005, permetin-me que els recordi que per a aquest any vinent tenim pendent l’assignatura de l’ús normal en aquesta Cambra de les llengües oficials en alguna comunitat autònoma.»
He dicho: En esta última sesión de 2004, al mismo tiempo que les deseo unas felices fiestas y un buen 2005, permítanme que les recuerde que para este próximo año tenemos pendiente la asignatura del uso normal en esta Cámara de las lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma. Estoy convencido de que encontraremos entre todos fórmulas de consenso que lo harán posible: «Parlant, la gent s’entén.»

I al final de la meva intervenció sobre la modificació de Llei Orgànica del Poder Judicial (vegeu més avall) vaig afegir:

«Gràcies, senyor president. Bones festes a tots.» Felices fiestas a todos y espero que los Reyes Magos oigan los ruegos de mi grupo y de los que nos votaron y nos traigan para este año que viene un Senado respetuoso con la pluralidad lingüística. Por lo menos —se lo aseguro—, brindaremos con cava catalán y con vino manchego para que así sea. Gracias.

Intervenció en el Ple del 22 de desembre amb motiu del debat de la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè els magistrats del Tribunal Suprem i els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia siguin elegits amb els 3/5 dels vots del Consell General del Poder Judicial, que es va aprovar finalment per 131 vots a favor (tots els grups menys el PP) i 126 en contra (PP).

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló
pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según
el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones
».) «Gràcies senyor president, senyories.
En aquesta última sessió de 2004, alhora que els desitjo
unes felices festes i un bon 2005, permetin-me que els recordi
que per a aquest any vinent tenim pendent l’assignatura
de l’ús normal en aquesta Cambra de les llengües oficials
en alguna comunitat autònoma.»
He dicho: En esta última sesión de 2004, al mismo
tiempo que les deseo unas felices fiestas y un buen 2005,
permítanme que les recuerde que para este próximo año tenemos
pendiente la asignatura del uso normal en esta Cámara
de las lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma.
Estoy convencido de que encontraremos entre todos
fórmulas de consenso que lo harán posible: «Parlant, la
gent s’entén.»
Entrando en el debate de hoy, les diré que será una gran
satisfacción para nuestro grupo poder votar a favor de una
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial justamente
destinada a reforzar el consenso, a favorecer los
acuerdos amplios y representativos, transversales dentro
de los distintos sectores sociales e ideológicos, en la toma
de algunas decisiones fundamentales para el buen funcionamiento
de los altos tribunales y fundamentales para que
los ciudadanos puedan confiar en su ecuanimidad.
Queremos, todos, al menos es lo que suponemos, un poder
judicial independiente y un poder judicial democrático
acorde con la sociedad democrática y plural en la que se
reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado
español. La expresión democrática de estos ciudadanos reside
en los parlamentos de las comunidades autónomas y
en estas Cortes Generales. Es desde esta representación
democrática, lógicamente, de donde debe salir el gobierno
del poder judicial, y en este sentido el Consejo General del
Poder Judicial es un órgano político, pero a la vez es necesario
que no funcione como una instancia política más, sometida
al vaivén de la confrontación de los partidos políticos
porque para eso ya está el Parlamento.
Cuando hablamos de justicia hablamos de democracia,
pero también de independencia, de ecuanimidad y de capacidad
y conocimiento jurídico. El Tribunal Supremo y
los tribunales superiores de Justicia, como el Tribunal
Constitucional, como últimas instancias, deben conformarse
al máximo posible con esas exigencias. Es evidente
que el nombramiento de sus miembros por una mayoría
cualificada del Consejo General del Poder Judicial va a reforzar
el consenso, va a favorecer que, por encima de las
simpatías o antipatías personales, políticas o ideológicas,
prime en todos los casos el mérito, la capacidad y la independencia
y, al menos en el peor de los casos, si se reproducen
los nombramientos mecánicamente en la correlación
de sensibilidades que haya dentro del Consejo General
del Poder Judicial, no solo estará representada la mayoría
sino también las sensibilidades minoritarias.
La verdad es que cuesta entender la oposición del
Grupo Parlamentario Popular a esta reforma, que tiene el
aval de todos, absolutamente de todos los grupos. Me parece
una posición encastillada en un cierto privilegio dada
la actual mayoría de sensibilidad conservadora en el Consejo
General del Poder Judicial, sensibilidad conservadora
correlativa a la lentitud de la profundización de la reforma
democrática y la modernización del Poder Judicial si la
comparamos con los cambios experimentados durante
treinta años en la estructura y funcionamiento del poder legislativo
y del poder ejecutivo.
Cuando sus posiciones ideológicas, señores del Grupo
Parlamentario Popular, no tengan la preeminencia que tienen
aún en el Consejo General, como no las tienen ya
ahora en la sociedad, seguramente les gustará la reforma
que hoy votamos. La votamos convencidos de que el ciudadano
de a pie prefiere mil veces más que sus asuntos
sean juzgados en última instancia por un tribunal con la
mayor competencia técnico-jurídica, constituido democráticamente
a partir del consenso o, al menos, con pluralidad
de sensibilidades.
La propia Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre
composición del Consejo General del Poder Judicial, ya
señala claramente en su exposición de motivos que la modernización
de la Justicia que demanda la sociedad española
debe cimentarse en el consenso, consenso que asegure
que el Poder Judicial actúa como poder independiente,
unitario e integrado, regido por una coherencia institucional
comúnmente aceptada que le permita desarrollar
con la máxima eficacia sus funciones constitucionales.
La reforma planteada va en esta misma dirección. Quedan,
sin embargo, otras reformas pendientes, de mayor calado,
como se reconoce explícitamente en la exposición de
motivos del proyecto de ley que hoy debatimos. En este
sentido, creemos que debates como el de hoy, con un procedimiento
de lectura única, han de ser muy excepcionales,
porque no favorecen este necesario debate más amplio.
Permítanme que me refiera muy brevemente a estas reformas
pendientes en el Poder Judicial que han de comprender
necesariamente nuevos elementos que garanticen
la neutralidad política y la independencia del Consejo General,
al tiempo que ajusten su estructura a los requerimientos
de un Estado compuesto como es el Estado español.
Todavía el Estado español posee una estructura judicial
propia de un país unitario centralizado, como puede ser el Estado
francés, y dista mucho de poseer una estructura de su
Administración de Justicia como la de los Estados compuestos,
en sus distintas configuraciones, véase República Federal
Alemana, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Como señalaba un destacado miembro del propio Consejo
General del Poder Judicial, es una asignatura pendiente
que el Poder Judicial se amolde a la España plural
de la Constitución. Hay que desdramatizar, decía, su descentralización.
Es necesario —decía— que los tribunales superiores de
las comunidades autónomas asuman su papel de órgano
supremo dentro de la estructura judicial española, sin perjuicio
de la labor del Supremo como unificador de doctrina.
Proponía también crear consejos en cada autonomía
o, si los nombres asustan —decía—, salas de gobierno reforzadas.
Se mostraba partidario de reducir la dependencia
con respecto al Ministerio de Justicia y propugnaba con el
mayor conocimiento posible que los jueces ejercieran con
el mayor conocimiento posible de la lengua y el Derecho
propio del territorio.
En ese camino de democratización y adaptación a un
Estado compuesto, plural, déjenme que insista —y termino
— en la necesidad de abordar la descentralización territorial
del Consejo General del Poder Judicial. Esta descentralización
debería hacerse estableciendo en casos
como el de Cataluña un consejo autonómico o territorial
que ejerciera competencias delegadas del Consejo General
y en el nombramiento de cuyos miembros participara el
gobierno autonómico. Tendremos ocasión de hablar de
ello, pero es bueno que estas ideas se vayan abriendo camino.
«Gràcies, senyor president. Bones festes a tots.» Felices
fiestas a todos y espero que los Reyes Magos oigan los ruegos
de mi grupo y de los que nos votaron y nos traigan para
este año que viene un Senado respetuoso con la pluralidad
lingüística. Por lo menos —se lo aseguro—, brindaremos
con cava catalán y con vino manchego para que así sea.
Gracias.

(Aquí trobareu els diaris de sessions i podreu accedir als vídeos de les intervencions)

¿Recordeu el Fiscal General de l'èpòca PP, l'extremdretà Jesús Cardenal? Doncs, bé, ara, gràcies a la derrota del PP, tenim un Fiscal General de l'Estat, Candido Conde-Pumpido Touron, civilitzat, demòcrata, sensible a la pluralitat, com ho prova la seva intervenció amb motiu de la compareixença que va fer el 29 de novembre, a la tarda, a la Comissió de Justícia del Senat (diari de sessions).

En la meva intervenció, que podeu llegir a continuació, li vaig plantejar: 1) Quines mesures preveia adoptar per promoure des de la fiscalia l'ús del català a l'Administració de Justícia. 2) La necessitat de tenir una Fiscalia General de Catalunya. 3) Quina posició té sobre la revisió dels consells de guerra franquistes, particularment els de Lluís Companys i de Blas Infante. 4) Quins criteris té sobre els sumaris per delictes contra la humanitat de persecució universal comesos a Xile, Argentina, Guatemala i Perú. 5) La necessitat d'una circular adreçada als fiscals perquè quedin excloses de la persecució dels delictes contra els drets d'autor les còpies privades. 6) El nombre extremament insuficient de fiscals a Catalunya.

A continuació la meva intervenció literal i les respostes detallades punt per punt del Fiscal General.

En nombre de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor fiscal general del Estado. Bienvenido a esta Cámara.
Aunque sea con unos meses de retraso, permítame que le manifieste la satisfacción de mi grupo, Entesa Catalana de Progrés, por su nombramiento, que ha representado un cambio sustancial en la actitud y la sensibilidad de la Fiscalía General del Estado hacia cuestiones fundamentales para la salvaguarda de las libertades y los derechos de los ciudadanos, y muy particularmente en lo que se refiere al reconocimiento efectivo de la pluralidad del Estado y la profundización de la construcción del Estado autonómico.

Hemos tenido la oportunidad de leer algunas de sus declaraciones, de gran interés, por lo que paso directamente a hacer referencia a una serie de cuestiones concretas.

En primer lugar, quisiéramos saber las medidas que prevé adoptar el Ministerio Fiscal para promover el uso de las lenguas cooficiales, y en particular de la lengua catalana. En este sentido, nos gustaría conocer su opinión sobre la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el Parlamento de Cataluña, y en trámite en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de regular como un requisito el conocimiento del catalán y del Derecho Civil propio por parte de los jueces y magistrados y el conjunto del personal de la Administración de Justicia que ejerza en una comunidad autónoma que la tengan como lengua oficial.

Asimismo, quisiéramos conocer sus líneas de actuación en lo que se refiere a la necesaria reforma de la estructura judicial para adaptarla a los requerimientos de un Estado compuesto como es el Estado español, en sintonía con el proceso de descentralización de carácter federalista que se ha producido en los ámbitos propios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la constitución y consolidación de cada vez mayores competencias para las comunidades autónomas. Por nuestra parte, creemos que debemos tener una Fiscalía de rango superior propia de la comunidad autónoma, independiente de las fiscalías provinciales, que debería intervenir en su organización territorial y provisión.

En otro orden de cosas, quisiéramos saber cuál es la posición de la Fiscalía General respecto de la necesaria y justa revisión de los sumarios de carácter político del régimen franquista, con el fin de elaborar una ley que anule los consejos de guerra franquistas y responda así a las innumerables peticiones de anulación de esos juicios sumarios, y sirva también para restituir toda la dignidad de las víctimas más emblemáticas de esa represión, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys, o Blas Infante.

Relacionado en el orden de estos principios, con esta reclamación esencial de justicia histórica para las víctimas del franquismo, está el necesario cambio de criterios de la Fiscalía General sobre la persecución de crímenes contra la Humanidad en países en donde aún no se garantiza el ejercicio elemental de los derechos humanos y las libertades democráticas. En concreto, quisiéramos saber cuáles son los criterios de la Fiscalía General sobre los sumarios que se siguen en la Audiencia Nacional por delitos contra la humanidad, de persecución universal, cometidos en Chile, Argentina, Guatemala y Perú.

Por suerte, en nuestro país hoy en día la conculcación de los derechos humanos es marginal, y proviene fundamentalmente de grupos terroristas.
Nos felicitamos por su actuación en esta lucha en defensa de la libertad y la democracia.

Hablando de forma más prosaica, nos interesaría conocer su posición ante la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual; concretamente, si piensa dictar alguna circular a los fiscales sobre los criterios de persecución penal de los delitos contra los derechos de autor para que quede excluida la persecución penal de las copias privadas, que entre la juventud son muy habituales.

Volviendo a nuestra realidad diaria, de carencias e insuficiencias en el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, no podemos pasar por alto la formulación de la necesidad de incrementar las plantillas de fiscales en Cataluña. Usted ya se ha referido a que el incremento previsto para el próximo ejercicio no era suficiente. Pues bien, queremos insistir en que en Cataluña, según los datos que nos proporciona la Consejería de Justicia, esas plantillas son insuficientes. Concretamente, se indica la necesidad de incrementar las plantillas en esa comunidad en 68 fiscales:
47 en Barcelona, seis en Tarragona, dos en Lleida y 13 en Gerona.
Evidentemente, con estos déficit es difícil que podamos asegurar un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia.

De nuevo le felicito por su nombramiento, y sólo me queda pedirles disculpas, ya que posiblemente tenga que ausentarme de la sala en algún momento por deber asistir a la reunión de la Comisión de Interior para defender una moción que mi grupo ha presentado allí.
Gracias, señora presidenta.

Resposta del Fiscal General:

Comenzaré contestando al senador señor Bofill, que ha planteado una serie de cuestiones que para mí tienen un enorme interés desde la perspectiva de la articulación territorial del Ministerio Fiscal. Es cierto --por no extender excesivamente mi intervención-- que existe una serie de cuestiones que me hubiese gustado preguntarles a sus señorías que sin embargo han quedado de alguna manera sin desarrollar, pero siempre he pensado que tendría ocasión de hacerlo, por lo menos de enunciarlas, precisamente al responder a sus intervenciones.

A mi entender, el Ministerio Fiscal tiene una articulación en este momento que no responde al sistema constitucional en el que es fundamental la constitución del Estado de las Autonomías. Por lo tanto, su articulación, si bien responde a un principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica y, tal y como está en la Constitución, siempre tiene que tener efectivamente esta unidad que garantiza la seguridad jurídica --hay que tener en cuenta que la intervención del Ministerio Fiscal es fundamentalmente en materia penal y procesal penal, en esta materia no existen ordenamientos jurídicos autonómicos, el ordenamiento jurídico es único y de alguna manera el Fiscal también debe interpretarlo con una óptica única--, también lo es que, sin embargo, debe adaptarse a esta nueva articulación territorial del Estado.
En esta materia, es mi deseo mencionar que estamos planteando una circular o instrucción para que dentro del marco reglamentario y estatutario actual y sin esperar a una modificación se vaya produciendo una adaptación a esta nueva articulación territorial. He dado instrucciones a todas las fiscalías de todos los tribunales superiores de Justicia que he visitado, en primer lugar, para que se trate de diferenciar lo que es la figura del fiscal del Tribunal Superior de los diversos fiscales de las audiencias provinciales. En el futuro, eso para mí debería conllevar el que, de la misma manera que existe un presidente del Tribunal Superior de Justicia, y eso no excluye la existencia de un presidente de la Audiencia Provincial, para separar precisamente esta doble articulación exista también un fiscal de la Audiencia Provincial diferenciado del fiscal del Tribunal Superior de Justicia. En cualquier caso, he dado instrucciones para que se vaya articulando, dentro de lo posible, esta diferenciación entre ambas figuras.

He dado también instrucciones a los fiscales de los tribunales superiores de Justicia para que potencien la relación con las cámaras legislativas de cada comunidad autónoma y, de la misma manera que como fiscal general del Estado comparezco ante el Congreso y el Senado, comparezcan con ocasión de la elaboración de la Memoria del territorio ante el órgano autonómico parlamentario. Así se ha hecho ya en Andalucía; así se ha hecho ya en Cataluña; así lo hemos pactado también en mi visita a Extremadura entre el fiscal del Tribunal Superior de Justicia y el presidente de la comunidad extremeña y en general esa instrucción se está tratando de llevar a efecto por parte de los fiscales en Valencia, en Galicia y en las demás comunidades donde efectivamente pueda realizarse.

He tratado de potenciar también el conocimiento de los idiomas autonómicos, que considero un mérito especialmente cualificado para el desempeño de aquellas funciones en las que yo puedo valorar ese mérito, como son los nombramientos de carácter discrecional. En el primer nombramiento que he hecho para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma con lengua propia, que ha sido el nombramiento del fiscal jefe de la Fiscalía de Galicia, he seleccionado a un fiscal que no solamente tiene un amplio conocimiento de la lengua de la comunidad sino que, además, se ha caracterizado precisamente por apoyar la normalización lingüística y es líder en la utilización de la lengua autonómica dentro de la administración de Justicia de la comunidad autónoma gallega. Así lo tendré en cuenta en todos los nombramientos de especial responsabilidad que se refieran a esos territorios. Dentro de las diversas posibilidades de que podamos disponer, el fiscal que tenga esa representación debe utilizar de manera adecuada y suficientemente fluida la lengua propia de la comunidad.

En estos días vamos a proceder al informe de una modificación reglamentaria relativa al personal de las Fiscalías, en las que informaremos favorablemente de la propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio de Justicia para que se modifique ese reglamento y el conocimiento de las lenguas autonómicas se haga constar como mérito no solamente para los fiscales sino también para el personal de la fiscalías.

Por tanto, en esa materia efectivamente mi idea, sin entrar en temas legislativos, que no me corresponden y sobre los que prefiero no pronunciarme, es decir, sobre las proposiciones legislativas que corresponden al Parlamento, pero en lo que cabe al ámbito de responsabilidad del Ministerio Fiscal, del fiscal general del Estado, sí voy a potenciar desde luego una mayor compenetración de lo que es la articulación del fiscal general del Estado con la articulación territorial del Estado, y sobre todo también con el respeto a la cultura y a la lengua propia de cada una de las comunidades.

Me planteaba su señoría en segundo lugar el tema de la recuperación de la memoria histórica en relación con las víctimas de las condenas injustas, realizadas con posterioridad a la Guerra Civil. Indudablemente yo he expresado ya mi idea de que esto debe de venir por la vía de una disposición de carácter general; que no me parece procedente que individualizadamente los tribunales de justicia en este momento vayan a proceder a una revisión caso a caso de esas sentencias, por la vía del proceso de revisión, porque para ese proceso habría que modificar previamente legislativamente los cauces, ya que si no no ofrecería un camino apropiado para ello. Y, por otra parte, podría resultar también una situación de desigualdad, porque sería difícil abarcar en realidad la totalidad de los casos. Por eso en mi entender debe haber una recuperación de la dignidad y del carácter moral que debe venir con una disposición de carácter general que pueda abarcar todos los supuestos. Esa sería mi posición, naturalmente respetando cualquier otra.

Su señoría va a un punto que para mí tiene un especial interés, desde mi perspectiva como jurista, que es la posición en relación con la justicia universal. Como magistrado del Tribunal Supremo he defendido un entendimiento amplio de las disposiciones que en la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que en determinados delitos de lesa humanidad, de delitos que afectan al conjunto de la humanidad debe potenciarse la actuación en materia de justicia universal. En consecuencia, he estado trabajando para conocer en el caso más significativo, que es en este momento el que se encuentra en la Audiencia Nacional, y relativo concretamente a la represión en la época de la dictadura chilena, que posiblemente va a celebrarse sobre el 15 de enero del año próximo, y saber cuál iba a ser el criterio del Tribunal Supremo en cuanto a la jurisdicción española. Pronunciado el Tribunal Supremo en sentido positivo, he dado instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se formule una pretensión acusatoria, entendiendo que en esta materia, una vez que existe ya un criterio del Tribunal Supremo que justifica la intervención de la jurisdicción española, la posición del Ministerio Fiscal debe ser activa, y en este sentido se ha procedido a la designación de una nueva fiscal sobre esta materia, precisamente con la finalidad de que siga un criterio más acorde con sus propias convicciones, y posiblemente, si tiene oportunidad procesal de hacerlo, en la primera que tenga para ello expresará ese criterio acusatorio.

Me plantea seguidamente su señoría otro tema también para mí muy interesante, que es cuál va a ser la posición del Ministerio Fiscal en materia de propiedad intelectual. La Fiscalía General del Estado editará en el momento en que así lo podamos hacer una instrucción en esta materia. En este momento, dada la importancia de la renovación que se ha producido del Código Penal, que ha entrado en vigor el 1 de octubre, la Fiscalía General del Estado está concluyendo la redacción de una circular sobre todos los aspectos de la parte general del Código Penal que han sido modificados, y seguidamente iremos avanzando sobre los problemas de la parte especial más relevantes. Uno de los problemas sobre los que yo creo que la Fiscalía debe pronunciarse es éste, pero precisamente para no dilatarlo más he tenido la oportunidad de hacer ya un pronunciamiento personal, la pasada semana, en unas jornadas que se han celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, precisamente dirigidas a jueces y fiscales, y en las que como fiscal general del Estado, también con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores de España, que era una de las coorganizadoras de la reunión, expresé unas líneas generales. Estas líneas generales para mí se centran en que debe actuar el Ministerio Fiscal de oficio, promoviendo la persecución de los procedimientos y con la máxima contundencia en aquellos supuestos en los que se trate de criminalidad organizada, que en esta materia ya está muy desarrollada, porque hay que tener en cuenta que allí donde se encuentra una mercancía prohibida la criminalidad organizada inmediatamente tiene su entrada, y efectivamente existe esa criminalidad, y en todos aquellos supuestos a los que se refiere al Código Penal, que es en los supuestos en los que se actúe con ánimo de lucro, y por tanto en aquellos casos en que se actúe con ánimo de lucro la Fiscalía General del Estado actuará con la máxima contundencia. Pero también he podido expresar en esas jornadas que el ánimo de lucro debe ser entendido en sentido estricto, en sentido propio; no puede extenderse ese criterio del ánimo de lucro para hacer una concepción de lucro indirecto, como se denomina en algunas ocasiones, y que permitiría una criminalidad excesiva de comportamientos que en la sociedad se consideran usuales, y que cualquiera de nuestros hijos adolescentes desarrolla en el ámbito privado, sin que realmente se ocasione un daño de carácter significativo que implique la intervención del máximo instrumento de que dispone el Estado, que es la pena, para intervenir en esa materia.

Por tanto, yo dije en esas jornadas que el Derecho Penal no es un bastón; es un bisturí, por tanto un instrumento de precisión, y debe actuar con precisión para sancionar con contundencia las conductas que lo merecen, pero no debe de pretender utilizarse el Derecho Penal de una manera absolutamente generalizada para resolver cualquier problema, y desde luego nunca fuera de lo que la sociedad, de manera generalizada, estime como comportamientos que no son verdaderamente criminales. Esas serían las líneas generales que he marcado en estas jornadas, y que haremos llegar a todos los fiscales a través de la página web, de la que desde hace poco tiempo disponemos en la Fiscalía; es un instrumento de modernización que hasta ahora no había estado a nuestro alcance, pero en este momento podemos comunicarnos ya con los fiscales a través de esa vía.

Finalmente me hablaba su señoría del incremento de las plantillas para Cataluña. Indudablemente el esfuerzo que el Gobierno ha hecho para poder disponer en el próximo año de un incremento de plantillas significativo, de 135 plazas, es digno de toda alabanza, teniendo en cuenta que durante los últimos años se venían incrementando veinte plazas anuales. Por ello, 135 plazas significan una multiplicación importante de las posibilidades.
Dado que vengo visitando la mayor parte de las fiscalías, he visitado prácticamente todas las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia de España en estos seis meses, le puedo decir sin embargo que si debiese atender a las necesidades que cada una de esas fiscalías me transmite, resultaría absolutamente insuficiente este número tan importante de plazas. Yo creo que podemos disponer de un incremento considerable para Cataluña, pero no podrá alcanzar esa cifra señalada por los fiscales catalanes, porque hoy mismo se hablaba de que se pretende la creación de 86 plazas para Madrid, y realmente si quisiésemos atender a una u otra cosa no quedaría nada para el resto de España.

Creo que es necesario también dedicar una parte de ese incremento a potenciar los órganos centrales y las fiscalías especializadas, en la medida en que se trata de diseñar precisamente un ministerio fiscal que tenga una mayor especialización por materias, y por tanto que no sea exclusivamente importante la distribución territorial, sino que también sea importante la especialización, y a ella vamos a dedicar algunas de esas plazas.

En cualquier caso, lo que sí le puedo asegurar es que he visitado ya la Fiscalía de Barcelona en varias ocasiones en estos seis meses. He estado reunido recientemente con el fiscal jefe de Tarragona, que me ha trasladado también esa misma necesidad, que además allí se vive de una manera acuciante. Por tanto, es una necesidad que conocemos y a la que trataremos, dentro de nuestras posibilidades y en relación con las que nos permita el Ministerio de Justicia, de dar una satisfacción.

El 29 de novembre, també va comparèixer el ministre de Justícia a la Comissió de Justícia del Senat per explicar les propostes de canvi en el sistema d'elecció dels presidents de Sala i magistrats del Tribunal Suprem i dels presidents dels tribunals Superiors de Justícia, perquè aquesta elecció es faci amb més consens, tenint en compte la pluralitat de sensibilitats polítiques, socials i ideològiques (diari de sessions).

A continuació podeu llegir la meva intervenció a favor de totes les mesures que garanteixin la màxima neutralitat política i la independència d'aquests òrgans judicials, en què insisteixo que en aquest camí de democratització també cal una adaptació de l'Administració de Justícia a la realitat d'un Estat compost i descentralitzar el Consell General de Poder Judicial.

Algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Señor Bofill, tiene la palabra.

El señor BOFILL ABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero manifestar que, al margen de otras consideraciones, sabe que cuenta con el apoyo de nuestro grupo para hacer prosperar esta reforma.
Nosotros creemos que, efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, pero no cualquiera. Por eso, consideramos que no se debe ver sometido al vaivén de la confrontación de los partidos políticos y a unas mayorías absolutas, como nos había acostumbrando el Partido Popular en la anterior legislatura, de ahí la necesidad de algún sistema que pondere este abuso de la mayoría absoluta.
En ese sentido, nos parece bueno el modelo de los tres quintos para la elección y nombramiento de los presidentes de Sala, magistrados del Tribunal Supremo, etcétera, que son órganos fundamentales de nuestra administración de justicia. De hecho, es necesario que la pluralidad de nuestra sociedad esté presente, no sólo en el Consejo General del Poder Judicial, sino también en estos órganos judiciales, para que sus decisiones sean justamente ponderadas en relación a lo que es la realidad social del país.
La propia ley orgánica que determina la composición del Consejo General del Poder Judicial ya señala claramente en su exposición de motivos que la modernización de la justicia que demanda la sociedad española debe cimentarse en el consenso; un consenso que asegure que el poder judicial actúa como poder independiente, unitario e integrado regido por una coherencia institucional comúnmente aceptada que le permite desarrollar con la máxima eficacia sus funciones constitucionales.
Creo que la reforma planteada va en esta dirección y, por lo tanto, la valoramos positivamente. En este sentido, quiero recordarle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no es una reforma exclusiva del Partido Socialista, más bien al contrario; el único grupo que se opone a la misma es el Grupo Parlamentario Popular, y por alguna razón será. Ni mucho menos creo que los demás grupos seamos unos simples acólitos del Partido Socialista, ya que estamos condicionando en muchos aspectos su acción de gobierno. Pero sí hay una historia anterior, la que explica que, en este caso, el Grupo Parlamentario Popular se encuentre en solitario, y es que ustedes en la legislatura pasada abusaron de su mayoría absoluta y ahora en el Consejo General del Poder Judicial, de una manera poco adecuada por lo que deben ser las características de un órgano judicial, se están reproduciendo unas mayorías sistemáticas --como ha señalado el ministro, mecánicamente-- que tienen un sesgo político. El hecho de obligar a que haya un debate dentro de este órgano, se tengan en cuenta todas las opiniones y se busque el consenso es una forma de evitar la excesiva politización de las decisiones del Consejo General del Poder Judicial y facilitar que sean más ajustadas a la pluralidad de nuestra sociedad.
Dicho esto, quiero plantear otras cosas, pero no me voy a extender.
Quiero recordar al señor ministro que quedan pendientes otras reformas en relación con el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial que han de comprender, necesariamente, elementos como los que hemos señalado hoy que garanticen la neutralidad política y la independencia de este órganos. Asimismo, son necesarias otras reformas que ajusten su estructura a los requerimientos de un Estado compuesto como es el español.
Quizá no sea el momento de profundizar en ello, para no alargar la intervención, pero sí quiero hacer un último apunte. Desde nuestro grupo, pensamos que en este camino de democratización y adaptación de la administración de justicia a un Estado compuesto es necesario abordar en algún momento la descentralización territorial del Consejo General del Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista, esta descentralización debería hacerse estableciendo, en casos como el de Cataluña, un consejo autonómico territorial que ejerza competencias delegadas del Consejo General y en cuyo nombramiento participe el gobierno autonómico. Aunque ya tendremos ocasión de hablar de ello, es bueno que estas ideas se vayan abriendo camino.
Muchas gracias, señor ministro.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.

Respecte a aquesta última qüestió el ministre va contestar:

Finalmente, sólo deseo afirmar, como hice en el Congreso, que evidentemente, con esta ley orgánica, que tiene un objetivo muy escueto, de ninguna manera se da cumplimiento al programa de reformas organicojudiciales ni a las materias pendientes, ni siquiera a la totalidad de la proposición no de ley, porque hay otros puntos que tienen que ver con el refuerzo de la España autonómica en material judicial, con el refuerzo de las lenguas cooficiales, y con la necesidad de coordinar al Gobierno con las comunidades autónomas. En efecto, todos estos asuntos están en nuestra agenda y están siendo parte de nuestra acción política, pero por su alcance y por su dimensión de largo recorrido escapan a una respuesta de carácter específico como es este proyecto de ley que afecta, éste sí, a la cuestión de los nombramientos en el Tribunal Supremo que está incorporada al punto segundo de la proposición no de ley, del mismo modo que, en el punto primero, se mandata al crecimiento de la planta judicial, y creo que es respuesta de ello, en otro orden de consideraciones, el incremento a 250 nuevas unidades judiciales por las que ha apostado el Gobierno en su previsión presupuestaria para el año 2005. De manera que este proyecto de ley no hace todo el trabajo, no completa el programa, ni muchísimo menos. Está todo en la agenda. Vamos a continuar trabajando, y esperamos contar para ello con la colaboración de los grupos parlamentarios, y --lo dije en el Congreso y lo repito aquí de nuevo, en el Senado-- también con el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias.

El 29 de novembre va comparèixer el ministre de Justícia a la Comissió de Justícia del Senat per exposar la seva política en realació amb la implantació d'aquests nous jutjats especialitzats (diari de sessions). Vam aprofitar la nostra intervenció per plantejar-li: 1) Que els tres mesos que havien transcorregut des de la implantació dels nous jutjats eren un període de temps massa curt per fer una valoració que permetés treure conclusions i que la previsió a Catalunya és que es necessitaran 10 jutjats mercantils (ara n'hi ha 7). 2) Que calen més jutges i magistrats a Catalunya. 3) Que s'havia d'abandonar el criteri provincial a l'hora de crear nous jutjats, ja que ciutats com Sabadell, per exemple, segurament necessitaven més un jutjat mercantil que no pas determinades capitals de província espanyoles, i que s'hi havia d'haver un mínim polític aquest era la Comunitat Autònoma. 4) Que una vegada més s'havia menystingut la llengua catalana en la convocatòria de places de jutges i magistrats a Catalunya.

A continuació podeu llegir la meva intervenció i alguns passatges de la resposta del ministre que s'hi refereixen directament o inidirectament.

Le corresponde iniciar su intervención al portavoz de Entesa Catalana de Progrés, señor Bofill.

El señor Bofill ABELLO: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor ministro.
Señorías, por lo que se refiere a los juzgados de lo mercantil, he de decir que he tenido oportunidad de hablar con la Conselleria de Justicia de Cataluña y, más o menos, me vinieron a decir que consideran prematuro hacer una valoración del número de causas sustanciadas porque la propia abogacía ha detectado, de hecho, una cierta retención ante una jurisdicción novedosa. Por ello, nos remitimos todavía a los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la propia demanda del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya que solicitó, en su momento, la creación de diez juzgados mercantiles, basándose justamente en el número de causas de este tipo sustanciadas hasta ese momento en otros juzgados.
En la práctica, se han creado siete juzgados: cuatro, en la demarcación de Barcelona, donde se solicitaron siete; y, uno, en cada una de las otras circunscripciones provinciales y, estos últimos, con competencias de hecho compatibilizadas con juzgados de primera instancia. En este sentido, nos gustaría saber cuál es la previsión de crecimiento respecto a Cataluña --que creemos que todavía no hay ninguna--, para el próximo año.
Desde Cataluña planteamos una cuestión que, en cierta manera, va un poco contracorriente con lo que está pidiendo el Grupo Parlamentario Popular.
En este sentido, creemos que se debería terminar con el concepto provincial de la adscripción en el momento de hablar de la planta judicial y hacer una mayor referencia a la demanda social efectiva, lo que nos llevaría a considerar más necesaria la creación de un juzgado mercantil en Sabadell o en una plaza en la que se sustancien un gran número de causas mercantiles, que en algunas capitales de provincia en las que el volumen, quizá, continúe siendo mediano --tal y como nos ha descrito el señor ministro--, y que por lo tanto, podría ser compatible con otras funciones judiciales, como la de los juzgados de primera instancia. Por lo tanto, consideramos que se debe terminar con este concepto provincialista que, en todo caso, no debería llevar a obviar la realidad autonómica. En este sentido, en el caso de Navarra, por ejemplo, estaría perfectamente justificada la creación de un juzgado mercantil porque nos debemos ajustar, sobre todo en este terreno, a un criterio quizá político, que es el del Estado autonómico, pero, en cambio, por lo que se refiere a las provincias se debe ir más a criterios funcionales y a un criterio de la demanda social en función de las causas reales que hay planteadas.
De hecho, en relación con la planta judicial, nos ha dicho el señor ministro que se han atendido con holgura las demandas de las comunidades autónomas, incluso más allá de lo que estas mismas solicitaban; pero esto, si bien es cierto en muchos casos, no lo es justamente para el caso de Cataluña que desde hace tiempo tiene competencias en el terreno de Justicia. Nos tememos que esto sea en beneficio a un posible traspaso de competencias a otras comunidades autónomas, porque ha perjudicado a Cataluña y esperamos que, de cara a próximos ejercicios, se tengan en cuenta las demandas que se hacen desde la Generalitat de Catalunya; concretamente este año se solicitaba 38 órganos judiciales, sin contar los especializados en la violencia de género, y se han concedido 30, incluidos los especializados en estos casos. Desde Cataluña esperamos que en el próximo ejercicio se puedan cubrir estos déficit, porque se puede hablar de justicia eficaz y próxima al ciudadano, pero no hacerla efectivamente próxima y eficaz.
Al margen de esta cuestión de la planta judicial, y por lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de estos nuevos juzgados, desde Cataluña no podemos dejar de expresar nuestro malestar por la no consideración del conocimiento de la lengua oficial y del derecho civil especial o foral propio de las comunidades autónomas como requisito, o al menos como mérito preferente, para la provisión de las plazas de estos nuevos juzgados, cosa que excluía de forma expresa la convocatoria del concurso para la provisión de estas plazas y que ha sido motivo de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la «Generalitat de Catalunya». Por desgracia, éste no es más que un botón de muestra de la sistemática desconsideración del conocimiento de la lengua catalana en la provisión de plazas judiciales en Cataluña y éste no es un tema menor. Tenemos que resolver entre todos esta situación que de hecho discrimina negativamente a una parte de los ciudadanos en el momento de acceder a la Administración de Justicia. En este sentido quiero recordar que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 1º de julio, tomar en consideración una proposición del «Parlament de Catalunya» para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce como requisito para el ejercicio la obligación de conocer la lengua y el Derecho civil propio de una comunidad autónoma por parte de jueces y magistrados y del conjunto del personal de la Administración de Justicia. El texto inicial de esta propuesta de reforma se ha remitido al Consejo General del Poder Judicial y, como diría Sancho, con el Consejo hemos topado nuevamente porque este organismo en su informe apunta una posible inconstitucionalidad de esta propuesta del «Parlament de Catalunya» de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesta que esperamos ver prosperar, a pesar de todo, en estas Cortes, ya que el informe del Consejo no es vinculante. En este sentido han sido acogidos muy favorablemente en Cataluña, señor ministro, sus recientes declaraciones en Girona, en el marco de la Asamblea anual de la asociación de jueces y magistrados Francisco Vitoria, según las cuales esta es una iniciativa parlamentaria y es al parlamento al que corresponde en estos momentos dominar el curso del procedimiento. Es posible --afirmaba usted--, de acuerdo con la Constitución, promover la cooficialidad lingüística y el uso de las lenguas cooficiales, sin que ello suponga ningún desdoro ni de la unidad ni de la independencia en su conjunto del poder judicial, y sin que eso reporte efectos negativos a la estructura u organización del poder judicial. Esperamos que se ratifique también en estas palabras.Nos congratulamos de sus explicaciones y del detalle que nos ha dado del desarrollo de los juzgados de lo mercantil, siempre teniendo en cuenta la salvedad de que quizás es prematuro sacar de estos datos una conclusión definitiva por lo que se refiere a lo que va a ser la realidad en los próximos meses de estos juzgados.
Muchas gracias, señora presidenta.

Resposta del ministre de Justícia a alguns dels temes plantejats en la meva intervenció:

Ya he completado la pregunta en relación con la implantación de los juzgados de lo mercantil, y puedo comentarle que, efectivamente, estos datos, que son públicos y que no tengo ningún inconveniente en ponerle de manifiesto por escrito cuanto antes, nos están señalando que la mayor parte de los juzgados que han recibido competencia en materia mercantil reflejan índices de actividad muy bajos. Algunos de ellos dibujan un pico en alza sobre el que habrá que permanecer atento para ver qué tiene de representativo algún problema que merezca respuesta. Quizá el tiempo de implantación no es lo suficientemente largo como para ser representativo, de hecho este dato lo reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial en la introducción de esta versión estadística, de la impresión de todas las tablas y datos estadísticos disponibles hasta el momento en la Sección de Estadística del propio Consejo General del Poder Judicial.
El propio Consejo manifiesta que será necesario disponer de datos de una sucesión de trimestres para poder sacar conclusiones válidas de lo que por el momento no es un seguimiento suficientemente representativo, teniendo en cuenta que el único mes enteramente analizado en todas las provincias, en todas las demarcaciones, es el de septiembre. Lo que sí señala el Consejo General del Poder Judicial es que, a la vista de los datos obtenidos, no se infiere como consecuencia que está en la capacidad de propuesta del Consejo General del Poder Judicial la demanda de nuevos órganos especializados en materia mercantil, como prueba el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial, a la hora de adelantar las previsiones en lo que se denomina la relación de necesidades para la Administración de Justicia, no está considerando la materia mercantil como una materia requerida de incremento de la planta, lo que tendré oportunidad de singularizar en el caso de Cataluña, que ha puesto énfasis en este elemento.
Como digo, hay algunas demarcaciones en las que, efectivamente, se compatibiliza la materia mercantil con la materia civil en un juzgado de primera instancia, que recibe la encomienda en materia mercantil por parte del Tribunal Superior de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, se observan cifras de mayor alcance. Sería el caso del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada, que contempla 14 asuntos; el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza, que contempla 60 --es una cifra importante--; el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, que contempla 25, o el Juzgado de Primera Instancia número seis de Badajoz, que contempla 12.
Del resto, salvo que quieran que les diga la relación completa --no creo que sea necesario--, no veo ninguna cifra equiparable a éstas. La mayor parte de ellas son cifras muy manejables que, lógicamente, marcan una diferencia con respecto de aquellos juzgados especializados exclusivamente en lo mercantil. Evidentemente, son los juzgados de lo mercantil los que han podido contemplar un volumen de asuntos que la mayor parte de los casos puede rayar en la veintena, en otros casos en la treintena, como es el caso de los Juzgados de lo Mercantil especializados números 1, 2 y 3 de Barcelona, con jurisdicción exclusiva en lo mercantil, o el de Palma de Mallorca, también cerca de la treintena. Como digo, hay que tener en cuenta que están especializados en lo mercantil y, por tanto, avocan toda la competencia de asuntos y de concursos de la respectiva demarcación. Por lo tanto, no es extraño ni resulta preocupante su proyección con respecto de lo que pueda ser el curso de la anualidad.
Me pregunta el senador Conde sobre la previsión de aspirar a implantar juzgados de lo mercantil en cada provincia de España. Mi respuesta, bienintencionada, sería que ojalá pudiésemos implantar juzgados especializados en todos los ámbitos de especialización imaginables.
Lógicamente, trabajando como lo hacemos, con recursos limitados, tenemos que ordenar prioridades, pero en principio, ni el propio Consejo General del Poder Judicial ni las comunidades autónomas lo demandan, y no parece razonable que trabajando con recursos limitados y con una previsión de 250 nuevas unidades judiciales para un ejercicio presupuestario sucesivo
--creo que es la previsión de incremento de la planta más notable que recordamos desde los años ochenta--, dedicásemos tal volumen de recursos a la implantación de unos juzgados de lo mercantil que, inevitablemente, porque todo en economía es así, perjudicaría la atención a la demanda de atención especializada y, por supuesto, de otros órdenes de la jurisdicción.
Las demarcaciones de la justicia requieren también crecimiento en materia social, en materia de juzgados de instrucción, de primera instancia e instrucción y, por lo tanto, hay que prever todas esas perspectivas en conjugación con los de la especialización mercantil.
Como digo, siempre hay un acento político en la medida en que la España autonómica requiere ese esfuerzo cuando la comunidad autónoma, con competencias asumidas en materia de Justicia, ha hecho esa apuesta específica y se la ha hecho saber al Gobierno, que tiene que cumplir también su parte del trabajo. Ese puede ser manifiestamente el caso de Navarra con el Juzgado de lo Mercantil especializado en Pamplona, cuya previsión de crecimiento se espera para el próximo año. ¿Por qué? Porque es una comunidad autónoma uniprovincial que, efectivamente, tiene competencias asumidas en materia de Justicia, porque así lo ha pedido y porque así se lo ha hecho llegar al Gobierno que, en el ejercicio de su autonomía política y del margen de maniobra de que dispone legítimamente, ha hecho esa priorización.
Sin embargo, debo decir en honor a la verdad que, desde el punto de vista cuantitativo, tampoco se justifica por el volumen de asuntos de que entiende la jurisdicción mercantil en Navarra, que es muy pequeño, muy por debajo del módulo, muy por debajo de 280, pero en la medida en que Navarra ha hecho una apuesta política muy insistente y ha asumido su parte de responsabilidad por esa apuesta política, lo que inevitablemente puede perjudicar la implantación de otros órganos en otros órdenes de la jurisdicción o especializados en otros ámbitos, por la colaboración interinstitucional que nos debemos en el Estado autonómico parece ineludible atender esa petición, a la vista también de la singularidad que plantea una comunidad autónoma uniprovincial.

Pasaré a comentar también alguna otra cuestión que se me ha planteado en los distintos turnos, en particular por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativa a la previsión de crecimiento para Cataluña. A ese respecto, la apuesta de crecimiento de 250 nuevos órganos judiciales para el año que viene contempla de manera bastante satisfactoria la demanda planteada por Cataluña. También desde luego la planteada por el Tribunal Superior de Justicia y por el propio Consejo General del Poder Judicial para Cataluña, de manera que este es uno de los casos de correspondencia y de satisfacción al cien por cien.
No quiero decir con ello que se satisfaga al cien por cien las necesidades de justicia de Cataluña, sino que en este esfuerzo de interlocución razonada, siendo Cataluña consciente de las limitaciones presupuestarias, del esfuerzo que la propia Cataluña tiene que aportar para crecer --consideraciones también al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha preguntado en relación con las necesidades de justicia de Cataluña--, teniendo en cuenta que hace falta una inversión conjugada tanto por parte de la Generalitat como por parte del Gobierno, la previsión de crecimiento de nuevos 32 órganos judiciales para Cataluña el año próximo viene a atender la demanda planteada.
Teniendo en cuenta que la satisfacción de la implantación de los juzgados de lo mercantil en primera hornada resultaba bastante adecuada, no ha existido una demanda de incremento de especialización de lo mercantil en Cataluña. Por tanto, no existe una previsión inmediata de crecimiento, sin perjuicio de que en lo sucesivo pueda atenderse esa demanda según se vaya planteando.
Por otra parte, planteaba la consideración relativa a Navarra, y creo que acabo de dar una explicación a ese propósito.
Con respecto a un asunto que no es central en esta comparecencia, que es el relativo a las lenguas cooficiales vinculado al texto que en estos momentos se encuentra en tramitación en este Parlamento, debo decir al respecto que, por supuesto, respeto las iniciativas que el Parlamento decide tramitar y tomar en consideración, así como el trabajo que hagan los grupos parlamentarios, pero desde luego sostenemos la convicción de que el Estado autonómico, con todos sus mimbres, nos está mandatando, a los que tenemos responsabilidades políticas, a hacer un continuo ejercicio de integración a la búsqueda de soluciones razonables. Eso en lo que respecta a la ordenación de las competencias, a la aportación de recursos, a las previsiones presupuestarias, y también en el manejo de una cuestión tan sensible como es la cooficialidad lingüística. Es un dato inexorable del Estado de las autonomías que se recoge en el artículo tres de la Constitución, al referirse a las lenguas que los estatutos decidan reconocer como cooficiales en su respectivo ámbito. Por tanto, adquieren un estatus que debe ser validado en los distintos desarrollos del ordenamiento jurídico porque, de otra forma, la cooficialidad de esa lengua sería virtual y carente de contenido. Creo que eso hay que respetarlo, y estoy profundamente convencido de ello. Y además estoy convencido desde el punto de vista constitucional. No tengo ninguna duda de que eso es posible sin perjuicio de la unidad e independencia del Poder Judicial, aquí y en todos los países donde existe cooficialidad lingüística. La unidad esencial de la jurisdicción, que es la que en definitiva garantiza un ordenamiento jurídico regido por una fuente suprema, que es la Constitución, que garantiza la interpretación conforme a unos mismos principios y respetando derechos fundamentales, que son tales para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, nos está obligando a que la cooficialidad lingüística tenga presencia, es decir, no sea solamente una invocación virtual, «un flatus vocis», y habría que buscar soluciones para ello. Creo que eso es perfectamente posible. Nos hemos comprometido a trabajar en ello, y yo he dicho que uno de los propósitos de esta legislatura en materia de Justicia es el del impulso a la España autonómica, lo que significa completar el mapa de traspasos con respecto a aquellas comunidades autónomas que, siendo titulares de importantes competencias, no las ejercen todavía. Este hecho debe preocuparnos a todos porque, además, es bastante sintomático de males de una cierta profundidad en la Administración de Justicia. Creo que es muy sintomático de que la Administración de Justicia tiene problemas que deberían preocuparnos a todos, como puede ser el que comunidades autónomas, que son las legítimas propietarias de esas competencias y atribuciones en sus estatutos de autonomía no las quieran ejercer. Repito que esto es muy sintomático aunque me parece que se subraya poco. Se subraya muy poco que es revelador que las comunidades autónomas, que tienen importantes competencias en materia de Justicia, estén haciendo, desde hace ya unos cuantos años, todo lo posible para no ejercerlas. Me parece muy revelador y creo que ahí hay materia como para preocuparse. Tenemos que ir a una ordenación razonable de la distribución de competencias que incremente esa capacidad de colaboración en el ejercicio de las competencias propias, pero también de cumplir la Constitución, por supuesto, en lo relativo a los tribunales superiores de Justicia y en lo relativo a la cooficialidad lingüística. Por tanto, sin ser este asunto el central de esta comparecencia, tenga por seguro, señoría, que vamos a trabajar constructivamente para buscar soluciones que resulten satisfactorias.

Intervenció en el torn de portaveus:

¿Senador Bofill, desea hacer uso de su turno?
El señor BOFILL ABELLO: Sí, señora presidenta. Deseo precisar mi acuerdo con el señor ministro en lo que se refiere al tema de la racionalidad y a la distribución de los juzgados. En este sentido iba justamente mi intervención respecto de la adscripción provincial.
Consideramos que existe un problema político y un problema de racionalidad, y debemos conjugar ambas cosas. Nosotros pensamos que estamos en un Estado autonómico en el que la preeminencia está en manos de las comunidades autónomas, y por tanto, a la hora de considerar la creación de nuevos juzgados se debe tener en cuenta, como mínimo, ese criterio político, es decir, que se garantice que si existe una demanda en una comunidad autónoma, ésta realmente se cubra. Por ello, y aun estando lejos de nuestra adscripción política, hemos puesto el ejemplo de Navarra, pues no se trata de un tema de adscripción política, sino de concepción del Estado. Pensamos que en el Estado de las autonomías se debe actuar así.
En cambio, y por lo que se refiere a las provincias, consideramos que el proceso es distinto, pues en nuestra opinión debe primar dentro de cada comunidad autónoma el tema de aquellas plazas en las que hay una demanda social mayor, donde realmente existe la posibilidad de que se sustancien más casos. Nosotros no estamos a favor de que se creen, por ejemplo, siete juzgados de lo mercantil en la provincia de Barcelona, que es la demanda de la Generalitat, ni de que todo se concentre en la ciudad de Barcelona cuando resulta que seguramente hay un volumen de casos muy importante en la periferia de dicha ciudad y en una serie de ciudades también muy importantes, donde quizá deben radicar estos juzgados.
Incluso quizá sea más importante que dichos juzgados radiquen en alguna de esas ciudades que en otra capital de provincia, y no me refiero sólo a nuestra comunidad autónoma.
Es decir, que por un lado el criterio político debe ser el de las comunidades autónomas, y por otro, debe existir también un criterio de racionalidad. Evidentemente supongo que todos querríamos que en cualquier parte hubiera, con la máxima proximidad posible, un juzgado especializado, pero es evidente que existe un problema de economía. Así pues, en la medida en que la disponibilidad de medios lo permita, se debería tener en cuenta la demanda social.
Por lo que se refiere al uso de las lenguas cooficiales, es cierto que quizá ésta sea una cuestión que he sacado al margen del tema central objeto de esta comparecencia, pero quiero recordarles que el mismo nunca queda al margen, pues en toda actuación judicial se plantea este problema. En el momento en que se crean los juzgados de lo mercantil se convocan unas plazas, y en el concurso de la convocatoria de plazas de jueces no se tiene en cuenta esta cuestión. Esto es algo que sucede una y otra vez, y por tanto, desgraciadamente nos vemos obligados a jugar un papel que a veces también nos resulta molesto y que consiste en insistir siempre en las mismas cosas respecto de las lenguas cooficiales hasta el punto de que algunas de sus señorías pueden llegar a decir que ya estamos otra vez con el tema de las lenguas cooficiales. Pero, insisto, esto es algo de lo que no nos vamos a salvar si no damos a este problema una solución. Por ello agradezco las palabras del ministro en el sentido de reafirmar su posición, su convicción, su compromiso de promover la cooficialidad lingüística, porque en la medida en que este asunto se resuelva, dejaremos de hablar de él y quizá nos podremos concentrar en otras cuestiones más sustanciales respecto a la Administración de Justicia. Pero hemos de tener en cuenta que es básico que en la Administración de Justicia el uso de las lenguas esté bien regulado, entre otras cosas porque, por ejemplo, en la vida económica y mercantil en Cataluña es habitual el uso del catalán no sólo en la lengua oral, sino también en documentación escrita; por lo tanto, es importante que los jueces que vayan a ocupar estas plazas estén cualificados también en este terreno, es decir, que no sólo estén muy especializados en el Derecho Mercantil, sino que también deben poder acceder fácilmente al conjunto de la documentación procesal. Esto nos parece básico, por lo que esperamos resolverlo favorablemente para no tener que ser tan pesado por mi parte en este tema.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.

A continuació trobareu el text que va llegir, el 12 de novembre al cementiri de Pals, Anna Castellví, en nom de la família i els amics, amb motiu de la mort del meu pare Joan Bofill i Tauler.

En el mateix acte, vam escoltar El cant de l'emigrant en un enregistrament que ens va preparar especialement per a l'ocasió, amb la seva pròpia veu, el músic torroellenc Eduard Font, al qual expressem des d'aquí el nostre agraïment.

Més avall trobareu altres textos que fan referència al comiat de Joan Bofill i Tauler.

En Joan, tots ho recordem, s’emocionava amb molta facilitat. Tots l’hem vist emocionar-se quan era subjecte de lloances per la seva admirable i decidida tasca al capdavant de la Fundació Catalonia. Hem vist com no podia contenir les llàgrimes recordant el pas de la frontera de França aquell fred hivern del 39, i els anys d’exili a Xile i el retorn. L’hem vist emocionar-se amb passió quan ha hagut de defensar els seus ideals republicans i catalanistes.

També, però, l’hem vist emocionar-se amb el somriure dels seus nets i ara, tot just fa uns mesos, amb la tendresa que li produïa la seva besnéta Àfrica.

Aquesta capacitat d’emocionar-se del Joan no es altra cosa que la manifestació de la seva passió per la vida. En Joan ha viscut apassionadament una vida, que, com la metàfora del mite d’Ulisses, ha estat també en el seu cas un gran viatge.

En Joan arriba avui a port, a casa seva, a Pals. Pals ha estat present sempre en el seu itinerari vital. És el poble on va néixer, el poble del seu pare i de l’Avi Rajoler. És el lloc on va passar la infantesa, fins que als deu anys fou internat als Maristes de Girona. D’ençà, Pals ha estat sempre el seu lloc de retorn. El lloc dels seus pensaments i del seus records. Tots l’hem escolat explicar històries de Pals i de la seva gent, dels amics i les amigues... dels familiars... de tots vosaltres...

Avui en Joan ha tornat a casa, al seu poble, al paisatge de l’Empordà, prop de la seva platja i de les illes Medes que tantes vegades va vorejar amb la seva barca.

En aquest moment de comiat, lliurem-li nosaltres ara la nostra emoció i el nostre sentiment de gratitud per tot el que ens ha donat i per tot el que conservarem d’ell en la nostra memòria.