La Comissió d'Interior del Senat va aprovar per unanimitat dilluns, 29 de novembre de 2004, una moció que vaig presentar amb la finalitat que l'Estat formi els seus policies i guàrdies civils en el respecte de la pluralitat lingüística de l'Estat i que els primi econòmicament quan demostrin el coneixement suficient de la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma en què estan destinats.

La moció és resultat d'una transacció amb el PP de la moció original per tal que fos aprovada per unanimitat; cosa que al final vaig aconseguir. Cal dir que sort que vaig aconseguir finalment que el PP acceptés el tema de les primes econòmiques, perquè, si haguéssim hagut de votar la moció original, hauríem perdut la votació a causa de l'absència del portaveu de CiU (tot i que estava advertit de la importància de la seva presència per fer prosperar la moció).

La Comisión de Interior del Senado insta al Gobierno a:

1. Incorporar en los programas de formación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente en los programas de las escuelas y academias donde se forman, el conocimiento de la pluralidad cultural y lingüística del Estado, del reconocimiento constitucional y estatutario de dicha pluralidad, y de la legislación que garantiza el uso de las diversas lenguas propias de algunas Comunidades Autónomas (Constitución, Estatutos de Autonomía, Leyes de Normalización Lingüística, Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias).
2. Organizar en todas las Comunidades Autónomas con lengua propia cursos de dicha lengua dirigidos específicamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, promoviendo Convenios con las CCAA con lengua propia que lo deseen.
3. Facilitar, al máximo que permita el cumplimiento de los servicios, la asistencia de los policías nacionales y guardias civiles que lo deseen a dichos cursos.
4. Primar económicamente el dominio suficiente de las lenguas oficiales por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el tiempo que permanezcan destinados en una Comunidad Autónoma que tenga una lengua oficial propia.
5. Tener en cuenta los conocimientos de las lenguas oficiales por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el momento de distribuir los efectivos, especialmente en el momento de cubrir las plazas estables de relación con el público, de manera que en las Comunidades Autónomas con lengua propia se garantice que siempre haya por lo menos un funcionario o un agente con conocimientos suficientes de dicha lengua para atender a los ciudadanos independientemente de la lengua oficial que utilicen.
6. Incluir, como un mérito, en los concursos de traslado la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el destino que se solicita.

Pel seu gran interès reprodueixo a continuació el document exposat el 18 de novembre a la Comissió de Cultura del Senat per Jordi Porta (primera part centrada en la responsabilitat de l'Estat en la defensa i promoció de la nostra llengua), Eliseu Climent (segona part sobre la unitat de la llengua) i Sebastià Frau (darrera part amb un rosari d'àmbits en què caldria una intervenció més decidida de l'Estat).

El punt d'arrencada de la compareixença era analitzar el compliment (sería millor dir l'incompliment) per part de l'Estat espanyol de la Carta europea de llengües regionals i minoritàries i en el document hi ha referències a aquest text que junt amb la Constitució, els Estatuts, les lleis de normalització i altres normatives com el Reial Decret 1465/1999, que estableix criteris d'imatge institucional i regula la producció documental i el material imprès de l'Administració General de l'Estat, donaria cobertura legal a una intervenció molt més decidida del Govern de l'Estat a favor del pluralisme lingüístic.

El señor PRESIDENTE DE OMNIUM CULTURAL (Porta i Ribalta): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de las tres entidades convocadas hoy para comparecer ante esta comisión, agradezco vivamente la oportunidad que se nos ofrece para exponer en un foro tan relevante nuestros puntos de vista sobre la aplicación por parte del Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y sobre la situación social de la lengua catalana.
Permítanme recordar que «Omniun Cultural, Obra Cultural Balear y Acció Cultural del País Valencià» son tres asociaciones culturales estrechamente relacionadas entre sí, unidas en la «Federació» Llull para impulsar objetivos afines, centrados en la defensa y promoción de la lengua y la cultura catalanas, que compartimos y asumimos en toda su rica y fecunda diversidad. Nuestras organizaciones cuentan con una notable implantación en sus respectivos territorios, donde son consideradas asociaciones culturales de referencia, ya que representan conjuntamente a más de 30.000 asociados y movilizan en sus actividades a muchísimos más simpatizantes.
Acció Cultural cuenta asimismo con sedes estables (Casals Jaume I) en diversas localidades de lengua catalana, de Aragón y del sur de Francia, y Omnium Cultural también tiene entidades hermanas y homónimas en el área cultural de Francia y en la población sarda del Alguer, ciudad italiana donde también se habla catalán, como sin duda saben sus señorías.
Nuestras tres organizaciones figuran asimismo entre las entidades impulsoras del Observatori de la Llengua Catalana, promovido por una decena de instituciones cívicas y culturales y constituido el 14 de mayo de 2003 para que, como órgano independiente y con el máximo rigor académico, efectúe un seguimiento constante de la situación social de la lengua catalana.
Uno de los documentos elaborados por este «Observatori» es precisamente el informe sobre la aplicación por el Estado español de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en relación con la lengua catalana emitido hace poco más de un año, en el mes de octubre de 2003, y que fue coordinado por el doctor don Santiago Castellá, profesor de Derecho Público Internacional de la Universidad Rovira i Virgili, y que según parece ha dado lugar a esta comparecencia. Ejemplares de este informe se encuentran a disposición de sus señorías.
El informe arranca de las mismas previsiones de la Carta Europea, que en su artículo 16.2 abre la posibilidad de que los organismos y asociaciones legalmente constituidos en uno de los Estados signatarios atraigan la atención del comité de expertos de la Carta sobre la aplicación de los compromisos adquiridos por dicho Estado en su ratificación de la Carta Europea. Así pues, representantes del «Observatori» presentaron ese informe a la vicesecretaria general del Consejo de Europa el pasado 20 de enero y al Secretariado de la Carta Europea el día 27 de mayo.
Como subraya el propio informe: «El Estado español fue uno de los primeros firmantes de la Carta Europea, haciéndolo el mismo día 5 de noviembre de 1992 en que fue promulgada... de forma coherente con la participación activa de los parlamentarios españoles durante todo el proceso de conclusión de la Carta Europea...» Pero diversas vicisitudes en la vida pública y en la relación entre las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados y en el Senado llevaron a retrasar hasta el 2 de febrero de 2001, casi 10 años después, la firma del instrumento de ratificación. Y termina la cita: En efecto, las alternancias políticas influyen sin duda en las oscilaciones de la política española con respecto a la diversidad lingüística, y son muestra de la falta de una política de Estado estable y continuada en esta materia, punto crucial al que más adelante habremos de referirnos.
El informe de nuestro «Observatori» comenta con cierto detalle los criterios de la ratificación española de la Carta, y el informe del Estado español de 2002 sobre su aplicación. Obviamente no podemos reproducir en esta comparecencia todos los aspectos de que trata el informe en un centenar de páginas con referencias jurídicas concretas.
Nos limitaremos a glosar su contenido a grandes rasgos, adoptando un punto de vista más próximo a la percepción y a las vivencias de los ciudadanos que a las apreciaciones de derecho. Cada uno de los presidentes de nuestras entidades presentará una parte de estos comentarios en el bien entendido de que constituyen un solo texto y todos nosotros asumimos de común acuerdo su contenido.
Desde esta perspectiva, centrada en la vivencia social de la situación lingüística, el principal motivo de preocupación y decepción de los colectivos que representamos es que al cabo de 25 años de la Constitución Española y del Estado autonómico que con ella se ha instaurado subsistan tantas dificultades para vivir normalmente en catalán en nuestros propios territorios y que el Estado haya avanzado tan poco en la definición y aplicación de una política de pluralismo lingüístico igualitario.
Los ciudadanos de lengua catalana tienen aún, en el mismo seno de su propio espacio lingüístico, muchas limitaciones para ejercer sus actividades profesionales en catalán, para relacionarse en catalán como usuarios, clientes o

consumidores con los más diversos establecimientos públicos, y especialmente con algunos organismos de titularidad estatal, y para disfrutar de una oferta equilibrada en su lengua a través de los medios de comunicación o de las diferentes industrias culturales.
No ignoramos que la larga tradición política centralista, uniformadora y autoritaria anterior representaba un difícil punto de partida para la evolución hacia un pluralismo lingüístico y cultural igualitario. Es significativa en este sentido la diferencia en el ordenamiento jurídico y en las mentalidades colectivas entre dos Estados de composición lingüística tan similar en sus proporciones, como son por ejemplo, Suiza y España. Así, por una parte, la Constitución suiza declara lenguas nacionales a los cuatro idiomas históricamente constitutivos del país y en su artículo 70 establece que son lenguas oficiales de la Confederación los tres idiomas más hablados --alemán, francés e italiano-- y que incluso el romanche, hablado por unas 50.000 personas, es oficial en las relaciones entre estas personas y la Confederación.
El actual ordenamiento constitucional español, en cambio, consagra una triple desigualdad a favor de la lengua castellana: es la lengua castellana la única lengua con oficialidad exclusiva en su territorio histórico; es la única lengua que comparte oficialidad en los territorios históricos de las demás lenguas; es la única lengua oficial en las instituciones comunes del Estado legislativas, ejecutivas o judiciales.
Sin embargo, nada debería impedir --si hubiera una voluntad política favorable-- que el Estado español evolucionase hacia un plurilingüismo más igualitario, aceptando el uso oficial de las lenguas con oficialidad territorial en las Cortes, los tribunales centrales y los órganos de la Administración Central, promoviendo su reconocimiento positivo y su conocimiento en todo el territorio español, capacitando ampliamente en estas lenguas al personal de la administración y de los servicios públicos, impulsando su aprendizaje y su uso en todos los niveles educativos, extendiendo su presencia en todos los medios de comunicación públicos, incorporando las culturas que se expresen en estas lenguas a las acciones de proyección internacional de la cultura español y asumiendo sin reservas su presencia oficial en organismos internacionales como la Unión Europea o la UNESCO.
En la era de la globalización y de las tecnologías de la información y la comunicación ninguna lengua puede participar normalmente en el mercado económico mundial de las culturas, ni siquiera aspirar a la supervivencia, sin el apoyo inequívoco y completo de un Estado que la asuma como propia, sin cortapisas ni subordinaciones con respecto a otras lenguas del mismo Estado o del contexto internacional. Los crecientes flujos inmigratorios, que tienen también su origen en las dinámicas del mercado mundial, requieren nuevas políticas de corresponsabilidad entre el Estado y los territorios con una lengua propia específica. Tanto este hecho diferencial --que comporta necesidades específicas para la correcta integración socio-cultural de los nuevos ciudadanos-- como las tasas migratorias, especialmente altas en la zona de lengua catalana, reclaman competencias compartidas y recursos proporcionados a las necesidades, como ya se ha hecho hace tiempo en otros Estados compuestos, por ejemplo el acuerdo Canadá-Québec de 1991.
La Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía promulgados a partir de ella parecían abrir expectativas positivas acerca de este compromiso creciente de un nuevo Estado autonómico con el pluralismo lingüístico igualitario. Pero si es justo reconocer que se ha andado un buen trecho en el reconocimiento de las lenguas de España con respecto a la persecución y a la marginación extremas que sufrieron bajo el franquismo, debemos afirmar con rotundidad que estamos aún muy lejos de la igualdad lingüística deseable y que sobran ejemplos de la actitud reticente que perdura hacia esta deseable igualación. Vale la pena decir en este sentido que creemos positivos, sin embargo, los pasos que según parece se van a dar para el uso del catalán y de las otras lenguas --oficiales para millones de españoles-- en esta misma Cámara, confirmando lo que la misma Constitución prescribe cuando define el Senado como «Cámara de representación territorial».
La ausencia de una auténtica política estatal de pluralismo lingüístico no sólo representa una contradicción con los compromisos adquiridos en la ratificación de la Carta Europea, sino que comporta una importante decepción de las expectativas de pluralismo cultural que había despertado la transición democrática y constituye un grave obstáculo para la identificación de muchos ciudadanos españoles con un Estado que no asume en igualdad, plenamente y sin reservas a las distintas lenguas y culturas que lo integran.
Desearíamos que sus señorías prestasen atención a estas consideraciones.
Es muy difícil que quienes viven con inquietud e incertidumbre el futuro de sus lenguas en el contexto homogeneizador de la mundialización se identifiquen abiertamente con unos poderes públicos que se desentienden o se muestran remisos, cuando no adversos, ante la más razonable de las aspiraciones de todo ser humano: poder vivir plenamente y con toda naturalidad, sin obstáculos ni cortapisas, en su propia lengua en su propia tierra natal --¿en dónde si no?--. Créanme sus señorías, la identificación plena e igualitaria del Estado con su propia pluralidad es la vía para que toda la ciudadanía pueda identificarse plenamente con el Estado.
La ciudadanía suiza, al igual que la europea, no implica el deber jurídico, ni siquiera la exigencia social, de adoptar una determinada identificación lingüística cultural o nacional. Nadie echará en cara a un individuo suizo un escaso patriotismo por identificarse con la lengua francesa o italiana y no con la alemana, por ejemplo. De manera similar, a ningún ciudadano de Europa se le considera escasamente europeo --y menos aún antieuropeo-- por no identificarse con la lengua, la cultura o la opción nacional mayoritaria. Al contrario, son los poderes públicos los que asumen sin reservas todas las lenguas, culturas y opciones nacionales, con lo cual la ciudadanía suiza o europea se construyen sobre la base del pluralismo igualitario, la mejor garantía para la solidez de las identificaciones de todos los ciudadanos con las instituciones comunes y la mejor

garantía también para la cohesión y la unidad de estos espacios políticos lingüística, cultural y nacionalmente plurales.
Como sin duda saben sus señorías, éste es el sentido del concepto de patriotismo constitucional propugnado por uno de los más relevantes pensadores europeos contemporáneos, el filósofo alemán Jürgen Habermas.
Este es el sentido original y real del término: un patriotismo abierto a una pluralidad de identificaciones lingüísticas, culturales y aun nacionales de los ciudadanos como base de la adhesión de todos a una comunidad política plural e igualitaria. Este es su sentido y no el que recientemente y de forma abusiva hemos padecido, según el cual la Constitución parecía interpretarse como un marco --casi un dogma-- de identidad nacional única y de obligada adscripción a una lengua común, entendida como vehículo exclusivo de acceso a la universalidad y de proyección internacional.
Desearíamos que estas rémoras del pasado, todavía poderosas y operantes en el imaginario español, dejaran paso al reconocimiento abierto e igualitario del pluralismo lingüístico, superando con decisión la persistencia actual de una sutil arquitectura normativa construida a lo largo de decenios, tal vez siglos, de predominio de una idea centralista y monolingüe del Estado. La proclamación constitucional de pluralismo lingüístico convive aún con multitud de preceptos propios de la tradición monolingüe.
La renuncia de las instituciones del Estado a desarrollar un nuevo estatuto jurídico del plurilingüismo constitucional abierto a una igualación creciente entre todas las lenguas constitutivas de España es, a nuestro entender, una de las principales tareas pendientes desde la transición democrática. El Estado no puede centrifugar por más tiempo sus responsabilidades en el plurilingüismo hacia las comunidades autónomas considerando que son asunto exclusivo de éstas. Es cierto que la acción normativa y política sobre las lenguas autonómicas es competencia propia de las comunidades autónomas respectivas, pero el Estado no puede quedar al margen de la realidad plurilingüe puesto que su acción influye inevitablemente sobre esta realidad, como indica con abundantes ejemplos el informe del «Observatori».
Una simple ojeada al artículo 7 de la Carta Europea permite comprobar que hasta ahora las iniciativas del Estado español con respecto a la diversidad lingüística está muy por debajo de los compromisos adquiridos.
Hasta ahora no se aprecia claramente por parte del Estado ninguna --y cito-- «acción resuelta de fomento de las diferentes lenguas» (artículo 7.1.c), ni de --cito también-- «fomento del empleo oral y escrito» de las mismas «en la vida pública y en la vida privada» (7.1.d), ni para «la promoción de estudios e investigación» sobre ellas en las universidades.
Tampoco se puede afirmar que la acción del Estado refleje --vuelvo a citar-- «el respeto del área geográfica de cada lengua regional minoritaria..., de tal suerte que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no sean un obstáculo para el fomento» de dichas lenguas, ni que el Estado facilite «el mantenimiento y el desarrollo de relaciones... entre los grupos que empleen» una de estas lenguas «y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua utilizada de manera idéntica o parecida» (7.1.e), ni mucho menos «la promoción de formas apropiadas de intercambios transnacionales» para las lenguas --vuelvo a citar-- «utilizadas de manera idéntica o semejante en dos o más Estados» (7.1.i). El reconocimiento efectivo y conjunto del espacio de lengua catalana a efectos culturales, comunicativos y económicos es una aspiración que siempre ha encontrado más dificultades que ayudas en la acción del Estado, de manera que persisten barreras burocráticas y lingüísticas más o menos sutiles a la libre circulación de estudiantes y profesionales o de productos y servicios vehiculados en lengua catalana.
Hay títulos y certificados académicos cuya validez no está homologada en todo el territorio; hay documentos y servicios administrativos que no son accesibles a todos en lengua catalana; hay emisiones de radiotelevisión en catalán que necesitan apoyo estatal para circular sin trabas en todo el territorio lingüístico y, ¿por qué no, en el conjunto de España?, etcétera.
El Estado tiene todavía una tarea importante a realizar en aspectos cruciales de la Carta Europea como la eliminación de todas las medidas restrictivas o excluyentes con respecto a las lenguas territoriales y la adopción de medidas especiales de acción positiva en favor de estas lenguas para promover la igualdad con respecto a las demás, que nunca deben ser entendidas como discriminatorias para los hablantes de las lenguas más extendidas (artículo 7.2), como también para fomentar la comprensión mutua entre todos los grupos lingüísticos del país por medio de la educación pública y los medios de comunicación social (7.3).
Tal vez haya llegado la hora de que estas Cortes promuevan una ley de rango suficiente para el uso oficial en las relaciones con las instituciones comunes del Estado de todas las lenguas con oficialidad territorial y sobre las responsabilidades del Estado en la promoción de un pluralismo lingüístico igualitario en todas sus actuaciones.
Confiamos en que esta comparecencia constituya un signo del cambio de política que en esta etapa se proponen emprender los órganos del Estado y de una muestra del compromiso expresado también en el artículo 7.4 de la Carta --cito--: «Tener en consideración las necesidades y los deseos expresados por los grupos que emplean dichas lenguas» --termino la cita--, invitándoles a crear si es necesario órganos encargados de asesorar a las autoridades acerca de todas las cuestiones que a ellas se refieran.
Con este ánimo acudimos a vuestra invitación, señorías, esperando ver atendidas las consideraciones que exponemos en esta comparecencia y que a partir de este momento presentarán los presidentes de las demás entidades, centrando su atención en puntos más específicos.
Muchas gracias por vuestra atención.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Porta. Tiene la palabra don Eiseu Climent i Corberà.

El señor SECRETARIO GENERAL DE ACCIO CULTURAL DEL PAIS VALENCIA, ACPV (Climent i Corberà): Señora presidenta, señorías, el señor Porta ha expuesto la primera parte de esta comparecencia y ha expresado

el agradecimiento por haber invitado a la Federació Llull, y con ella a las tres entidades que representamos; agradeciendo que quiero reiterar como secretario General de Acció Cultural del País Valencià. Asimismo, el señor Porta ha sintetizado los grandes obstáculos de todo orden que impiden un uso normal de la lengua catalana en los territorios donde es la lengua propia. Uno de los que ha esbozado es la consideración fragmentada del catalán, que con insistente frecuencia se divide artificialmente oponiendo el valenciano al catalán y a veces también al balear o al mallorquín. Es una cuestión recurrente que, en los últimos 30 años, ha aparecido con una reiteración tan crónica como interesada con el fin de enmascarar la reacción contra cada avance en el uso social de la lengua, sobre todo en la sociedad valenciana, en mi sociedad.
Cada vez que se plantea un ámbito nuevo donde se puede ganar un espacio para el catalán se resucita inmediatamente la cuestión del valenciano como idioma; y así, personas, colectivos e instituciones que casi nunca lo usan se erigen en paladines del valenciano como presunta lengua diferente --opuesta quizá sería más exacto-- al catalán. Así ha ocurrido con la escuela, con el uso en la Administración de la Generalitat Valenciana o de los ayuntamientos; así en la radio y la televisión públicas; así hace poco lo hemos visto en la petición de oficialidad en la Unión Europea. A más desuso de la lengua propia, más estentóreo el interés por dividirla oponiendo «valenciano» a un «catalán».
La estrategia ha sido la siguiente: usando y abusando de la denominación «valenciano» que recoge el Estatuto de Autonomía valenciano, se pretende hacer efectiva la ficción de que se trata de una lengua diferente de la que se habla en Cataluña y en las Islas Baleares. El nominalismo se eleva a imperativo legal; lo que sólo es un nombre se pretende que sea también una realidad distinta. Porque en algún lugar del Estatuto de Autonomía se dice que sea diferente de la lengua que a nivel general, internacional y académicamente se conoce como «catalán». Es más, significativamente, el Estatuto nunca habla de manera explícita de «lengua valenciana». De hecho, cuando se redactó se concibió como un punto de encuentro entre quienes querían una mención clara a la unidad del catalán y quienes abogaban por mantener el nombre de «valenciano», que es la denominación popular en tierras valencianas.
En términos estrictamente lingüísticos, el «valenciano» no existe como lengua diferente de la de Cataluña o Baleares. Más aún, ni siquiera existe como realidad que se superponga ni de lejos a los fronteras autonómicas. No hay absolutamente ninguna diferencia entre las hablas de Vinaròs, en el lado valenciano, o de Amposta, en el lado de la Comunidad Autónoma Catalana, aunque los hablantes tiendan a denominar sus hablas respectivas como «valenciano» y «catalán» respectivamente.
Si sus señorías consultan un atlas lingüístico o un tratado de dialectología o simplemente se desplazan a la zona, comprobarán que se trata de una lengua y un habla idénticos que, de manera unánime, los lingüistas clasifican como un mismo dialecto del tortosino, de Tortosa.
Este dialecto agrupa las hablas del norte de Castellón y de la zona del Ebro alrededor de Tortosa. Así pues, hablando exactamente de la misma variedad dialectal, ésta recibe dos nombres al lado y lado de la frontera administrativa.
La posición interesada y privilegiada de quienes pretenden separar el valenciano del resto de la lengua catalana es que cortan de raíz cualquier discusión sobre el uso social y la convierten de inmediato en una cuestión identitaria e incluso patriótica o mejor dicho, chovinista.
Además, se envuelven en la bandera de la defensa de «lo valenciano» y con la cobertura de la literalidad del Estatuto de Autonomía. Si ello se inscribe en una sociedad que desde hace siglos no ha dispuesto de instrucción en y sobre la lengua propia, la polémica está servida, y cualquier avance social queda paralizado en beneficio de las esencias.
Insistiré en la cuestión estrictamente lingüística para resaltar el absurdo de la situación para el observador objetivo y las posiciones insidiosas y de mala fe de quienes, desde la responsabilidad política e institucional, pretenden actuar al margen o contra la unidad de la lengua catalana.
Todas las universidades del mundo, todas, con estudios de lingüística y filología consideran que la lengua que se habla en Valencia, en Barcelona, en Mallorca o en Perpiñán es una misma: la catalana, llamada así por el lugar donde nació, como el castellano.
Entre estas universidades, como no puede ser de otra manera, están las universidades valencianas. Entre el material que sus señorías pueden consultar, les remitimos al «Informe sobre la llengua del País Valencià» que elaboró y aprobó por unanimidad la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, la única existente entonces en el País Valenciano y que elevó al president del Consell Preautonòmic del País Valencià en 1978. Dicho Consell del País Valencià era el órgano preautonómico que dio lugar a la actual Generalitat Valenciana.
En 1996, la institución académica del Institut d'Estudes Catalans, que es la Academia de la Lengua Catalana, y las universidades de Alicante, de Valencia, la Jaume I de Castellón, Autónoma de Barcelona, de les Illes Balears, de Girona, de Lleida, Politècnica de Catalunya, Pompeu i Fabra, Ramón Llull, Rovira i Virgili y Oberta de Catalunya hicieron público un escrito conjunto enviado al presidente del Gobierno español y al Congreso de los Diputados reclamando el respeto por la unidad de la lengua catalana compatible con la denominación de «valenciano» que toma oficial y popularmente en esta comunidad autónoma.
Más aún, si sus señorías consultan los diccionarios de referencia oficial para las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma Valenciana, encontrarán la misma definición para el «valenciano»: variedad de la lengua catalana. Así lo hacen el «Diccionari de la llengua Catalana» del Institut d'Estudis Catalans; el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española y también, tómese nota, el «Diccionari valencià» de la Generalitat Valenciana, de 1996, esto es, publicado justo un año después del acceso del Partido Popular al gobierno valenciano. Por lo tanto, el «Diccionari» Oficial de la Generalitat Valenciana en la época del Partido Popular determina exactamente que el valenciano es una variedad de la lengua catalana.

No creo que haga falta que me extienda más en argumentos lingüísticos y autoridad académica. La cuestión de que el valenciano es una variedad de la lengua catalana está bien establecida como realidad lingüística.
La solución que proponemos no es ni más ni menos que la que ha sido una constante a lo largo de la historia del pueblo valenciano: la doble denominación valenciano y catalán que desde finales del siglo XIV hasta la actualidad hemos usado los valencianos. En el informe titulado «Sobre la llengua dels valencians. Informes i documents» que las tres universidades valencianas con estudios de filología publicaron en 1998
--que tienen también a su disposición--, se recogen abundantes testimonios históricos que ilustran este hecho. Desde el cronista Ramón Muntaner o San Vicente Ferrer, en los siglos XIV y XV --obran en mi poder las citas por si desean leerlas--, santo de especial popularidad en Valencia, hasta el ilustrado Gregori Maians en el siglo XVIII o los escritores Vicent W. Querol --Wenceslao Querol da nombre a la mayor y más importante arteria de Valencia, que escribió «Rimes catalanes», por cierto, ya en el siglo XX-- o Teodor Llorente, el padre de la «renaixença» valenciana; padre e hijo, directores de las provincias y fundadores del Diario las Provincias, todos han denominado explícitamente catalán a la lengua propia como lo han hecho, con mención expresa de los valencianos, los escritores en lengua española Gaspar Melchor de Jovellanos, Juan de Varela o Menéndez Pelayo, por poner sólo unos ejemplos.
En suma, las razones de orden filológico y lingüístico y la tradición histórica avalan de manera indiscutible el hecho de que el valenciano forma parte de la lengua catalana y confirman las denominaciones de catalán y valenciano como equivalentes.
Ahora bien, ignorando, con buena o mala fe, la unidad de la lengua y la doble denominación histórica, se ha intentado argumentar que la denominación valenciano es la única legalmente posible porque está recogida en el Estatuto de Autonomía valenciano. Sería pues, según las teorizaciones de algunos, un imperativo legal y una exigencia estatutaria y constitucional infranqueable. Invocando un nominalismo extremo de acuerdo con esta posición, el valenciano formará o no parte de la lengua catalana desde el punto de vista lingüístico pero, de hecho, habría que considerarlo lengua diferente por la mera mención del Estatuto de Autonomía.
Pero esta realidad oficial, que sería escindida y esquizofrénica, ¿es verdaderamente así por imperativo legal? Hay que decirlo bien claro: de ninguna manera. Es cierto que el Estatuto valenciano habla de valenciano, pero quien determina en última y definitiva instancia si un precepto es constitucional o no es el Tribunal Constitucional, únicamente el Tribunal Constitucional, y no ningún gobierno autonómico, ni el valenciano, ni el catalán, ni el mismo Gobierno del Estado. Por tanto, creo que huelga insistir más al respecto en esta Cámara y a sus ilustres señorías.
El Tribunal Constitucional se pronunció ya sobre este hecho en su sentencia 75/1997, de 21 de abril, y lo hizo con claridad meridiana. El alto Tribunal abordó la constitucionalidad de la denominación «catalán», aplicada al valenciano, y usada en el artículo 7 de los estatutos de las universidades de Valencia, de Alicante y de Castellón, que, por cierto, la actual Generalitat Valenciana los ha impugnado, como siempre. En este artículo, «lengua catalana» se equipara, como nombre académico, al oficial y estatutario de «valenciano». El artículo en cuestión era del tenor literal siguiente: «Como institución pública, la lengua propia de la Universitat de València es la lengua propia de la Comunidad Valenciana. Para los efectos de estos Estatutos, se admite como denominaciones suyas tanto la académica, lengua catalana, como la recogida en el Estatuto de Autonomía valenciano», valencià.
La sentencia del máximo intérprete de la Constitución no deja lugar a dudas: «valenciano» no es una denominación exclusiva, y permite otras concurrentes, entre ellas la de «catalán», la cual cuenta con el apoyo de ser la denominación reconocida oficialmente por el Estado, incluido el Gobierno anterior, para las titulaciones de máximo nivel, las universitarias con inclusión implícita de valenciano.
Les leo los párrafos determinantes para la cuestión del Tribunal Constitucional. Fundamento Jurídico 4. En el párrafo segundo, inciso final, del artículo 7 de los Estatutos de la Universidad de Valencia, dice el alto tribunal: «No hace sino optar por una de las denominaciones con un soporte científico, acogida en una norma reglamentaria dictada por la Administración general del Estado, con la correspondiente habilitación de ley, según se ha visto anteriormente.» Este real decreto --al que se refiere el Tribunal Constitucional-- 1888/1984, de 26 de septiembre, por el cual se regulan los concursos para provisión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, establece en su artículo 2.2: «La denominación de las plazas de la plantilla de profesorado funcionario será necesariamente la de alguna de las áreas de conocimiento a que hace referencia la disposición transitoria primera del presente Real Decreto. A tales efectos se entenderá por área de conocimiento aquellos campos del saber caracterizados por la homogeneidad de su objeto de conocimiento» --homogeneidad de su objeto de conocimiento, repito-- «una común tradición histórica y la existencia de comunidades de investigadores nacionales e internacionales».
Disposición transitoria primera: En tanto no sea modificado por el Consejo de Universidades, son áreas de conocimiento las que se relacionan en el catálogo anexo a este Real Decreto.
En el anexo, bajo el encabezamiento de «Filología Catalana», figuran:
lengua valenciana, lengua y cultura valencianas, y lingüística valenciana. Sus señorías disponen de una copia del Real Decreto, así como de la sentencia aludida del Tribunal Constitucional.
Pero continuemos con la sentencia 75/1997 del intérprete constitucional.
En el mismo Fundamento Jurídico 4 se lee: el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia... y el artículo 7 de los Estatutos de la Universidad donde encuentra cobertura, vienen a establecer de consuno que la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y, por ello, de su Universidad, podrá ser también denominada «lengua catalana» en el ámbito universitario,

sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía ni la Ley de las Cortes mencionada al principio. «Esto es, Ley de uso y enseñanza del valenciano, de 23 de noviembre de 1983.» «La Universidad de Valencia no ha transformado la denominación de valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser conocido también como catalán, en su dimensión «académica», según los propios Estatutos.» Podrá discutirse cuando se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad de Valencia la lengua propia de la comunidad autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, pero, como ha quedado dicho, ello no contradice --dice el alto tribunal-- valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto alguno legal; repito nuevamente las palabras literales del Tribunal Constitucional, que han sido ignoradas por personas e instituciones que invocan el Estatuto y la Constitución: «1) la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y por ello de su Universidad, podrá también ser denominada lengua catalana en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía. 2). Ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno.» Pero todavía hay más. No sólo se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y ha avalado la posibilidad de denominar catalán a la lengua propia de los valencianos, sino que también lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, muy recientemente además, este mismo año, y precisamente contra las pretensiones nominalistas y fragmentaristas del Gobierno valenciano actual. Y lo ha hecho de manera reiterada, en cuatro sentencias de este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y entrando a fondo en la cuestión. Ya no sólo se establece la posibilidad de nombrar catalán a la lengua propia de los valencianos, sino que este tribunal superior entra en el contenido de la cuestión, de la lengua, y admite como válida la titulación de filología catalana para demostrar el conocimiento del valenciano que se requería en la convocatoria de un concurso-oposición para el ingreso al cuerpo de maestros y cuerpos docentes de enseñanza media así como profesores de escuelas de idiomas.
La Generalitat valenciana pretendía excluir la única titulación universitaria existente en este campo, la de filología catalana, como ya hemos visto en el Real Decreto 1888/1984.
Las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia valenciano son las números 330/2004, de 4 de marzo; 393/2004, de 25 de marzo; 518/2004, de 16 de abril, y 677/2004, de 20 de mayo, todas de los últimos meses de este año.
Tomemos como muestra la primera, reiterada en términos idénticos o similares a las tres siguientes. Los pronunciamientos no admiten lugar a dudas, ahora bien, ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 75/1997, de 21 de abril, abordó el tema desde la perspectiva de la autonomía universitaria, es decir, si la denominación «lengua valenciana» empleada por el estatuto de autonomía de la comunidad tiene un carácter excluyente e impide el uso de cualquiera otras --con referencia, obviamente, a la lengua catalana--, y llegó a una conclusión negativa.
Debe concluirse --dice-- que no existe razón alguna que permita sostener que la titulación de licenciatura en filología catalana no constituya titulación suficiente para eximir de la realización de la prueba de conocimientos de lengua valenciana, pues aquella licenciatura --la de filología catalana-- avala sobradamente el conocimiento de la lengua de esta comunidad, denominada oficialmente valenciana en su estatuto de autonomía, y, en el ámbito académico, catalana.
Ante todo esto sólo cabe el estupor y la desconfianza tras las recientes actuaciones del Gobierno valenciano y del Gobierno español en la petición de estatuto de oficialidad para valenciano y catalán en la Unión Europea, como si fuesen lenguas diferentes, y más recientemente en la separación artificialísima entre valenciano y catalán de una idéntica traducción de la Constitución Europea. Recordemos que el Gobierno catalán había tomado como propia la versión presentada por el Gobierno valenciano, gesto con el que, al mismo tiempo, se reconocía la unidad de la lengua y se respetaba la versión en la modalidad valenciana, con lo que los tres gobiernos hubieran satisfecho sus objetivos.
Ahora bien, la fragmentación de la lengua catalana va más allá de estas medidas políticas. Hay una división reiterada, si no constante, de valenciano y catalán en muy diversas instancias oficiales. He aquí unas cuantas muestras. La Biblioteca Nacional Española distingue, en la catalogación de libros, entre catalán y valenciano, pasando por encima de las normas ISO y de la clasificación internacional, que reconocen la unidad del catalán y le otorgan un código único. Pues bien, la Biblioteca Nacional inventa, repito, inventa un código a propósito para el valenciano y otro para el balear, no reconocidos internacionalmente, y los aplica sin ningún criterio racional a libros escritos en cualquiera de las comunidades. No fue hasta el año 2002 que la Biblioteca Nacional retiró el nombre y el código de balear, a pesar de que desde 19 años atrás, desde 1983, el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares reconocía la lengua catalana como la propia, y que popularmente no existe, además, la denominación balear, sino mallorquín, menorquín o ibicenco. Es decir, que aquí ni tan siquiera podía alegar denominación oficial.
Y, curiosamente, el criterio y el rasero de denominación oficial no se aplica al binomio castellano-español. Se ignora la denominación constitucional de castellano y se usa internacionalmente la de español.
Por tanto, en la Constitución el nombre es castellano e internacionalmente es español y, además, se utiliza para los libros el código «spa».
Asimismo, en un campo donde caben tan poco las variaciones, como en los textos legales, y donde se ha de dar la máxima garantía jurídica, como es en las leyes y la normativa legal, vuelve a reaparecer la distinción. El «Boletín Oficial del Estado» presenta dos versiones, una en valenciano y otra en catalán.
Otro caso, en determinadas convocatorias de plazas para funcionarios públicos, se pueden alegar méritos preferentes por conocimiento de la lengua propia y oficial de

las comunidades autónomas. Casi siempre se introduce la división entre catalán y valenciano. Y se ha dado el caso de que ha habido personas, que con la simple convalidación del título administrativo expedido por la Generalidad Valenciana por otro reconocido por la Generalidad de Cataluña o del Gobierno balear, han podido obtener una puntuación del doble por el hecho de conocer valenciano y catalán. Algo así como si alguien obtuviese doble puntuación por sus conocimientos de castellano y español, o de euskera y vascuence.
El mismo proceder se repite en los impresos oficiales, por ejemplo, en el IRPF, en los estatutos de las universidades valencianas, en las oposiciones o concursos de la función pública ya lo hemos visto o, incluso, en los programas educativos. El Gobierno valenciano ha impuesto algo tan deplorablemente elocuente, como que en el estudio de la literatura en lengua propia, el currículo sólo tendrá en cuenta los autores nacidos en territorio valenciano. Imagínense, señorías, esto mismo trasladado a cualquier comunidad autónoma de lengua castellana. Por ejemplo, en el caso de los escritores sudamericanos, Vargas Llosa no tendrían que estudiarlo, sino simplemente a los de Castilla. A esto ha llegado el Gobierno valenciano. O bien, en justa cierta coherencia, si el Gobierno valenciano aplicase esto mismo al castellano como lengua oficial, sólo habría que estudiar los autores de expresión castellana nacidos dentro de las fronteras autonómicas. Evidentemente, todo esto es esperpéntico.
Con todo ello se infringe gravemente el artículo 7 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, suscrito por el Reino de España y, por eso mismo, convertido en legislación propia. En dicho artículo se dice literalmente: «Objetivos y principios. En materia de lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en los que se hablen dichas lenguas y según la situación de cada una de ellas, las Partes basarán su política, su legislación y su práctica en los objetivos y principios siguientes: a) El reconocimiento de las lenguas regionales o minoritarias como expresión de la riqueza cultural. b) El respeto del área geográfica de cada lengua regional o minoritaria, actuando de tal suerte que las divisiones administrativas ya existentes o nuevas no sean un obstáculo para el fomento de dicha lengua regional o minoritaria. e) El mantenimiento del desarrollo de relaciones, en los ámbitos que abarca la presente Carta, entre los grupos que empleen una lengua regional o minoritaria y otros grupos del mismo Estado que hablen una lengua utilizada de manera idéntica o parecida, así como el establecimiento de relaciones culturales con otros grupos del Estado que utilicen lenguas diferentes.
De todo ello, los catalanohablantes no podemos más que concluir que existe una voluntad manifiesta de dividir nuestra lengua. Una voluntad de fragmentación que el Estado y algunas instituciones imponen invocando denominaciones oficiales que, cuanto menos, son una excusa formal para ignorar no sólo la realidad lingüística reconocida, sino también la misma doctrina del Tribunal Constitucional y el respeto por el sentido de estas mismas leyes.
Asimismo, como catalanohablantes tenemos la impresión de que se nos aplica un doble rasero. La única denominación establecida por la Constitución Española es castellano para la lengua oficial del Estado, artículo 3.1. Ello no es obstáculo para que los tratados internacionales suscritos por España y, significativamente, los de la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, hablen internacionalmente de español y castellano aquí dentro. Denominación esta que, por cierto, según el artículo 3 de la Constitución es aplicable a cualquiera de las lenguas declaradas oficiales por los estatutos de autonomía. Artículo 3.2 de la Constitución: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.» En otras palabras, el nominalismo que se aplica hasta el máximo rigor, con la consecuencia de dividir catalán y valenciano, se pasa tranquilamente por alto, violando los preceptos de la misma Constitución en cuanto denominación del castellano.
En el mismo «Informe sobre la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias (2002)» elaborado por el Estado, éste mismo se refiere sin ningún empacho nominalista a idiomas propios diferentes del castellano o español, véase, por ejemplo, en la Sección Preliminar, apartado «1. Evolución histórica».
De igual manera, en la «Enumeración de las lenguas regionales o minoritarias habladas en España», se lee: «1) Idiomas que son oficiales, junto con el castellano o español, en sus respectivos territorios y de acuerdo con lo establecido en los correspondientes estatutos de autonomía. Son los siguientes: Estatuto de Autonomía del País Vasco: el euskera o vascuence. Estatuto de Autonomía de Cataluña: el catalán.
Estatuto de Autonomía de Galicia: el gallego. Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: el valenciano. Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra: el euskera o vascuence. Estatuto de Autonomía de las Illes Balears: el catalán.» El estatuto del País Vasco habla sólo de euskera, mientras que la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Fuero de Navarra lo hace solamente del vascuence. Si ambas denominaciones se equiparan, con razón, que es lo que hizo el Gobierno, atribuyéndolas a ambos estatutos cuando no es así literalmente, ¿por qué no se hace eso mismo con catalán y valenciano, en justo respeto a todas las razones lingüísticas, históricas, legales y constitucionales que hemos expuesto? Creemos que con este doble lenguaje y este doble trato discriminatorio, los catalanohablantes sólo pueden obtener la impresión, o quizá la certeza, de que el Estado no sólo no protege y no promueve su lengua, sino que trabaja para dividirla, debilitarla y eliminarla. Y que para ello no deja de utilizar las más diversas argucias legales, nominalistas e, incluso, la simple y llana discriminación.
En consecuencia, proponemos a sus señorías que como Cámara legislativa, hagan efectivo que el Estado reconozca plenamente la unidad de la lengua catalana, como realidad lingüística, histórica e, incluso, jurídica ya aceptada, pero hasta ahora sólo parcialmente. Una realidad que se enmascara artificialmente y se escamotea detrás de un nominalismo arbitrario. Solicitamos, asimismo, que en aplicación de la Carta Europea de las Lenguas, antes citada,

y en concreto de su artículo 7, se deje de utilizar la doble denominación catalán y valenciano para ponerlas como si se tratase de dos lenguas y no de una, y con ello fomentar crónicamente enfrentamientos identitarios, que únicamente redundan en tensiones peligrosas entre colectivos humanos y entidades políticas.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Climent.
Le recuerdo a los señores comparecientes que van a tener más turnos. Lo digo para que no agoten toda la batería en su primera intervención.
Sin más, tiene la palabra don Sebastià Frau i Gaià, presidente de la Obra Cultural Balear.

El señor PRESIDENTE DE LA OBRA CULTURAL BALEAR, OCB, (Frau i Gaià):
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hablo en nombre de la Obra Cultural Balear, la entidad de referencia en el archipiélago por lo que se refiere a la defensa y promoción de la lengua catalana, oficial en su territorio.
El reconocimiento efectivo de la pluralidad lingüística de un Estado y la voluntad de aplicar en este campo una política igualitaria, reclaman la adecuación del funcionamiento del Estado a esta realidad. La entrada en vigor de la Constitución Española supuso un paso hacia este reconocimiento, pero los cambios que se han producido a lo largo de estos años en el marco legal o en la actitud del Gobierno central no son, ni mucho menos, suficientes para considerar que el Estado español constituya un ejemplo satisfactorio de aplicación de un modelo lingüístico igualitario, como correspondería a un Estado que se rige por principios democráticos.
Las enormes transformaciones de la sociedad actual en muchos aspectos, como la integración europea, el mercado mundial, las migraciones transcontinentales, los flujos de la comunicación de masas o la expansión del ciberespacio, hacen indispensable que el Estado se replantee la función que debe cumplir, con el objetivo de asegurar la preservación de la pluralidad lingüística de su territorio y el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de sus ciudadanos. Confiamos en que los cambios políticos producidos recientemente, la consolidación del sistema democrático y el progreso en la construcción europea sean factores que beneficien la asunción, por parte del Estado, de las responsabilidades que en el campo lingüístico le corresponden y que hasta ahora no ha asumido más que de forma excesivamente restrictiva.
En el ejercicio de estas responsabilidades, el Estado debería favorecer la difusión en todo su territorio de actitudes favorables a la pluralidad lingüística y a la diversidad cultural y, por tanto, a la cohesión, al respeto y la solidaridad entre los ciudadanos. Igualmente, debería posibilitar la existencia de un marco legal y social en el que las diferentes comunidades lingüísticas y sus miembros gozaran de derechos lingüísticos equitativos, tanto en el territorio propio de su lengua como en las instituciones comunes.
Centraré esta intervención de manera muy escueta en los aspectos que deberían ser prioritarios en la planificación lingüística a aplicar por las instituciones de un Estado respetuoso con la pluralidad lingüística, que asume la defensa de todas sus lenguas y que pretende consolidar un modelo organizativo adecuado a la realidad plurilingüe que lo conforma y a los compromisos adquiridos al adherirse y ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
La Carta Europea establece, y cito textualmente, «la necesidad de una acción decidida de promoción de la lenguas regionales o minoritarias con el fin de protegerlas». Así lo dice su artículo 7. El Estado no puede, por tanto, actuar exclusivamente en favor de la lengua castellana, marginando a las otras lenguas y dejando la defensa de éstas a las respectivas comunidades autónomas, como ha hecho con frecuencia. El Estado debe asumir su carácter plural y gestionar esta pluralidad, y no enfrentarse a la pluralidad con un proyecto monolingüe. En este sentido, uno de los primeros objetivos que debería marcarse el Estado es el de generalizar en todo el territorio la aceptación y comprensión de su realidad plural, también desde el punto de vista cultural y lingüístico, en lugar de desentenderse de esta función o, en determinadas ocasiones, de propiciar los desencuentros entre comunidades. En la línea de este objetivo se sitúan las necesarias actuaciones del Estado con la finalidad de resolver los problemas originados por la confusión en torno a la identidad y la denominación de las lenguas, tanto en el conjunto del Estado como específicamente en el seno de las comunidades autónomas con lengua propia afectada por estos prejuicios. Los medios de comunicación de titularidad pública, el sistema escolar y las actitudes y usos lingüísticos de las instituciones estatales y de sus representantes, serían vehículos eficaces para la consecución de este objetivo.
Las instituciones estatales, en lugar de obstaculizarla, tendrían que promover e incentivar la cooperación lingüística entre las comunidades autónomas que comparten la misma lengua. Se refiere a este principio el artículo 14 de la Carta Europea. De esta forma, las actuaciones del Estado podrían atenuar la discriminación negativa que supone la falta de reconocimiento de oficialidad de las lenguas propias de algunos territorios lingüísticos que, administrativamente, están separados del resto de la comunidad lingüística a que pertenecen --como las zonas de lengua catalana de Aragón o de Murcia-- y reducir los obstáculos para la promoción de las lenguas que suponen las barreras administrativas.
En coherencia con estos objetivos, el Estado debería prever en sus presupuestos generales las partidas necesarias para la promoción y protección de las lenguas del Estado y para compensar los costes adicionales de los presupuestos de las comunidades autónomas con una lengua oficial además del castellano.
La extensión de la presencia de la lengua catalana en el sistema educativo, tal como prescribe el artículo 8 de la Carta Europea, se ha llevado a cabo a iniciativa de las comunidades autónomas autónomas respectivas. El Gobierno del Estado no solo se ha abstenido de dar el apoyo

debido, sino que con frecuencia ha obstaculizado su desarrollo o ha hecho caso omiso de aquellos gobiernos autonómicos que no legislan al respecto o legislan en contra de su aprendizaje. Esta situación ha hecho posible que en determinadas comunidades autónomas no se den las condiciones legislativas indispensables para el desarrollo de un modelo lingüístico integrador que asegure el conocimiento entre todos los escolares de la lengua propia del territorio en el que viven, lo cual supone un claro incumplimiento de las disposiciones de la Carta Europea, en concreto de su artículo 7.1.b) En la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Enseñanza, se evidencia la posición negativa de las instituciones de un Estado ajeno a la voluntad de preservar la pluralidad lingüística, ya que es escaso el reflejo que en ella tienen la diversidad cultural y la pluralidad lingüística, y son altas, en cambio, las restricciones que en el terreno de la lengua y los contenidos referidos a la historia y la cultura propias imponen en el currículo escolar de las diferentes comunidades autónomas, y más aún en las zonas en que una lengua autóctona es hablada mayoritariamente y forma parte de comunidades autónomas que ni siquiera han reconocido la oficialidad de esta lengua.
En este mismo sentido hay que resaltar que en algunas comunidades autónomas no se ha regulado adecuadamente la exigencia de conocimientos suficientes de lengua catalana para ejercer la docencia en los territorios en los que es lengua propia. Sin duda los organismos del Estado que tienen por misión garantizar una enseñanza de calidad para todos los ciudadanos deberían asegurar lo que en este aspecto determina la Carta Europea en su artículo 8.1.
En la enseñanza superior, la inhibición del Estado ante la situación de la lengua catalana es también desoladora. Su presencia en las diversas universidades del área lingüística catalana como lengua de docencia o de investigación es en general deficitaria, con oscilaciones considerables según la universidad o los estudios del área de investigación de que se trate. Sin embargo, diversas universidades del área lingüística catalana han visto contestada su autonomía en el proceso de dotarse de reglamentos de usos lingüísticos con la finalidad de incrementar la presencia de la lengua propia. Cabe señalar, sobre todo, las deficiencias que en el aspecto lingüístico presentan los sistemas de valoración de la actividad investigadora y el sistema de habilitación nacional del profesorado, que no recoge la exigencia de conocimientos de la lengua propia de la universidad de destino y, en general, la nula actuación del Estado para favorecer una enseñanza universitaria en lengua catalana, a pesar del compromiso que se desprende del artículo 8.1.e) III de la Carta Europea.
Algo parecido sucede con la posibilidad de estudiar las lenguas regionales o minoritarias fuera de su territorio. No existe esta opción en ningún centro de enseñanza secundaria del Estado, y son muy pocas las escuelas oficiales de idiomas que en estas condiciones de ubicación, ofrecen la posibilidad de estudiar catalán. Es significativo que existan incluso menos lectorados de lengua catalana en las universidades españolas que no pertenecen al área lingüística catalana que en las alemanas o inglesas.
La voluntad del Estado de favorecer un clima de respeto hacia la diversidad lingüística y cultural se tendría que manifestar en la promoción del estudio de las otras lenguas del Estado en los centros de educación secundaria y superior y en las escuelas oficiales de idiomas de los territorios que tienen como lengua propia el castellano, de manera paralela y recíproca a la asistencia del estudio de la lengua castellana en los territorios en los que no es lengua propia.
Por lo que respecta a la actividad judicial, las posibilidades reales de uso del catalán son prácticamente nulas en todo el territorio. A pesar de las obligaciones asumidas por el Estado en relación con el artículo 9 de la Carta Europea, no se ha avanzado en absoluto en su cumplimiento. La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, establece la preeminencia del castellano como lengua habitual de los procedimientos judiciales y la excepcionalidad del uso de las otras lenguas propias, incluso donde tienen carácter oficial, por lo que sin duda necesitaría adaptarse a las disposiciones asumidas por el Estado con la ratificación de la Carta Europea.
La situación de inseguridad jurídica en este ámbito llega al extremo de que con frecuencia, cuando algún testimonio o parte en un litigio desea ejercer su derecho a expresarse en catalán, se encuentra con numerosas dificultades interpuestas por la otra parte o con consejos disuasorios del propio juez, por lo cual muchos ciudadanos renuncian en la práctica a su derecho.
De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial limita la validez de los documentos jurídicos en lengua catalana en las comunidades autónomas donde la lengua catalana sea oficial, contrariamente a lo que establece la Carta Europea en su artículo 9.2.a).
La publicación en catalán del «Boletín Oficial del Estado» se produce con notable retraso sobre la versión en castellano, tanto en su edición impresa como a través de Internet. Además, es un mecanismo que favorece el incremento de la confusión sobre la realidad lingüística del Estado al publicarse en dos versiones de la misma lengua: en catalán para Cataluña y las Islas Baleares y en valenciano para la Comunidad Autónoma Valenciana. Aparte de la publicación del BOE, no existe ninguna previsión de facilitar en lengua catalana los textos normativos del Derecho Comunitario europeo que tienen aplicabilidad y efectos directos sobre los ciudadanos ni de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene eficacia en el ordenamiento jurídico interno.
Este conjunto de desconsideraciones motiva que el uso de la lengua catalana en los procedimientos judiciales esté sometida a un clima de coacción que provoca casi una automática sustitución de la lengua habitual del ciudadano al relacionarse con la Administración de Justicia, que debería ser precisamente la garantía de sus derechos lingüísticos.
Sus señorías conocen, con seguridad, un caso reciente y dolorosamente representativo de la indefensión actual de la lengua catalana en el ámbito judicial: el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 7 de julio de 2004 que anuló la sanción de advertencia impuesta por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña a un magistrado que requirió que el demandante aportara copia de la demanda en castellano, sin admitirla a trámite por estar presentada en catalán. Y ello por no hablar de la resolución del mismo Consejo de hace dos días, en la que se entendió que era inconstitucional la exigencia de conocimiento del catalán a los jueces destinados al territorio lingüístico en el que esta lengua es oficial.
En conclusión, el statu de la lengua catalana en la Administración de Justicia está a mitad de camino entre el que corresponde a una lengua oficial y al propio de una lengua extranjera. Los servidores públicos no tienen obligación de conocerla, los ciudadanos pueden alegar su desconocimiento y se han de traducir las actuaciones realizadas en esta lengua dentro del Estado cuando las actuaciones judiciales y los documentos presentados hayan de producir efectos fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales situados en la comunidad autónoma.
Uno de los elementos capitales de una planificación lingüística igualitaria consiste en la presencia de todas las lenguas en los organismos e instituciones estatales comunes para todos los territorios lingüísticos. En nuestro caso, esta planificación exige el reconocimiento de la oficialidad de las cuatro lenguas del Estado en las instituciones comunes: Congreso de los Diputados, Senado y ministerios.
Este reconocimiento debería posibilitar el uso de cualquiera de las lenguas oficiales por parte de los representantes políticos y de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado y su uso en la rotulación de los edificios públicos de estas instituciones y en todos los elementos emblemáticos, como los documentos de identificación: DNI, pasaporte, permiso de conducción, sellos de Correos, monedas y billetes.
De igual forma, el Gobierno central tendría que impulsar la proyección exterior de la realidad plurilingüe del Estado y asegurar el reconocimiento de la oficialidad de todas las lenguas en las instituciones internacionales a un nivel equivalente al que gozan otras lenguas de dimensiones demográficas o de producción cultural parecidas.
Contrariamente a lo que establece la Carta Europea en su artículo 10, la legislación española impone el uso del castellano en las relaciones con la Administración General del Estado y señala como única posibilidad de uso del catalán la ocasión en que el interesado se dirija a los órganos de la Administración General con sede en el territorio de una comunidad autónoma que la reconozca como lengua oficial.
Como sucede en el ámbito judicial, el Estado no garantiza el conocimiento de la lengua propia del territorio por parte de los funcionarios del Estado. Esta situación provoca que el ciudadano pueda verse obligado a renunciar al uso de la lengua propia de la comunidad para ser atendido correctamente al dirigirse a la Administración.
En relación con los impresos disponibles en lengua catalana, cabe señalar importantes lagunas, como en la mayoría de impresos de temas fiscales, a los que se puede acceder a través de las páginas de Internet ministeriales o las solicitudes de certificación literal de defunción, nacimiento y matrimonio. El Reglamento del Registro Civil impone que todos los asientos en los libros del Registro sean en castellano.
En el uso de la toponimia se produce en general un importante desorden en lo que se refiere a los indicadores de guías que señalan fuera del territorio lingüístico y supeditan la denominación oficial de las poblaciones a la forma que tiene su inscripción en un registro estatal.
En otro ámbito, la falta de cumplimiento por parte del Estado de lo que prescribe la Carta Europea con relación a los servicios públicos (Correos, transportes aéreos y ferroviarios, telefonía, etcétera) es prácticamente total, ya que en general ignoran o marginan claramente las lenguas oficiales distintas del castellano.
En el campo de los medios de comunicación, se echa en falta la existencia de alguna emisora de televisión y de radio de titularidad pública que emita para todo el territorio de lengua catalana, con la finalidad, entre otras de lograr la cohesión la comunidad lingüística. TV3 y Canal 33, que, de hecho, cumplen parcialmente esta función se han encontrado con numerosas dificultades, a pesar de lo que contempla la Carta Europea en su artículo 11.2, sobre todo, en el territorio valenciano y, aunque en menor grado, en las Islas Baleares. Desde el punto de vista legal, esta función de las dos emisoras de la Corporación Catalana de Radio y Televisión no está reconocida y se ubica en un marco jurídico sin determinar. El Canal 9 de la televisión valenciana --no así el segundo canal, Punt 2-- emite gran parte de su programación en castellano y un perfil semejante se dibuja para la futura televisión de las Islas Baleares.
Ninguno de los canales de Televisión Española asume la función de emitir su programación o una parte de ella en lengua catalana para todo el territorio lingüístico, cosa que debiera realizar, teniendo en cuenta el carácter de servicio público que tiene. En este mismo sentido, la única tentativa parcial que se realizó en el terreno de la radio, a través de Radio Nacional de España 4, se abortó por decisión política hace unos diez años.
Por lo que respecta a la concesión de las televisiones privadas, no se prevé la adecuación de su programación a la diversidad lingüística y ello ha supuesto que toda su programación sea en lengua castellana. Lo mismo ocurre con las previsiones para la concesión de frecuencias a radios privadas. Igualmente, el régimen de concesión administrativa de las televisiones digitales terrestres no menciona el pluralismo lingüístico del Estado.
En el terreno de los medios de comunicación escritos y de las producciones audiovisuales, los criterios de distribución de ayudas y publicidad institucionales suponen una notable discriminación para las publicaciones y productos en lenguas diferentes al castellano.
Por otra parte, no se vehiculan a través de los medios de comunicación de titularidad estatal contenidos que ayuden a difundir la pluralidad lingüística y la diversidad cultural del Estado y su comprensión en todo el territorio estatal. Asimismo, tampoco se difunde la producción cultural en lenguas diferentes al castellano o se aprovecha su potencialidad para ofrecer recursos para el aprendizaje de estas lenguas en todo el territorio estatal. Ni siquiera se ofrece la opción lingüística en la emisión televisiva de películas con versión original catalana.

La política de promoción cultural del Estado y su producción exterior ignora, salvo en contadas excepciones, la producción en lenguas diferentes al castellano y tiene como resultado la ocultación interior y exterior de la diversidad lingüística y cultural.
En el aspecto relativo a la actividad económica y social existe abundante legislación que impone el uso de la lengua castellana, en detrimento del uso de las demás lenguas, lo cual origina un clima adverso a la regulación por parte de las comunidades autónomas del uso de su lengua en estos ámbitos. En este campo cabe señalar la Ley de Patentes y Marcas, las normas que regulan el Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad, la propiedad intelectual, los seguros, el etiquetaje de productos, etcétera.
Las dimensiones en valores absolutos y en diversidad que ha adquirido el fenómeno de la inmigración durante los últimos años, principalmente en los territorios de la lengua catalana, que superan ampliamente la media estatal, exigen actuaciones urgentes y supone un gran esfuerzo para las comunidades autónomas más afectadas con el objetivo de favorecer la interacción social y cultural de los nuevos ciudadanos. En las comunidades con una lengua propia diferente al castellano el esfuerzo que se requiere es muy superior, por lo cual el Estado tendría que reflejarlo en los presupuestos generales para evitar la discriminación negativa que supone para estas comunidades y también en su participación en la ordenación de los procesos de inmigración.
Como se puede desprender de nuestra intervención, a pesar del trecho avanzado desde los inicios del régimen democrático, es todavía largo el camino que tiene que recorrer el Estado tanto para consolidarse como un Estado respetuoso con la pluralidad lingüística como para cumplir las obligaciones que asumió al ratificar la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.
Como se ha dicho con anterioridad, confiamos en que esta primera comparecencia sea el inicio de un cambio en el compromiso del Estado de aplicar una política lingüística que se adecue a la realidad plurilingüe que lo conforma y al respeto de los derechos de todas las comunidades lingüísticas.
Nada más y muchas gracias.

El 18 de novembre van comparèxer al Senat a petició meva, com a senador portaveu de l'Entesa Catalana de Progrés a la Comissió de Cultura, els presidents d'aquestes entitats cíviques dels Països Catalans, Jordi Porta (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià) i Sebastià Frau (Obra Cultural Balear).

Aquí podeu veure el diari de sessions de la compareixença.

L'endemà el diari Avui es feia ressò de la notícia (aquí la podeu llegir), com ho havia fet el dia abans la ràdio Catalunya Informació, amb un tall de veu d'Eliseu Climent, però en ambdós casos sense fer la més mínima referència ni al grup, Entesa Catalana de Progrés, ni al senador que havia propiciat la compareixença, ni, és clar, a la meva adscripció política a ERC. Una informació parcial, doncs, perquè podeu estar ben segurs que sense la meva intervenció no hi hauria hagut aquesta compareixença ni aquesta visió del tema des de tot l'àmbit dels Països Catalans.

També voldria deixar constància que la meva iniciativa va ser en bona part propiciada per una demanda de l'Observatori de la llengua catalana, i del seu coordinador, Josep Romeu. L'Observatori de la llengua catalana és una organització que, entre altres, justament té l'objectiu de fer un seguiment de l’aplicació de la Carta europea de llengües regionals o minoritàries, i presentar els corresponents informes davant el Comitè d’experts i el Consell d’Europa.

A continuació reprodueixo la meva primera intervenció en la Comissió de Cultura amb motiu d'aquesta compareixença.

En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Entesa Catalana de Progrés, el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que dé la bienvenida a nuestros invitados en nuestra lengua común, y luego me traduciré. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones».) «Es per a mi i per al meu grup una gran satisfacció poder acollir al Senat als presidents d'Omnium Cultural, d'Acció Cultural del País Valencià i de l'Obra Cultural Balear, que compten entre les entitats amb més suport en la societat civil dels territoris de parla i cultura catalanes, i que més s'han distingit, i es distingeixen, justament en la promoció, i la defensa quan cal, de la nostra llengua comuna i de la nostra cultura, dels elements constitutius de la nostra identitat, dels elements que configuren la nostra aportació a la cultura europea. Benvinguts.» A la espera de un acuerdo que no debería tardar para la implantación de un sistema de traducción simultánea en esta Cámara, me traduciré yo mismo.
He dicho: Es para mí y para mi grupo una gran satisfacción poder acoger en el Senado a los presidentes de Omnium Cultural, de Acción Cultural del País Valencià y de la Obra Cultural Balear que figuran entre las entidades con mayores apoyos en la sociedad civil de los territorios de habla y cultura catalanas y que más se han distinguido y se distinguen justamente en la promoción y la defensa cuando es necesaria de nuestra lengua común y de nuestra cultura, de los elementos constitutivos de nuestra identidad, de los elementos que configuran nuestra aportación a la cultura europea. Bienvenidos.
Y continúo haciendo el esfuerzo de traducción simultánea: Para empezar quisiera destacar que en primera instancia solicitamos su comparecencia con la intención de que se sustanciara en la primavera, aprovechando que una delegación europea visitaba el Estado español para recabar información de primera mano sobre el cumplimiento --sería más apropiado hablar directamente del incumplimiento hasta la fecha por parte del Estado español-- de un gran número de preceptos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias y, muy especialmente, de la voluntad que la vertebra de proteger y promover el uso de estas lenguas por parte de los ciudadanos que las tienen o las adoptan como propias.
Finalmente, la comparecencia se produce en un momento distinto en el que el tema de la actitud del Estado ante nuestra lengua aparece focalizado en los medios de comunicación en torno a un falso debate sobre su denominación, a partir del cual una minoría intenta cuestionar su unidad hasta extremos ridículos y, evidentemente, a las antípodas de cualquier criterio filológica y científicamente serio.
Es cierto que en el actual momento de gran difusión del inglés, a caballo de la globalización y de las nuevas tecnologías, cuando argentinos, mejicanos, españoles y todas las academias de la lengua del sistema lingüístico castellano-- español están reafirmando su unidad para enfrentar los retos del presente y del futuro, es muy grave que se cuestione la unidad de la lengua catalana, y no podemos eludir el debate.
Sería una lástima que nos perdiéramos en esa maraña de despropósitos y sería bueno que hiciéramos todos el esfuerzo para que el árbol no nos escondiese el bosque, para que, más allá de la polémica, consideremos con seriedad las muy diversas e importantes cuestiones que nos han planteado los comparecientes para que el Estado asuma su responsabilidad en relación a la defensa y la

promoción de las lenguas de sus ciudadanos y garantice sus derechos democráticos a usarlas y a ser atendidos en sus lenguas por parte de todas las administraciones y corporaciones que tienen capacidad de decisión sobre aspectos de su vida.
Es por ello que dejaré sentada nuestra posición sobre la falsa polémica catalán-valenciano, que coincide en esencia con la de los comparecientes, para luego entrar en lo que me parece fundamental y de más largo alcance de la comparecencia de hoy.
En el País Valencià, las Illes Balears y Cataluña hablamos la misma lengua. La denominación común de esta lengua aceptada por la comunidad científica y universitaria internacional es «lengua catalana», denominación reconocida también no sólo por los estatutos de autonomía de Cataluña y de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sino también por el Estado andorrano, presente en Naciones Unidas, y utilizada por instituciones de los territorios de habla catalana dentro del Estado francés, por poner sólo unos ejemplos significativos.
El artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Valencia recoge legítimamente la denominación popular «valencià» para la lengua propia de la comunidad.
Desde el punto de vista filológico no se puede hablar de una diferenciación catalán-valenciano ni en el plano dialectal. Los límites administrativos entre comunidades no tienen significación desde el punto de vista lingüístico y esto es tan cierto que, como ya se ha dicho, a caballo de los límites administrativos entre la comunidad autónoma valenciana y la catalana se habla no sólo la misma lengua, sino el mismo dialecto, y tenemos muestras vivas de ello en algunos miembros de esta misma Cámara. No tenemos que desplazarnos allá porque aquí mismo tenemos miembros que hablan los dos esta misma variedad dialectal.
Y para mayor abundamiento resulta que los dos grandes bloques dialectales del catalán son el occidental, al cual pertenecen en una descripción rápida los territorios de Andorra, de la provincia de Lleida, de parte de la de Tarragona y los del País Valencià, y el oriental, al cual pertenece el resto del territorio de Cataluña, las Islas Baleares, los territorios de habla catalana en el Estado francés y también los de la isla de Cerdeña, en el estado italiano.
Esto es así y si lo que nos interesa realmente es el futuro de las lenguas como patrimonio de todos no perdamos el tiempo. Reconozcamos la unidad de la lengua catalana, llámela catalán la comunidad científica, como lo viene haciendo y como seguirá haciéndolo al margen de nuestras disquisiciones; llamémosla lengua catalana o valencià en nuestras comunidades autónomas y el Estado llámela catalana si quiere seguir el criterio de la comunidad científica y es constitucionalmente posible o llámela català-valencià o ponga las banderitas de las comunidades juntas en un botón en sus web, pero reconozca su unidad, es decir, una sola versión de cualquier texto, web, etcétera y unos servicios de traducción e interpretación únicos, no sea que además acabemos malgastando el dinero público.
Llegados a este punto --y disculpen si me he alargado más de la cuenta-- lo que interesa saber es qué se está haciendo realmente, qué está haciendo cada responsable político, qué está haciendo la Administración pública en pro de nuestra lengua, qué se está haciendo realmente en pro del valencià ahora de que le hayan salido tantos pretendidos defensores.
¿Qué están haciendo los que levantan pancartas y luego en su actividad en el propio país valenciano usan el castellano? Desde el punto de vista del Estado, lo que me ha parecido relevante de su intervención, y que puede encajar en las nuevas expectativas que ha generado un Gobierno que ha hecho bandera en sus declaraciones del reconocimiento de la pluralidad y la diversidad cultural y lingüística, es su demanda, por un lado, de avanzar en la superación de la situación de desigualdad jurídica en que se encuentran los ciudadanos que tienen como lengua propia una lengua cooficial respecto de los que tienen como lengua propia el castellano, y por otro, su demanda de que el Estado deje de inhibirse ante el derecho de los ciudadanos a usar sus lenguas, el derecho de todos los ciudadanos a acceder al conocimiento de estas lenguas.
Es necesario que el Estado se implique --como ustedes han dicho-- en la definición y en la aplicación de la política de pluralismo lingüístico igualitario llegando a desarrollar un nuevo estatuto jurídico del plurilingüismo constitucional abierto a una igualación creciente entre todas las lenguas en todos aquellos ámbitos, que son muchísimos, en que el Estado, la Administración central del Estado, tiene competencias que están afectando gravemente a nuestras lenguas.
Seguramente se podría empezar a trazar el camino --como ustedes apuntan-- para la elaboración de una ley orgánica sobre el uso oficial en las relaciones con las instituciones comunes del Estado de todas las lenguas con oficialidad territorial y sobre las responsabilidades del Estado en la promoción de un pluralismo lingüístico igualitario en todas sus actuaciones respetando las definiciones de los estatutos de autonomía y las competencias que reconocen a las comunidades autónomas en materia lingüística en sus territorios.
Se debería ir a un reconocimiento claro de que la pluralidad del Estado no es sólo la que se refiere a las 17 comunidades autónomas, sino también la de su pluralidad cultural y lingüística articulada en cuatro bloques fundamentales: el catalán, o si lo prefieren, el catalán o valenciano o balear, el gallego, el vasco y, evidentemente, el que se articula en torno al castellano.
Al mismo tiempo, creo que si hay voluntad política, la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias --como se ha puesto de relieve en su intervención-- y una interpretación generosa de la Constitución podrían dar cobertura jurídica ahora mismo a un buen número de medidas y actuaciones del Estado enormemente positivas para dar un nuevo enfoque y empezar a resolver cuestiones concretas y de un gran calado que han planteado ustedes en la última parte de su intervención y a las cuales me gustaría que se refirieran más adelante.
Por ejemplo, entre otras medidas posibles que ustedes han apuntado en negativo y que valdría la pena reformular y concretar en positivo, hablan ustedes de la extensión de la lengua catalana, y evidentemente también del gallego y

del euskera, en el sistema educativo y hacen referencia, a propósito de la enseñanza superior, a la necesidad de que se tenga en cuenta en la habilitación del profesorado la exigencia del conocimiento de la lengua propia de la universidad de destino, el fomento de la publicación de manuales universitarios y obras científicas en catalán, etcétera.
Se refieren a una cuestión básica para la construcción de un Estado democrático respetuoso con la pluralidad, como es que en los centros de secundaria de todo el Estado y en las escuelas oficiales de idiomas se ofrezca la posibilidad de estudiar las lenguas cooficiales. De hecho se produce una situación paradójica y es que son justamente los ciudadanos que tienen como lengua propia el castellano los que se ven discriminados por el Estado porque el Estado no les está facilitando el acceso a las lenguas cooficiales y cuando quieren optar a plazas en nuestro territorio, que es su derecho, resulta que el Estado no les ha dado los instrumentos para que aprendan nuestras lenguas.
Plantean la necesidad de la presencia de estas lenguas en las radios y televisiones públicas y privadas de ámbito estatal, de que a través de estos medios se faciliten recursos para el aprendizaje de estas lenguas en todo el territorio estatal. Nos hablan del sistema judicial y de sus inmensos déficit en el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a usar sus lenguas y a ser atendidos en ellas.
En relación con el uso del catalán en el Registro Civil vale la pena subrayar que esta Cámara aprobó hace 15 días por unanimidad el inicio del trámite de la ley para que sea legalmente posible basándose en un texto que fue aprobado en su día por el parlamento de Cataluña. Es un botón de muestra de que las cosas parece que se están moviendo, quizá demasiado lentamente, pero para bien.
También se refieren ustedes a la presencia de todas las lenguas en los organismos e instituciones estatales comunes para todos los territorios, como las Cortes Generales y los ministerios. Yo añadiría el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radiotelevisión Española y, aunque pueda sorprenderles viniendo de un republicano, la Corona, la Jefatura del Estado, mientras éste sea una monarquía.
Asimismo, han aludido a las relaciones de los ciudadanos con la Administración y a la necesidad de crear unidades lingüísticas de traducción, y han apuntado el tema de las relaciones de los ciudadanos con la Policía y otras fuerzas de seguridad. En este sentido, aprovecho para informarles de que el próximo 29 de noviembre, en la Comisión de Interior, se debatirá una moción que he presentado en nombre de Entesa Catalana de Progrés para que se incentive el conocimiento de esas lenguas entre los miembros de dichos cuerpos.
El catálogo que presentan ustedes, aunque seguramente no sea completo, es impresionante. Y, aunque no me extenderé más desgranándolo, me gustaría que nos dijeran qué consideran ustedes lo más urgente para que se intervenga desde el Gobierno central y, por tanto, desde la labor de control y proposición propia de los miembros de esta Cámara.
Si somos capaces de entrar en el debate de las medidas concretas y sus prioridades, con la consiguiente valoración presupuestaria, habremos dado un paso muy importante a favor de nuestra lengua catalana y del resto de las lenguas cooficiales, pero también a favor de una mejor convivencia democrática.
«Gràcies, senyó Porta, senyó Climent, senyó Frau, per haver acudit a aquesta cita.» La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bofill.

Paraules de Montserrat Trueta (presidenta de la Fundació Catalana Síndrome de Down, filla del científic Josep Trueta i vídua del polític Ramon Trias Fargas) recordant l'actuació de Joan Bofill en pro dels discapacitats.

JOAN

Vaig conèixer en Joan l'any 77 quan el meu fill Andy tenia 5 anys i vaig entrar a formar part de l’Associació ASPANIAS. Des del primer moment, en Joan em va impressionar molt per la seva tenacitat i perserverància en tot els temes que encetava. Quan es proposava una cosa, no ho deixava anar fins que ho aconseguia. A més, no vaig tardar gens en adonar-me que teníem la mateixa filosofia pel que fa a les persones amb discapacitat intel•lectual. Estàvem d'acord totalment, cosa que, en aquella època no era gens freqüent, doncs hi havia molts criteris diferents de com s'havia de tractar les persones amb discapacitat.

En Joan era incansable. Va ser un dels mes fervents promotors de la Llei de Integració Social del Minusvàlid, LISMI, que en Ramon Trias Fargas volia portar a les Corts de Madrid. Essent advocat i tenint els criteris moderns i progressistes, va ajudar moltíssim a fer que la Llei prengués cos i pogués tirar endavant, essent aprovada unànimement l'any 1982. Una Llei que encara és vigent avui.

Però Joan, l'incansable, es va voler enfrontar a la part més difícil que era: què es podia fer per a les persones amb discapacitat severa I profunda?, i amb la seva energia va aconseguir tirar endavant l'Institut Montserrat Montero, el Centre Joan Bofill, Torremar de Vilassar, i Joan 23 de Collserola. L'any 1987, molt merescudament, va rebre la Creu de Sant Jordi.

Per la meva part, vaig trobar en Joan Bofill un suport i assessorament sempre que li demanava, en tot allò que jo intentava fer. Recordaré sempre el parlar amb ell poc després de la primera visita que vaig fer a Villablanca de Vilaseca cap als anys 80 on les persones estaven en unes condicions inhumanes. A pesar dels nostres esforços, va passar molt temps abans que milloressin aquelles terribles condicions. La posta en marxa dels Instituts que va promocionar Joan, on es posava la dignitat humana per damunt de tot. Era la millor manera de poder treure les persones d'aquell lloc infrahumà.

Aquesta és sols una mostra de tot el que va fer Joan per les persones amb discapacitat.

Joan ha estat un mestre per a molta gent i jo em sento especialment agraïda del seu exemple. Ens queda un buit molt gran.

Gràcies Joan, pel llegat que ens has deixat.

Montserrat Trueta

Barcelona, 12 de novembre de 2004

Semblança (centrada en la seva memòria de republicà i d'exiliat) que en va fer Adrià Chavarria en l'acte de comiat que vam celebrar a Barcelona el 12 de novembre de 2004.

En record del Joan Bofill

El Joan tenia vint anys quan va esclatar la guerra civil. Un situació històrica-política que el portaria a participar -per les circumstàncies del present- activament en la contesa de la guerra. Amb el Joan, els dos darrers anys havíem parlat sobre la seva vida, en l'intent de filar o explicar una història: construir una segona memòria (la primera és la íntima, la de cadascú) que es conforma amb el llegat que volem transmetre als altres. Joan Bofill és d'aquella "màgica i dissortada generació" (va poder estudiar una carrera, dret amb professors com el filòsof Xavier Xirau o com Josep Maria Pi i Sunyer) que va viure l'esclat d'alliberament polític de la segona república, la recuperació de les nostres llibertats polítiques (l'amor al país i a la llengua, ens van unir fraternalment), i a la vegada, l'acarnissament d'un conflicte bèlic iniciat per la caverna feixista, que no suportà una mínima llibertat aconseguida pels moviments socials i nacionals d'aquest país nostre.

Recordo que d'una manera divertida m'explicà que l'inici de la guerra el va sorprendre amb un amic -després d'un accident de cotxe- a Morata del Jalón a Saragossa, i que retornat a Madrid per cercar les notes del doctorat, i trobant-se l'ambient molt enrarit va tornar al seu poble: a Pals, el mateix 18 de juliol. Com que no tenia feina, per haver estudiat dret, fou nomenat secretari de l'ajuntament del Comitè de milícies antifeixistes. Un cop passada la primera tempesta revolucionària, entesa malament per una part del moviment anarquista, torna a Barcelona i se suma a instrucció del nou Exèrcit Popular de la República. Em va dir que tenia por -lògica- ja que la seva primera destinació hagués estat el front de Madrid, però que l'arribada de les Brigades Internacional aturà el projecte. Joan va aspirar a oposicions per a jutje del cos jurídic militar. La cosa va sortir bé, i va ser destinat com a vocal del tribunal militar de l'exèrcit de l'est. I aleshores comença el "peregrinatge" pel front. Em parlà sempre amb bon record de la seva estançaa a Lleida, on vivia en una pensió del carrer Major, i on anava a visitar a la família Pereña, cosins del poeta Màrius Torres i del seu germà Víctor, diputat d'ERC. La guerra no agrada a ningú, però a mi m'agradava que m'expliqués (com ja m'havien fet de petit unes amigues de la meva àvia) aquelles històries de la guerra -perquè obviant la ferotgia de la guerra, o el que explica d'ella Simone Weil o altres- aquelles històries d'un passat col•lectiu recent, malgrat que alguns voldrien, per interessos polítics, fer-nos caure en una amnèsia que comportés el llegat d'aquell passat que tant ens ha marcat com a poble, cultura i societat.

La guerra, els de la banda del Joan, la van perdre i comença l'exili (la darrera nit a Catalunya, el Joan la passà dormint en una barca de la platja de Llançà) a França: primer als camps dels "refugiats espanyols" a Sant Ciprien i a Barcarès, on passa gana, polls i un tifus del qual se'n va sortir. Al 1939, a Xile, el Front Popular va guanyar les eleccions, i aleshores el seu germà i ell decidiren anar a demanar els visats al consolat de Xile. Quan els nazis envaien Polònia i el govern francès i anglès declaraven la guerra al règim nacional-socialista, el Joan arribava, estava a punt d'arribar a Amèrica amb el vaixell Winipeg. I aleshores, ja coneixeu la seva història. A Xile va conèixer la Montserrat, tingueren tres fills, hi va viure vint-i-un anys, i després retornà a Catalunya.

De l'exili a Xile sempre me'n parlà bé: hi refà la seva vida i participà activament en el Centre Català de Santiago. Jo sempre li preguntava per què havia tornat a Catalunya, si allà l'havien acollit bé i havia pogut desonvolupar-se activament. Em responia que l'enyor de Catalunya, la seva i meva terra (ell del nord del país, i jo del sud), fou el motiu: malgrat la dictadura franquista, volien tornar. I ho van fer, fins a la seva fi. Passant pel desencant d'uns transació política, que no fou el que molts com ell esperaven.

La Humanitat, Noticiero Universal, La Rambla (edició de la tarda), La Vanguardia, Solidaridad Obrera, foren els diaris on Joan s'informava dels primers comunicats dels inicis de la guerra; anys després, a Barcelona, me'l trobava, quan arribava a la casa del carrer Calvet, sempre llegint els diaris: La Vanguardia i l'Avui. El vull recordar així, llegint, obirant les "palpitacions del temps", com deia Xènius, i emprenyat perquè les coses anaven maldades. I parlant de Pals i de Girona, ja que com em va dir ell: "recordo aquella boira ploranera, tan ben adjectivada per Josep Pla al Quadern Gris, que feia que les escales de la catedral, al'hivern, sempre fossin mollles, com cascades de llàgrimes".

Fins a una altra

Adrià Chavarria

Després d'una negociació complexa, ahir, 15 de novembre de 2004, en la Comissió d'Entitats Locals del Senat, vam aconseguir que tots els grups del Senat (inclòs el PSOE, després de consultar al govern) donessin suport a aquesta esmena transaccional a la nostra moció:

"La Comisión de Entidades Locales del Senado insta al Gobierno a que, en el marco de los grupos de trabajo que se constituyan (con la comparecencia de alcaldes y federaciones y asociaciones de municipios y con seguimiento parlamentario en esta Comisión) para la revisión del sistema de financiación de las Entidades Locales, se realice un estudio, que deberá concluirse durante el primer semestre de 2005, para hacer efectiva en el próximo ejercicio la compensación a favor de los Ayuntamientos afectados por la bonificación fiscal del 95% del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a favor de las empresas concesionarias de autopistas. Estudio que tendrá en cuenta todas las actividades que las concesionarias están desarrollando a lo largo del territorio que ocupan e incorporará las propuestas que permitan resolver definitivamente este problema."

Aquí trobareu notícies anteriors publicades en aquest bloc sobre aquest tema.

Recordatori de l'acte de comiat del meu pare

Joan Bofill i Tauler

Pals, 11 de febrer de 1916
Barcelona, 10 de novembre de 2004

Vora l'illa roja
com Ulisses navegaves
a l'espera d'un retorn impossible.

Ara l'illa no hi és.
És un istme que
s'endinsa en el mar.

I del teu somni vençut
sols en quedem
tu i jo a la deriva.

Montserrat Abelló

L'altre dia us parlava del 150è aniversari del naixement de Rimbaud (vegeu aquí). El principal introductor de Rimbaud a les lletres catalanes segurament ha estat Palau i Fabre; en aquesta pàgina web trobareu una introducció a la vida i l'obra de Rimbaud en català, i molts fragments dels seus textos i poemes traduïts al català per Palau i Fabre i Joan Brossa, i també per Tomàs Martí i Joan Peña.

Per un error havia escrit fa uns dies que seria el 18 d'octubre, cosa impossible evidentment.

El 18 de novembre, al matí, la Comissió de Cultura del Senat celebra (a demanda meva com a portaveu de l'Entesa Catalana de Progrés a la Comissió) una sessió de tres hores especialment dedicada a escoltar les raons i les demandes de la societat civil dels Països Catalans pel que fa a l'actitud de l'Estat espanyol en relació amb la nostra llengua, especialment pel que fa al compliment de la Carta europea de llengües regionals i minoritàries.

Ja fa massa dies vaig voler començar a penjar en aquest bloc alguns "posts" (se'n diu així, no?) amb intimitats literàries (vegeu què en deia aquí), avui continuo "confessant-vos" que un dels meus poetes preferits és Rimbaud: "Par les soirs bleus d'été, j'irais dans les sentiers...". Amb motiu del 150 aniversari del seu naixement es fan un munt d'activitats i val la pena que aprofitem per rellegir-lo. Aquí i també aquí trobareu informació i extractes de la seva obra. Aquesta altra pàgina web us dóna accés a un munt de poemes seus. (Continuarà)

Dijous 21 d'octubre, vam aconseguir que la Comissió de Cultura del Senat aprovés una moció amb aquesta finalitat. Ja en parlàvem l'altre dia aquí. Ara recullo les intervencions que vaig fer a la Comissió per defensar la moció i amb motiu de l'acceptació de les esmenes per aconseguir el vot per unanimitat:

DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ATENDER LAS DEMANDAS ECONOMICAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS CATALANES (IEC) (661/000019).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la segunda moción, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, por la que se insta al Gobierno a atender las demandas económicas del Instituto de Estudios Catalanes.
Tiene la palabra su portavoz, el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que en la introducción de una moción tan vinculada con nuestra «llengua», empiece en catalán (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la redacción del «Diario de Sesiones»): «Permetin-me que, en la introducció d'una moció tan vinculada amb la nostra llengua catalana, comenci en català.
L'Institut d'Estudis Catalans és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca, l'alta investigació científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana, i el seu àmbit d'actuació són totes les terres de llengua i cultura catalana; és a dir dins de l'Estat espanyol Catalunya, el País Valencià i les illes Balears.» A partir de ahora me traduciré yo mismo, por la falta de traducción simultánea y las exigencias del Reglamento no acordes con la pluralidad del Estado, que espero que no tardemos en corregir. Les ruego que me disculpen si cometo algún desliz, ya que traduzco directamente de unas notas en catalán.

El Instituto de Estudios Catalanes es una corporación académica, científica y cultural que tiene por objeto la alta investigación científica y principalmente la de todos los elementos de la cultura catalana, y su ámbito de actuación son todas las tierras de lengua y cultura catalana, es decir, en el Estado español Cataluña, el País Valenciano y las islas Baleares.
Así lo reconoce el Real Decreto 3118/1976, de 26 de noviembre, que otorgó el reconocimiento oficial a l'Institut d'Estudis Catalans como corporación académica, científica y cultural, cuyo ámbito de actuación se extenderá a las tierras de lengua y cultura catalanas.
Por otro lado, una de sus primeras finalidades es ocuparse del estudio de la lengua catalana, establecer su normativa y velar para que el proceso de normalización de esta lengua sea coherente en todo su ámbito lingüístico.
El Institut d'Estudis Catalans tiene una dilatada historia. En el año 1922 fue admitido en la Unión Académica Internacional, fundada poco tiempo antes, y colabora en diversas empresas internacionales de investigación. Durante la época franquista la diputación se quedó sus locales, que dejó totalmente abandonados y suprimió el patronato de la biblioteca. El nuevo régimen no podía ver con buenos ojos una institución que basaba su actuación conjuntamente en el rigor científico, en la catalanidad y en la apertura internacional. A pesar de la represión, la corporación prosiguió su continuo crecimiento.
El real decreto promulgado nada más producirse el cambio democrático en el Estado español reparaba esta injusticia histórica, otorgando reconocimiento oficial a l'Institut d'Estudis Catalans. El papel del Institut d'Estudis Catalans dentro de la comunidad científica y la sociedad en general se ha consolidado en todos estos años. Puede decirse que el instituto acoge hoy a una buena parte de la elite científica en todos los campos del saber, dentro del ámbito lingüístico catalán, lo que genera confianza en los poderes públicos y configura el papel de una institución con un fuerte nivel de influencia en la sociedad catalana.
Esta labor científica ha recibido el apoyo de todas las instituciones, empezando por la Diputación de Barcelona, que le restituyó el edificio incautado en tiempos del franquismo, y continuando, como no puede ser de otra manera, por la Generalitat de Catalunya y la propia administración central del Estado.
La financiación de l'Institut d'Estudis Catalans nunca ha sido suficiente y adecuada, ni correlativa a la que reciben del Estado las instituciones académicas correspondientes en el ámbito lingüístico del castellano.
Hasta el año 1999 el Institut d'Estudis Catalans recibía, para el mantenimiento de sus actividades, una subvención directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Esta subvención fue de 601.012 euros en 1998. Sin embargo, desde 1999 se publican en el «Boletín Oficial del Estado» dos convocatorias de subvenciones: una de ayuda a las inversiones del Instituto de España, reales academias e instituciones, y otra de ayuda al funcionamiento de las reales academias e instituciones.
Sorprendentemente, el Institut d'Estudis Catalans no ha recibido nunca ningún importe procedente de la convocatoria de ayudas para las inversiones, que han sido muy importantes en el instituto y que aún deberían serlo más, si tenemos en cuenta el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la actividad científica en general y en el campo filológico y lexicográfico en particular. Este es uno de los objetivos de nuestra moción: que el Estado atienda la demanda de financiación de sus inversiones para facilitar su alta labor al servicio de la sociedad.
Por lo que se refiere a las ayudas de funcionamiento, el Institut d'Estudis Catalans recibió una subvención de 619.042 euros en el año 1999, de 721.214 euros en el año 2000, de 723.214 euros en el año 2001, y tan sólo de 450.759 euros en los años 2002, 2003 y 2004; una reducción de más de 270.000 euros y una congelación arbitraria que muestra que debería cambiarse un sistema de subvenciones basado en la buena o mala disposición de una administración o de un ministro, cuando una institución científica de esta naturaleza, con programas de largo alcance en los objetivos y en el tiempo, debería tener unos presupuestos consolidados.
Se trata de una congelación inaceptable, ya que dificulta el funcionamiento de una institución básica para el estudio, la dignificación y extensión del uso de la lengua catalana, y pieza clave por tanto en el reconocimiento del plurilingüismo por parte del Estado.
Por otro lado, estas cantidades contrastan fuertemente con las cantidades asignadas a la Real Academia de la Lengua Española y a las diversas instituciones dedicadas a la promoción del estudio y difusión de la lengua castellana.
Este maltrato económico del Institut d'Estudis Catalans por parte del Estado estos últimos años se vio agravado por el no cumplimiento por parte del Ministerio de Fomento del acuerdo de la comisión mixta del uno por ciento cultural del 10 de noviembre de 1999, según el cual esta contribuirá en una tercera parte al financiamiento de los 1.060 millones de las antiguas pesetas de la reforma del edificio sede del Institut d'Estudis Catalans, agravio que afortunadamente el actual Gobierno ya se ha comprometido a corregir.
Es por todo ello por lo que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha presentado esta moción. La comunidad lingüística y cultural catalana, en este ámbito que nosotros venimos en llamar Països Catalans, con más del 20 por ciento de la población del Estado, y aunque fuéramos muchos menos el simple respeto de la pluralidad merece que se reconozcan adecuadamente, es decir, con las partidas presupuestarias necesarias, a sus máximas instituciones científicas y académicas, especialmente en un campo de tan alto calado humano como es el de la lengua y la cultura.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Bofill, autor de la iniciativa, para decir si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

El señor BOFILL ABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.
De hecho, podemos decir que hemos llegado a una transacción de todos los grupos parlamentarios, lo que sucede es que no hemos tenido tiempo de redactarla porque no sé qué ha pasado, pero nos encontramos con que no tenemos los textos de las enmiendas presentadas. Hemos llegado a una moción transaccional, que esencialmente consiste en eliminar los puntos segundo y tercero de la moción original. Si quieren les leo el texto, que sería el siguiente: La Comisión de Cultura del Senado insta al Gobierno a: 1) Actualizar de acuerdo con la evolución del IPC de estos años, hasta este año 2004, la cantidad a percibir por el Institut d'Estudis Catalans, teniendo en cuenta que en el 2001 la subvención fue de 723.214 euros, y resarcir al Institut d'Estudis Catalans de la disminución de ingresos del 2002 y el 2003. Liquidar el conjunto de estas cantidades con un pago único a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de 2005. 2) Hacer efectivo, si aún no se ha hecho, el pago que correspondía al Ministerio de Fomento para financiar las obras de remodelación del edificio, hoy sede del Institut d'Estudis Catalans.
Respecto a los puntos que se han eliminado, únicamente hay que decir que si los he incluido es porque responden a demandas del Institut d'Estudis Catalans con una doble finalidad; por un lado, ellos quieren tener una partida en los presupuestos del Estado porque es una forma de consolidar y de no someter tanto a la arbitrariedad la concesión de una subvención, un año sí y un año no, y por otro, que justamente las inversiones en nuevas tecnologías han sido tan importantes en estos años, que con esta subvención para presupuestos de funcionamiento de ninguna manera se pueden cubrir estas inversiones. Por lo tanto, es evidente que queda pendiente una demanda por parte del Institut d'Estudis Catalans para infraestructuras. Pero aceptamos la moción de esta manera porque nos parece importante, que en una cuestión de este tipo en que hay un consenso claro de todos los partidos del arco catalán, esta unidad se vea también en el Senado y todos los grupos parlamentarios podamos dar nuestro apoyo al funcionamiento del Institut d'Estudis Catalans.

Corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. ¿Va a hacer uso de la palabra, senador Bofill?
El señor BOFILL ABELLO: No iba a hacer uso de la palabra porque hemos llegado a un acuerdo, aunque algunas de las manifestaciones del representante del Grupo Parlamentario Popular merecerían una respuesta porque corresponden a un período que queremos olvidar, que es el del señor Alvarez-Cascos, que tuvo unas actuaciones bastante arbitrarias, buscando a posteriori una justificación jurídica. Pero me parece que lo bueno de hoy es que hemos llegado a un acuerdo. Por lo tanto, paz y gloria y miremos hacia adelante.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador.
Da gusto cuando tenemos una sesión con esta concordia.

Diari de sessions complet aquí.

El debat a la Comissió de Cultura sobre els webs de Cultura (vegeu més avall) va donar lloc a una intervenció sobre el tema de la unitat de la llengua:

Unicamente quería incidir brevemente en el tema del catalán/valenciano que ha salido a la palestra nuevamente. Hay dos cuestiones a diferenciar aquí: una cosa es la oficialidad del valenciano, con esta denominación en su comunidad autónoma, cosa que es evidente, puesto que está recogido en su estatuto de autonomía, y otra distinta es la unidad lingüística; es decir, lo que está claro es que catalán y valenciano, como la lengua que hablan en Mallorca, que en su estatuto de autonomía está recogida como catalán, son una única lengua. Esto es muy importante a efectos prácticos, justamente referido a las web, porque una cosa es la denominación y otra segregar y considerar que son dos lenguas distintas.

Nosotros consideramos que todas las web de la Administración General del Estado deberían recoger, si es necesario, la denominación oficial de las lenguas; si hay dos comunidades autónomas que son la catalana y la balear que reconocen el catalán como la denominación de su lengua, que se recoja, al igual que la denominación de valenciano, que es la forma en que denominan a nuestra lengua común en el país valenciano, pero esto debe tener una entrada única en las web. Es decir, que debe haber un solo botón, una sola entrada para una sola lengua. Lo que no es de recibo es que aparezcan el valenciano y el catalán como si fueran lenguas absolutamente diferenciadas, porque sería como si el castellano de Avila y el castellano de Madrid tuvieran dos botones especiales en todas las web de la Administración General del Estado.
Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan, aunque esto requerirá un debate lingüístico. Yo soy lingüista y les puedo decir algo muy sencillo de entender. La diferenciación dialectal de nuestra lengua, por desgracia para los que defienden el valenciano como una lengua distinta, no se realiza de oeste a este con una línea que pasa por la frontera entre la Comunidad Valenciana y la comunidad catalana, sino que resulta que es una línea que va de norte a sur y que divide Cataluña en dos, incluyendo en la parte occidental a todo el territorio de Lérida y a Andorra, y, en cambio, en la parte oriental se incluye parte de la provincia de Barcelona, parte de la de Tarragona y las islas Baleares. Es decir, que se parece más el catalán que hablan en Lérida al valenciano que no al que hablan en Barcelona. En definitiva, estamos cayendo en extremos ridículos, desde el punto de vista de la lingüística, y me parece que se está invadiendo con conceptos políticos una cuestión que está clara. (Per si algú vol consultar-lo, aquí hi ha un mapa dialectal de la llengua catalana.) Podrían respetarse perfectamente los estatutos de autonomía y la ley con esta forma de hacer la entrada de las lenguas en las web.
Si se quiere, aún hay otra opción posible, que sería poner un botón que diga català/valencià o un botón en que figuren las tres banderas de las tres comunidades autónomas que tienen el catalán como lengua propia.
Nada más y muchas gracias

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Bofill, espero que el «Diario de Sesiones» llegue al ministerio y que alguna de sus aportaciones puedan dar luz para resolver este problema.

Diari de sessions complet aquí.

Vaig presentar una esmena d'addició a una moció de CiU sobre els webs de Cultura que només parlava de fer una pàgina dedicada a la pluralitat lingüística de l'Estat amb la finalitat que tots els continguts d'aquests webs s'ofereixin en català i en totes les llengües cooficials a l'Estat.

Aquestes van ser les meves intervencions:

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: El objeto de la enmienda es precisar más la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en cuanto a su redacción. Estamos de acuerdo en que se cree una página destinada a explicar la pluralidad cultural del Estado, es decir, una página específica con esta finalidad puede ser muy conveniente. Pero además, consideramos que lo fundamental, los contenidos de estas web es que lo sean en las distintas lenguas oficiales de las comunidades autónomas, pues justamente lo que se trata de conseguir es que el Estado, que está al servicio de los ciudadanos, se exprese en las lenguas de todos los ciudadanos españoles y no sólo en las de una parte. Por ello nos parece importante que se haga esta versión en las distintas lenguas de las comunidades autónomas.

Diari de sessions complet aquí.

Aprofitant la presència del director general de Belles Arts i Béns Culturals els senadors del Grup Popular el van bombardejar amb preguntes, i veient que estaven trepitjant-me preguntes que jo havia formulat per escrit (sobre el Museu Puget d'Eivissa), vaig preguntar també sobre el Museu de Puig des Molins:

El señor BOFILL ABELLO: Puesto que se hacen estas preguntas tan locales y ya que se ha hablado de Ibiza, me gustaría saber qué pasa con el Museo del Puig des Molins, que lleva cerrado diez años y cuyo proyecto se ha trasladado este año al Ministerio de Cultura.
Este museo de una necrópolis púnica es patrimonio de la humanidad y lleva cerrado mucho tiempo, por lo que desde Ibiza se reivindica su apertura.
Por eso, me gustaría saber cuál es la previsión.

I em va contestar:

El Museo de Ibiza (es refereix al Museu Puget) y Puig des Molins los incorporo al mismo grupo, ¿por qué? Porque da la casualidad de que el Consejo Nacional del Patrimonio se reúne este mes en Palma de Mallorca, en concreto los días 28 y 29; la tarde del 28 se va a dedicar íntegramente a un debate sobre el uno por ciento cultural con todas las comunidades autónomas y el día 29 se tratarán otros asuntos.
En el caso de Puig des Molins, se ha programado una visita a la propia necrópolis en la mañana del día 28. Nos interesa porque, además de ser propiedad del Estado, se ha previsto una inversión importante y queremos desbloquearlo definitivamente. Por tanto, la semana próxima a esta hora estaremos posiblemente allí, en Puig des Molins.
En cuanto al Museo de Ibiza, hemos llegado a un acuerdo con la propia comunidad. Ya hemos planteado las necesidades que tienen los capítulos 1 y 2, y ahora trataremos de intentar formalizarlo para sacar adelante ese grupo de necesidades y transferir su gestión a la propia comunidad. Creo que faltan perfilar ciertos aspectos y tardaremos los meses que nos ocupe resolver los problemas del ámbito administrativo; además, no estamos hablando de una operación grande, debe imponer aproximadamente unos 15 millones.

(Podeu consultar el diari de sessions de la Comissió aquí.)

Intervencions, de fet breus puntualitzacions, amb motiu de la compareixença del director general de Belles Arts, Julián Martínez García, a la Comissió de Cultura per pronunciar-es sobre quin ús preveuen de l'antic edifici de Tabacalera a Madrid.

El señor BOFILL ABELLO: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente, pero no para entrar en la discusión sobre los usos del edificio sino para decir que no deja de sorprenderme el nivel inversor del Ministerio de Cultura en Madrid. Creo que algún día deberíamos debatir la política museística del ministerio, dado que nos encontramos en un Estado autonómico y que las competencias de cultura son exclusivas de las comunidades autónomas.

Desde mi punto de vista, el ministerio ha desarrollado hasta ahora una política esencialmente centralista y, por ejemplo, creo que deberían discutirse cuestiones como la de los servicios comunes de los museos del Estado, porque en este momento estamos pidiendo el traspaso de todos estos museos del Estado a las comunidades autónomas --en Cataluña sólo queda uno--, y me parece un poco sorprendente que se produzca una inversión importante en este sentido si no va acompañada de unos traspasos suficientes a las comunidades autónomas para que puedan crear servicios del mismo tipo.
Este es el sentido que he querido dar a mi intervención, pero no insistiré para no alargar la comparecencia.
Muchas gracias.

Em va respondre en aquests termes:

Con respecto a la intervención del señor Bofill, debo decirle que, como él mismo ha dicho, Cataluña es la comunidad que más museos tiene transferidos. Precisamente ha dicho que sólo queda Tarragona. ¡Qué bonito edificio! Pero le ruego tranquilidad porque no sé si sabe que lo que Tarragona necesita en realidad es que se construya allí un nuevo museo.
Habrá que decidir dónde se ubica, pero de momento no hay acuerdo con el ayuntamiento. La propia Generalitat tiene una discusión abierta al respecto, y cuando ésta finalice nosotros estaremos en condiciones de conocer la decisión a que han llegado; entonces podremos dar un nuevo empujón al futuro museo de Tarragona. En realidad no sé para qué quieren un museo ahora, señor Bofill, cuando resulta que tendrían que hacer una inversión tremenda en él.
Dice usted que se centralizan todas las inversiones. No sé si habrá dado una vuelta últimamente por el MNAC ni si habrá echado una ojeada a los Presupuestos Generales de este año al que hay que sumar el de ejercicios anteriores. ¿Ha visto usted los millones que se le han concedido este año al MNAC? Para cada año, y son tres anualidades, se le ha dotado con seis millones de euros. ¿Sabe usted, cuánto ha puesto el ministerio allí? Ha puesto siete mil millones de pesetas. ¿Sabe usted que el ministerio participa en ese patronato? ¿Conoce todas las inversiones que estamos realizando en la propia red en Cataluña? Y no quiero entrar en las inversiones que desde el 1 por ciento se han articulado y se articulan con la propia comunidad. Porque si le digo el porcentaje de inversión en Cataluña en comparación con otras comunidades autónomas, tendríamos que dejar de hablar de esto, aunque tampoco quiero utilizar esto demagógicamente, pero lo cierto es que Cataluña se lleva el 10 por ciento de este país. Y conste que eso no es ni malo ni bueno. Lo que simplemente demuestra es que el Gobierno central invierte y va a seguir invirtiendo.
Es decir, no hay ningún problema con ese asunto.

Intervencions en el Ple del 19 d'octubre amb motiu del debat d'una moció presentada pel Partit Popular. Després d'una transacció tots els grups vam donar suport a un text que simplement parla de la necessitat d'estudiar les reformes que cal introduir a la Llei del jurat per millorar-ne el funcionament.

(Reprodueixo les meves intervencions. Podeu consultar els diaris de sessions i els videos del Ple des d'aquí.)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, senyor president.
Señorías, continuaré en castellano a la espera de la
nueva normalización del uso de las lenguas cooficiales en
esta Cámara. (Rumores.)
Pronto hará diez años que entró en vigor la Ley del Tribunal
del Jurado, y efectivamente se han producido algunas
disfunciones y problemas, algunos difíciles de evitar
en una institución nueva que necesita un arraigo social.
Nos parece bien la preocupación del Grupo Parlamentario
Popular por mejorarla, y nos gustaría que tuviera la
misma premura en revisar leyes fundamentales que están
en vigor desde hace más de veinte años y que también necesitan
ser mejoradas.

Estando de acuerdo en que puede ser necesaria una
reflexión sobre el funcionamiento del jurado para perfeccionarlo,
seguramente no estamos de acuerdo en el
diagnóstico. Para nosotros el jurado es una institución
que encauza la participación ciudadana en la Administración
de Justicia tal y como afirma la Constitución y
desde su implantación ha ido funcionando cada vez mejor
y con mayor normalidad. De hecho, la mayor parte de
los problemas que tiene el jurado no le vienen de los ciudadanos
que son llamados a participar en él; los profesionales
de la justicia reconocen en general que los veredictos
de los jurados son prácticamente siempre razona-
bles y de hecho los porcentajes de modificación o anula

Intervencions en el Ple del Senat del dia 19 d'octubre amb motiu d'una moció del Partit Popular, aprovada finalment amb el suport de CiU, PNB i BNG.

(Reprodueixo les meves intervencions. Podeu consultar els diaris de sessions i els videos del Ple des d'aquí.)

DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APROBAR, EN EL PLAZO DE SEIS MESES, UN PLAN INTEGRAL DE MUSEOS

(...) El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.
El señor BOFILL ABELLÓ: Moltes gràcies, senyor president.
Señoras senadoras, señores senadores, me gustaría poder
expresarme en mi lengua, entre otros muchos motivos
porque para mí es más fácil y natural, pero continuaré en
castellano a la espera de que no tardemos mucho en normalizar
el uso de nuestras lenguas en esta Cámara.
En el ámbito de la cultura siempre tropezamos con la
misma piedra: la no asunción efectiva de la competencia
exclusiva que en esta materia tienen las comunidades autónomas.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta incluida
en la moción de que se abra la puerta al traspaso de los museos
de titularidad estatal a las comunidades autónomas, a
petición de éstas, no sólo es adecuada sino que hace
tiempo que debería haberse producido y acompañada, evidentemente,
del traspaso de las partidas presupuestarias
para el mantenimiento de los mismos. Y no deja de ser sorprendente
que lo haga el Grupo Parlamentario Popular,
ahora que no puede hacerla efectiva porque no está en el
Gobierno.
En nuestro caso reclamamos que se produzca ya el traspaso
de titularidad a la Generalitat de Catalunya del Museo
Arqueológico de Tarragona, el único en Cataluña que todavía
es del Estado. También me gustaría recordar aquí
que algunos de estos museos de titularidad estatal en distintos
puntos del Estado están cerrados desde hace años. Es
el caso, por ejemplo, del Museo Monográfico de la Necrópolis
Púnica de Puig des Molins en Ibiza que, a pesar de
ser Patrimonio de la Humanidad, está cerrado al público
desde hace diez años. En casos como éste, el Estado ya debería
actuar de acuerdo con las comunidades autónomas,
realizar los trabajos necesarios para que abran sus puertas,
si son museos viables, y efectuar su traspaso.
En la misma línea, no sólo estamos de acuerdo con la
esencia de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i Unió para que el Gobierno
arbitre la cesión de las obras de arte procedentes de dación
por deudas tributarias a los museos de las comunidades de
origen de estas obras, almacenadas muchas veces sin ser
expuestas en los depósitos, por ejemplo, del Centro de
Arte Reina Sofía, sino que creemos que el Estado, de
acuerdo con las comunidades autónomas, debería potenciar
de manera razonada y equitativa, con obras y con
aportaciones económicas, los museos públicos de todas las
comunidades autónomas de acuerdo con sus gobiernos.
Por este motivo ya anunciamos ahora que en la Comisión
de Cultura, donde se debate este jueves una moción centrada
en la cesión de obras de arte procedentes de dación a
los museos de las comunidades autónomas de origen, defenderemos
estos criterios y haremos lo posible para que
prosperen.
Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es
que se pretenda redactar un plan integral de museos o renovar
el existente —mejor que esté guardado en un cajón—,
porque es una clarísima invasión de competencias
de las comunidades autónomas, por más explicaciones que
ahora nos haya prometido el senador Van-Halen. Que
conste que se las agradeceremos, pero nos hubiera gustado
más que simplemente hubieran obviado esa propuesta,
que, como tantas anteriores del Grupo Parlamentario Popular,
objetivamente tienen un sentido armonizador, en el
mal sentido de la palabra, incluso en el lenguaje, es decir,
un sentido digamos, avasallador.
El Gobierno debe pactar con las comunidades autónomas
la política y la inversión museística. Debe traspasar a
las comunidades autónomas que lo soliciten los museos
del Estado y las partidas para su mantenimiento y funcionamiento.
Y en el caso de algunas instituciones singulares,
como el Centro de Arte Reina Sofía, debe reorientar su política
teniendo en cuenta la pluralidad del Estado. Todos
los conceptos que el senador Van-Halen pueda vincular a
un posible plan de museos, deben ser pactados con las comunidades
autónomas y se deben desarrollar teniendo en
cuenta la pluralidad cultural y lingüística del Estado, y esto
no consta en su moción. El Gobierno debería dejar de considerar
únicamente los museos del Estado, concepto cada
vez más restringido si se traspasan a las comunidades autónomas,
sino que en cualquier propuesta debería tener en
cuenta todos los museos públicos e incorporar la pluralidad
lingüística y cultural del Estado y los puntos de vista
de las comunidades autónomas a cualquier proyecto de catalogación
o de web o de proyección exterior de sus exposiciones
al cual puedan acogerse, por poner algunos ejemplos.
Nos sorprende que algunos grupos, como Convergència
i Unió, se hayan sumado a la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular en lugar de proponer una transacción que
obviase la propuesta del Plan Integral de Museos y que nosotros
hubiéramos votado convencidos. Por nuestra parte,
proponíamos una moción de sustitución únicamente para
el traspaso de los museos del Estado a las comunidades autónomas,
una propuesta que podía ser asumida por el conjunto
de grupos de esta Cámara, pero otra vez nos encontramos
con una mezcla heterogénea y contradictoria de
propuestas que parecen más destinadas a hacer bloque de
oposición al Gobierno que a una voluntad efectiva de prosperar.
Gracias, señor presidente.

I, en el torn de portaveus, vaig afegir:

Tal y como están las cosas, ya les puedo anunciar
nuestra abstención ante la moción que apoyan conjuntamente
el Grupo Parlamentario Popular, Convergència i
Unió y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Nos parece bien el traspaso de los museos del Estado a
las comunidades autónomas que lo soliciten y la cesión de
obras procedentes de la dación a los museos de las comunidades
autónomas, pero no podemos aceptar el principio
de un plan integral de museos que invade las competencias
exclusivas de las comunidades autónomas. Por otro lado,
está claro que es una «badada», como se dice en catalán, es
decir, un desliz de Convergència, porque no se han enterado
de que les están colando un plan integral de museos
que, de hecho, no respeta la competencia exclusiva de las
comunidades autónomas. Lo que nosotros queremos es
que el Estado lleve a cabo una política de museos mínima,
centrada en los grandes museos que no se pueden traspasar
a las comunidades autónomas, que traspase los museos
que sean de su titularidad a las comunidades autónomas, y
que financie con los fondos que tiene las políticas de museos
de las comunidades autónomas de acuerdo con ellas.
Este es el auténtico plan que debe realizar el Ministerio de
Cultura, es decir, ponerse de acuerdo con las comunidades
autónomas para desarrollar una política de museos. La
propuesta del Grupo Parlamentario Popular no prevé en
ningún momento que este plan integral de museos se pacte
con las comunidades autónomas, por lo tanto, es inaceptable.
Ese es el motivo por el que nos abstenemos, no por
ningún otro. No hay nada más que esto.
Por otro lado, ya le he anunciado que daremos nuestro
apoyo a la moción de Covergència i Unió en la Comisión
de Educación y Cultura para la cesión de obras de arte a los
museos catalanes y a los de las otras comunidades autónomas
y, si es posible, presentaremos otra moción que pueda
ser votada por todos los grupos, puesto que se ha visto en
este debate que había un acuerdo para que los museos de
titularidad del Estado que las comunidades autónomas soliciten
puedan ser traspasados. Puesto que todos estamos
de acuerdo en esto, perfecto; será una maravilla. Por fin el
Grupo Parlamentario Popular, que nunca lo ha hecho, lo
hará. Perfecto, ya estamos de acuerdo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.