Aquests dies es reprèn el judici del genocida Radovan Karadzic, un dels responsables de matances com la de Srebrenica, a Bòsnia. Tots ens n'alegrem, però molts desconeixen els límits de l'actuació d'aquest Tribunal Penal Internacional i la impunitat en què resten en general els crims contra la humanitat encara avui, com s'ignora que el govern del PSOE junt amb el PP, i amb el vot o l'abstenció de la majoria d'altres grups del Congrés i el Senat (val la pena subratllar que els 7 vots en contra al Senat provenien dels Països Catalans: 4 d'Esquerra, 2 d'ICV-EUiA i 1 del PSM), recentment van aprovar una reforma de l'article 23.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per limitar les possibilitats de persecució dels crims contra la humanitat per part de la justícia de l'Estat espanyol. De fet ja n'he parlat anteriorment, però com que aquest debat es va barrejar amb el de la creació de la nova oficina judicial, per voluntat del PSOE d'amagar l'ou, reprodueixo a continuació les parts de les meves intervencions que feien referència a la justícia universal:

Lo que no es de este momento, lo que no es oportuno ni correcto en este debate parlamentario es poner en cuestión un tema tan importante como la justicia universal, mientras se habla de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta cuestión debería debatirse en otro momento. Primero, porque desluce una reforma importante como esta que nos lleva a modernizar la oficina judicial y, segundo, porque estamos tratando un asunto muy importante que no se puede aprobar de tapadillo, a escondidas.

A lo largo de estos dos días se han intentado diversas cosas. Después de la sesión de comisión, se pretendía celebrar un debate único sobre los dos proyectos de ley con la misma intención: mezclarlo todo, y cuanto más, mejor. Esta mañana se pretendía que el debate de la ley orgánica se celebrara por la mañana y no por la tarde, pero por suerte algunos grupos parlamentarios nos hemos opuesto y el debate se desarrolla por la tarde y por separado. ¿Por qué? Porque no se quiere debatir sobre este tema pero, sintiéndolo mucho, también van a debatirlo. Lo siento mucho, porque para mí el debate principal está situado en otra parte. Yo quería hablar de este primer bloque al que me he referido y que guarda relación precisamente con la aplicación de los estatutos de autonomía, pero es evidente que esta cuestión es demasiado grave para pasarla por alto. De hecho, lo que se está pretendiendo es una derogación de la justicia universal. Esta es la cuestión de fondo.

En relación con esta cuestión, estamos en contra -y lo quiero decir antes de que se me pase- de lo que se ha hecho, y es que en el Senado se ha introducido de tapadillo una enmienda, la número 97, que ha sido suscrita por el Grupo Popular y el Socialista, y que guarda relación con la creación de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, algo previsto en la convención del 2002, suscrita en Nueva York, y resulta que lo que se hace es remitirlo al Defensor del Pueblo. Es algo irrisorio. Están haciendo trampa, y esto tampoco teníamos que discutirlo hoy, porque no tiene relación con la Oficina Judicial.

Nuestro grupo ha presentado dos enmiendas en relación con la pretendida reforma del artículo 23.4. En realidad, pretenden continuar como estábamos o perfeccionar un poco la cuestión.

¿Qué es lo que estamos debatiendo aquí? Estamos debatiendo una cuestión muy sencilla: que todavía hay -y la ha habido durante años- impunidad en relación con los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Este es el problema: que haya impunidad. Se confunde a la opinión pública diciendo que existen unos tribunales penales internacionales, y como la gente lo lee en la prensa, no entiende que los jueces aborden asuntos del Tíbet o de Latinoamérica, porque ya existe un Tribunal Penal Internacional. Pero se está escondiendo la cuestión de fondo, y es que la justicia penal internacional es limitada, pues los tribunales penales internacionales solo tienen competencia en relación con los nacionales y los territorios de aquellos países que han suscrito los convenios en virtud de los cuales se crean dichos tribunales penales, con lo cual es evidente y es fácil sospechar que aquellos países que más han violado los derechos humanos son justamente los que no suscriben esos convenios internacionales.

¿Qué se argumenta? Se dice que en nuestro derecho la tradición jurídica -y es verdad- para la jurisdicción es el concepto de nacionalidad y el de territorialidad. Pero resulta que ha aparecido un campo nuevo en la justicia: la justicia universal y, por suerte, se han reconocido unos derechos nuevos. Parece que por fin la humanidad está saliendo del estadio animal para ser humana y hay derechos humanos, y estos derechos tienen unas características particulares en virtud de las cuales existe un concepto que es el de justicia universal. Cualquiera de la calle puede entender este concepto fácilmente. Si en relación a los derechos humanos hay un derecho universal que, además, es imprescriptible, cualquier juez de cualquier parte del mundo debería poder juzgar y perseguir ese delito universal e imprescriptible que se ha cometido. El objetivo es que no queden impunes estos delitos que, a lo largo de la historia, siempre han quedado impunes, y justo ahora empieza a no ser así.

¿Qué es lo que se ha hecho? ¿En el Estado español se ha logrado un avance en esta cuestión? Y lo digo entre paréntesis, porque se trata de un avance en relación con lo que pasa fuera, porque en relación con lo que pasa dentro, nada de nada, ningún avance, porque luego hablaré de la Ley de la memoria. ¡Vaya pena! Una de las cosas que sí que me avergüenza es ver a jueces nuestros persiguiendo por el mundo ciertos delitos cuando aquí al president Companys todavía no se le ha restablecido plenamente su dignidad, ni tampoco la de todos los catalanes que se ven afectados por esta cuestión. Pero dejo esto aparte, porque ya hablaremos sobre ello. Lo que está claro es que hay una jurisdicción universal, que se ha avanzado en relación con esta cuestión en el Estado español y que ahora se quiere dar marcha atrás. Esto no es una novedad, porque en realidad el Tribunal Supremo ya ha intentado en diversas ocasiones hacer esta marcha atrás. Lo que es una novedad es que el Partido Socialista pacte esto con el Partido Popular. Esto es una novedad y lo digo con una inmensa tristeza, porque hasta ahora se han producido estos avances en parte gracias al Partido Socialista. Esos avances se habían hecho justamente con la colaboración de toda la gente que propiciamos el cambio democrático en este Estado.

Quien expresa con una claridad meridiana de qué estamos hablando cuando hablamos de justicia universal es el Tribunal Constitucional. Hoy lo voy a citar, aunque ya saben que para mí el Tribunal Constitucional hoy en día está muy deslegitimado. Pero en el año 2005, en la sentencia 237, en relación con una sentencia del Tribunal Supremo que hacía una interpretación tan restrictiva como la que se pretende hoy en día, se decía que la persecución internacional y transfronteriza que pretende imponer el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad trasciende de las concretas víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen no solo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados cuya legitimidad, en consecuencia, no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos. Del mismo modo -continuaba-, la concepción de la jurisdicción universal en el derecho internacional actualmente vigente no se configura en torno a vínculos de conexión fundados en particulares intereses estatales. Es justamente lo contrario de lo que está pasando ahora: particulares intereses estatales están forzando al Estado español a cambiar de posición respecto a una cuestión que afecta a derechos fundamentales.

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