Aquest dimarts vaig preguntar en el Ple del Senat al ministre de Justícia si el govern espanyol assumiria la seva responsabilitat i exerciria la seva capacitat d'instar el Fiscal General de l'Estat perquè promogui l'anul·lació de la sentència de mort contra el president Companys. La resposta, pilotes fora, això sí, amb molt bones paraules.

Aquestes van ser les meves intervencions i les respostes del ministre segons l'esborrany que m'han passat del diari de sessions:

- DE D. MIQUEL BOFILL ABELLÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRÉS, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE TIENE PREVISTO EMPRENDER EL GOBIERNO PARA QUE SE ANULE LA SENTENCIA POR LA QUE SE CONDENÓ INJUSTAMENTE A MUERTE Y SE EJECUTÓ AL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, D. LLUÍS COMPANYS I JOVER. (680/000124).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, senyor president.
Bona tarda, senyor ministre.

En un día como hoy, hace 68 años un tribunal militar español se hizo responsable de un crimen al condenar a muerte al presidente Companys. Al día siguiente fue fusilado. Fue un asesinato de Estado, y el Estado democrático y su Gobierno tienen la responsabilidad de reparar en lo posible ese crimen. De ahí mi pregunta:

(El señor Bofill Abelló continúa su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del “Diario de Sesiones”):

Quines iniciatives preveu emprendre el govern perquè s’anul-li la sentència amb la qual es va condemnar injustament a mort el president del govern democràtic de Catalunya, Lluís Companys, i donar així al poble de Catalunya la “plena satisfacció moral i jurídica”, jurídica también señor ministro, que es va comprometre a donar el govern per mitjà de la seva vicepresidenta, el 15 d’octubre de 2004.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Gracias, señor presidente.
Señoría, como sabe muy bien, el Gobierno de España es absolutamente solidario con la cuestión que usted plantea. Permítame que me adhiera aquí, en nombre del Gobierno, a la conmemoración que mañana se llevará a cabo de ese injusto y ruin fusilamiento del presidente Companys. A partir de ahí, su señoría sabe, como sé yo, que hemos impulsado una Ley de memoria histórica, y le puedo decir que en este momento el decreto de desarrollo se encuentra en el Consejo de Estado para el preceptivo informe. Vamos cumpliendo con los pasos marcados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señor ministro.
Hoy no vamos a repetir el debate sobre la Ley de memoria histórica, que pretende que para obtener una simple declaración de reconocimiento personal sin efectos jurídicos ni indemnizatorios, los familiares se sometan a un examen, caso por caso, de unas sentencias injustas, de carácter fascista y criminal. Nadie mereció esas condenas y deberían anularse, y, si fuera posible, de un plumazo democrático, pero tan expeditivo como los que garabateaba el dictador confirmándolas, mejor .
Usted dice que van a cumplir la Ley de memoria histórica, y es lo mínimo, pero me gustaría que me respondiera a estas tres cuestiones:

Primera, ¿cuál cree usted que va a ser la respuesta del Tribunal Supremo ante el requerimiento de que se admita un recurso de revisión de carácter extraordinario de una sentencia, en base a la declaración de reparación prevista en la Ley de memoria histórica, particularmente en el caso del presidente Companys? ¿Hay algún automatismo, o cree usted que existe alguna relación jurídica posible entre un hecho y otro?

Segunda, hasta ahora la Fiscalía de la Sala Militar del Supremo se ha opuesto sistemáticamente a la revisión de esas sentencias injustas en casos tan significativos como los de Joan Peiró o Salvador Puig Antic. ¿Va a instar ahora el Gobierno al fiscal general del Estado para que reconsidere los criterios de actuación de la Fiscalía a efectos de que no se oponga a esa revisión de sentencias y abogue por su nulidad, particularmente en el caso del presidente Campanys?

Y tercera y fundamental, ¿va a asumir el Gobierno español su responsabilidad democrática y va a ejercer su potestad de interesar al fiscal general del Estado para que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a conseguir la nulidad de la sentencia contra el presidente de Cataluña, Lluís Companys?

Si lo hace, señor ministro, no tenga la menor duda de que ens traurem el barret.

Nos descubriremos, porque será un gesto de madurez y de grandeza de la democracia española similar al de otras democracias europeas, porque de eso se trata, señor ministro, de democracia y de grandeza, porque si este Estado no es lo bastante democrático ni lo bastante grande para que quepa el presidente Companys, tampoco será lo bastante grande ni lo bastante democrático para que quepamos en él los catalanes.

Gràcies por la seva atenció.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Señor presidente, señoría, creo que la labor de que quepamos todos en este sistema es también de todos. En el sistema democrático cabe todo aquél que quiere estar, porque se hace camino al andar. Este no es un entorno prefabricado; usted y yo haremos el camino, y no le quepa duda de que al seguir este tema estaremos muy cerca, porque ya lo estamos.
Como usted sabe, se ha caminado con una mayoría muy importante para dar a luz esa Ley de memoria histórica que ha permitido iniciar un camino de rehabilitación de muchos miles de personas que padecieron la persecución de aquella rebelión militar. Usted sabe tan bien como yo que aquello fue un acontecimiento en nuestra historia que nos hirió a muchos, y no solo a catalanes, sino a personas de todas partes.
Es cierto que el presidente Companys es muy especial, pues fue el único ignominiosamente asesinado en ese momento. Pero estamos ahí, en el camino hacia la recuperación de esa memoria que contiene un reconocimiento general en la ley de la injusticia de las resoluciones, y es una proclamación solemne y mucho más que simbólica. Y está también la posibilidad de reconocimientos individualizados que pilotará el ministerio que dirijo en este instante, y no le quepa duda de que habrá sensibilidad sobrada para, llegado el momento -y yo no soy adivino- estar en la línea de lo que debe ser, pero con el respeto a lo que los tribunales y la Fiscalía han de decidir.
Ese decreto de desarrollo está en el Consejo de Estado y nos permitirá andar en la dirección adecuada. He pensado siempre, señor Bofill, que el honor y la dignidad de las víctimas de aquella salvajada y de la dictadura no menos salvaje que la siguió es inmune a la injusticia, a la miseria moral y a la ruindad absoluta de los verdugos, pero también es verdad que, aún desde esta inmunidad, en esta ley subyace esa herramienta para que lo veamos y también puedan verlo las generaciones venideras. Pero, insisto, desde la absoluta inmunidad que frente a la ruindad del verdugo tiene siempre la víctima. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

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