Ahir al vespre vam debatre al Ple del Senat una moció dels senadors nacionalistes bascos en què demanen la devolució dels seus "papers". Aquesta va ser la meva intervenció: Gràcies president, Bon vespre en aquesta diada de Sant Joan, diada nacional dels Països Catalans. Malauradament, podríem començar amb un com dèiem ahir, ja que tornem a iniciar una legislatura sense haver normalitzat l’ús de la llengua catalana en aquest Ple i debatent una moció sobre els documents del govern basc espoliats pel règim criminal del general Franco exactament igual a una altra que ja vam debatre durant la passada legislatura. I, malauradament, en relació amb les dues qüestions, podem afirmar que es tracta d’autèntics dèficits democràtics que ni la dreta ni l’esquerra espanyola encara no han sabut corregir. Pel que fa a la normalització de l’ús de la nostra llengua en aquest Ple, confiem en la paraula del president del Senat i que s’aconsegueixi en aquesta legislatura. Per la part que ens toca no deixarem d’insistir i no renunciarem a l’ús de la nostra llengua en l’exercici de la nostra funció representativa. Por imperativo legal continuo en castellano, aunque, como decía en catalán, desgraciadamente, podríamos empezar este debate con un “decíamos ayer”, ya que iniciamos la legislatura sin haber normalizado el uso de la lengua catalana y debatiendo una moción sobre los documentos del Gobierno vasco expoliados por el régimen criminal del General Franco, exactamente igual a otra que se debatió en la Comisión de Cultura de esta Cámara en febrero de 2007. En ambos casos, se trata de auténticas anomalías democráticas que, hasta hoy, ni la derecha ni la izquierda españolas, cada cual con su parte de responsabilidad, han sabido responder. En este momento, todavía dentro del primer periodo de sesiones, confiamos en la palabra del presidente del Senado y en su compromiso de conseguir en esta legislatura la plena normalización del uso del catalán, el gallego y el euskera en este Pleno. Por nuestra parte, no lo duden, no renunciaremos a la utilización de nuestra lengua en el ejercicio de nuestra función representativa. Las lenguas no deberían ser nunca un motivo de confrontación. Por eso, conviene que no olvidemos que quien puede acabar creando un conflicto no es nunca quien las habla, sino quien las prohibe. Y la realidad es que, si ahora mismo estoy hablando en castellano y no en catalán, es porque el Reglamento me obliga a ello. Por lo que se refiere a la moción objeto de este debate, podría terminar muy rápidamente mi intervención. El Gobierno vasco tiene nuestro pleno apoyo y comprensión en su demanda de recuperar su documentación incautada por los franquistas y depositada en el Archivo de Salamanca. Nuestros motivos tienen poco que ver con el agravio comparativo en relación con la devolución de los documentos catalanes y mucho con el hecho de que se trata de una demanda justa que parte del reconocimiento de que el primer Gobierno democrático de Euskadi del siglo XX fue el presidido por José Antonio Aguirre, a partir de 7 de octubre de 1936, en base al Estatuto de Autonomía aprobado por los ciudadanos de Euskadi en referéndum en 1933 y aprobado en 1936 por las Cortes de la República, régimen democrático legalmente constituido. En este sentido, sí podemos considerar un paralelismo entre el caso catalán y el caso vasco, pues en ambos casos estamos hablando de países que teníamos un Estatuto de Autonomía, un Gobierno legítimo y unas instituciones que fueron objeto de una especial represión. La requisa en el País Vasco fue el prolegómeno de lo que posteriormente sucedió en Cataluña y estaba guiada por la misma lógica represiva. Así, el 26 de abril de 1938, el ministro de la Gobernación, Serrano Súñer, a través de un Decreto constituyó la delegación del Estado para la recuperación de documentos, con el fin de formalizar un organismo que un año antes ya estaba funcionando en el País Vasco durante la campaña de Franco en el norte. Es importante tener en cuenta este dato porque es de justicia reconocer que el País Vasco en realidad fue el lugar en el que se experimentó lo que posteriormente sufrimos los demás. Además, se experimentó en todos sus términos: se crearon las unidades operativas de registro y de requisa y se llevaban los documentos a Salamanca; requisas cuya finalidad no era precisamente la de crear ningún tipo de archivo histórico, sino directamente represiva, hasta el punto de que desde el primer momento en que se produjeron las requisas también se produjo la restitución de los documentos a aquellos que por afinidad con el régimen franquista se consideró que no eran necesarios para la represión, de manera que la unidad de estos archivos fue destruida desde el primer momento por los propios autores de la requisa. Este organismo de requisa tuvo una primera sede operativa en Bilbao, y por ello hay un número importante de cajas que están etiquetadas con la palabra Bilbao, donde trabajó un equipo de clasificación que se encargó de recabar los primeros datos con el fin de proporcionárselos a los represores. Se recogían incluso los datos relativos a los pueblos que aún no habían sido ocupados por los fascistas para que, en el momento en que llegasen sus tropas a ese lugar, pudiesen ir a buscar directamente a aquellos a los que tenían que fusilar, y esto era así de crudo y repugnante. Hay, pues, motivos de peso más que suficientes para votar, como lo hará nuestro grupo, a favor de la moción que nos proponen los Senadores Nacionalistas Vascos. No podemos concluir sin referirnos, aunque sea de paso, a los documentos catalanes y a nuestra exigencia de que se cumpla, sin más dilaciones, y plenamente, lo previsto en la Ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil tanto a la Generalitat como a particulares y entidades, y esperamos que el día en que se acuerde la devolución de los papeles vascos -que llegará, no lo dude, señora senadora-, no tengan que sufrir esa lentitud y cicatería que nos están imponiendo hoy a los catalanes. Gràcies, senyor president.

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