Aquest dilluns es va aprovar al Senat sense incorporar cap esmena (perquè el PSOE s'ha volgut estalviar un nou debat al Congrés), la que havia de ser la llei de la "memòria històrica" i que han acabat anomenant "Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". Esquerra no hem acceptat entrar en un mercadeig d'esmenes parcials, com han fet la majoria de grups, perquè en aquest cas, en què hi ha en joc qüestions de principi sobre els drets humans i sobre el que va representar el franquisme, considerem que ha de quedar clar que no ens conformem, que, entre altres qüestions, cal rehabilitar amb tota la dignitat la memòria de Lluís Companys i de tots els assassinats pel franquisme, cal restituir tot el patrimoni expoliat als seus legítims propietaris... En la meva intervenció al Ple trobareu els nostres arguments i algunes de les crítiques que fem al projecte de llei aprovat, molt particularment al tracte discriminatori que es dóna a les víctimes. Aquestes són les notes en què vaig basar la meva intervenció, si les llegiu, entendreu perquè a un sector del PP no li va agradar gens ni mica:

La dictadura franquista va ser un règim il•legal i il•legítim des dels seus orígens el 1936, en una sublevació militar contra el règim constitucional democràtic de la República, contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, contra el govern de la Generalitat de Catalunya i contra el govern de la República elegits democràticament pels ciutadans, fins la seva fi. Totes les seves actuacions repressives contra els seus dissidents i opositors, totes, van ser il•legals i il•legítimes, van ser uns atemptats contra els drets civils i contra els drets humans, i en molts casos crims contra la humanitat.

Continuo en castellano por imperativo legal. Esperemos que la próxima legislatura sea la que abra la puerta definitivamente a un Senado plurilingüe.

La dictadura franquista, decía, fue un régimen ilegal e ilegítimo desde sus orígenes en una sublevación militar contra el régimen constitucional democrático de la República hasta su fin. Todas sus actuaciones represivas contra sus disidentes y opositores fueron ilegales y fueron atentados contra los derechos humanos y civiles, y en muchos casos crímenes contra la humanidad.

Esta verdad se concreta dramáticamente en la verdad de cada una de las víctimas, de las más significadas por su simbolismo como Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya, condenado a muerte y fusilado por su condición de presidente democrático de los catalanes, como Joan Peiró y Julián Zugazagoitia, ministros de la República, a los trabajadores y estudiantes apaleados y encarcelados, perseguidos, despedidos de sus empresas, expulsados de sus univesidades, por crear sindicatos democráticos en los últimos años de la dictadura, pasando por los maestros perseguidos por sus valores democráticos, los militares y miembros de los cuerpos de seguridad del Estado perseguidos y hasta fusilados por cumplir con su deber de defender el orden legal democrático y constitucional o los desaparecidos, asesinados y enterrados en cualquier cuneta durante la guerra y en la inmediata posguerra. Esta verdad debía ser el punto de partida de esta ley.

Este debía ser el punto de partida porque treinta años después del fin de la dictadura ya es hora que las clases dirigentes del Estado español y el propio Estado, en cuyo nombre y utilizando su administración, su ejercito y su policía se ejerció la represión, condenen con claridad el régimen franquista, su origen ilegal e ilegítimo desde el punto de vista democrático y su carácter criminal desde el punto de vista de los derechos humanos.

Al tiempo, esta ley debía reconocer a todas las víctimas, a todas sin discriminación, garantizándoles 1) el derecho a saber la verdad, 2) el derecho a la justicia y 3) el derecho a la reparación sin discriminaciones atendiendo solo al daño sufrido, estableciendo claramente que el Estado garantizaría el ejercicio de estos derechos y para ello pondría los recursos y los medios necesarios en cada caso.

Y aquí no vale, señores del PP, oponer unas víctimas a otras, una barbarie a otra, porque se trata de condenar todos los atropellos que se cometieron y, sobretodo, de reconocer y atender a todas las víctimas y muy singularmente a aquellas que el Estado nunca o a penas aún ha reconocido como tales. Resulta bochornosa la falta de sentido democrático y de generosidad de esa derecha a quién parecieron y parecen bien los reconocimientos a los muertos y víctimas del bando vencedor de la guerra, y que regatea los mínimos derechos, se muestra cicatera con los familiares de los muertos en defensa de la democracia, con los asesinados, con los fusilados, con los encarcelados, con los perseguidos durante cuarenta años por la dictadura. Por favor, renuévense, jubilen a los exministros de Franco (Fraga era a la sala, aparentment insensible), busquen otros referentes, miren hacia Europa, miren al futuro. Les irá mejor y nos irá mejor a todos seguramente.

Desde nuestro punto de vista no valía la pena hacer demasiado caso de los aspavientos de la derecha trasnochada ante una ley que solo va a favor de las víctimas y no va contra nadie, porque cabe suponer que está claro que hoy aquí ya no hay franquistas, y sobre todo sabemos que más allá de reductos nostálgicos en la sociedad no hay franquistas, hay un consenso mayoritario de que la democracia no tiene vuelta atrás y hoy resulta hasta extemporáneo plantear esta cuestión que tanto preocupaba hace 25 años. Es un buen momento para abordar con serenidad la verdad de la dictadura y dar por fin un trato digno y justo a las víctimas. Además en el momento que se planteó con el apoyo de Esquerra Republicana la tramitación de una ley de la “memoria histórica”, después de las elecciones del 2004, había una mayoría social cansada de mentiras, cansada de mentiras de Estado y una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar una ley plenamente consecuente con la afirmación de la ilegalidad de toda la actuación represiva del régimen franquista.

Al fin y al cabo, el ruido de algún sector de la derecha más anclada en el pasado, que forma parte del paisaje español, y por suerte bastante menos del catalán, era inevitable, y tampoco se ha evitado con una ley como la que hoy debatimos que se queda muy corta en el pleno reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Ese griterío, ese rasgarse las vestiduras ante un supuesto revanchismo, esa apelación hipócrita al espíritu de la transición, entendido no como generosidad democrática sino como olvido de las víctimas republicanas y antifranquistas… era y es inevitable en algunos sectores, pero, pasado el mal trago, la mayoría no van a insistir, porque el futuro de la derecha en la Europa democrática no pasa por el fascismo, ni por el negacionismo.

Desde nuestro punto de vista, con está ley se podría haber terminado con los clarobscuros de la transición y llamar a las cosas por su nombre: ilegal a lo ilegal, crimen a un crimen, expolio a un expolio, robo a un robo, y cumplir con las víctimas y sus familiares, muchos de los cuales han ido muriendo en el olvido e injustamente tratados.

En la justificación del veto que hoy tengo el honor de defender en nombre de los senadores Lluís Aragonès, Carles Bonet, Josep Maria Esquerda y en el mio propio, hemos resumido en 16 puntos lo que consideramos que deberían haber sido los contenidos esenciales de una ley que de manera justa cerrara las heridas del franquismo.

Entre estas cuestiones que no contempla el actual Proyecto de Ley cabe destacar:

En primer lugar la necesidad que la ley prevea el reconocimiento por parte del Estado de la condición de víctimas con valor jurídico a todas las personas que sufrieron de manera concreta la persecución y hasta la muerte por su oposición a la dictadura franquista. Un reconocimiento y una reparación justa a todas las víctimas sin discriminaciones de ningún tipo. En este sentido resulta inaceptable que la ley, por ejemplo, establezca la indemnización por estancia en prisión o en batallones disciplinarios solo a favor de los nacidos antes de 1931, y no extienda este derecho a todas las personas que sufrieron las prisiones franquistas. Tampoco parece aceptable, por ejemplo, que al tiempo que se establece una indemnización de 9.616,18 euros a favor únicamente de las viudas o viudos de los ejecutados a causa de sentencias de los tribunales franquistas, se excluya del derecho a percibir una indemnización similar a los familiares de las personas que murieron en las cárceles o en manos de las fuerzas represivas sin ningún tipo de juicio. Como resulta escandalosa la discriminación que la ley establece en su artículo 10 al prever que los familiares (no solo las viudas o viudos) de los muertos a causa de la represión, en este caso tanto si fueron ejecutados después de un simulacro de juicio como si fueron muertos en otras circunstancias represivas, entre 1968 i 1977 recibirán una indemnización de 135.000 euros. ¿Por que razón se da un trato tan diferente y discriminatorio a los muertos por el franquismo antes y después de 1968? ¿Qué paso en 1968? Otra vez nos encontramos con dos varas de medir, porque lo que ha pasado seguramente es que a partir de 1968 hay víctimas de atentados de ETA, como el policía Melitón Manzanas, cuyos familiares han cobrado indemnizaciones de este tenor, y resultaba flagrante no acordar a víctimas antifranquistas una indemnización similar. Pero la comparación sigue siendo flagrante porque tan víctimas fueron los muertos después de 1968 como los muertos por el franquismo antes de esta fecha. Una discriminación que por lo demás contradice el espíritu y la letra del artículo 14 de la Constitución.

En segundo lugar, en íntima relación con la justicia que se merecen las víctimas y con la ilegalidad de la acción represiva de la dictadura, es fundamental la anulación de todas las sentencias de los tribunales del franquismo, todas. A estas alturas, no nos parece adecuado que se hable solo de ilegitimidad, solo con valor moral, sin valor jurídico y sin ningún derecho a reparación asociado. No nos parece de recibo que se situé a los familiares de las víctimas en la tesitura de emprender costosos procedimientos para intentar la revisión de los juicios sin ninguna garantía de que el Tribunal Supremo acepte las demandas, atendiendo a la letra de la propia ley. Hasta hoy todas las demandas de revisión y posterior anulación de las sentencias de muerte presentadas por familiares de personas injustamente ejecutadas por el franquismo como Joan Peiró o Salvador Puig Antic, han sido rechazadas, por lo demás con el escandaloso apoyo del ministerio público. La ley actual no solo no libra a las familias del calvario de un nuevo procedimiento sino que tampoco garantiza que esta injusticia se vaya a enmendar.

El proyecto de ley tampoco aborda el hecho extremadamente grave que el Estado se apropio de forma ilegal de los patrimonios, no solo de partidos e instituciones, sino de personas y entidades de todo tipo, como no plantea la restitución del dinero que Franco obligó a depositar en el Banco de España y que representaban los ahorros en pesetas de curso legal del periodo republicano de miles de ciudadanos. Los partidos y sindicatos, aunque con limitaciones, han visto reconocido su derecho a recuperar su patrimonio, no así los ciudadanos y tantas entidades de todo tipo a los cuáles el Estado franquista robo unos bienes que el Estado actual ha heredado ilegítimamente, porque su origen era ilegal e ilegítimo.

Tampoco establece el Proyecto, de acuerdo con lo que fija el derecho internacional sobre derechos humanos, la plena responsabilidad del Estado en relación con la obertura de las fosas donde están enterrados ciudadanos anónimos asesinados.

Y, antes de terminar, es importante subrayar que Esquerra Republcana considera que ya es hora que el Estado español de un trato al franquismo y a las víctimas del franquismo acorde con la doctrina internacional sobre derechos humanos. Necesitamos estar presentes en la escena internacional con plena autoridad moral. Resulta cuando menos sorprendente que se vea la paja o la viga en ojo ajeno y no en el propio, que algunos jueces de la Audiencia Nacional no duden en aplicar el derecho internacional en otros países, no duden en procesar a criminales contra los derechos humanos de Argentina, Chile o el Tibet, y no lo apliquen aquí. Resulta cuando menos sorprendente que se vaya por el mundo de paladín de la democracia y los derechos humanos y aquí no tengamos todavía una ley plenamente acorde con el derecho internacional en la materia, como han denunciado entidades de defensa de los derechos humanos de tanto prestigio como Amnistía Internacional o el grupo Nizcor.

Nuestro veto recoge algunas de las demandas ya históricas de las asociaciones de víctimas y de las asociaciones de derechos humanos que no han tenido un reflejo adecuado en el Proyecto de Ley. Nuestro veto quiere significar que no nos satisface por insuficiente la ampliación excesivamente parcial y a veces discriminatoria de derechos que hace la ley, ni nos parece suficiente por obvia una condena general del franquismo sin consecuencias jurídicas. Nuestro veto, el veto de Esquerra Republicana de Catalunya sobretodo quiere significar que la cuestión no queda zanjada con esta ley: no queda zanjada políticamente, ni queda zanjada desde el punto de vista de las víctimas del franquismo, de sus familiares y amigos, ni queda zanjada desde el punto de vista de los derechos humanos.

Nuestro veto expresa el compromiso de Esquerra Republicana de Catalunya de continuar oponiéndose a las presiones de esa derecha aún anclada sentimentalmente en el franquismo y, sobretodo, de continuar trabajando para conseguir una buena Ley, justa y coherente con los valores democráticos y la doctrina de los tribunales e instituciones internacionales sobre los derechos humanos.

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