Aquestes són les notes en què vaig basar la meva intervenció aquest dimecres a la Comissió Constitucional del Senat en defensa del veto d'ERC a la llei de la memòria:

Gràcies president,

Bona tarda,

És un honor per a mi poder ser aquí, amb vostès, en aquesta Comissió Constitucional. Hi sóc avui per defensar el veto que hem presentat de forma solidària els quatre senadors d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Continuo en castellano, por imperativo legal, expresando el deseo y la voluntad que en los inicios de la próxima legislatura se modifique el Reglamento para que los senadores y senadoras puedan intervenir en su propia lengua, en la lengua propia de los ciudadanos y los territorios que representan.

Y entro en materia.

La llamada Ley de la Memoria Histórica era una ley oportuna y necesaria, y en eso coincidimos en su día con el gobierno y discrepamos del partido mayoritario de la derecha española.

Era necesaria al menos por dos cuestiones básicas:

En primer lugar, porque el Estado español y sus clases dirigentes han de condenar con claridad el régimen franquista, su origen ilegal e ilegítimo desde el punto de vista democrático y su carácter criminal desde el punto de vista de los derechos humanos, particularmente por su organización sistemática de la represión durante cuarenta años de cualquier forma de expresión libre de la diferencia y la diversidad. Una condena necesaria, que más pronto o más tarde, se tendrá que hacer para consolidar plenamente las instituciones democráticas y tener plena autoridad moral democrática en la escena internacional.

(como puede uno ir rasgándose las vestiduras por las desapariciones y los asesinatos políticos en el mundo o por las dictaduras latinoamericanas, y volver la vista hacia otra parte ante los 30.000 desaparecidos y los miles de condenados a muerte por tribunales militares en el Estado español!)

En segundo lugar, y sobre todo quizás, era y es necesaria porque, de acuerdo con toda la doctrina de los derechos humanos, las víctimas de la barbarie, particularmente cuando esta ha sido organizada desde los aparatos del Estado, han de ser reconocidas, su honor restablecido y han de ser recompensadas en la medida que sea posible.

Era una ley oportuna:

Primero, porque 30 años después del fin de la dictadura y del inicio del camino constitucional democrático parece que ya era hora de cerrar dignamente la transición de la dictadura a la democracia, es decir con un acto de justicia y de reconocimiento hacía los que habían luchado por la libertad y la democracia, hacía los que habían sufrido persecución, hacía todas las víctimas de la violencia, de la barbarie que desató la sublevación militar de 1936 contra la República.

En segundo lugar, era oportuna porque hay un consenso mayoritario de que la democracia ya no tiene vuelta atrás actualmente, había un consenso para planetarla, una mayoria social contra las mentiras de Estado y una mayoría parlamentaria suficiente para aprovarla.

En este sentido, ERC fue desde el primer momento de la legislatura un grupo impulsor de esta ley. Nos gustó, y seguimos valorando, el gesto del presidente del Gobierno leyendo la carta de su abuelo republicano.

Sin embargo, hoy nos encontramos ante la disyuntiva de presentar un veto porque el Proyecto que tenemos sobre la mesa no responde a las razones que la hacían necesaria y no cierra de manera abierta, clara y transparente el negro periodo de la dictadura y se mantiene aún en algunos de los grises y los claro-obscuros de la transición.

Tenemos la sensación que una vez más en una cuestión básica, como sucedió con el Estatuto de Autonomía de Catalunya, quien ha arrastrado al gato al agua ha sido esa derecha que en demasiados aspectos se encuentra aún anclada en un concepto trasnochado, centralista, borbónico del Estado, en un concepto del nacionalismo español intolerante, de matriz franquista, sí, un nacionalismo español víctima de demasiados años de formación del espíritu nacional bajo la dictadura, esa derecha que aún a veces da cobijo a la extrema derecha que se pavonea paseando los símbolos del franquismo.

Esta ley debería haber cogido el toro por los cuernos y hablar con claridad de la sublevación militar de julio de 1936 como acto fundador de la barbarie que se desató en todo el Estado español y de la dictadura que la perpetuó, y sobretodo hablar con claridad de las víctimas, de todas las víctimas, sí, de cualquier ideología, pero de todas, y singularmente de aquellas que el Estado nunca aún ha reconocido como tales, cuyo honor y dignidad no ha reconocido, cuyos derechos no han sido reconocidos.

Los senadores que me honro en representar hoy ante esta comisión hemos resumido en 16 puntos lo que a nuestro entender debería haber sido el contenido de la ley. La piedra de toque para nosotros debería haber sido el reconocimiento de las víctimas como sujeto de derecho y como corolario 1) la anulación de todas las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales especiales de represión del régimen franquista y 2) la restitución de la mejor manera posible de todos los bienes, derechos y honores a todas las víctimas.

Luego puede venir, sin menoscabarlo, lo único que las víctimas han tenido siempre: la poesía, que como decía el poeta es una arma cargada de futuro; claro, porque desde la dignidad da fuerza para continuar luchando por los derechos de las víctimas, por las indemnizaciones y por recuperar los bienes incautados.

Hoy, a la espera de exponer mejor en el Pleno nuestros argumentos, terminaré aquí poniendo de relieve esta cuestión tan prosaica, que esta ley refleja también la resistencia del Estado a reconocer derechos que dan derecho a indemnizaciones y a restituir lo que sin cortapisas, ni vergüenza, robó a instituciones, entidades, asociaciones y a tantos y tantos ciudadanos, después de despojarlos de sus derechos humanos y civiles.

Este veto es un veto de dignidad. Esquerra Republicana de Catalunya con este veto dice que la cuestión no queda zanjada; no queda zanjada políticamente, ni queda zanjada desde el punto de vista de las víctimas, de sus familiares y amigos, ni queda zanjada desde el punto de vista de los defensores de los derechos humanos, como han puesto de relieve asociaciones de tanto prestigio como Amnistía Internacional.

Gràcies, senyor president.

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