Fa una setmana, dilluns 26 de març, va comparèixer el ministre de Justícia al Senat per explicar les línies generals de la política del seu ministeri fins al final de la legislatura. Donada la importància de la compareixença, em vaig reunir prèviament amb la consellera Montserrat Tura i el secretari general del Departament de Justícia, Joan Mauri, per conèixer de primera mà quines eren les principals demandes que fem des de la Generalitat de Catalunya en aquest moment i poder-les plantejar en la meva intervenció. Com veureu, el nucli és evidentment el desplegament de l'Estatut que en el cas del seu Títol III de Justícia vol dir reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que està estancada en el Congrés de Diputats des de gener de 2006, quan el pacte Mas-Zapatero va estroncar les negociacions sobre esmenes concretes del seu articulat en tot allò que deia el projecte d'Estatut (encara conservo alguns dels esborranys amb què treballàvem i l'intercanvi de mails amb els assessors del ministeri). Ara, el minisiteri està molt tancat a assumir una reforma en profunditat, i des de Catalunya demanem que com a mínim obri la porta a tres qüestions bàsiques que planteja l'Estatut, a banda del tema essencial de la llengua: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a tribunal de cassació (com a mínim, que comencin amb els recursos en què es faci referència al dret civil català), la creació del Consell de Justícia de Catalunya i el traspàs del personal (com a mínim, que comencin per la gestió). Com sempre, però, els atacs forassenyats i els insults del PP al ministre van acabar tapant el debat sobre el desplegament de l'Estatut i les demandes de les Comunitats Autònomes amb competències de Justícia (bona part del que demanem des de Catalunya és assumit també per les altres Comunitats Autònomes), i vaig haver de subratllar el nostre suport al ministre davant el PP i davant la necessitat d'impulsar la renovació del Consell General del Poder Judicial. A continuació podeu llegir les meves intervencions i les respostes del ministre extretes del diari de sessions:

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones):
«Bon dia senyor ministre. Benvingut en aquesta Comissió de Justícia del Senat. Per a l´Entesa Catalana de Progrés és una satisfacció rebre un nou ministre que ha mostrat el seu tarannà dialogant i ferm, alhora, en la defensa de les seves conviccions democràtiques, que esperem que es tradueixi en un major acostament de la Justícia als ciutadans cosa que és indestriable de la seva adequació estructural i en actituds a l´Estat de les autonomies.

Començant en català, la meva llengua i la dels ciutadans i territoris que represento, vull subratllar la necessitat que aquesta cambra sigui realment la cambra territorial d´un Estat plural i, sobretot, la necessitat que la Justícia corregeixi aquest dèficit immens que és no entendre i no parlar la llengua de més d´una quarta part dels ciutadans que ha de servir.»

Buenos días, señor ministro. Con gran satisfacción en nombre propio y de Entesa Catalana de Progrés, es decir, de la coalición que formamos los senadores socialistas catalanes, de Esquerra Republicana de Catanlunya, de Iniciativa per Catalunya y de Esquerra Unida i Alternativa, y tercer grupo parlamentario de esta Cámara, le daba la bienvenida en mi lengua y en la de los ciudadanos y territorios que represento como un gesto de proximidad y respeto hacia un ministro que ha mostrado su talante dialogante y firme a la vez en la defensa de sus convicciones democráticas, que esperamos que se traduzca en un mayor acercamiento de la Justicia a los ciudadanos, cosa que es inseparable de su adecuación estructural y en actitudes al Estado plural compuesto, que se ha dado en llamar de las autonomías.

Empezando en catalán, quería subrayar la necesidad de que esta Cámara sea realmente la Cámara territorial de un Estado plural y, sobre todo, la necesidad de que la Justicia corrija este déficit democrático inmenso, que es no entender la lengua de más de una cuarta parte de los ciudadanos que ha de servir.

Su antecesor, con toda la razón, lo subrayaba en todas sus intervenciones: la Justicia es ante todo un servicio público y así debería ser percibida por los ciudadanos, mucho más que como un poder que demasiado a menudo les parece ajeno y hasta confrontado con la mayoría que se ha expresado democráticamente en las urnas.

Esta desconfianza y el temor a no tener una Justicia totalmente imparcial es un factor que inhibe a los ciudadanos a usar su propia lengua ante los tribunales, ante jueces y personal judicial que en ocasiones no conocen la lengua de aquellos que la Justicia ha de amparar. Este temor de los ciudadanos les sitúa de forma subrepticia en una posición de súbditos, intolerable en un país democrático. Cuántas veces no hemos oído incluso a abogados desaconsejar a ciudadanos y ciudadanas que ejercieran sus derechos lingüísticos en los juzgados para no perjudicar sus demandas. Esto, que se reproduce a diario no solo en Cataluña, sino en el País Valencià y en las Illes, en relación con el catalán, también sucede -como han subrayado anteriormente- en Galicia, en el País Vasco y en Navarra. Esto se debe corregir, y una de las maneras en que usted y nosotros podemos hacerlo es modificando la legislación para que se cumplan, al menos, las previsiones del artículo 9 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias -suscrita por el Estado español- y, sobre todo, el artículo 102, en nuestro caso, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por esta Cámara, refrendado por el pueblo de Cataluña y plenamente vigente, que establece que los magistrados, los jueces y los fiscales que ocupen una plaza en Cataluña han de acreditar un conocimiento adecuado y suficiente del catalán para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

La Justicia como servicio público en un país democrático solo es posible si cumple sus propias normas y es por ello que es imprescindible que, sin más retrasos, se proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos órganos, y en particular su Presidencia, deberían ser conscientes de su falta de legitimidad y, más allá de sus particulares sensibilidades ideológicas, políticas y partidistas, deberían moderar las formas de su discurso y adecuar su contenido al cumplimiento estricto de las leyes, que, sin torcerlas para nada, señor Conde (referència a la intervenció del portaveu del PP), dejan margen suficiente para actuaciones diversas cuya definición no corresponde a los órganos judiciales ni al órgano de gobierno de la judicatura, sino al Parlamento y al Gobierno. Sepa, señor ministro, que en esta cuestión tiene todo el apoyo de Entesa Catalana de Progrés. Hay que renovar ya el Consejo General del Poder Judicial y hay que terminar con el partidismo en los órganos constitucionales, que no pueden obviar la voluntad de los ciudadanos expresadas en referéndum. Si esto no se corrige llegará el día en que renunciaremos a recurrir a ellos y les aseguro que eso será una mala noticia para el Estado democrático compuesto y para un futuro en común de los pueblos del Estado.

Nos ha hablado usted de la reforma en curso de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto a la cual queremos insistir en la necesidad de que dé respuesta a todas las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a que, por lo tanto, en lo que queda de legislatura demos los pasos necesarios para que se abra la puerta -al menos abrámosla- al cumplimiento de los tres capítulos de que consta el Título III del Estatuto catalán. Y, además de la cuestión lingüística ineludible que ya he planteado anteriormente, voy a subrayar tres cuestiones más fundamentales y mínimas para Entesa y para el Gobierno de Cataluña:

La primera es que se den pasos efectivos para que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia jurisdiccional en Cataluña, tal como usted ha dicho, empezando por adecuar la legislación para que el Tribunal Superior de Justicia conozca los recursos de casación civil sobre Derecho Civil propio -y fíjese que me estoy limitando, sobre Derecho Civil propio- y los recursos mixtos, es decir, conjuntos sobre Derecho Civil propio y Derecho Civil común, independientemente de cuál sea la sede territorial de los órganos jurisdiccionales que hubieran dictado las resoluciones objeto de recurso.

En segundo lugar, que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilite la creación de los consejos de Justicia con el contenido mínimo necesario de acuerdo con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña y también del de Andalucía -que, por cierto, en su artículo 144 tiene apartados exactamente literales del catalán, del Estatuto del País Valencià y del de las Illes Balears, recientemente aprobados, y por lo que podemos presagiar, previsión que también estará seguramente en otros estatutos de autonomía como el gallego, que esperemos que se aprueben en un futuro-.

Y, en tercer lugar, que se empiece a dar cumplimiento a lo previsto en nuestro Estatuto sobre medios personales y medios materiales de la Administración de Justicia, y muy especialmente que dentro del respeto al estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia reformemos la Ley Orgánica del Poder Judicial para establecer la competencia ejecutiva y de gestión en materia de este personal por parte de la Generalitat de Cataluña. En relación con esta cuestión, además, se han pronunciado siete comunidades autónomas de las nueve que tienen competencias en Justicia en la reciente reunión del 17 de marzo en Santiago de Compostela, solicitando justamente la modificación del Libro VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se complete el proceso de transferencias sobre los secretarios judiciales, médicos forenses y resto del personal, a la vez que demandan que, mientras no se complete el proceso de transferencias plenas, se les traspase la gestión de la oferta de trabajo público y los concursos de traslado. En este sentido me gustaría contar con el apoyo del Partido Popular y particularmente con el del señor Conde, hoy tan preocupado por la interinidad en Cataluña, porque justamente estas medidas van a servir para corregirla.

En otro orden de cosas, la reforma en curso del Estatuto del Ministerio Fiscal debería tener en cuenta las previsiones del Estatuto de Cataluña, cuyo rango jurídico como parte de nuestro corpus jurídico fundamental no deberíamos olvidar nunca.

Igualmente, en relación con el Estatuto está otra cuestión fundamental para nuestro grupo y nuestro Gobierno como es la aplicación de su artículo 147.1, que conlleva el desplazamiento a la Generalitat de Cataluña de la competencia ejecutiva en materia de selección y provisión de notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, lo que se traduce necesariamente en la adaptación de algunos procesos y previsiones contemplados en la legislación vigente en relación con las convocatorias de oposiciones a la participación de la Generalitat en la elaboración de los programas de acceso a dichos cuerpos a los efectos de la acreditación del conocimiento del Derecho catalán. Por otro lado, la atribución a la Generalitat de Cataluña de la competencia ejecutiva sobre demarcaciones notariales y registrales conlleva necesariamente que las disposiciones relativas a dicha materia -que está ultimando el Gobierno en estas fechas- contengan cláusulas de salvaguarda de la competencia autonómica que permitan su pleno ejercicio.

Me he referido a la reunión de comunidades con competencias en Justicia cuyas demandas no debería desoír el ministerio, y entre ellas están también éstas:
- reforma del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el ciudadano pueda escoger la lengua en que quiera dirigirse a la Administración de Justicia -tal como subrayábamos anteriormente-,
- creación de unidades de valoración integral de la violencia de género dentro de los institutos de medicina legal
- y la participación en la gestión de las cuentas de depósito y consignaciones judiciales y de sus rendimientos en función del volumen de la actividad judicial de cada comunidad autónoma y del coste de los servicios, así como la gestión de las tasas y multas fijadas por los juzgados.

A este respecto, quiero subrayar que este senador promovió una moción que finalmente fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Senado en noviembre de 2005 para que el Gobierno estudiara el traspaso o la participación de las comunidades autónomas en la gestión de dichas cuentas y tasas y aún no hemos recibido respuesta alguna del Gobierno.

Señor ministro, nos gustaría que en la relación con la Cámara diera usted un nuevo paso de diálogo y respeto mutuo y tuviera en cuenta las iniciativas que aprobamos aunque no tengan el rango de ley, particularmente aquéllas que, además, han conllevado un gran esfuerzo de negociación -con participación de hecho de los asesores del propio ministerio- para conseguir acuerdos unánimes de la Cámara.

En relación con esta cuestión quiero recordarle también la reciente aprobación por el Pleno de una moción sobre la Ley concursal y sobre la administración concursal que necesita algunos ajustes -algunos ya previstos en el propio desarrollo reglamentario de la Ley concursal, como la revisión del baremo de los administradores concursales-, para que el gran esfuerzo de modernización que supuso su entrada en vigor y el inicio del funcionamiento de los juzgados mercantiles no se vea defraudado.

Voy terminando, aunque me dejo muchas cosas en el tintero inevitablemente, pero teniendo en cuenta el retraso de nuestra Justicia en modernización y adecuación al Estado de las autonomías es inevitable dejarse muchas cosas. Ahora bien, no quiero olvidar en esta intervención que para aproximar la Justicia a los ciudadanos justamente es necesaria la modernización de la jurisdicción voluntaria -a la cual usted ya se ha referido, pero quiero subrayar que nosotros también estamos por la labor- y el necesario establecimiento y modernización de la Justicia de proximidad, que ya sabe que desde Cataluña siempre se ha considerado una prioridad -aunque parece que al representante del Grupo Parlamentario Popular no le guste tanto-.

Decía que voy terminando pero no quiero hacerlo sin referirme a los registros y a la exigencia de modernización urgente, a la grave situación de estos años del Registro Civil Central, que no termina de adaptarse al alud inmigratorio, situación que conlleva agravios para ciudadanos que tienen hijos, que quieren casarse o que han perdido a un familiar, y que se demoran meses en hacer una simple y vital gestión de obtención de certificados, a veces con graves perjuicios personales.

Como es un grave perjuicio personal y moral que aún suframos discriminación lingüística en los registros de nuestro país y que el ministerio no acabe de atajarlo, entre otras cosas con la publicación de un reglamento taxativo de la ley que aprobamos hace dos años. Y de paso les recuerdo otra moción aprobada por unanimidad en esta comisión en el mes de noviembre pasado, que les instaba a aprobar las disposiciones reglamentarias necesarias para aplicar esta Ley 12/2005 y a dotar las oficinas del Registro Civil en las comunidades autónomas que tienen lengua propia de los medios materiales necesarios para que puedan realizar los asientos en dichas lenguas. Me alegra que usted haya citado dicha ley y la próxima publicación del reglamento para la creación del registro de seguros de vida porque fue una iniciativa y proposición de ley de nuestro grupo parlamentario y, justamente, estábamos pendiente de la aprobación de este reglamento.

Tenemos mucho trabajo, señor ministro, y subrayo tenemos porque vamos a colaborar con usted en todo su propósito de modernizar la Justicia y acercarla a los ciudadanos. Esperamos llegar a acuerdos, necesarios para desbloquear la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y adecuar la legislación al nuevo desarrollo estatutario. Ésta creemos que es la mejor respuesta a los aspavientos de alguna oposición. Sepa que nosotros sí que le deseamos los mayores aciertos, y que cuenta con nuestra simpatía y nuestro apoyo ante algunos embates de algunos sectores, desmesurados en la forma y en el fondo, que no aciertan a aceptar las reglas del juego y los resultados electorales, que no aciertan a comprender que entre elección y elección los Gobiernos tienen el margen que les dan las leyes para decidir y gobernar. Impulsen el diálogo y la negociación, cumplan con su compromiso para conseguir la paz, cumplan sobre todo con los estatutos de autonomía y tendrán todo nuestro apoyo.

Muchas gracias.

A continuació recullo les parts de la resposta del ministre que més incideixen en els temes que li vaig plantejar i que ell va anar responent en algun cas directament i en altres dins de respostes a altres grups menors que havien intervingut abans que nosaltres. Més avall, trobareu la meva segona intervenció en què puntualitzo algunes interpretacions del ministre i invito el PP a moderar-se.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Fernández Bermejo): Muchas gracias, señora presidenta.

Les agradezco a todos ustedes la atención que compruebo me han prestado puesto que todas sus respuestas giran en torno al eje de lo que se ha planteado. Sus aportaciones en general me parecen muy dignas de tener en cuenta. Digo en general porque sólo me puedo referir a las constructivas; las que tienen como finalidad frustrar la labor de este ministro van a ser difícil que las comparta no por falta de costumbre, simplemente por su contenido. Es evidente que de lo que hablamos aquí es de construir, al menos la mayoría, y a eso vamos, a intentar construir pero tejiendo permanentemente, sin permitir que otros destejan. Es, en definitiva, la consecuencia de la poca afición al penelopismo que uno tiene; se trata de acercar, de crear espacios de convivencia; a eso viene aquí la mayoría, y a esa mayoría me dirijo cuando digo que agradezco enormemente sus aportaciones.

(...)

Es cierto que es necesario hacer un esfuerzo democratizador en el ámbito de la Justicia y de adaptación al mapa del Estado, en definitiva, al modelo de Estado que tenemos, el de las autonomías. Considero esencial el esfuerzo democratizador, que tendrá caminos diversos y que seguramente transitaremos juntos. Por lo tanto, es necesario que nos planteemos lo que vamos a hacer con los Consejos, si es que el modelo nos parece idóneo para seguir andando en esa labor democratizadora. Es necesario, además, que acerquemos posturas en el tema de la Planta Judicial. A usted (es refereix al portaveu del BNG) le parece que las competencias exclusivas son la única respuesta posible y a mí me parece que perder de vista el conjunto del Estado, cuando se trata de hacer Planta puede ser un error, pero seguramente tendremos mucho que hablar en este tema cuando retomemos la cuestión.

Se trata, en definitiva, de hacer camino y de establecer puntos en que nos aproximemos. Igual que yo no creo que la única visión pueda ser la central, es evidente que la periférica -y estoy hablando desde donde nos encontramos, no me confundan- puede ser también una visión parcial. Creo que del encuentro de ambas visiones surgirán fórmulas que nos permitan caminar.

Estoy plenamente de acuerdo con los planteamientos que ha hecho en relación con la lengua. No es usted solo el que los ha hecho, pues se trata de una reivindicación de todos los grupos nacionalistas; no podía ser de otra manera y yo no podría dar otra respuesta que la que doy. Creo que hay que avanzar en el tema de las lenguas, porque aunque se han hecho algunas cosas, son pocas y habrá que continuar haciendo. Es cierto que en las oposiciones y concursos de todos los cuerpos hemos introducido la valoración del conocimiento del idioma como mérito. Es verdad que el año pasado por primera vez se valoró el conocimiento del idioma en un concurso de traslado de secretarios. Sé que les puede parecer poco bagaje, seguramente a mí también; es un camino que no está suficientemente transitado. Es verdad que estamos utilizando ya el formato bilingüe en formularios, modelos y aplicaciones informáticas que dependen de nosotros y que tienen que usar los ciudadanos, como los modelos de ingreso y cobro de cantidades generadas por la aplicación de la cuenta de consignaciones. Puede parecer poco, pero seguiremos avanzando en ese tema. Es cierto que desde el Centro de Estudios Jurídicos se firman convenios de colaboración con las comunidades autónomas para que los cuerpos nacionales adquieran formación en lenguas cooficiales y en derecho autonómico; es verdad y no puede negarse, aunque seguramente tendremos que profundizar. Es convicción de quien les habla que los ciudadanos tienen derecho a expresarse ante la Administración de Justicia en la lengua que les es propia, y en ese camino me van a encontrar, esto es, en el del reconocimiento.

Creo que seguimos hablando el mismo lenguaje cuando nos referimos a la Ley Orgánica de regulación del Tribunal Constitucional que se encuentra en tramitación. En definitiva, se prevén los cambios que se prevén, dando entrada a la sensibilidad autonómica en este tema. Es posible que a usted le parezca poco, como es posible que a otros les parezca inaceptable y a muchos una fórmula, pero me considero que el camino del encuentro es un buen camino para seguir avanzando en un itinerario en el que debe quedar reflejado el Estado de las Autonomías en todos los ámbitos. Estoy de acuerdo con usted en que la Conferencia Sectorial es el entorno en que debemos encontrar muchos puntos en común. Ya dije en el discurso que era mi intención convocarla para antes del verano.

Usted ha planteado, y no solo usted, el bloqueo de la renovación en el Consejo General del Poder Judicial. Este es un tema que desde que llegué puse encima de la agenda política. Parece que eso esta mal para algunos, aunque yo creo que no. Considero que expresar exactamente cuál es el punto de vista que uno trae acerca de algunas instituciones claves, de las que depende en definitiva la independencia del Poder Judicial, no es en absoluto algo que pueda calificarse de mal. Se podrá disentir de los tiempos o, incluso, de la necesidad, pero parece difícil poder reprochar a alguien que exija que la legalidad se cumpla, y eso es lo que yo vengo diciendo.

No volveré a retomar el tema de si, como se ha dicho, yo he lanzado poco menos que al Séptimo de Caballería contra el Consejo, porque yo no he lanzado a nadie contra nadie. Me he limitado a expresar lo que hay, y lo que hay es que el Partido Popular no quiere esa renovación, pues parece que está cómodo con lo que hay. Yo no estoy ni dejo de estar cómodo con lo que hay; digo que las leyes están para cumplirlas y que estoy abierto a toda negociación, la cual no debe ser obstaculizada sin otra razón que el interés de quien no quiere pactar. Eso es lo que he dicho y, por tanto, a eso es a lo que habrá que responder y no a una pretendida carga contra una institución que jamás ha existido, como no ha existido ninguna carga contra la Sala del artículo 61, faltaría más, ni contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo comprendo que haya quien espere eso de mí. Sin embargo, después de anunciar que yo venía como parece que venía, ahora resulta que yo no venía como venía. ¿Como explicamos eso ahora a la ciudadanía, a la que le hemos dicho que viene el lobo, y el lobo no aparece? Me parece que en este país se cuentan cuentos, algunos muy conocidos, el del lobo es uno de ellos y ya saben cómo acabó, cuando vino el lobo de verdad; no sé quién será ese, yo no.
(…)

Muchas gracias también al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrès. Valoro especialmente las apreciaciones que me hace el señor Bofill en su lengua materna. Hace bien. Le he entendido, aunque no hablo catalán, pero se entiende bien cuando se habla despacio y con corrección gramatical como usted, aunque mejor le entendí luego en castellano. Ahí me enteré del todo. Ya había cogido la onda. En todo caso, muchas gracias.

No le responderé sobre lo que pienso de que una cuarta parte de las personas de su comunidad autónoma no puedan hablar en su lengua ante la Administración de Justicia. Todos deberán poder hacerlo y en eso voy a trabajar. No le reiteraré lo que pienso sobre la renovación del Consejo. Sí le matizo que necesitamos acercar posiciones en el ámbito del Parlamento. Sé que necesitan acercar posiciones en materia de revisión de las sentencias mixtas en que se aplica Derecho catalán y general. Habrá que acercar posiciones, pero no debiera ser ese aspecto de la cuestión un inconveniente para que ustedes apoyaran la Ley Orgánica del Poder Judicial que, como sabe, da un paso de gigante en el diseño del Estado autonómico en materia de Justicia puesto que, en definitiva, lo que va ahí es la regulación de la casación de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución. Por no hablar de la doble instancia penal, donde también el efecto que se produce es el de una mayor proximidad de la Justicia penal al ámbito de las comunidades autónomas.

Estamos trabajando intensamente en lo que afecta al ámbito del notariado para hacer posible que se produzcan pronto las convocatorias pendientes. Nos hemos reunido hace escasamente diez días con la consejera de la Generalitat para acercar posiciones y hacer posible que desbloqueemos la actual situación. Yo soy el primer interesado. La gestión del resto de transferencias que pueden derivar del estatuto es algo que nos ocupa en este momento. Comprenderá su señoría que el estatuto se aprobó, que está sometido a un recurso aunque, obviamente, eso no tiene efectos suspensivos y habrá cosas que podemos hacer, y lo haremos.

Estoy absolutamente de acuerdo en que en materia de registros tenemos que mejorar muchísimo. No voy a entrar en matices, pero sí quisiera decirle que estamos avanzando seriamente en actuaciones concretas en materia de registros con el plan de registros on line, al que me refería, como una aplicación del Plan Avanza del Gobierno. Se trata de actuaciones muy concretas. Entre otras cosas, estamos digitalizando los archivos y los libros registrales para intentar establecer esa conexión a través de Infored y para que sea una realidad el que no solo los registros municipales sino también los de paz estén en línea y así podamos tener unos registros adaptados al tiempo en que vivimos, es decir, que no estén de espaldas a la realidad informática en que nos movemos en estos momentos.

En todo caso, le agradezco mucho sus apreciaciones. Sepa que estamos en la línea de acercamiento a la que continuamente me estoy refiriendo. Muchas gracias.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gracias, señora presidenta.

Yo también quiero agradecer al señor ministro su respuesta y el tono. Me sorprende (referència al portaveu del PP que em mirava). Le recomendaría al senador Conde que viera el video de la sesión. No tengo la sensación de que haya habido prepotencia (per part del ministre). Habrá habido opiniones distintas y alguna confrontación pero no he notado prepotencia por parte del señor ministro, y no creo que sea porque esté más o menos de acuerdo con sus posiciones políticas, porque en algunos asuntos seguramente que también discrepamos.

Agradezco también la respuesta a todos los grupos, porque creo que globalmente ha sido bastante satisfactoria. Después entraremos en el debate de las leyes y seguramente entonces tendremos que hilar más fino. Pero, por lo que se refiere a la comparecencia, me parecen totalmente exageradas algunas valoraciones.

Quiero hacer dos precisiones respecto a mi intervención anterior.

En primer lugar, yo no afirmo que haya una cuarta parte de los ciudadanos de Cataluña que utilicen el catalán, sino que una cuarta parte de los ciudadanos del Estado tienen una lengua distinta del castellano. La lengua propia de Cataluña es el catalán, es la lengua de los catalanes y, por lo tanto, los ciudadanos de Cataluña, todos, tienen derecho a utilizar la lengua catalana ante los tribunales o ante cualquier otra instancia. Este es mi punto de vista y, por lo tanto, cuando hablo de esta cuestión sumo los siete millones de ciudadanos de Cataluña, los seis (error de transcripció de les taquígrafes ja que no vaig donar xifra, el País Valencià tenia l'1 de gener de 2005, 4.692.449 habitants) millones del País Valenciano, etcétera, y digo que en el Estado español hay más de una cuarta parte de los ciudadanos que hablamos una lengua distinta del castellano, o, potencialmente, la estamos aprendiendo. Tenemos el derecho a utilizarla y además la situación lingüística de nuestro Estado es un hecho bastante considerable en el espacio europeo, aunque con frecuencia ello no se percibe desde las comunidades monolingües en la vida cotidiana, incluso un tanto por ciento que es muy alto -y me enorgullezco de esta realidad- de ciudadanos que no tienen cincuenta apellidos catalanes porque acaban de llegar se incorporan a la comunidad a través del catalán. Es la lengua más general en la mayoría de las instituciones públicas, como los colegios, etcétera, de modo que la convivencia se realiza en las dos lenguas pero el catalán juega un papel muy relevante.

Por ese mismo motivo, también quería decir que defender el derecho de los ciudadanos a usar la lengua no tiene nada que ver con el nacionalismo, es decir, no son (solo) los partidos nacionalistas los que están defendiéndolo, aunque también aquellos que se llaman nacionalistas defienden los derechos lingüísticos, evidentemente. Es la mayoría del arco parlamentario catalán, que está aquí representado por dos grupos parlamentarios distintos, defiende esto, incluso el Partido Popular también defiende la normalización del catalán en Cataluña, porque si no se vería realmente muy marginado y, siendo un grupo minoritario, todavía lo sería más.

Entro con esto en otra consideración, porque, cuando escucho al portavoz del Grupo Popular, uno tiene la tentación de responder. Creo que lo hemos demostrado en nuestro trabajo parlamentario, porque constantemente estamos negociando con el Partido Popular sobre cuestiones concretas, también en la tramitación de las leyes, con aportaciones positivas. Pero a veces creo que hay dos discursos y excesos en el lenguaje, señor Conde, y una senadora le ha dicho que tiene una cualidad retórica, (yo) pienso que se emborracha con las palabras y se enzarza. No lo veo como una virtud sino como un defecto, en cambio, le veo virtudes en otras cuestiones. Y cuando se ha referido, por ejemplo, a los interinos en Cataluña, le escucho con atención, porque está diciendo algo concreto, que a lo mejor responde a un problema concreto, y lo podemos analizar. Pero cuando se entra en el terreno de las descalificaciones es cuando no le entiendo.

No me da ningún miedo el Partido Popular. Me da miedo cierto discurso que tiende al enfrentamiento. ¿Por qué? Cuando entremos en el terreno de lo concreto sucederá como ha dicho el señor ministro: ustedes van a aceptar la mayoría de las leyes y las van a utilizar, como están haciendo respecto de los estatutos de autonomía. Además, entre otras cosas, le quiero recordar que los estatutos de autonomía vienen de la época de la República y que el camino lo inició Cataluña y luego el País Vasco. Pasado el tiempo, todos se han sumado. Y muchas comunidades autónomas donde ustedes gobiernan son las primeras en reclamar muchas de las competencias que nosotros reclamamos. Lo que pasa es que cuando lo hacemos nosotros se piensa en el diablo. Esto es lo que no es de recibo: descalificar lo que hacemos algunos para después hacer ustedes lo mismo pero de otra manera. Esto no es de recibo, porque en un discurso político así les parece un enfrentamiento y que es lo que vende. Por tanto, les pediría que renuncien a este discurso, incluso seguramente encontraremos terrenos de entendimiento, porque desde las comunidades autónomas se ven de una manera, desde el Gobierno del Estado se ven de otra y seguramente que en este terreno incluso con el Partido Popular nosotros, que somos una opción de izquierda, tendremos puntos de encuentro. Me parece que es por aquí por donde debemos avanzar, no con este discurso de permanente descalificación y enfrentamiento, reiterando que España se rompe.

¿Se rompe España porque se creen consejos de Justicia, que en el Estatuto de Andalucía luego también figuran? El otro día vino una delegación del Land de Hesse a explicarnos sus competencia y la Comisión de Justicia de dicho land tiene todas las competencias, y no conozco que el Estado federal alemán se haya roto, ni mucho menos.

Por eso, me sorprenden algunas afirmaciones y creo que es bueno que hablemos de esto. Me encanta que exista esta Cámara, esta institución y que podamos decirnos estas cosas con tranquilidad. Además creo que el tono del señor ministro ayuda mucho a este diálogo. Y creo que ustedes también deberían reconocerlo.

Muchas gracias

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