El tema dels "papers" expoliats pels franquistes porta, i portarà, cua. En primer terme, perquè hi ha una resistència centralista, espanyolista, provinciana, franquista declarada i franquista residual, que acaba debilitant la voluntat política d'aquells que saben que la devolució és "justa i necessària", però que alhora tampoc no senten l'espoli com si s'hagués produït en carn pròpia, i, a més, per a ells finalment tots som espanyols, Salamanca és Espanya i el mal anomenat Arxiu de la Guerra Civil és a Salamanca a disposició de tots els espanyols. El 13 de març va comparèixer la ministra de Cultura al Senat per donar explicacions sobre la qüestió dels papers bascos, a continuació reprodueixo la meva intervenció i la resposta de la ministra (aquí podeu accedir a tot el diari de sessions):

Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies senyora presidenta.

(El señor Bofill Abelló inicia su intervención en catalán, que se reproduce según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Bon día, senyora ministra, benvinguda en aquesta Comissió de Cultura. És una satisfacció saludar-la, rebre la ministra que va portar a bon port l´aprovació de la Llei de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents incautats pels franquistes».

Decía que es una satisfacción recibir a la ministra que consiguió la aprobación de la Ley de restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados por los franquistas. Ahora lo único que le pedimos es que la faena termine bien.

Mi grupo parlamentario considera positiva la iniciativa del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y por ello nos gustaría solicitar que se diera luz verde a la negociación, pero dado que la señora ministra ha señalado que la negociación ya existe, solo nos queda esperar que en estos contactos con el Gobierno vasco se aborde la restitución de los originales de los documentos, porque me parece un caso de justicia.

Por otro lado, creo que hay otros asuntos pendientes, como la restitución a los municipios -en particular, a los catalanes- de mucha de la documentación depositada en Salamanca. El Gobierno prometió que se abordaría esta cuestión durante la tramitación de la ley de la memoria histórica, pero es algo que todavía está pendiente.

Por lo que se refiere a los papeles vascos, estoy de acuerdo con el senador Maqueda en que el País Vasco debe recibir el mismo trato que Cataluña; sin embargo, me ha parecido un poco desafortunada su referencia a los ciudadanos de segunda [el senador Maqueda del PNB havia dit: "los ciudadanos vascos nos podemos sentir como ciudadanos de segunda frente a los ciudadanos catalanes"], entre otras cosas porque si hay algo que realmente nos hace sentir diferentes -y en lo que nos gustaría ser como los vascos-, es en todo aquello que hace referencia a la financiación y al concierto económico, que realmente es lo que marca la categoría y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

En cualquier caso, y dejando esta cuestión de lado, quiero recordar que la requisa en el País Vasco fue el prolegómeno de lo que posteriormente sucedió en Cataluña, y estaba guiada por la misma lógica represiva. Así, el 26 de abril de 1938, el ministro de Gobernación, Serrano Súñer, a través de un decreto, creó la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos con el fin de formalizar un organismo que un año antes ya estaba funcionando en el País Vasco, durante la campaña de Franco en el norte. Es importante tener en cuenta este dato porque me parece de justicia reconocer que el País Vasco, en realidad, fue el lugar en el que se experimentó lo que posteriormente sufrimos los demás.

Además, se experimentó en todos sus términos: se crearon las unidades operativas de registros y de requisa y se llevaban los documentos a Salamanca. Sin embargo, la finalidad de estas requisas no era la de crear ningún tipo de archivo histórico sino directamente represiva, hasta el punto de que, desde el primer momento en que se produjeron las requisas, también se produjo la restitución de documentos a aquellos que, por afinidad con el régimen, se consideró que no eran necesarios para la represión, de manera que la unidad de estos archivos fue destruida desde el primer momento por los propios autores de la requisa. Este organismo tuvo una primera sede operativa en Bilbao, y por ello hay un número importante de cajas que están etiquetadas con la palabra Bilbao, donde trabajó un equipo de clasificación que se encargó de recabar los primeros datos con el fin de proporcionárselos a los represores. E incluso se prepararon los datos relativos a los pueblos que aún no había sido ocupados para que, en el momento en que llegasen las tropas a ese lugar, pudiesen ir a buscar directamente a aquellos a los que tenían que fusilar, porque esto era así.

Me gustaría destacar -porque entra en una pequeña contradicción con sus afirmaciones-, que existe un informe del momento de la requisa en el puerto de Santander que señala la existencia de 113 cajas de documentación del Gobierno vasco, que debían haber sido embarcadas y formar parte de lo que el Gobierno vasco se llevó luego a París, pero que no llegaron a su destino sino a Salamanca. Es decir, que entre los documentos de Salamanca sí hay documentos que formarían parte de los que usted ha denominado constitutivos o fundamentales. En cualquier caso, desde mi punto de vista se debe aplicar un criterio más amplio, pero si nos ciñéramos a este, también habría que considerar esta cuestión, porque estamos hablando de documentos que deberían formar parte del archivo que actualmente está en Artea; es una cuestión de lógica.

Por otro lado, en la sede del Gobierno vasco en Barcelona se llevó a cabo una requisa muy importante. Existe un gran número de documentos o de fichas de los 75.000 refugiados vascos que estuvieron acogidos en Cataluña, y que también fueron trasladados a Salamanca. Asimismo, en el registro que se hizo en la Delegación de Asistencia Social, en Barcelona, se incautaron alrededor de 75.000 fichas y listados de niños vascos refugiados en Bélgica, Suiza e Inglaterra, que luego sirvieron para que el Gobierno de Franco reclamara la vuelta a España de algunos de ellos, sacándolos de las familias en las que estaban acogidos.

Debemos tener en cuenta que la requisa se llevó a cabo contra un Gobierno vasco legítimo, y en este sentido sí que existe un paralelismo entre la situación catalana y la vasca, porque en ambos casos estamos hablando de países que teníamos un estatuto de autonomía, un Gobierno legítimo y unas instituciones que fueron objeto de una especial persecución. Creo que en el caso vasco, como en el catalán, se debe restituir lo expoliado y, fundamentalmente, los documentos originales. Entiendo que el Gobierno vasco, en una primera etapa, se haya conformado con las microfilmaciones porque eso les ha permitido empezar a trabajar, pero subyace una cuestión de tipo moral que se refiere a los documentos originales.

Por lo que se refiere a los documentos catalanes, me voy a referir a una cuestión de actualidad: todavía no han sido devueltas todas las cajas de la Generalitat. Algunas quedaron aparcadas, y estamos pendientes de que lleguen de un momento a otro. Esperemos que sea así.

En relación a los particulares, a los que usted ha hecho referencia, me alegra saber que en el País Vasco se va a iniciar el proceso previsto en la ley; sin embargo, en el caso catalán, la propia ley de restitución de los documentos a la Generalitat preveía que se daría un trato especial a los particulares. De hecho, los plazos previsto en la ley han expirado y, por ello, el pasado 6 de marzo un conjunto de entidades y de supervivientes de la catástrofe le dirigieron una carta -que supongo que tendrá sobre la mesa- solicitando que aceleren los trámites. Usted debe de saber que Carles Fontseré, conocido fundamentalmente por su actividad como cartelista -también tenía otras vocaciones, como la de novelista-, ha muerto a principios de este año y lo ha hecho sin poder ver en su casa aquello que se llevaron por la fuerza de las armas.

Existen otras personas en situaciones similares, de hecho, algunos son amigos personales y están viviendo el hecho de que la biblioteca personal de sus abuelos esté en Salamanca, que es algo absolutamente increíble. Por ello, estamos pendientes de que se dé una respuesta positiva. Le voy a leer un párrafo de la carta que he citado y que dice: Creemos que no hay ninguna razón hoy por la que no deba cumplirse lo previsto en la ley y que sin demora se proceda con los pasos establecidos. Ni los procesos electorales ni otras circunstancias políticas deben interferir en el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones hacia los ciudadanos. La compensación por una injusticia cometida contra miles de ciudadanos y entidades de Cataluña ha de ser una prioridad para un Gobierno democrático.

De todas formas, quiero que sepa que no tengo ninguna duda con respecto a su actitud, que ha sido intachable en todo aquello que afecta a esta cuestión. Sin embargo, no entiendo que no haya seguido en esta misma línea y, por ello, espero que termine la legislatura con esta cuestión zanjada.

Hace quince días se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción, creo que por unanimidad, que justamente solicitaba lo mismo que están pidiendo estos particulares: que se lleven a cabo los trabajos de acreditación de los documentos, fondos documentales y otros efectos incautados en Cataluña y que, previamente, fueron identificados por la Generalitat de Cataluña y remitidos al Ministerio de Cultura en el mes de octubre de 2006, con el fin de que, una vez realizados, pueda reunirse la comisión mixta Ministerio de Cultura y Generalitat de Cataluña para proceder a la ejecución del mandato legislativo. Es decir, existe cierta presión en Cataluña, se está volviendo a activar un movimiento ciudadano y la Administración debería evitarlo y dar una respuesta, de manera que sea innecesaria la reactivación de ese movimiento reivindicativo.

Por otro lado, queda pendiente el problema que he citado de los municipios, pero será más complicado de resolver porque está relacionado con la tramitación de la ley de la memoria histórica. No creo que éste sea el momento adecuado para debatirlo y quizá tampoco deba ser usted quien nos responda.

Por lo demás, sepa que contará con nuestro apoyo a la hora de tomar estas decisiones, que son simples cuestiones de justicia democrática.

Muchas gracias

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

Prácticamente todas sus señorías lo han manifestado, con diferentes contenidos y seguramente con diferente intención: es evidente que debatimos sobre algo que importa, y mucho. Pero no por razones coyunturales, sino porque la historia importa. Importa también cuando ha sido injusta, trágica y violenta, y sigue gravitando sobre nuestra vida; sobre la vida colectiva y sobre la individual de las personas que sufrieron la violencia de ver expoliadas sus casas, sus bibliotecas, sus cajones, sus cartas, sus fotografías o sus documentos. Y como esto es una verdad que no podemos someter a discusión, porque cuando las verdades son objetivables es que existen y solo podemos mirarlas y situarnos frente a ellas, es lógico que mantengamos muchos debates sobre estas cuestiones. Por otra parte, es sano que lo mantengamos, y mucho más que se celebren en las Cortes Generales, y, como es natural, lo adecuado es que lo hagamos en el seno de la Comisión de Cultura del Senado, con sus señorías. Así que actuamos dentro de la normalidad democrática y de un modo democráticamente sano, dicho sea de paso, puesto que este país y nuestra sociedad democrática se pueden permitir por fin hablar -y hablar con tranquilidad- de cuestiones nada honrosas de su pasado y encontrar las soluciones que quieran encontrar.

Es verdad que aquí nadie, absolutamente nadie, tiene ningún derecho a indicar lo que cada cual quiera sentir, pensar, pedir, desear o decidir; nadie: ningún individuo ni colectivo ni grupo, sea partido político, grupo parlamentario o institución. Así que quiero que sepan sus señorías que siempre me siento extraordinariamente cómoda en un debate de estas características, y mucho más si se celebra en la sede donde reside la soberanía de los españoles y participo en él como ministra y como ciudadana.

De todos modos, hay unas cuantas cuestiones que, por más que se repiten, no conseguimos que se acepten como verdades. Lo digo dejando aparte lo que de subjetivo tienen todas las cosas, respecto a lo que cada cual adopta la postura que quiere. Vamos a ver: En primer lugar, todos coincidimos en que este archivo tuvo su origen en una situación absolutamente violenta, ilegal e ilegítima contra una Constitución. Con esa premisa ya sabemos que tendremos problemas, pasen los años que pasen, muchos o pocos.

En segundo lugar, de ese archivo salieron muchos documentos durante el franquismo; a ver si conseguimos que se enteren de esto los españoles. En esto también coincidimos todos, y no porque mi modesta persona lo esté diciendo, sino porque las hemerotecas de este país indican que en los años cincuenta y sesenta se les devolvieron documentos a familias -con nombres y apellidos- afectas al régimen, colaboradoras con la dictadura, que los pidieron. En este punto habría que preguntarse dónde estaban todos los que ahora se rasgan las vestiduras mañana, tarde y noche por la unidad del archivo. Estarían allí, en Salamanca. Por edad, muchos de ellos todavía están vivos, y estarían allí. Tuvieron que ver con sus propios ojos cómo salían aquellos documentos para familias con nombres y apellidos -repito-, que se sentían muy cómodas con la dictadura. Vamos a ver si conseguimos que el Senado de este país aclare esta segunda cuestión a los ciudadanos para que quede absolutamente claro que es una cuestión de muy largo recorrido. Tan largo como el de cualquier individuo que viera cómo le expoliaban ilegítimamente su casa tras un golpe de Estado contra la democracia y contra las instituciones legítimas. Es así; en esto estamos. Salieron muchos documentos de Salamanca en los años cincuenta y sesenta y hasta principios de los setenta. Cajas y cajas de familias que no nombraré, pero que tenían nombres y apellidos -repito de nuevo- que figuran en las hemerotecas y en el registro del Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca. Allí se daba la orden de salida, porque eran pagos a esas familias que habían apoyado el golpe militar de Franco.

Tercera cuestión. A ver si va quedándonos claro este asunto, porque conviene que se aclare. Este Gobierno no tienen ninguna cerrazón, como le he oído decir a alguna de sus señorías. Es el primer Gobierno democrático al que le ocurre todo lo contrario de la cerrazón, y reconoce que aquella fue una circunstancia trágica y dolorosa, ilegítima e injusta, y se pone manos a la obra. Pero no por ninguna coyuntura política, de ningún modo. Ahora, al cabo de casi tres años de legislatura -se cumplirán el mes que viene, en abril- puedo desmontar lo que dijeron todos aquellos que hablaban de pagos políticos. Se dijo que era el pago al tripartito; pero el tripartito desapareció, así que no pudo ser el pago al tripartito. Más bien fue una respuesta razonable, democrática y justa, al comienzo de una nueva legislatura. Al Gobierno de España y al ministro de turno se les había pedido 500 veces la restitución de los documentos que se les había expoliado a los españoles y de manera muchísimo más trágica a algunas instituciones. Lo digo para seguir el hilo del relato, el hilo de la verdad objetiva.

Así, este es el Gobierno que decidió hacerlo, aunque esta es una cuestión subjetiva: fue este Gobierno, y no el anterior, el que tomó la decisión. Sin embargo, voy a hablar del anterior, porque acabo de oír que han dicho: no estamos de acuerdo, no éramos partidarios... No es verdad; me refiero a los tres ministros de Cultura del Partido Popular. Alguno de ellos -y no voy a mencionar a ninguno, porque esto está también en las hemerotecas- reconoció incluso que había encargado a una comisión de expertos -existió otra comisión de expertos anterior a esta- un trabajo de investigación sobre los documentos que se podrían devolver. Es más, uno de esos tres ministros -en concreto una ministra- hace tan solo un año y medio reconoció en un programa de televisión que cuando ella era ministra también encargó a los técnicos que le dijeran qué documentos se podían devolver. Hay que tener en cuenta que a todos los ministros de cultura de todos los partidos políticos nos ha preocupado, terminando modestamente por mí misma, que la unidad funcional del archivo quedara intacta porque -lo han dicho sus señorías- una cosa es la unidad funcional del archivo, es decir, que todo lo que ahí ha ido a parar por las razones que sean siga estando allí para siempre para que los investigadores dispongan de toda la documentación que, dicho sea de paso, llegó allí en aluvión.

Alguien me ha preguntado por qué esa documentación está en Salamanca, y si se leen los libros de historia que todos hemos estudiado se comprueba que es porque fue la capital política del golpe de Estado, del alzamiento, y por eso se acumularon allí muchos materiales, entre otros los que van a servir para informar a la represión -lo ha explicado el senador Bofill con todo lujo de detalle-, y esto forma parte de la historia de España, que no nos la podemos ni inventar ni cambiar; solamente tenemos que conocerla y actuar democráticamente en relación con esas circunstancias, por cierto, con los mismos criterios con los que actuamos los españoles de hoy en día, es decir, con criterios de igualdad -porque todos los españoles somos iguales ante la ley-, con criterios de justicia y, además con procedimientos democráticos.

La quinta cuestión que quiero añadir es que este Gobierno -con la responsabilidad particular que yo asumo como responsable del Ministerio de Cultura- quiere que en esta legislatura este asunto deje de enturbiar de una vez por todas las relaciones políticas naturales y pacíficas de los grupos, de los partidos políticos, de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado, no porque nos encontramos en alguna coyuntura concreta, sino porque venimos arrastrando el problema a lo largo casi de estos treinta años de democracia, obviamente desde el día que a un señor o a una señora le abrieron el cajón de su casa y le quitaron sus fotografías. Y como no es posible sostener estas circunstancias eternamente, nos decidimos a adoptar una decisión respecto de este asunto -repito-, sobre el trabajo que ya se venía haciendo desde antes: acuerdos y convenios desde el año 1986 para microfilmar, decisiones de anteriores ministros relativas a qué documentos sí y que otros no. Por ejemplo, el último Gobierno socialista presidido por Felipe González tomó ya una decisión que se quedó sin ejecutar, porque se terminó la legislatura y hubo unas elecciones generales; y el propio Partido Popular, con sus tres ministros de cultura, dió vueltas al asunto para ver qué solución tomaba. Estamos todos en una misma situación, evidentemente cada uno con su posición y con su decisión final, asumiendo sus responsabilidades, vayan por delante las mías las primeras, de las que, por cierto, he sido absolutamente consciente, como no puede ser de otro modo, pero, además, convencida, por otro lado, de que esta era una situación que había que terminar y que habría que resolver.

El Gobierno llegó a la conclusión de que la mejor manera de resolver y afrontar esta situación y de no mostrarse cobarde frente a ella era hacerlo a través de una ley, porque es la vía que más seguridad jurídica da para no abrir lo que no hay que abrir, ya que no son comparables los documentos personales, privados, institucionales y originales que se expolian para reprimir y para desmontar la democracia española, con cualquier otra forma de acumulación de otras instituciones del Estado. Y puedo citar miles de ejemplos que en ocasiones, a lo largo de esta legislatura, he comentado en debates o como respuesta. Repito que esos documentos son bienes privados incautados, a diferencia de las piezas de arte o de otras circunstancias, y que tienen, por cierto, ese formato en nuestro país o en cualquier otro país. Pero no hay que olvidar que nos encontramos ante una guerra civil y lo que en ella ocurrió.

La UNESCO jamás se ha pronunciado sobre la unidad de archivos. Además, en este asunto la UNESCO está de acuerdo con el Tratado de Ginebra, es decir, que los botines y los expolios de guerra hay que restituirlos. Es precisamente lo contrario. Lo que dice Icomos, que es un organismo que asesora a la UNESCO en muchas materias, también sobre archivos -aunque no tiene evidentemente ningún poder vinculante en su asesoramiento- a través de archiveros de todo el mundo, es que los documentos que hayan llegado de manera ilegal, ilegítima, injusta, incluso trágica de un país a otro, de un lugar a otro, dentro incluso de un país, que por las razones que sea ya han llegado allí, que la unidad funcional y práctica de lo que allí ha ocurrido se puede mantener porque las técnicas hoy en día nos permiten todo: microfilmar, digitalizar, etcétera. Pero la UNESCO no puede decir otra cosa diferente de lo que dice el Tratado de Ginebra -que ha firmado España-, que es que hay que restituir los bienes culturales procedentes de zonas en conflicto, de guerras declaradas y que forman parte de los botines. Y podría parecer que solo en España nos encontramos en esta situación, pero en este momento Alemania, Austria y Hungría, sin ir más lejos, también se encuentran en un proceso de reordenación de sus archivos, después de tener que cerrar sus heridas -dificilísimas de cerrar- en torno a todas las tragedias que han ocurrido en Europa, especialmente en Europa central, después de la segunda guerra mundial. Si quieren ustedes que les ponga ejemplos: el ministro polaco y el ministro húngaro se dirigen a mí permanentemente en Bruselas diciéndome que algunos de los campos de concentración nazis siguen llevando el nombre de sus ciudades, y que les ayudemos para que, incluso por razones de honor, simbólicas, pacíficas, democráticas, dejen de llevar el nombre de sus ciudades, porque parece que hubiesen sido campos de concentración de sus respectivos países, cuando en realidad fueron campos de concentración nazis en ciudades y en países invadidos. Nos encontramos todos en la misma situación, porque no estamos hablando de piezas de arte normales y corrientes que se compran, que se venden, que se pueden expoliar, que acaban en un sitio o en otro, sino de documentos en los que va la vida y la verdad de lo que ha ocurrido, es decir, estamos hablando de otra cosa radicalmente distinta. Por eso no tiene nada que ver lo que ocurre en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca para los españoles, para las administraciones públicas, para los partidos políticos y para este Gobierno en concreto en esta legislatura, con cualquier otra cuestión. A la vista está -en alguna ocasión lo he dicho públicamente- que después de todos los augures que hablaban de que se abrirían todas las instituciones del Estado para repartirlas por el mundo mundial, a mi mesa, a la mesa de la ministra, no ha llegado ni una sola petición de nada, salvo la de la Dama de Elche que era para in sécula seculórum, y que ha ido y ha vuelto -y nadie ha recordado que ha vuelto quinientas veces-, y el Guernica, que se pide también durante muchos años debido a la carga emocional que estos asuntos tienen. Esto lo digo ahora -pues después de tres años las cosas están muy maduras y muy hechas-: no ha habido ni una sola petición de nada, salvo lo normal entre museos y entre instituciones, como préstamos temporales para que las instituciones existan, para que las exposiciones se hagan, para que los españoles disfruten de su patrimonio histórico, y punto. Repito que lo digo ahora, que ya han pasado las cosas, para que cada cual vaya resituando sus verdades y para que los medios de comunicación también trasladen una información que en estos casos es absolutamente sana, democrática y normal en la vida cotidiana, en este caso, de un ministerio, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, etcétera.

El Gobierno decidió que lo mejor era hacer una ley precisamente porque no estaba en aquello en lo que lo acusaban al inicio de esta legislatura, es decir, no íbamos a desmontar las instituciones del Estado, y lo decían en un tono de tragedia casi risible, no estábamos en ninguna tesitura de esas características, sino más bien en la contraria. Hicimos una ley, cuando se podía haber hecho un decreto de transferencia, porque no era una transferencia normal y corriente, no era una transferencia de las muchas que el Estado central ha ido haciendo a lo largo de la ejecución de nuestro modelo constitucional en treinta años de democracia. Era otra cosa diferente -precisamente ahí coincidimos todos- porque ahí estaba enterrada una tragedia y una injusticia. Como era una cosa diferente a la de transferir la sanidad o la educación o cualquier otro de los elementos que formaban parte del Estado centralista que heredamos de la dictadura y que tenemos que transformar en una democracia, y ese paso lo marca nuestra Constitución, pues hicimos una ley, ya que era la manera de ofrecer garantías jurídicas a lo que íbamos a hacer y, en segundo lugar, porque daba la ocasión de abrir un debate democrático con todos los grupos parlamentarios en las dos Cámaras. Por cierto, que en ese debate que el Gobierno quería -y por eso hizo una ley-, deseábamos oír a todo el mundo, queríamos que las dos Cámaras se convirtieran en un lugar donde todos pudiéramos expresar lo que hay debajo de esto, que no es nada agradable, que es como es y que, como todos sabemos, está lleno de dolor. Porque queríamos un debate para encontrar acuerdos, invitamos a todos los grupos políticos a ello, los llamamos a todos a la coherencia de todos sus hechos y de todas sus palabras y a que cerraran, los que tuvieran que hacerlo, la incoherencia de lo que en algún momento u otro hubieran dicho en una dirección o en otra.

Y todos estábamos en el mismo cuadro, todos, porque desde el senador Fraga hasta el último parlamentario de cualquier partido político, incluido el mío, todos habíamos enfocado el asunto de la manera que el Gobierno consideraba correcta: elaborando una ley, mirando el asunto de frente, sacándolo del combate corto, de la política, porque en ese combate se manipulan los sentimientos de los ciudadanos -por cierto, como decía la senadora Navarro, en ningún momento hemos enfrentado a unos españoles con otros-, y cansándonos de repetir que los llamados papeles de Salamanca ni eran de Salamanca ni tenían que ver con Salamanca, tristemente tenían que ver con una tragedia, y casualmente estaban en Salamanca. Y quien no quiera entender esto al cabo de tanto tiempo es porque se mueve en otra clave.

Dicho esto, como aquí estamos para dar todo tipo de explicaciones, voy a contestar parcialmente a algunas cuestiones que sus señorías han planteado.

Senador Maqueda, esta es una historia larga, pero la estamos contando aquí, ya no hace falta darle más vueltas. Esta historia tiene su origen en 1978 y en un convenio de 1986, y en otras muchas cuestiones, lo sabemos perfectamente. Cuando he dicho que unos documentos no son comparables con otros, por supuesto que no he dicho -lo han hecho usted y otros intervinientes- que sea por razones de desigualdad entre unos españoles y otros ni entre unas comunidades y otras. Todo lo contrario, cuando este Gobierno decide sacar una ley es porque va a asumir el compromiso firmísimo de uno de los principios más importantes de nuestro modelo constitucional, que es la igualdad; si no, podemos aprobar un decreto de transferencia para transferir lo que consideremos oportuno en una dirección o en otra. Insisto: cuando digo que esos documentos no son comparables y creo que estoy diciendo algo razonable -y el senador Bofill decía algo que es cierto y que el senador Maqueda conoce mejor todavía que el senador Bofill y que yo misma-, lo que estoy diciendo es que el Gobierno vasco se constituye en octubre de 1936, después del golpe de Estado, y la Generalitat existe, en la convivencia pacífica, de la Constitución de 1931 y de la España democrática. Eso hace que muchos documentos sean difíciles de clasificar; de hecho, el Gobierno vasco reconoce que hay documentos que no sabe identificar por el caos que se produjo en esas circunstancias. Además, son modelos históricamente incipientes en la Historia de España, con una Administración incipiente, desordenada y confusa. Por tanto, hay documentos que el propio Gobierno vasco admite que son difíciles de identificar por no saber en qué punto pasan de la Administración general del Estado a un modelo autonómico, cuando, repito, en el caso del País Vasco su Gobierno se constituye después del golpe de Estado, a diferencia de la Generalitat, y no estoy hablando de documentos sino de historia. En todo caso, los documentos representan cosas diferentes según quien los solicite, bien por motivos individuales y razones subjetivas, bien por términos institucionales, para vascos, catalanes, andaluces, gallegos o extremeños, porque algunas peticiones de personas privadas o naturales son también parte de una historia que todos conocemos, la del modelo autonómico, que llega a las puertas de la República y que se cercena brutalmente con una rebelión militar contra la democracia.

Por tanto, no estoy calificando nada, lo único que digo es que la Generalitat pide nada más y nada menos que las actas del debate en el que se aprueba su estatuto legal, legítima y constitucionalmente. Ese documento es vital para la historia de Cataluña, como es vital para los españoles que no nos expolien los debates de nuestra Constitución, que están depositados en las Cortes Generales; y si en una situación que nadie imagina ni quiere acabaran en otro país, o fuera de la sede de las Cortes Generales, todos los españoles reivindicaríamos todos los días nuestros documentos. No se trata de comparar sino de saber de qué estamos hablando en relación con una ley que surge de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno
de España a mantener contactos con la Generalitat para llegar a un acuerdo por una razón que los propios expertos, muchos de los cuales son historiadores y juristas, en su informe dejan absolutamente clara. Por cierto, una vez más debo decir en su nombre que quince días antes de que nadie supiera que iban a trabajar en este asunto, eran personas muy prestigiosas, pero una vez que se supo, fueron vilipendiadas. Estamos hablando de un ex presidente del Tribunal Constitucional, de un ex director general de la UNESCO, de un extraordinario historiador que posteriormente ha recibido el Premio Nacional de Historia por parte del ministerio, es decir que estamos hablando de personas de máximo prestigio que, naturalmente, lo tenían quince días antes, y no quince días después, para vergüenza de a quien se le ocurriera entrar en semejante debate y en semejantes declaraciones. En definitiva, los propios historiadores, juristas y archiveros dejan absolutamente claro que ese es el ecuador para tomar decisiones, no para calificar ni para crear desigualdades entre unos y otros; solo para tomar decisiones, porque por algún sitio había que empezar.

El Patronato del Archivo decide no tomar la decisión directamente -y me resulta sumamente satisfactorio política y personalmente poder volver a contar una vez más los hechos-. Por si alguien ha pensado que el comité de expertos lo nombra personalmente la ministra, diré que la elección del comité de expertos se aprueba por once votos contra dos por el Pleno del Patronato, incluidos patronos, todos prestigiosos y respetables, nombrados por la anterior ministra, a pesar de la competencia que tengo para hacerlo -está muy bien que las cosas se puedan volver a contar, por quinta vez, si hace falta-. Pues bien, ese Patronato, con solo dos votos en contra: el de la Consejera de la Junta de Castilla y León y el del Alcalde de Salamanca, y siendo algunos de los patronos nombrados con anterioridad a mi responsabilidad ministerial, prácticamente todo el patronato, repito, se muestra de acuerdo con ese comité de expertos, que tiene que empezar a trabajar y nos tiene que sugerir una solución, para que posteriormente yo, como ministra de Cultura, busque una fórmula, y es la de la ley la que considero oportuna, en el seno del Consejo del Gobierno. Y es la que estamos aplicando.

Vuelvo a repetir que no hay clave electoral para nosotros. Puede que la haya para otros, pero si es así, ya se deberían bajar de ella, porque cuando dijeron que era el pago del tripartito y este desapareció no reconocieron que no era tal pago. Ahora habrá quienes estén en otra clave política, pero, por muy torpe que se sea, cuando se aprueba esta ley ya se sabe de antemano que hay unos plazos en los que, evidentemente, va a haber confrontaciones electorales. Yo no sé quién no lo había visto; yo fui la primera en verlo, porque además es mi obligación. En cualquier caso, este tema está al margen de las elecciones porque lleva treinta años dando vueltas y su origen es el que es: repito que está al margen de todas las elecciones, aunque es evidente que algunos lo utilizan para ellos. Y es que podemos ser todo lo torpes que se quiera, pero nadie lo es con el calendario en la mano: la legislatura dura cuatro años, y todos sabemos cuándo hay elecciones, por tanto, podíamos haber aprobado un decreto de transferencia y el asunto se hubiera terminado en un segundo. Este Gobierno no quiso tal decreto, con el que no habría habido opción para estas demagogias, como hilo musical permanente; y no lo quisimos, porque considerábamos que era un asunto en el que, por honor democrático, merecía la pena un gran debate en las dos Cámaras y el que todos nos pusiéramos de acuerdo en unos mínimos sobre cómo debíamos resolver este asunto. Y ojalá lo hubiéramos conseguido entre todos, incluido el Partido Popular, que tuvo el mismo problema durante ocho años con las mismas claves con las que hoy lo estamos debatiendo.

Por tanto, quiero que les quede claro a todas sus señorías que esta cuestión no tiene nada que ver con las prisas, ni con las lentitudes ni con las campañas electorales; tiene que ver solo con algo que es evidente y que a mí, como ministra, me obsesiona, que es a lo que me obliga la Ley de archivos y en concreto la ley que tengo que aplicar: la seguridad jurídica de que lo que sale es lo que está en el marco de esa ley para la aplicación de una ley que todos hemos estado de acuerdo en hacer y todos hemos aprobado; la seguridad jurídica y archivística de que a donde van esos documentos van a estar protegidos, garantizados y puestos a disposición de los ciudadanos, y ofrecer el gran formato de igualdad de esa ley, que es que todos los particulares de este país pueden pedir un documento, estén en el lugar en el que estén, y tengan la garantía de que la democracia española restituye una situación tan ilegítima e injusta como esta. Y no hay más.

Por tanto, en este momento estamos trabajando en la petición del Gobierno vasco y también en las que han llegado de otros lugares. Como siempre hablamos del País Vasco y de Cataluña alguien puede pensar que son objeto favorito de algún deseo. No, señorías. Es que la Generalitat existió, el Gobierno vasco se estaba constituyendo en septiembre, y a las puertas se quedaron Andalucía y Galicia con sus estatutos de autonomía. Ojalá no hubiera habido un golpe militar. Ahora no estaríamos hablando de esto y, evidentemente, existiría un modelo autonómico completamente desarrollado.

Pero esta es la situación. En este momento los archiveros y los técnicos del ministerio necesitan tiempo suficiente para saber cuáles son las peticiones; qué identificación de esos documentos se ha realizado en el propio Archivo, que es una institución del Estado; cómo se entregan garantizando su destino, y cómo el Archivo se queda con copias de todo ello.

Y, señorías, repito que no hay más. Como dije el otro día en el Congreso al diputado señor Tardà: quien puede lo más, puede lo menos. Si este Gobierno no hubiera querido afrontar este asunto no lo hubiera hecho, como no lo han afrontado el resto de los gobiernos en democracia, ahorrándose todas las complicaciones que conlleva, pero también, desgraciadamente, ahorrándose el honor que todo esto tiene para muchos ciudadanos de este país.

Por tanto, no hay más. No hay campañas electorales de por medio y no hay nada, porque desde el primer momento ya sabíamos -yo la primera, que soy la responsable de esa ley- que teníamos que afrontar procedimientos complicados por razones de garantía jurídica y que, entre tanto, obviamente, habría

confrontaciones electorales en nuestro modelo democrático, en el que hay que convocar elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales. ¿A quién se le escapa eso? En este caso, es la mejor manera para dar a todos la tranquilidad que necesitamos. Por consiguiente, no se trata de desigualdades, no se trata de incomprensiones, sino de aplicar una ley en los términos en los que se ha elaborado.

Y termino, aclarando que los ayuntamientos no están previstos en esta ley. No nos engañemos ni confundamos a los ciudadanos. Repito que los ayuntamientos no están previstos en esta ley, y no está prevista la devolución a los ayuntamientos por las razones técnicas que alegaron los expertos: porque los ayuntamientos son administraciones seculares de este país que en la tragedia de la Guerra Civil, o en cualquier otra tragedia histórica, han sido sometidos a expolio, pérdida y trasvase de documentos. Señorías, por si sirviera de algo mi veteranía en este asunto, es decir, mis once años como gestora de políticas culturales en el Gobierno de Andalucía y en el Gobierno de España, puedo decirles que no hay un sólo ayuntamiento en este país que no tenga documentos de otro por razones de demarcaciones de términos municipales, de casas aristocráticas y de viejas conformaciones de la historia de España. Ni uno sólo. Es más, en algunos casos en aspectos muy interesantes y singulares, documentos identitarios fundamentales de algunos ayuntamientos están en otros, por razones absolutamente aleatorias de la historia.

Los expertos dijeron: los ayuntamientos españoles existen como administraciones seculares y, en una tragedia como la Guerra Civil, muchos ayuntamientos, prácticamente todos, y no solamente aquellos que puedan estar circunscritos a la comunidad autónoma catalana o al País Vasco, han vivido circunstancias propias de una situación ilegal y sangrienta. Y no tiene ningún sentido remover lo que eso representa para ellos, porque, repito, ahí ya no hay distinción alguna; el franquismo se encarga brutalmente de desmontar lo que representa la autonomía catalana o la autonomía vasca, por razones que no hace falta recordar, porque todos sabemos que, entre otras muchas cosas, en una dictadura se tiene una visión absolutamente centralista e impositiva de cualquier circunstancia, en este caso, de España. Pero, repito, eso ocurre en todos los ayuntamientos por razones muy variopintas. Y los expertos dicen que eso forma parte de la historia normal de un país. Lo que no es normal -dicen también- es lo que ocurre de manera tan dirigida políticamente por quien se levanta contra un modelo constitucional, porque está intentando desmontar lo que representó la República y una democracia que quería reconocer los problemas territoriales de España; sin embargo, los ayuntamientos existen como tales secularmente.

Señorías, estas son las razones por las cuales no figuran en esta ley; y, como bien se ha dicho, no recuerdo si por el senador Bofill o el senador Cuenca, no soy yo quien tiene que decidir en este momento si eso ocurrirá o no en el marco de otra ley. Lo que sí me correspondía como presidenta de ese Patronato y como ministra de Cultura era acabar con esta situación, que heredaba de todos mis compañeros y compañeras, ministros de Cultura de todos los gobiernos y de tres partidos políticos. Eso creía que me correspondía, o quería que me correspondiera, como ministra, y es lo que hemos hecho. Por tanto, en este sentido sus señorías se pueden quedar tranquilos porque estamos cumpliendo la ley y la vamos a cumplir hasta el final.

Reconozco al senador Bofill que en el terreno puramente personal como ciudadana me duele que muchas personas, por razones de edad, no puedan tener la satisfacción de recibir lo que les pertenece, pero, por si sirve de algo, he sido la última de esa cadena de ministros y ministras de Cultura, después de casi 30 años de democracia, y he conseguido hacer las cosas lo mejor que he podido y he sabido y también con la mayor rapidez posible. Crean ustedes en el compromiso cívico que tengo con este asunto; lo tengo con el conjunto de la historia de mi país y, en este caso, por lo que representa para nosotros conseguirlo en el marco de una legislatura, en la que, obviamente, se producen confrontaciones electorales.

A partir de ahí, tenemos todas las garantías del País Vasco, dado que va a existir un archivo, y nos sentiremos completamente tranquilos porque van a estar todos esos documentos, desde luego junto con los de la Fundación Sabino Arana, que no voy a decir que sean los más principales, pero sí mucho en el asunto que estamos debatiendo. Y creo que forma parte del sentido común decirlo.

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