El Pleno del Senado insta al Gobierno a estudiar y promover, en su caso, la revisión de la normativa reguladora de los procedimientos concúrsales tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, con el objeto de eliminar disfunciones y reforzar los mecanismos que favorezcan el mantenimiento de la actividad de las unidades productivas y de los puestos de trabajo que éstas generan, siempre que sea económicamente viable, conforme las siguientes actuaciones:

1) Iniciar los estudios para una posible mejora de la Ley 22/2003 con el fin de favorecer el uso de los procedimientos concúrsales como instrumento de superación de las crisis empresariales, con la participación del Consejo General del Poder Judicial y de las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, entre otras.

2) Continuar incrementando el número de Juzgados de lo Mercantil, y su adecuada dotación, en especial, en aquellas demarcaciones en las que se registra una mayor carga de trabajo como consecuencia del número de expedientes concúrsales en tramitación.

3) Proceder a la evaluación de los resultados de la aplicación del arancel de los administradores concúrsales, consultando para ello al Consejo General del Poder Judicial y a las organizaciones representativas de los colectivos profesionales afectados, conforme dispone la Disposición adicional única del Real Decreto 1860/2004.

Las modificaciones a que hubiere lugar tenderán a garantizar una proporción adecuada entre la retribución de los administradores concúrsales y las tareas que realizan; y se considerará la actualización del baremo, en su caso, y el establecimiento de una retribución mínima de cada uno de los administradores concúrsales suficiente para que pueda atender con profesionalidad la tramitación básica de un concurso y la creación de los instrumentos legales necesarios y suficientes que garanticen esta retribución mínima.

Qui en parla -- TrackBack