Dimecres 15 de novembre vaig participar, representant l'Entesa Catalana de Progrés, en un debat sobre la reforma del Senat a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Univesidad Complutense davant uns 250 estudiants i professors d'aquesta facultat, junt amb representants del PP, el PSOE, el PNB, CiU i IU. El debat, que ara mateix no tinc temps de narrar, va ser força interessant, amb uns tocs preocupants per la pervivència d'un cert clima d'incomprensió de la diversitat i particularment certa intolerància envers les propostes catalanes.

Aquestes són les notes en què vaig basar la meva primera intervenció:

Buenos días, gracias por su asistencia,

En primer lugar quiero agradecer en nombre de mi grupo parlamentario, Entesa Catalana de Progrés, la oportunidad que nos brinda la Unión de Estudiantes para el futuro Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de expresar nuestros puntos de vista sobre la necesaria reforma del Senado, así como a la propia Facultad, a su decano, Francisco Aldecoa, y al director del Departamento de Ciencias Políticas, Juan Luís Paniagua, por acogernos hoy aquí.

Y no es cualquier cosa porque no es frecuente que el Senado suscite interés, ni que el debate sobre su posible reforma trascienda más allá de algunos círculos bastante restringidos. Y sin un debate más abierto que permita plantear en la sociedad la necesidad de un Senado reformado para aumentar la calidad democrática de las instituciones del Estado difícilmente habrá una reforma de calado. Por lo tanto, gracias nuevamente.

Entesa Catalana de Progrés es el 3r grupo parlamentario del Senado con un total de 16 senadores, de los cuales 12 son electos por las 4 provincias catalanas y 4 son designados por el Parlament de Catalunya. La Entesa es una coalición para el Senado del PSC, ERC e ICV, que ya existia en la anterior legislatura, y que tiene pues una dinámica propia aunque se identifique con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya de estos últimos años y del nuevo que se formará cuando se constituya el Parlament.

Soy miembro de ERC, pero represento aquí al conjunto de mi grupo parlamentario que define la realidad del Estado como plurinacional, pluricultural y plurilingüística y que sitúa como uno de sus objetivos programáticos la reforma del Senado para transformarlo en una auténtica cámara de representación territorial, de acuerdo con el artículo 69.9 de la Constitución, es decir, para adecuarla a lo que es la realidad del Estado organizado en Comunidades Autónomas que responden a realidades históricas, políticas, culturales y lingüísticas diversas, con unos marcos competenciales e institucionales diversos, que generan unas dinámicas territoriales diversas y que tienen unos marcos y unas dinámicas de relaciones diversas con el gobierno del Estado y entre si. Una realidad a la vez muy imbricada con el proceso de construcción europea, con las políticas europeas.

Esta diversidad, esta heteregoneidad, es muy positiva, es generadora de iniciativas y de riqueza.

Un Senado reformado podría ser un factor de dinamización y de articulación de esta realidad autonómica, podría favorecer tanto la búsqueda de acuerdos transversales en cuestiones comunes como un mejor reconocimiento y un mejor encaje de la pluralidad y de la singularidad.

Para ello el Senado debe adaptarse tanto en su configuración como en sus facultades a esa realidad autonómica.

A) Por lo que se refiere a su configuración

En primer lugar, el marco de referencia territorial y de representación del Senado debe ser la Comunidad Autónoma, su actual configuración está superada; seguramente, debería desaparecer la referencia a las provincias de la CE.

La composición del Senado y el sistema de elección/designación de los senadores se debería modificar para que fuera una cámara más equilibrada entre territorios y más representativa. Actualmente, cada provincia tienen cuatro senadores y la Comunidad Autónoma tiene un senador más uno por cada millón de habitantes, con lo cual una Comunidad Autónoma con nueve provincias y entre dos y tres millones de habitantes tiene 39 senadores y otra con cuatro provincias y entre seis y siete millones de habitantes tiene solo 23.

Se debería buscar una fórmula para que ningún territorio singular se quedara sin representación, para que la proporcionalidad respecto a la población –que hoy solo se contempla para los senadores de designación autonómica– fuera mayor y para que se garantizara a la vez una cierta proporcionalidad en relación con la extensión territorial de cada CA.

Los senadores podrían ser designados por los parlamentos, o los gobiernos, de las CCAA o podrían ser electos, pero en este caso, según nuestro criterio, deberían serlo en unos comicios específicos en cada CA, preferentemente coincidentes con las respectivas elecciones autonómicas, para favorecer que la representación política en el Senado se correspondiera con la autonómica. El Senado no sería, pues, disuelto por el presidente del Gobierno, ya que su renovación tendría otros mecanismos.

B) Por lo que se refiere a las facultades del Senado autonómico

Nuestro criterio sería que el Senado dejara de ser únicamente una cámara de segunda lectura (reforma art. 89 y 90 CE). Los proyectos de ley no serían presentados automáticamente al Congreso.

1. Se debería establecer un catálogo de temas y leyes que por su particular incidencia territorial y autonómica fueran tratados con criterio de preferencia por el Senado (por ejemplo, en relación con el régimen local o el pluralismo lingüístico), particularmente los acuerdos legislativos de traspaso de competencias a las CCAA y los de harmonización legislativa, así como la validación de los decretos ley en relación con el catálogo de temas en que tendría preeminencia el Senado (reforma art. 150 CE).

2. El Senado debería ser cámara de primera lectura de algunas leyes básicas como la reformas de los Estatutos o la LOFCA.

3. También debería ser preeminente en relación a las normativas sobre los fondos europeos y, en general, en la adaptación de directivas europeas al ordenamiento jurídico del Estado español. El Senado podría vehicular el debate para la participación de las CCAA en la configuración de la voluntad del Estado español en las instituciones europeas.

4. También sería lógico que fuera el Senado quien asumiera el debate de toma en consideración de las proposiciones de ley procedentes de la iniciativa legislativa de las CCAA (reforma art. 87.2 CE).

5. En relación con todo ello se deberían prever los mecanismos de participación de la CCAA/gobiernos en los trabajos y debates del Senado.

6. El Senado reformado debería prever los mecanismos de participación de las CCAA en el nombramiento de los miembros de los órganos constitucionales del Estado (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…).

7. Se debería reforzar el veto del Senado en determinados casos, estableciendo la doble mayoría Congreso-Senado para determinadas cuestiones y establecer también su capacidad, y la de los intergrupos territoriales para interponer recursos de inconstitucionalidad en relación con la defensa de la pluralidad y las competencias autonómicas.

C)

Finalmente hay una serie de cuestiones que podrían situarse en esta línea de reforma autonómica del Senado que seguramente, según nuestro criterio, y el de nuestra asesoría jurídica, se podrían desarrollar con una reforma del Reglamento de la Cámara (que necesita solo mayoría absoluta, aunque es aconsejable sin duda el consenso) sin necesidad de la mucho más compleja reforma constitucional. Cabe recordar la reforma que permitio crear la Comisión General de las CCAA.

En primer lugar, y como cuestión fundamental en la transformación del Senado en cámara territorial, está el reconocimiento que las lenguas del Senado son las oficiales en las CCAA y que, por ejemplo, ya en su denominación e imagen corporativa junto al castellano deberían figurar las otras lenguas. Un reconocimiento de la pluralidad lingüística que debería redundar en el uso habitual de estas lenguas en el debate del Pleno y las Comisiones (la única salvedad que podría haber desde el punto de vista del actual redactado de la Constitución es que la publicación de los acuerdos debería ser siempre en castellano además de las otras lenguas, si así lo determinara el Reglamento de la Cámara).

También sería necesaria una reducción y una reorganización de las comisiones permanentes legislativas del Senado, que no deberían ser miméticas respecto a las del Congreso ni respecto al organigrama del Gobierno, sino que deberían poner el acento en los aspectos territoriales; por ejemplo: Comisión de Cooperción Territorial, Comisión de Financiación Territorial, Comisión de Grandes Infraestructuras, Polos Económicos Territoriolaes y Áreas Metropolitanas, Comisión de las Culturas y las Lenguas, Comisión de la unión Europea y la Presencia Exterior de las CCAA.

En la misma línea el Senado debería ser la sede de la Conferencia de Presidentes, de las conferencias sectoriales que reúnen a los ministros y a los consejeros de las CCAA., sede estable del Consejo de Política Fiscal y Financiera y sede de una oficina económica de carácter técnico que facilite el acceso a toda la información sobre los flujos económicos y las inversiones de base territorial.

Se debería regular también el control al Gobierno para acentuar su carácter autonómico y territorial. Así, por ejemplo, el presidente debería dar cuenta en el Senado desde el punto de vista territorial y autonómico de su programa de gobierno después de su investidura por el congreso. El mismo sentido deberían tener sus comparecencias periódicas y las de sus ministros en las sesiones de control al gobierno.

Nuestra propuesta es ambiciosa y seguramente difícil de asumir en su totalidad en el actual contexto político. Somos conscientes de algunas objeciones, pero creemos que se podrían dar avances parciales que abran camino en la dirección que apuntamos (en esta legislatura, por ejemplo, ya ha habido una reforma del reglamento en relación con la cuestión lingüística, por ejemplo, que aunque consideramos muy insuficiente y limitada, abre camino). Lo que no aceptará nuestro grupo es una reforma que sea un maquillaje y pretenda blindar el modelo actual, que acaba siendo un ejemplo palmario de mal uso, de desaprovechamiento de los recursos materiales y humanos (a menudo sentimos mal aprovechadas nuestras capacidades) del país.

Sin embargo, y para poner una nota de optimismo, la nave va y la realidad del actual proceso de reforma autonómica incentiva, es un acicate para la necesaria reforma del Senado, para transformarlo en un órgano útil para reforzar la transparencia democrática del Estado de las autonomías.

Gracias por su atención.

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