En el Ple de dimarts, 21 de novembre, es va debatre el Proyecto de Ley del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior. No em tocava intervenir-hi perquè es tramitava a través de la Comissió de Treball i Assumptes Socials, però com que la senadora del PSC que feia de portaveu de l'Entesa no assumia la defensa de les esmenes d'ERC que havien quedat vives després del debat al Congrés i que havíem presentat al Senat a través de l'Entesa, vaig prendre la paraula en el torn de portaveus per defensar les esmenes d'ERC:

Gràcies senyor president,

Segurament cal que ens felicitem que per fi aprovem una llei que pretén donar el tracte socialment just que es mereixen per part de l’Estat democràtic els emigrants i, molt especialment, els exiliats a causa de la guerra civil i la dictadura.

Seguramente hemos de felicitarnos que por fin se apruebe una ley que pretende dar el trato socialmente justo que se merecen por parte del Estado democrático los emigrantes y, muy especialmente, los exiliados a causa de la guerra civil y la dictadura.

Pero también es cierto que no se ha sido consecuente con este objetivo, de ahí que mantengamos nuestras enmiendas, que eran enmiendas de Esquerra Republicana en el Congreso, particularmente las número 40, 41, 42, 50, 51 y 52, que se resumirían en incluir en el articulado de la ley y en sus beneficios no solo a los exiliados de la guerra civil del 1936 al 1939, sino también a sus hijos y a los exiliados a causa de la persecución de la dictadura y a sus hijos. No se entiende que la ley en su preámbulo reconozca que “como consecuencia de la Guerra Civil española y de la dictadura, a partir de 1939 comienza a producirse un éxodo de refugiados políticos y una emigración de carácter económico…”, que pensando en esas personas se actualice la legislación y que luego en su articulado se olviden de citarlos bien expresamente para que gocen de todos sus beneficios.

La ley debería contemplar expresamente la cuestión de la recuperación de la nacionalidad por simple declaración e inscripción en el Registro Civil muy especialmente por parte de aquellos que la perdieron o fueron privados de ella a causa del exilio y por parte de sus descendientes; es lo mínimo que debemos a los que tuvieron que marchar por su defensa de la democracia, por su oposición a la dictadura, es una cuestión de estricta justicia hacia estas personas y sus descendientes.

Otro bloque de enmiendas que mantenemos, como las número 37, 39, 43, 54 o 58, son las que se refieren a preservar de la mejor manera el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, previsto en sus Estatutos, y en particular el ámbito competencial de Catalunya que, como ustedes deben saber, ha legislado sobre la materia para ayudar a las comunidades catalanas en el exterior y para dar apoyo a los catalanes emigrados y a sus descendientes que desean regresar a Catalunya.

También un buen número de nuestras enmiendas, además de las citadas, se dirigen a ampliar los derechos de los emigrantes, los exiliados y sus descendientes en relación con la nacionalidad, como ya hemos subrayado, y también en relación a obtener los beneficios de la Seguridad Social, en relación a las pensiones y al reconocimiento de los años trabajados antes de la emigración, en relación al régimen fiscal o a la protección de sus ahorros.

Nos gustaría que apoyaran estas enmiendas que mejoran notablemente la ley ampliando los derechos de los emigrantes y los exiliados, pero si no es posible, al menos no la empeoren. Me refiero, y voy terminando, a la modificación que ha sufrido en el trámite en Comisión el artículo 25 y más concretamente a la supresión de una referencia al carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado español, que nos satisfacía particularmente dado que coincidía plenamente con uno de los ejes programáticos con los que se presento a las elecciones la Entesa Catalana de Progrés.

El Estado debe difundir en el exterior, y particularmente entre los emigrantes que se plantean mantener la relación con sus orígenes y a menudo volver, debe difundir, digo, la realidad cultural y lingüística real de los territorios del Estado; y eso quiere decir que si es bueno y necesario difundir el castellano, que lo es, evidentemente, que si es bueno garantizar la disposición constitucional del deber de conocerlo y el derecho a usarlo, también lo será difundir el catalán y garantizar la disposición estatutaria del deber de conocerlo y el derecho a usarlo al menos entre aquellos que estén interesados en mantener vínculos con Cataluña y muy especialmente a aquellos que quieran volver e instalarse en Cataluña. Y lo mismo podríamos decir para el caso de cualquier otra Comunidad Autónoma con lengua propia y oficial en su territorio. Es algo, creo, que ya sería hora que asumiéramos con mayor naturalidad.

Moltes gràcies, president

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