Ahir es va debatre, si se'n pot dir així, la Proposició de Llei sobre igualtat de l'home i la dona en l'ordre de successió dels títols nobiliaris. Els grups, amb poca convicció, van passar de puntetes per una llei que beneficia a quatre (en realitat ara mateix són menys) dones que aspiren a vestir-se amb un títol nobiliari (la principal la dona de Pedro J. Ramírez, director d'El Mundo, Agatha Ruiz de la Prada, que aspira a ser marquesa de Castelldosrius i Grande d'Espanya).

Aquesta va ser la meva intervenció (curiosament, ben rebuda per molts senadors socialistes que no estaven precisament enstusiasmats amb aquesta llei i que reflectien d'alguna manera el republicanisme latent que hi ha en la societat):

Gràcies senyor president,

En primer lugar quisiera precisar que ante esta proposición de ley hay en nuestro grupo dos posiciones, que ya manifestaron los partidos que forman nuestra coalición en el trámite en el Congreso de los Diputados; por un lado, la de los senadores socialistas catalanes identificada con la del grupo socialista y, por otro, la de los senadores de Iniciativa y de Esquerra Republicana que intentaré resumir a continuación. Y empiezo simbólicamente en catalán esperando que en esta legislatura acabemos normalizando su uso en el pleno:

La tramitació d’aquesta llei em sembla una frivolitat. Rere una aparent defensa de la igualtat, es manté la desigualtat essencial que suposa el reconeixement per l’Estat dels títols nobiliaris i la seva transmissió hereditària als fills o filles primogènits.

La tramitación de esta ley me parece una frivolidad. Tras una aparente defensa de la igualdad, se mantiene la desigualdad esencial que supone el reconocimiento por el Estado de los títulos nobiliarios y su transmisión hereditaria a los hijos o hijas primogénitos.

Nos parece una frivolidad, porque se ha hecho pensando en un reducidísimo grupo de personas que esperan obtener algún beneficio de la ostentación de esos títulos, recuerdo del antiguo régimen, basado en la opresión y en la negación de los derechos democráticos.

Nos parece una frivolidad que además se hayan incluido cláusulas de retroactividad que benefician a una o a tres damas de nombre convertido en marca y a las cuales por lo tanto esta ley ofrece una plataforma de publicidad gratuita; porque no es cierto, como pretende el preámbulo, que, (abro comillas) “los sucesivos poseedores de un título nobleza perpetua se limitan a mantener vivo el recuerdo de un momento de nuestro pasado histórico” (cierro comillas).

Miren, si se limitan a eso, a mantener vivo un recuerdo, no necesitan reconocimiento legal, que se asocien y se autorregulen de acuerdo con sus tradiciones o como les parezca más adecuado. El reconocimiento social lo tendrán mientras alguien quiera hacerles caso. Eso es lo único democrático en relación con unos símbolos hoy privados, históricos i no tan históricos.

El articulo 14 de la Constitución afirma, es bueno recordarlo hoy: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, y lo único consecuente con este artículo en relación con los títulos nobiliarios, es que ninguna ley los reconozca porque son por su propia esencia y su forma de transmisión discriminatorios.

Decía el académico de la Real Academia de la Historia, Faustino Menéndez Pelayo, refiriéndose a lo vano, absurdo, que resulta querer democratizar el funcionamiento de algunas instituciones hereditarias: “Puestos a democratizarla ¿Por qué no hacerla electiva en lugar de hereditaria?”, cosa que él consideraba sin sentido, y nosostros no.

Pues eso. Si quieren democratizar la nobleza, solo hay un camino: abolir su reconocimiento por el Estado. El artículo 14 de la Constitución de 1978 enlaza directamente con el artículo 25 de la Constitución de la II República que después de establecer que “no podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”, añadía, como un corolario: “el Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Afortunadamente, hoy en nuestra sociedad los títulos no pesan como hace 75 años, y por eso mismo debería ser más fácil dejar de regularlos desde el Estado. En fin, nos tendremos que conformar por ahora con un simple maquillaje, un mal uso de la causa feminista. De ahí que una parte de nuestro grupo, los senadores de Esquerra i de Iniciativa, nos abstengamos ante una ley cuya aprobación merecería ir acompañada de una fiesta de sociedad, al menos para los que la han apoyado, con asistencia de las damas beneficiarias.

Por nuestra parte, junto al pueblo llano y plebeyo, simplemente afirmamos:

Visca la democràcia; és a dir, llibertat, igualtat i fraternitat

Gràcies

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