Text de la transcripció dels serveis de taquigrafia del Senat de la meva intervenció en el Ple d'avui al Senat i la resposta del ministre:

DE DON MIQUEL BOFILL ABELLÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRÉS , SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE DETERMINADAS DECLARACIONES Y ACTUACIONES REALIZADAS O PROMOVIDAS POR LA ACTUAL MAYORÍA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y POR SU PRESIDENTE EN RELACIÓN A LA LENGUA CATALANA Y LA PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA SE ADECUAN A SU RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y SON COMPATIBLES CON SUS DEBERES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. (S. 680/000706)

El señor PRESIDENTE: Pregunta del senador Bofill, que tiene la palabra.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, senyor president. Bon dia, senyor ministre; buenos días.
Por desgracia, son demasiado conocidas las interferencias de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial en el debate político; y, singularmente, de su presidente. Nos parecen especialmente graves tanto su intento de influir en el debate de reforma del Estatuto Catalán, atribuyéndose un rol que no le corresponde según la arquitectura constitucional, como sus desconsideradas declaraciones en relación con la lengua catalana, que alejan al máximo órgano de gobierno de la judicatura de la concepción de la justicia como servicio público, democrático, sin sesgo ideológico más allá del cumplimiento de la ley y accesible -próximo- para los ciudadanos.
Sería bueno que los poderes públicos no olvidaran nunca que somos millones los ciudadanos que tenemos como lengua nacional, propia y habitual el catalán, y que esperamos que su ministerio nos ampare en nuestro derecho a usarla. Especialmente, ante los jueces, en pro del derecho constitucional a obtener su tutela efectiva.
De ahí nuestra pregunta: (el señor senador formula la pregunta en catalán.)
¿Considera el Govern que determinades declaracions i actuacions, de gran impacte social i polític, realitzades o promogudes per l’actual majoria del Consell General del Poder Judicial i pel seu president, com les que han fet menystenint el coneixement per part dels jutges de la llengua catalana a Catalunya o sobre la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en tràmit a les Corts Generals, s’adeqüen a la seva alta responsabilitat institucional i són compatibles amb els seus deures constitucionals i legals?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Justicia.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Senador, tengo como regla no comentar declaraciones ajenas. Además, creo que honro el control parlamentario si recuerdo que el Gobierno responde de su gestión, de sus actuaciones y de sus propias declaraciones, y no de las de los titulares de otros órganos constitucionales del Estado.
Sin embargo, creo que su pregunta está dirigida fundamentalmente a recordar la importancia de la cooficialidad lingüística como regla esencial de construcción de nuestro orden de convivencia. Efectivamente, tiene su asiento en la Constitución, que establece en el artículo 3 que, junto al castellano, los estatutos de autonomía podrán prestar protección a otras lenguas, que son maternas para millones de españoles y que serán cooficiales, de acuerdo con dichos estatutos, en los territorios de las comunidades autónomas correspondientes.
Desde luego, la política del Gobierno, la política de la que respondo, la política del Ministerio de Justicia, está dirigida a tomar en serio la Constitución, el Estado autonómico y la cooficialidad lingüística, y, por tanto, a promover la dimensión de la cooficialidad lingüística respecto al derecho a la tutela judicial efectiva; un derecho constitucionalmente protegido. Por tanto, está dirigida a promover la presencia de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra su señoría.

El señor BOFILL ABELLÓ: Gràcies, senyor ministre. Es muy importante que los máximos representantes de la Justicia en este país se manifiesten, como lo ha hecho usted, a favor de que los jueces conozcan la lengua de los ciudadanos y los amparen para que ejerzan su derecho a usarla.
La instrumentalización política del órgano de gobierno del Poder Judicial nos parece muy grave, porque pone en tela de juicio la neutralidad y la prudencia exigibles a los miembros de la judicatura. Vistas algunas actitudes del Consejo, no es de extrañar que, luego, algún juez se extralimite también, y ande por los pasillos de la Audiencia Nacional pidiendo firmas en pro de un referéndum de dudosa legalidad contra la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña.
Buena parte de estos males -de la falta de una postura ponderada del máximo órgano del Poder Judicial- vienen de la inadecuación de su funcionamiento respecto al Estado de las autonomías y de los cambios de la ley promovidos durante la legislatura pasada, que han favorecido un exceso de corporativismo y de cerrazón del órgano a la sociedad.
Sepa, señor ministro, que contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario para emprender las iniciativas que considere pertinentes para conseguir que el gobierno del Poder Judicial module democráticamente sus actuaciones en relación con la realidad social y política del Estado, de modo que actúe con mayor prudencia y ecuanimidad y mejore la imagen de la justicia como servicio a los ciudadanos.
Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Gracias, señor presidente.
Senador, sus consideraciones me suscitan dos reflexiones. En primer lugar, hay que recordar que la lengua cooficial es un vector esencial de construcción de nuestro orden de convivencia y de nuestro Estado autonómico. Esto significa aceptar que al menos 15 millones de españoles hablan otra lengua junto al castellano. Y lo hacen con naturalidad: es la lengua que aprendieron en casa, y tienen derecho a hacerla valer ante los servicios y los poderes públicos, incluidos el Poder Judicial y la Administración de Justicia. Creo que es deber del Gobierno tener en cuenta este derecho fundamental y atenderlo debidamente. Por ello, en más de una ocasión he afirmado que los ciudadanos españoles que ante la Administración de justicia hablan una lengua, además del castellano, no lo hacen para fastidiar a los jueces; lo hacen porque es la suya y porque creen que tienen derecho emplearla en un servicio público que se encarga de sus derechos fundamentales. Por eso creo que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe atender esta dimensión del Estado autonómico y tomarla en serio. Creemos que es posible hacer esto de forma compatible con la independencia del Poder Judicial, por supuesto, pero también con el estatuto -básicamente unitario, porque está definido por una ley orgánica que solo puede ser aprobada por el legislador estatal-, y con un cuerpo de funcionarios y servidores del Estado de derecho, como es el cuerpo de jueces y magistrados, así como con el resto de cuerpos y funcionarios de la Administración de justicia.
La segunda consideración es la relativa a la importancia de que cada órgano constitucional del Estado responda de los deberes y atribuciones que la Constitución deposita sobre ellos. Usted ha hecho una consideración en relación con la imagen de la Administración de justicia que está puesta en razón. Efectivamente, el Consejo General del Poder Judicial tiene algunas atribuciones que la Constitución le consigna y, por ello, hará muy bien y servirá a la justicia...

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): ...si las atiende; entre ellas, efectivamente, la disciplinaria.
Usted ha hecho mención de un episodio que efectivamente debe ser investigado, pero también hay que tener en cuenta la negativa irradiación de los excesos de atención a funciones que no son las suyas y el descuido de las que sí lo son, y el efecto que esto causa al conjunto de la justicia. Creemos que todos cumpliremos mejor con nuestros deberes para con la justicia si cada cual atendemos plenamente las funciones que la Constitución nos da y nos atenemos al terreno de juego que la Constitución nos señala.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

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