Madrid, 8 de febrer de 2005. Aquest matí el ministre de Justícia, Juan Fernando López Aguilar, en la resposta a la meva pregunta sobre les declaracions i actuacions del Consell General del Poder Judicial, i del seu president, en relació amb la llengua catalana i amb l'Estatut, ha afirmat que és conscient que hi ha 15 milions de ciutadans que tenen una llengua diferent del castellà, que tenen el dret a usar-la davant dels poders públics i que l'obligació del seu govern és atendre aquest dret i fer-lo compatible amb la independència del poder judicial (quan tingui el text del diari de sessions publicaré tota la seva intervenció en aquest bloc).

La meva intervenció ha esta aquesta:

Gràcies senyor president.
Bon dia, senyor ministre, buenos dias,

Por desgracia, son demasiado conocidas las interferencias de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial y singularmente de su presidente en el debate político. Nos parecen especialmente graves tanto su intento de influir en el debate de la reforma del Estatuto catalán, atribuyéndose un rol que no les corresponde en la arquitectura constitucional, como sus declaraciones desconsideradas en relación con la lengua catalana, que alejan al máximo órgano de gobierno de la judicatura de la concepción de la Justicia como un servicio público, democrático, sin sesgo ideológico marcado más allá del cumplimiento de la ley y asequible, próximo a los ciudadanos; y sería bueno que los poderes públicos no olvidaran nunca que somos millones los ciudadanos que tenemos como lengua nacional, propia y habitual el catalán, y esperamos que su ministerio nos ampare en nuestro derecho a usarla, especialmente ante los jueces, en pro del derecho constitucional a obtener su tutela efectiva.

De ahí nuestra pregunta:

¿Considera el Govern que determinades declaracions i actuacions, de gran impacte social i polític, realitzades o promogudes per l’actual majoria del Consell General del Poder Judicial i pel seu president, com les que han fet menystenint el coneixement per part dels jutges de la llengua catalana a Catalunya o sobre la proposta de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en tràmit a les Corts Generals, s’adeqüen a la seva alta responsabilitat institucional i són compatibles amb els seus deures constitucionals i legals?
Després de la resposta del ministre he dit:

Gràcies senyor ministre. Es muy importante que los máximos representantes de la Justícia en este país, tal como ha hecho usted, se manifiesten favorables al conocimiento por parte de los jueces de la lengua de los ciudadanos y los amparen para que ejerzan su derecho a usarla.

La instrumentalización política del órgano de gobierno del poder judicial nos parecen muy graves porque ponen en tela de juicio la neutralidad y la prudencia exigibles a los miembros de la judicatura. Vistas algunas actitudes del Consejo, no es de extrañar que luego algun juez también se extralimite y ande por los pasillos y despachos de la Audiencia Nacional pidiendo firmas en pro de un referéndum, de dudosa legalidad, contra la propuesta de reforma del Estatuto de Catalunya.

Buena parte de estos males, de la falta de una posición ponderada del máximo órgano del poder judicial, vienen de una inadecuación de su funcionamiento en relación con el Estado de las autonomías y de unos cambios en la Ley promovidos en la anterior legislatura que han favorecido un exceso de corporativismo y de cerrazón de este órgano en relación con la sociedad.

Sepa, señor ministro, que contará con el apoyo de nuestro grupo paralmentario para emprender las iniciativas que considere mas pertinentes para conseguir que el gobierno del poder judicial module democráticamente sus actuaciones en relación con la realidad social y política del conjunto del Estado, para que actue con mayor prudencia y ecuanimidad, y para mejorar la imagen de la Justicia como servicio a los ciudadanos.

Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor president.

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