En la darrera reunió de la Comissió de Justicia de l'any 2005 va comparèixer el secretari d'estat de Justícia, Luis López Guerra, per donar compte de l'aplicació de la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Del diari de sessions extrec la meva intervenció i la resposta del secretari d'estat (que curiosament va iniciar en català per respondre'm):

Bon dia, senyor López Guerra, permeti'm que amb la màxima cordialitat li doni la benvinguda en aquesta Comissió de Justícia en català, tot recordant que aquesta de l'ús normal, habitual de la nostra llengua en l'Administració de Justícia és una de les assignatures pendents encara a Catalunya.

Es una satisfacción tenerle entre nosotros, señor López Guerra, con la máxima cordialidad, decía, me he permitido darle la bienvenida en catalán, a la vez que recordaba que el uso habitual de nuestra lengua en la Administración de Justicia es una de las asignaturas pendientes aún en Cataluña.

Al tratar de la violencia doméstica y más específicamente de la violencia de género, en primer lugar, debemos lamentar, como hacía la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, que aún perviva, que aún tenga visos de comportamiento social enraizado y lamentamos las muertes de 109 mujeres en 2004 y en lo que llevamos de 2005 las de más de 70; quizás usted pueda darnos el dato exacto --aunque quizá lo haya dicho y entre tantos que nos ha dado lo he perdido--, y sin hablar de las innumerables víctimas de malos tratos físicos y psíquicos. Pero como no estamos aquí para lamentarnos, sino para propiciar soluciones, antes de entrar en el capítulo recordatorio de lo que nos queda por recorrer, de las respuestas que nos debería dar la administración a algunas demandas de más medios, debemos felicitarnos de tener una buena ley que permite tipificar claramente como delitos lo que eran conductas violentas toleradas, una ley que sabemos que su ministerio ha laborado --y nos ha hecho una exposición exhaustiva-- para que se aplicara bien y en esa medida puede contar y contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Ahora bien, como siempre es más fácil hacer buenos textos legales que aplicarlos, sobre todo en cuestiones de tipo social, es decir, nos pasa con las leyes de educación y nos pasa en este caso, sobre todo porque se necesitan medios y en este caso, como en los otros que citaba, también necesitamos un cambio de mentalidad y de métodos de trabajo ya que es imprescindible, como usted ya ha puesto de manifiesto, una atención integral a las víctimas que son las mujeres, pero también a los hijos y a veces incluso a los propios delincuentes maltratadores.

Ante esta realidad de esta nueva ley, una situación que se dio al empezar a aplicarla es que hubo incluso una cierta resistencia dentro de la propia Judicatura porque había dificultades por parte de los jueces para asumir esta nueva realidad y así hubo manifestaciones relativas, por ejemplo, a que los nuevos juzgados suponían una actuación multidisciplinaria y que se requería que además de jueces --decían-- fueran también psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etcétera. Es evidente que el juez no está preparado para ello y, por lo tanto, es necesario que se creen estos equipos multidisciplinares, de los cuales usted nos ha hablado. Mi pregunta es si son suficientes estos euros que nos ha citado para estar realmente a la altura del desafío que representa la aplicación de nueva ley. Es evidente que por ahora no, porque ha habido un colapso evidente en los juzgados, donde se dan situaciones que no deberían producirse, como que la persona maltratadora esté en contacto directo con la persona maltratada en el momento del juicio, situaciones de este tipo que se dan en muchos juzgados, particularmente en aquellos que no están especializados en el tema que son la mayoría de los que están atendiendo todavía los casos de violencia de género. Faltan medios materiales y humanos y se ha producido un colapso, que es de sobra conocido y lo acabo de mencionar. Yo quiero referirme al caso catalán, como senador de un grupo catalán que además está en el Gobierno de Cataluña, pues nuestra administración se encuentra también con las mismas dificultades que se encuentra usted en todo el territorio del Estado.

En el caso de Cataluña se ha dado clarísimamente en el primer semestre del año, donde ya se veía que los nuevos juzgados especializados de Barcelona eran insuficientes y que el número de casos que vienen a atender los juzgados de poblaciones del área metropolitana de Barcelona que no tenían ningún juzgado especializado estaban completamente desbordados. Este colapso ha sido aún mayor a partir del mes de junio cuando se aplica ya todo el articulado de la ley y se han producido situaciones, como usted también ha descrito, de juzgados en los que el número de horas extras se ha disparado, se ha llegado a una media de 20 a 30 horas extras al mes, etcétera, con quejas por parte de los sindicatos, incluso con algún plante por negarse a hacer estas horas extras.
Por nuestra parte creemos que es necesaria --usted lo conoce bien-- la creación de nuevos juzgados especializados en Cataluña y además se da una situación especial que usted también conoce que es que si bien es cierto que las competencias de Justicia están transferidas a las comunidades autónomas, también es cierto que su financiación está en relación con un aparato legislativo que no es el que tenemos actualmente y que a veces se hacen desarrollos legislativos que producen nuevos gastos que no están previstos en el sistema de financiación. Esto es lo que nos llevó, en nuestro caso, a presentar incluso una serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado y concretamente una que hacía referencia al caso de los juzgados especializados en la violencia de género y muy especialmente al tema de la asistencia jurídica gratuita. En este caso nosotros llegamos a pedir una financiación suplementaria de seis millones de euros por este concepto; en el curso del debate presupuestario retiramos estas enmiendas, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y de su ministerio, y además en aras de una negociación que esperemos prospere. La enmienda no respondía, evidentemente, a ningún capricho, sino a una necesidad real, y por ello estamos a la espera de que esta negociación pueda avanzar por otras vías.

Por lo que se refiere a la creación de nuevos juzgados, estamos a la espera de que en Barcelona y en poblaciones de su área metropolitana --y de hecho se ha constatado que en algunos partidos judiciales del área metropolitana se ha dado un desbordamiento incluso superior al de la ciudad de Barcelona-- se creen nuevos juzgados, que espero que pueda usted anunciarnos hoy o que al menos nos dé alguna esperanza de que en el curso del año que viene se puedan crear.

También estamos a la espera de que algunos juzgados con el carácter de mixtos puedan incluso especializarse en violencia de género en otras poblaciones de Cataluña.

«Moltes gràcies»; quizá le he escrito la carta a los Reyes, pero espero que con la perspectiva de este nuevo año pueda hacerse realidad.

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Señor López Guerra, tiene la palabra.

«Jo també voldría parlar en la seva llengua», pero desgraciadamente no dispongo de los medios técnicos para ello, señor Bofill.
Efectivamente, nos encontramos ante una ley que supone un desafío a todos los poderes públicos. Me ha preguntado si dispongo de las últimas cifras y he de decirle que, a 9 de diciembre, los últimos datos de la delegación para la violencia de género arrojan un saldo de 62 víctimas, puede que sean algunas más, obviamente son demasiadas, sobre todo porque los fallecimientos son sólo la punta de un iceberg que muestra una situación social insostenible e insoportable.

Al ser una ley integral, hace referencia a una cantidad notable de dimensiones del fenómeno; y ponerle remedio, aunque sólo sea desde la perspectiva del Ministerio de Justicia, supone un proceso de implantación del que no cabe esperar resultados milagrosos; implantación que debe hacerse poniendo los medios que se consideran necesarios; verificando las deficiencias, e intentando remediarlas y, en mi opinión, las intervenciones de su señoría se han centrado fundamentalmente en este proceso.

Efectivamente, las previsiones basadas en las estadísticas suministradas por el Consejo General del Poder Judicial se demuestran insuficientes en muchos aspectos; sin embargo, difiero en cuanto a algunos términos utilizados, por ejemplo, se ha hablado de colapso refiriéndose a Barcelona. Obviamente, como he dicho anteriormente, los medios de comunicación tienen la competencia y la obligación de informar, pero en ocasiones no pueden evitar ciertas dosis de exageración en la presentación de las noticias, de forma que si se quiere conocer los datos reales, hay que esperar a disponer de las comunicaciones de los órganos que llevan a cabo su recopilación.

Son datos recibidos del Consejo General del Poder Judicial, y voy a hacer referencia a algunos; hay que estudiarlos, puesto que se refieren a aspectos muy distintos y, sobre todo, porque nos falta todavía algo muy importante a efectos operativos; nosotros hemos solicitado a dicho Consejo General dos aspectos: por una parte, queremos que nos proporcione las cargas de los diversos juzgados, tanto compatibles como exclusivos, en materia de violencia de género, y por otra, y lo que es decisivo y todavía no tenemos, los módulos o criterios que consideran necesarios para llevar a cabo una distribución racional del trabajo.

Hemos recibido los datos del primer aspecto, es decir, lo relativo a las cargas, pero éstas se pueden contemplar desde perspectivas muy distintas; por ejemplo, en este momento tengo varias listas, una hace referencia a asuntos ingresados en juzgados de violencia sobre la mujer, los datos son de julio a septiembre de 2005, se pueden extrapolar y conseguir una cifra inicial con respecto a la carga anual de asuntos ingresados; otra se refiere a diligencias urgentes en juzgados de violencia sobre la mujer, que nos arroja otro dato; otra es la relativa a las órdenes de protección etcétera; es decir, hay diversos aspectos a tener en cuenta.

A reserva de recibir el dato básico referente a los criterios de módulos de carga razonables y de llevar a cabo la depuración de los mismos en algunos puntos, me atrevería a señalar que el término colapso o incluso la palabra alarma no son del todo apropiados; efectivamente, existe una preocupación, una necesidad de atención, estar dispuestos a reaccionar con la mayor rapidez posible a los desafíos y problemas que se plantean, pero, insisto, los datos que tenemos actualmente señalan que con los recursos previstos es posible que a lo largo del año 2006 podrá conseguirse una respuesta adecuada por parte de los poderes públicos.

Sólo disponemos de módulos iniciales, indicativos. Precisamente uno de los elementos esenciales es la coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, y ayer mismo tuve la oportunidad de mantener una conversación con la consejera doña Montserrat Comas a este respecto; le mencioné que iba a comparecer en el Senado y me dijo que los datos no son tan pesimistas, pero siempre hay que mantener cierta reserva porque hasta que no dispongamos de los módulos no podemos hacer aseveraciones absolutamente firmes. Sin embargo, repito, los datos permiten albergar la confianza en que con las medidas previstas, tanto en lo que se refiere a refuerzo de juzgados como a la creación de juzgados nuevos, nos permitirán afrontar todos los desafíos que se presenten en el próximo año.

Hay algunos puntos que me gustaría señalar porque los considero importantes. He de decir que la atención de la prensa y la opinión pública se ha centrado en los juzgados exclusivos porque son los que se dedican únicamente a esta materia y, por tanto, los situados en grandes ciudades; sin embargo, existen problemas en los juzgados compatibles porque, junto a las tareas referentes a violencia de género, tienen también que encargarse de aquellas tareas que les corresponden en el reparto ordinario.

En este punto nos encontramos con una cuestión que preocupa a nuestro ministerio y en la que estamos en estrecha coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. En el momento en que se atribuye la competencia sobre violencia a un juzgado en forma compatible, evidentemente habrá que hacer una reordenación del reparto, descargarle de un porcentaje de asuntos que equilibre la nueva carga que supone la violencia. Esta tarea le corresponde básicamente a un órgano de gobierno interno de los tribunales, las juntas de jueces, que son las que verifican este reparto; si este reparto se realiza adecuadamente, la carga adicional que supone la violencia de género se verá compensada y la carga del juzgado no será superior a su capacidad; en cambio, si la distribución no se lleva a cabo adecuadamente, el juzgado en cuestión se encontrará con la carga que ya tenía más una adicional; este es el problema que a veces se plantea, es decir, la distribución que ha hecho la junta de jueces no ha sido la adecuada y, como consecuencia, los juzgados encargados de la violencia de género se han encontrado muy sobrecargados de trabajo; en el mes de octubre presentamos una solicitud al Consejo General del Poder Judicial y la consejera doña Montserrat Comas me aseguró ayer que efectivamente éste podría llevar a cabo una actuación de revisión para comprobar que este reparto era el adecuado.

No es éste el único problema en los juzgados compatibles, tenemos otro y es que, debido a que estos juzgados actúan de hecho durante las horas de audiencia como juzgados de guardia, aun cuando tengan que enfrentarse con asuntos civiles o penales propios de su jurisdicción tienen que dar preferencia, en cuanto a la rapidez, a los de violencia. Esto supone cierta alteración en el proceso, de forma que estamos buscando fórmulas
--y la consejera Montserrat Comas me sugirió algunas-- para evitar este tipo de disfunción. Puedo asegurarle que se está prestando toda la atención a este tema y que trabajamos en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, hay un reglamento básico del Consejo, el Reglamento de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, que puede servir al respecto.

Otra cuestión adicional es la formación --y a ello se ha referido también su señoría--, tanto en los juzgados compatibles como en los no compatibles. En este sentido, quiero hacer referencia a un problema específico. Los juzgados de violencia fueron asignados, por la ley orgánica, a los considerados como juzgados de instrucción, es decir los de penales. Debido al carácter de su función jurisdiccional estos juzgados conocen no solamente de los aspectos penales sino también de los civiles relacionados con la violencia de género, y esto plantea una cuestión de formación. El personal de estos juzgados básicamente tiene formación sobre el procedimiento penal y no tanta práctica en lo que se refiere al procedimiento civil, de ahí el desafío en cuanto a la formación. Pero lo estamos teniendo en cuenta.

Por lo que se refiere al tema de la defensa jurídica gratuita, señor Bofill, creo que, a la vista de los datos que nosotros utilizamos, 6 millones parecen demasiados. Si nosotros prevemos en torno a 1.600.000 para el territorio de competencia estatal, 6 millones para una sola comunidad autónoma me parece un poco excesivo. Lógicamente, entra dentro de lo que es el deber de los representantes de una comunidad autónoma y de sus poderes públicos pedir los recursos suficientes, pero 6 millones son muchos. De todas maneras en el caso concreto de Cataluña, como usted sabe, el sistema de transferencia no coincide con el de otras comunidades autónomas y está sujeto a asignaciones anuales, por lo que las negociaciones en este aspecto pueden llevar a algún tipo de modificación.

Debo decir también que la coordinación por parte del Ministerio de Justicia no solamente se refiere al Consejo General del Poder Judicial sino también a otros ministerios; el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en lo que se refiere --y tengo un protocolo al respecto-- a la atención a las víctimas e información en los servicios de teleasistencia que tiene previstos y el Ministerio de Interior en relación con dos aspectos: un protocolo para la coordinación de las actuaciones policiales y judiciales y otro en cuanto a las actividades de reeducación.
Como ustedes saben, la ley orgánica establece una serie de condicionamientos para el establecimiento de medidas cautelares, suspensión de penas, etcétera, que se condicionan a la participación de los afectados en actividades de reeducación y reintegración. En la práctica esto no corresponde a las competencias del Ministerio de Justicia y más bien se integra en lo que es el cumplimiento de las penas, que entra dentro del ámbito de competencias del Ministerio del Interior, pero para nosotros resulta un aspecto importante.
Debo señalar aquí que, por una parte, la normativa del Ministerio del Interior está previendo, mediante decretos y reales decretos, la puesta en práctica de estas medidas educativas. Y, por otra parte, también quiero señalar, porque creo que es de justicia, la actuación de algunos órganos judiciales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Alicante está llevando a cabo convenios y actuaciones en coordinación con la comunidad autónoma respectiva, Valencia, en este aspecto, y lo comento porque ha surgido en la opinión pública.

Otro tema que se ha tocado aquí es si existe una resistencia por parte de la judicatura a la puesta en práctica de la ley. Yo creo que éste no es el caso, tan sólo se han puesto de manifiesto los comentarios realizados por parte de los jueces y juezas, decanos y decanas con respecto a la necesidad de medios y problemas que se plantean. Creo que eso supone, simplemente, una actitud crítica o de observación natural en cualquier contexto profesional.
Debo señalar que existen dos problemas que pueden afectar a los jueces.
Por un lado, estos juzgados de violencia son muy visibles desde el punto de vista de la prensa y la opinión pública, cuando la naturaleza de la profesión judicial es en su inmensa mayoría discreta: se lleva a cabo el trabajo y no se aparece en los medios. Esto puede ser un elemento disuasor. El segundo punto es que, efectivamente, se trata de unos órganos en los que se prevé una carga considerable, por lo menos hasta que se realice el reparto.

No puede excluirse que se haya producido, como se ha comentado, algún tipo de efecto llamada debido a la misma publicidad que han recibido estos órganos. Así y todo, puedo señalarle que la colaboración que está prestando el Consejo General del Poder Judicial y sus miembros en su conjunto es absoluta, incluso en aquellos casos en que los que, tanto el personal judicial como los secretarios y funcionarios, tienen que hacer horas extraordinarias. En este sentido, intentamos que la prestación de este servicio no sea algo extraordinario que suponga una carga adicional, sino que entre dentro de las obligaciones usuales de este personal.

Ciertamente, les agradezco su interés y preguntas. Creo que en este tema están comprometidos todos los grupos políticos y parlamentarios y, desde luego, la sociedad española en general y que esta cuestión va a exigir esfuerzos por parte de todos, desde luego de las autoridades del Estado, pero también de las comunidades autónomas y corporaciones como los colegios de abogados, pero en este proceso es difícil esperar resultados inmediatos o milagrosos.

Parece que la criminalidad en este aspecto ha disminuido algo con respecto al año pasado, pero me cuesta admitir que sea la rápida consecuencia de una medida legal. En cualquier caso, una sola víctima es más de lo deseable.
Creo que con esto he respondido a sus preguntas, pero quedo a su disposición.

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El señor BOFILL ABELLÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
También quiero agradecerle sus palabras. En cualquier caso, yo no le pedía tanto como que hablara catalán, simplemente le transmitía una posición reivindicativa que mantenemos aquí porque consideramos que el Senado, como Cámara territorial, justamente es el sitio donde se debería poder hablar con normalidad las diferentes lenguas.
Le agradezco todas sus explicaciones y únicamente quiero puntualizar dos cosas. En primer lugar, he utilizado la expresión resistencia en la judicatura como una forma de decir no que no quieran aplicar la ley sino que, por las condiciones que les exige la ley, a veces los juzgados no están preparados para hacer frente a lo que se les viene encima, tanto por carencias de personal como por cuestiones de formación; esto último lo planteó la juez decana de Barcelona cuando comentó que ahora tenían que hacer, por ejemplo, de psicólogos en un intento de explicar que necesitaban equipos pluridisciplinares.
Enlazo esto con el tema de los 6 millones de euros porque una parte importante de esa cantidad se destina a la asistencia jurídica gratuita y la otra hace referencia al personal necesario, incluso de otras especialidades, que atiende estos juzgados, así como al propio personal administrativo que ha tenido que realizar muchas horas extraordinarias y que corre a cargo de la administración autonómica.
Por último, quiero comentar una cuestión porque considero interesante tener consignado el dato. Cuando debatimos la modificación de la ley del divorcio uno de los temas que surgió fue el del efecto llamada y las repercusiones que podía tener en relación con la ley. Pasado un tiempo sería interesante tener en cuenta este dato para poder evaluar si la forma en que acabó siendo redactado el articulado de la modificación de la ley del divorcio ha tenido o no relación con esta cuestión. Es algo que se me ocurre sobre la marcha, pero me parece que puede ser importante para nosotros tener este dato.
Muchas gracias.

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