Dimarts, 29 de novembre, al Ple del Senat vam debatre la moció que vaig presentar per instar el govern a transferir a les comunitats autònomes la gestió de les taxes judicials i dels dipòsits i consignacions judicials (aquí podeu veure'n alguns antecedents). L'assumpte (que per a Catalunya representaria un traspàs suplementari d'uns 18 milions d'euros l'any i per al conjunt de les comunitats autònomes amb competències de Justícia, d'uns 76 milions) va aixecar dilluns un enrenou de mil dimonis, amb pressions i trucades creuades de ministeris, conselleria, etc. Vam mantenir la moció malgrat les pressions, però finalment, per no tancar la negociació amb el PSOE, que continua per altres bandes, ens vam avenir a proposar una transacció descafeïnada perquè el govern estudïi la possibilitat de fer aquesta transferència, que va obtenir el suport de tots els grups excepte el PP.

La meva primera intervenció de defensa de la moció va ser aquesta (d'acord amb les meves notes):

Gràcies senyor president,

És una satisfacció poder defensar una moció com aquesta en el Ple del Senat, perquè és en el Senat, com a cambra territorial, com a cambra de les autonomies on s’hauria de produir la transparència dels recursos disponibles i del finançament de les Comunitats Autònomes perquè puguin exercir les seves competències. El Senat hauria de ser el fòrum parlamentari on, respectant els estatuts d’autonomia en la seva diversitat, es poguessin plantejar les disfuncions i proposar les solucions més adients.

Decía que es muy satisfactorio poder defender una moción como esta en el Pleno del senado, porqué es en el Senado como cámara territorial, como cámara de las autonomías, donde debería darse la transparencia de los recursos disponibles y de la financiación de las Comunidades Autónomas para que puedan ejercer sus competencias. El Senado debería ser el foro parlamentario donde, respetando los estatutos de autonomía en su diversidad, se pudieran plantear las disfunciones y proponer las soluciones más adecuadas.

En materia de Justicia hay disfunciones graves. En primer lugar, en conjunto, la Administración de Justicia no está satisfaciendo plenamente la demanda de la sociedad: “el atasco judicial se perpetúa, con más de dos millones de asuntos en trámite” rezaba un titular de periódico de ayer haciéndose eco de un informe del Consejo General del Poder Judicial que prevé un aumento del 2% de casos pendientes para este año. La falta de recursos es una de las causas de esta situación.

En este marco es comprensible que cualquier demanda de una distribución de recursos entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias que han ido asumiendo desde 1987 provoque tensiones, pero lo que no es de recibo es que no se pongan los datos sobre la mesa y se tomen en consideración las demandas razonables que se están planteando.

Las Comunidades Autónomas que tienen competencias traspasadas: País Vasco 1987, Catalunya 1990, Galícia 1994, P. Valencià 1995, Canarias 1996, Andalucía 1997, Navarra 1999 y Madrid 2002, han hecho un importante esfuerzo para dotar de mayores recursos a la administración de justicia, pero todas se encuentran con dificultades financieras para afrontar la demanda social y las reformas planteadas (como es el caso de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, para la cual el Ministerio prevé destinar 100 millones de euros, excluyendo a las Comunidades autónomas que tienen las competencias traspasadas). Pero resulta que el cálculo de la financiación de estas competencias se ha ido haciendo en términos generales en base a la liquidación del presupuesto del Ministerio de Justicia del año anterior al de la transferencia, con lo cual y con el paso del tiempo y la aparición de nuevas demandas, generadas a veces por la propia reforma legislativa, se va produciendo una disminución de la aportación del Estado a la financiación de la administración de justicia en las CCAA con competencias transferidas.

Las demandas de estas CCAA están más que justificadas, y aún más si cabe en los casos de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y de los intereses de las cuentas donde se depositan las fianzas judiciales que planteamos con nuestra moción.

Son casos que ya hace años se deberían haber resuelto y en el caso de la tasa judicial ya ni se debería haber producido.

En 1987, es decir justo el año en que se empiezan a producir las primeras transferencias de competencias de justicia a las comunidades autónomas, se suprimieron las tasas judiciales (Ley 25/1986, de 24 de diciembre), en aras al principio de la gratuidad de la justicia, al libre acceso a los órganos de justicia por parte de todos los ciudadanos. Por lo tanto, no cabía plantear la transferencia de las cantidades recaudadas en concepto de tasas judiciales en dichas CCAA. Sin embargo, cinco años más tarde el legislador en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, consideró necesario reintroducir el pago de tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional a instancia de parte mediante determinados actos, como la presentación de demandas o de determinados recursos en los órdenes civil y contencioso administrativo. Esta tasa se estableció con carácter estatal, cosa lógica ya que se trataba que todos los ciudadanos asumieran una parte de los costes de determinados actos judiciales, pero no es menos cierto que una tasa justamente es una imposición finalista en relación con la prestación de un determinado servicio por parte de la administración pública y si la administración que esta financiando este servicio es la administración autónoma es esta quien debería percibir las cantidades devengadas. Sin embargo desde enero de 2003 el Estado ha venido cobrando esta tasa y no ha transferido ni un céntimo a las Comunidades Autónomas que están costeando los servicios judiciales por la utilización de los cuales los ciudadanos están pagando dicha tasa. En total estamos hablando, solo para 2004, de 39 millones de euros que deberían haberse transferido por este concepto a las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia, que están proveyendo a Juzgados y tribunales de los medios humanos y materiales precisos para el ejercicio de la actividad jurisdiccional en virtud de la cual se está cobrando dicha tasa.

Es similar el caso de los rendimientos obtenidos por el Ministerio de Justícia de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales (cuya utilización viene amparada por el art 70 de la misma Ley 53/2002), ya que si bien es cierto que su origen es procesal, su gestión posterior y la aplicación de sus rendimientos es netamente administrativa y no jurisdiccional, y por lo tanto afecta directamente el ámbito competencial transferido a las Comunidades Autónomas que han asumido dicha responsabilidad. Es de la lógica más elemental, pues, que los rendimientos generados por los depósitos y consignaciones por actos procesales producidos en una Comunidad Autónoma con competencias de Justicia y por lo tanto que asume los costes administrativos de dichos actos sean administrados por esa Comunidad Autónoma. En este caso, y solo para el año 2004, se trata de más de 37 millones de euros que deberían haberse transferido a las comunidades autónomas que ya han asumido competencias ejecutivas en la Administración de Justícia.

La cuestión es clara. Desde Catalunya como desde las demás CCAA con competencias de Justicia se está haciendo un gran esfuerzo de acercamiento de la justicia a los ciudadanos, de mejora de la administración de justicia como servicio público y para ello se necesitan todos los recursos que corresponden, y más aún, pero como mínimo los que en justicia, y nunca más bien dicho, les corresponden.

En definitiva, en correspondencia con las competencias que están ejerciendo por los conceptos de tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional y de rendimientos de los depósitos y las consignaciones judiciales en el 2004, para que quede claro de que cantidades estamos hablando, Andalucía debería haber ingresado 12 millones de euros, Canarias, 3,3 millones de euros, Catalunya 16,5 millones de euros, Euskadi 6,5 millones de euros, Galícia 4 millones de euros, Madrid 25,3 millones de euros, Navarra 847.000 euros y el País Valencià cerca de 7,9 millones de euros.

Todos los colores políticos están representados en este mapa autónomico de la Justícia, y no creemos que ningún grupo de esta cámara se pueda oponer a una demanda tan justificada y tan en correspondencia con el desarrollo actual del Estado de las Autonomías. Con esta moción no estamos hablando de proyecciones de futuro sino de la transferencia de la gestión de unos recursos en relación con competencias ya transferidas, y no estamos hablando de una Comunidad Autónoma en particular sino de todas, de las que ya han asumido la responsabilidad de gestionar los medios humanos y materiales de la administración de justicia y de las que lo hagan en un futuro. La resolución justa del caso que nos ocupa es un acicate más para que nuevas CCAA asuman también la descentralización de nuestra administración de justicia, tan necesaria para ofrecer un buen servicio público a los ciudadanos.

Moltes gràcies, senyor president

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Les notes per a les meves dues intervencions següents són aquestes (cal dir que vaig afegir-hi algunes altres coses en relació amb el desenvolupament del debat i hauré d'esperar la publicació del diari de sessions per poder penjar en aquest bloc la literalitat d'aquestes intervencions):

Ya suponía que esta moción iba a levantar un cierto revuelo, como así ha sido, fundamentalmente porque se refiere a dinero, a recursos, y a comunidades autónomas.

Es lógico que desde la administración central sea del color que sea haya una cierta resistencia a las transferencias, pero sinceramente creo que en el estado de las autonomías todos los partidos pueden tener interés en una mayor descentralización y en una gestión de los recursos más próxima a los ciudadanos. Eso, claro desde la racionalidad. Pero hoy, esperemos que no por mucho tiempo, nos encontramos con un Partido Popular encastillado en su Alcázar, creyendo que viejos lenguajes y viejas demonizaciones le van a servir para volver al Gobierno; se olvidan que este Estado es plural y que en él si se quiere avanzar siempre será necesario dialogar y pactar tanto con otros partidos, como con las muy diversas Comunidades Autónomas. No quieren hablar, no quieren ni entrar en una posible transacción…, luego no digan que se les excluye, son ustedes los que se quedan solos, se equivocan, y en esta cuestión que tratamos hoy particularmente, porque llegará el día que incluso desde las CCAA en que ustedes gobiernan les van a tirar las orejas. Porque 25 millones para Madrid o 7 para Valencia o 4 para Galicia no creo que sean tan poco como para que no valga la pena ni estudiar la posible transferencia a las CCAA la gestión de las tasas judiciales y los rendimientos de los depósitos y consignaciones judiciales.

La enmienda de Convergencia viene a insistir en el contenido de nuestra moción y propone un reconocimiento que las cantidades recaudadas por estos conceptos se adeudan desde el momento en que se produjeron estas transferencias. Nos parece perfecto, pero claro esta proclama es fácil, pero lo que hay que hacer es negociarla con éxito, y teniendo en cuenta que las transferencias de Justicia a la Generalitat de catalunya se produjeron en 1990 y que estuvierón en el gobierno de Catalunya desde esa fecha hasta 2003, no parece que fueran capaces de hacerlo entonces, ni contando efectivamente con una resolución aprobada por el Congreso a favor de la transferencia a las CCAA de la gestión de los depósitos y consignaciones judiciales. De poco serviría hoy que nos pusiéramos de acuerdo los dos grupos catalanes de está cámara, el quadripartito que apoyamos el nuevo Estatuto para Catalunya, sin conseguir un acuerdo más amplio para que esas propuestas progresen. Es por ello que más que aceptar unas propuestas que nos parecen correctas, aunque con un corte maximalista, nos inclinamos por una transacción con todos aquellos que por lo menos no nos dan un no por respuesta, como hizo y hace el PP, y manifiestan voluntad de llegar a un acuerdo práctico en los próximos meses, una transacción que incluya evidentemente también al grupo de Convergencia.

La enmienda del Grupo Socialista no nos engañemos es la típica del vuelva usted mañana, de aguar el vino… pero dado que no cierra totalmente la puerta hemos aceptado entrar en la transacción con el convencimiento que en las negociaciones con el Gobierno y entre las CCAA desbloquearemos el traspaso de estos fondos. El Grupo Socialista sabe bien que esta cuestión más pronto o más tarde deberá encontrar una solución satisfactoria para las Comunidades Autónomas que están reclamando esta gestión de lo que les corresponde, una solución ya sea en el marco de la reforma de la LO del PJ, en el marco de las reformas estatutarias en curso…

Como existe esta voluntad de negociación hemos planteado una transacción que han firmado todos los grupos menos el Partido Popular al cual llamamos a sumarse a un consenso que va a favorecer finalmente a todas las Comunidades Autónomas y a la Justicia de este país.

Respecto a la transacción me permito una puntualización lingüística. Realmente esta muy mal redactada, como a veces en estas lides parlamentarias cuando hay un acuerdo parece que no se puede tocar ni una coma, a demanda del grupo socialista no lo hemos hecho, pero el texto con una redacción más correcta debería decir:

"El Senado insta al Gobierno a estudiar la posibilidad que, en le marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se transfiera a las Comunidades Autónomas la gestión de las tasas que gravan el ejercicio de la potestad jurisdiccional y sobre los rendimientos que generan los depósitos y consignaciones judiciales o que participen en dicha gestión."

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