Intervenció en el Ple del dia 14 de setembre amb motiu de la presentació pel PP d'una Proposició de Llei per a la creació de jutjats especialitzats d'habitatge, que finalment no va obtenir els vots necessaris per ser admesa a tràmit:

Gràcies senyor president,
Senyores, senyors,

L’Entesa Catalana de Progrés, com indica el seu nom, és un grup progresista, que té entre els seus objectius l’extensió dels drets socials i que, per tant, considera que aquells que invoquen constantment la Constitució, farien bé de preocupar-se de manera efectiva i prioritària pel compliment, per exemple, del seu article 47, segons el qual tots els ciutadans tenen dret a disfrutar d’un habitatge digne i adequat.

Decía, aproximadamente, que la Entesa Catalana de Progrés es un grupo progresista, que trabaja en pro de la extensión de los derechos sociales y, por lo tanto, nos gustaría que aquellos que invocan constantemente la Constitución se preocuparan por el cumplimiento efectivo y prioritario, por ejemplo, de su artículo 47, según el cual todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; y es evidente que una de las formas seria el aumento del parque de viviendas de alquiler a un precio asequible.

En el anterior periodo de sesiones el Grupo Popular presento una proposición de Ley que atacaba directamente los mínimos derechos de los arrendatarios de poder enervar el juicio por deshaucio mediante el pago de los alquileres debidos, siempre que no haya reincidencia. Por suerte, rectificaron a tiempo y retiraron una proposición que no solo no era razonable sino que nos parecía injusta.

Hoy de manera más moderada, es cierto, vuelven a la carga y en la exposición de motivos de esta proposición de ley para crear juzgados de vivienda vuelven a destacar la supuesta “inseguridad que genera la legislación de arrendamientos”, inseguridad se sobreentiende para el propietario.

Nosotros creemos que si nos atenemos al texto de la ley esta ofrece en materia de arrendamientos urbanos una alta seguridad jurídica al arrendatario y, de hecho, las reformas en materia de arrendamientos urbanos introducidas desde el año 1994, e incluso ya antes con el llamado Decreto Boyer de mayo de 1985, han sido numerosas y todas ellas, todas han ido destinadas a reforzar la posición del propietario y arrendador en su relación jurídica con el arrendatario.

Las reformas procesales para agilizar los procedimientos también se han realizado, tanto en la Ley de enjuiciamiento civil como en la Ley orgánica del poder judicial.

Si los juzgados y tribunales cumplieran de manera escrupulosa los plazos procesales fijados el presente debate carecería de sentido.

El problema, por tanto, no reside en el contenido de la legislación vigente, tanto material como procesal, sino en el despliegue de dichas reformas legales, que incide en la lentitud que todavía se detecta en el funcionamiento normal de la administración de justicia.

Tenía razón en este sentido el ministro de Justícia que insisitia en la prioridad de la modernización de la Administración de Justicia que supone a nuestro entender más medios personales y materiales, pero también una mejor organización ya prevista en las diversas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A nuestro entender, en este contexto, en que de lo que se trata es de desplegar lo ya previsto y mejorarlo, acercándolo al ciudadano mediante una descentralizción que de más competencias a las Comunidades Autónomas en la organización de la oficina judicial, por ejemplo, en este contexto, digo, cuando vemos además las dificultades que hay que superar para asegurar el buen funcionamiento de los juzgados mercantiles y los dedicados a los casos de violencia contra la mujer, crear unos nuevos juzgados especializados en vivienda no nos parece razonable, nos parece que aún complicaríamos más las cosas.

Por otro lado, la creación de los Juzgados de Vivienda es contraria al principio de proximidad que debe velar la relación entre la administración de justicia y los ciudadanos, y que afectaría especialmente a áreas poco pobladas. Por el escaso número de asuntos, muchos partidos judiciales carecerían de estos organismos especializados y los demandantes se verían obligados a interponer su reclamación ante un órgano situado en la correspondiente capital de provincia o en otra localidad muy alejada de su residencia. A ello, se añadirían problemas más que relevantes en la ejecución de sentencia por cuanto el lanzamiento requiere el desplazamiento de una comisión del juzgado al lugar en el que se halle situada la finca en cuestión.

De hecho, actualmente son los los juzgados de primera instancia los que conocen los procedimientos por impago o expiración contractual i se tramitan como un juicio verbal. De acuerdo con el redactado que la disposición final tercera de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo dió al artículo 440.3 de la Ley de enjuiciamiento civil, en el mismo momento de la admisión de la demanda i de la citación para la vista, el tribunal ha de fijar día i hora, antes de un mes desde la data de la fecha, para hacer el lanzamiento.

Desde la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya nos señalan que

“La celeritat d’aquest tràmit i en general dels tràmits establerts per al judici verbal fan innecessària la creació d’una nova jurisdicció, i al contrari, aconsellen de mantenir la competència dels jutjats de primera instància, sense perjudici que, d’acord amb la LOPJ, es puguin celebrar judicis ràpids civils, si les circumstàncies ho aconsellen, en aquells partits judicials on hi pugui haver un gran volum d’assumptes d’aquesta classe.” (Això ho vaig dir en castellà.)

Por otro lado, conocen ustedes de sobras que las últimas reformas de la LOPJ preven la posibilidad de crear oficinas de señalamiento inmediato. Entre los asuntos que la ley orgánica del poder judicial encomienda a las Oficinas de Señalamiento Inmediato se halla precisamente el de entender de los juicios de deshaucio.

El problema, una vez más, reside en aprobar reformas legales que afectan a los órganos jurisdiccionales, sin prever los necesarios medios presupuestarios que las hayan de sustentar.

Por tanto, más que nuevas medidas legislativas, lo que fundamentalmente se precisa son medidas presupuestarias y de organización.

En este sentido creemos que no debemos complicar las cosas sino favorecer que se cumplan los programas de modernización, es decir:

1) Despliegue efectivo de la nueva oficina judicial, acompañado de una descentralizción de las comptetencias en esta materia a favor de las CCAA con competencias en Justicia.
2) Dotación de nuevas unidades judiciales (en el caso de caso de Catalunya serian necesarios 60 nuevos juzgados antes del fin de la legislatura).
3) Favorecer una mayor especialización de los Juzgados de Instrucción, por un lado, y de los Juzgados de Primera Instancia, por otra.

En cualquier caso no nos parece conveniente "judicializar" el problema de la falta de vivienda de arrendamiento porque ello nos impediría hacer un correcto análisis de las causas que provocan este problema.

Por el contrario, deberíamos reflexionar sobre la política económica impulsada durante estos pasados años, que ha fomentado el auge construcción, pero basada en sus aspectos más especulativos, o sobre la escasez de producción por las administraciones públicas de vivienda de alquiler social y en regímenes protegidos, que en relación con el total de la oferta de alquiler está aún mucho más lejos de la media europea.

Las políticas que se estan fomentando actualmente desde el gobierno y desde la Generalitat de Catalunya apuntan en esta dirección, aunque eso sería objeto de otro debate.

Dit això, queda clar que, com a grup parlamentari progresista, d’esquerres, votarem en contra de la presa en consideració d’aquesta proposició de llei.

Así pues, votaremos contra la toma en consideración de esta proposición de ley.

Moltes gràcies senyor president

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