Avui, 18 de maig, s'havia de debatre al Senat l'admissió a tràmit d'una Proposició de Llei per suprimir l'apartat 4 de l'article 22 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, que es refereix a la possibilitat d'enervar (d'aturar) el judici de desnonament, mitjançant el pagament dels lloguers deguts. Finalment, el PP l'ha retirada, suposo que en veure que no tindria els suports necessaris per fer-la prosperar.

Si us interessa saber de què es tractava, aquestes són les notes que tenia preparades per a la meva intervenció:

Gràcies senyor president,

Aquest senador porta un any iniciant totes les seves intervencions en el Ple en català i li agraeixo sincerament la seva benevolencia, però alhora no puc deixar de manifestar-li que em sembla que ja va sent hora que l’ús al Senat de les llengües de milions de ciutadans d’aquest Estat deixi de ser tan forçat i purament simbòlic, i encara gràcies a l’actitud tolerant del president i de la immensa majoria de membres d’aquesta Cambra.

Decía en catalán que este senador lleva un año iniciando todas sus intervenciones en el Pleno en catalán i le agradezco sinceramente, señor presidente, su benevolencia, pero al mismo tiempo no puedo dejar de manifestarle que me parece que ya va siendo hora que el uso en el Senado de las lenguas de millones de ciudadanos de este Estado deje de ser tan forzado y puramente simbólico, y aún gracias a la actitud tolerante del presidente i de la inmensa mayoría de miembros de esta Cámara.

Y eso entre otras razones, no solo porque crea que el uso de la propia lengua es un derecho de cualquier ciudadano en el momento de relacionarse y participar en las instituciones centrales de un Estado que él sostiene, con sus impuestos y con su participación, de un Estado que afirma ser el suyo, sino también porque para hablar de cualquier tema, como hoy de la enervación del juicio de deshaucio, para mi lo más fácil es hacerlo en mi lengua.

La Entesa Catalana de Progrés, como su nombre indica es un grupo progresista, preocupado por la extensión de los derechos sociales y por el cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución según el cual todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y es evidente que una de las formas de acceso a la vivienda es el alquiler.

Pero ya se lo digo de entrada la supresión pura y simple de la posibilidad de enervar el juicio por deshaucio es una medida que desprotegería totalmente a los sectores más débiles económicamente de nuestra sociedad y no por ello se aseguraría el aumento del parque de viviendas de alquiler y la disminución de los precios de los alquileres, sin los cuáles la vivienda en alquiler no será una alternativa real a la vivienda en propiedad. El problema de la vivienda en alquiler en el Estado español es que sus costes son superiores a la compra de la vivienda: en Barcelona en 2004 según un estudio del BBVA el precio de una vivienda de alquiler era equivalente al 30% de los ingresos familiares, mientras que la compra suponía un 20%. Con este panorama no se incentivará que los ciudadanos crean en la vivienda de alquiler como una solución duradera para su alojamiento a base de facilitar aún más las posibilidades de deshaucio.

La enervación del deshaucio, es decir, la posibilidad de evitar la resolución del contrato de arrendamiento, mediante el pago o la consignación de las rentas adeudas con anterioridad al acto de juicio, es una institución tradicional en la legislación de arrendamientos urbanos.

Sin embargo, como se reconoce implícitamente en la exposición de motivos de la proposición de ley cuya toma en consideración votamos hoy, la facultad de enervar el deshaucio se ha ido reduciendo a su mínima expresión.

Ya la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos modificó el artículo de 1563 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, limitando la facultad de enervación a una sola vez.

Tampoco se permitió la enervación cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario, por cualquier medio fehaciente, con, al menos, cuatro meses de antelación a la presentación de la demanda.

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 incluyó la misma previsión en el apartado 4 de su artículo 22.

En una nueva vuelta de tuerca, la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo, vino a acortar el plazo del requerimiento previo, que pasó de 4 a 2 meses.

Esta es la situación actual y nos parece justo que se mantenga esta mínima protección del arrendatario que permite al arrendador evitar los abusos a que podía dar lugar la Ley de Arrendamientos Urbanos anterior a la reforma del 1994 que no fijaba un número máximo de enervaciones y dejaba a la discrecionalidad judicial la interpretación de la “reiteración” que permitía al propietario solicitar la extinción judicial del contrato.

La ley del año 94 abordó esta cuestión y la nueva regulación redujo a la mínima expresión la posibilidad de ejercitar la enervación: se permite una sola vez y debe realizarse antes de la celebración del juicio, en otro caso el proceso de deshaucio sigue adelante y deviene irreversible.

No exista inseguridad jurídica, al contrario en este momento la legislación estatal de arrendamientos urbanos ofrece una alta seguridad jurídica al arrendador. Desde 1985, con el llamado Decreto Boyer, las reformas legales han sido numerosas y todas ellas han ido destinadas a reforzar la posición del propietario y arrendador en su relación jurídica con el arrendatario.

Lo que sí hay, y que afecta al ejercicio de los derechos de los arrendadores, es un incumplimiento por parte de los juzgados y tribunales de los plazos procesales fijados en la Ley.

Si se cumplieran de manera escrupulosa los plazos establecidos en la Ley de enjuiciamiento civil estoy seguro que hoy no tendríamos este debate.

Las reformas procesales de carácter legal ya se han producido, tanto en la Ley procesal civil como en la ley orgánica del poder judicial; en todo caso faltaría su despliegue efectivo. Es el caso de las Oficinas de Señalamiento Inmediato, entre cuyos asuntos le encomienda la ley orgánica del poder judicial entender de los juicios de deshaucio, y a propósito de las cuales aprobamos una moción en la Comisión de Justícia la semana pasada.

El problema, en todo caso, es que se realizen reformas legales sin prever los medios presupuestarios que las han de sustentar.

Lo que fundamentalmente se necesita hoy es que la administración de justicia cuente con los medios humanos y materiales necesarios para realizar su cometido, para agilizar los juicios por deshaucio cuando estos sean procedentes.

En todo caso, pensamos que este debate sobre el deshaucio nos desvía de los verdaderos problemas estructurales que impiden la generación de vivienda de alquiler en un volumen suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Las políticas de vivienda que se están fomentando actualmente desde el gobierno y desde la Generalitat de Catalunya apuntan en esta dirección, aunque eso sería objeto de otro debate.

Creemos, por todo ello, que deben mantenerse ciertas garantías para el arrendatario, que eviten maniobras fraudulentas por parte de algunos propietarios.

En este sentido, debería reconocerse que la resolución del contrato alegando falta de pago de la renta viene siendo utilizado, en algunas ocasiones, de manera claramente abusiva, como un recurso que utilizan determinadas empresas inmobiliarias para forzar que el arrendatario abandone su vivienda por motivos de índole especulativo.

Precisamente, si lo que pretendemos es ofrecer seguridad jurídica a la relación arrendaticia, tenemos que garantizar la igualdad entre las partes, y ofrecer también garantías al arrendatario de que no será privado del uso de la vivienda de manera injusta o por un retraso ocasional e involuntario en el pago del alquiler.

Per tant, com a grup parlamentari progresista, d’esquerres, votarem en contra de la presa en consideració d’aquesta llei.

Por lo tanto, como grupo parlamentario progresista, de izquierdas, votaremos en contra de la toma en consideración de esta ley.

Moltes gràcies senyor president.