Una altra de les mocions del PP a la Comissió de Justícia de dilluns 9 de maig feia referència a les funcions del Tribunal Suprem i dels Tribunals Superiors de Justícia de les Comunitats Autònomes i pel que van explicar en la seva intervenció, plena de referències a "la esencia de España" i a "la esencia del Estado", pretenen que el govern prengui iniciatives per encotillar el debat de l'Estatut en aquesta matèria. Inicialment van presentar un redactat en què situaven el Tribunal Suprem com a "unificador de doctrina" que després a última hora van modificar suprimint aquesta referència a la unificació de doctrina i definint-lo genèricament com a tribunal de cassació, cosa que feia totalment inaccpetable la moció des de Catalunya. Al final hi van votar a favor el PP i el PSOE, i en contra l'Entesa, CiU i Coalició Canària.

Aquestes són les notes a partir de les quals vaig fer la meva intervenció:

Moltes gràcies senyora presidenta,

Al Partit Popular amb les seves anades i vingudes en aquesta moció no sé si li hem vist les contradiccions o si li hem vist el llautó.

Decía que al Partido Popular con estas idas y venidas en esta moción no sé si le hemos visto las contradicciones o si le hemos visto el plumero, ya que es evidente que es muy distinto concebir les funciones del Tribunal Supremo como unificador de doctrina que situarlas de forma genérica en la casación. Preferiría creer que es lo primero, porque nos permitiría abordar de una forma esperanzada las necesarias, y en algunos casos casi ineludibles, reformas de algunas de las grandes instituciones del Estado que deberíamos conseguir realizar con el mayor consenso posible.

La reforma de la planta judicial y el reforzamiento efectivo de las funciones jurisdiccionales de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas es una exigencia impuesta por las disfunciones que provoca el actual sistema de organización judicial.

Año tras año, el trabajo de los Jueces continúa en línea de aumento. Los datos presentados en la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial indican que en el último año judicial ingresaron un total 7.320.878 asuntos; cifra que supone un incremento del 2,93% sobre el ejercicio anterior.

En ese mismo año los Jueces y Magistrados resolvieron 7.277.044 procedimientos, un número por tanto casi equivalente al de los ingresados.

En este contexto, incluso desde los sectores más conservadores que dirigen el Consejo General del Poder judicial, se admite que la situación del Tribunal Supremo dista de la ser la más deseable y la más adecuada para el cumplimiento de su función constitucional.

Según la última Memoria disponible, la Sala Primera –de lo Civil- del Tribunal Supremo tenía 14.751 asuntos pendientes, y la Tercera –de lo Contencioso Administrativo- tenía 21.381 asuntos. Es por tanto evidente que el actual Tribunal Supremo, y muy particularmente las Salas Primera y Tercera sufren una pendencia de asuntos que impiden un pronto –y por tanto adecuado- cumplimiento de su función.

Es más, esa extraordinaria afluencia de asuntos que atrae Tribunal Supremo provoca la aparición de cierta jurisprudencia contradictoria, cosa que desvía nuevamente al Tribunal Supremo de su función primordial de definición del Ordenamiento Jurídico, lo que también admiten los sectores conservadores.

De otra parte, la importancia del hecho autonómico no ha tenido la debida trascendencia y consideración en la planta judicial y en la Administración de justicia.

Es la propia Constitución, en el art. 152.1, la que establece la necesidad de que en cada Comunidad Autónoma exista “Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo”; el Tribunal Superior, según la norma constitucional, “culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma”.

Esta previsión constitucional, sin embrago, nuestro Grupo entiende que aún no está plenamente desarrollada de acuerdo con su letra y espíritu, y que tampoco ha sido objeto de una lectura suficientemente favorable al principio autonómico.

Las reformas no tienen porqué afectar a la unidad de la jurisdicción, pues el Tribunal Superior de Justicia es un órgano del Estado, cuya demarcación se extiende al territorio de la Comunidad Autónoma, “de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste”.

Entendemos, por tanto, que desde el punto de vista constitucional, los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo son órganos perfectamente compatibles, de suerte que la consideración de aquellos como culminación de la organización jurisdiccional en el territorio de la Comunidad Autónoma no es contradictoria con el reconocimiento de la posición que ocupa el Tribunal Supremo, en el vértice de la Administración de Justicia.

Nuestro Grupo, en la línea aprobada por la ponencia de reforma del Estatuto de Autonomía -con el acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios representados en aquella Cámara-, considera que el Tribunal Superior de Justícia debe ser la máxima y la última instancia judicial recurrible, excepto en los aspectos relacionadas con la creación y unificación de doctrina, que seguiría correspondería al Tribunal Supremo.

Ello comporta que el Tribunal Superior tenga funciones de casación de las sentencias emitidas por las instancias inferiores en el ámbito territorial de la Comunidad Autónomas y que al Tribunal Supremo se le reserve la función fundamental de fijar la jurisprudencia ante resoluciones de contenido contradictario dictadas por dichos Tribunales Superiores.

Quedan garantizados así tanto los principios de igualdad ante la ley como de seguridad jurídica,

Por ejemplo, una letra de cambio, un cheque, una hipoteca, un contrato bancario, etc., no podrán tener un valor distinto y diferente por vía de interpretación judicial.

Las reformas propuestas, en ningún caso niegan una instancia jurisdiccional común. La continuidad del Tribunal Supremo está asegurada, pero lo que sí debemos abordar es el alcance concreto de sus funciones para adaptarlo al Estado autonómico.

Así nos oponemos a que el Tribunal Supremo siga siendo una tercera instancia, el acceso al mismo debe ser sólo por causas extraordinarias (la unificación de doctrina), y en el caso de revocación de una sentencia debe ser el Tribunal Superior el que dicte otra nueva integrando dicha doctrina.

En este sentido, la función del Supremo debe asimilarse más a la del Constitucional, de carácter extraordinario y no ordinario.

Creemos, además, que es una solución válida no solo para Catalunya sino que podría ser extensible al resto de Comunidades Autónomas.

De ahí nuestras enmiendas a la moción original del PP que la matizan para dejar claro:

1. Que el Tribunal Superior de Justícia sigui l'última instància processal a Catalunya és una matèria reclamada pel Govern de la Generalitat i que s'inclourà en la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya, actualment en curs (dit en castellà a la Comissió). Y que por lo tanto cualquier regulación que se quiera hacer actualmente debe tener en cuenta los trabajos que se estan realizando para la reforma de los Estatutos de Autonomía, al menos en el caso catalán.
2. Que el recurso de casación al Tribunal Supremo en qualquier caso debe tener un caràcter extraordinario.
3. Que la función principal sinó única de este recurso debe ser la unificación de doctrina de los Tribunales Superiores de Justícia.

Sólo de esta manera se empezará a adaptar el sistema judicial al Estado de las autonomías sin movernos del marco constitucional.

Moltes gràcies