No ha estat fàcil, però, amb la col·laboració de la Conselleria de Justícia de la Generalitat i del portaveu del grup parlamentari, he aconseguit finalment que s'aprovés el text literal que vam presentar (el podeu consultar aquí ), amb la petita addició d'una esmena del PNB a l'últim punt perquè també s'estuidiïn les problemàtiques específiques del col·lectiu de dones empresonades i dels menors.

A continuació reprodueixo el text que havia preparat per a la meva intervenció que essencialment coincideix amb el que he manifestat al Ple:

Gràcies senyor president,
Senyores senadores, senyors senadors,

Cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-nou presos i preses hi havia el 25 de febrer als centres penitenciaris de tot l’Estat. Cinquanta-nou mil nou-cents vint-i-nou persones respecte a les quals l’Estat ha assumit una gran responsabilitat: garantir-los la seguretat i la salut, i facilitar-los l’arrelament i la reinserció social.
Me repito y continuo en castellano a la espera de la reforma del Reglamento de esta Cámara.

He dicho:

59.929 presos y presas había el 25 de febrero en los centros penitenciarios de toso el Estado. 59.929 personas, es importante que recordemos que detrás de estas cifras hay personas, personas respecto a las cuales el Estado ha asumido una gran responsabilidad: garantizarles la seguridad y la salud, y facilitarles el enraizamiento y la reinserción social.

Una responsabilidad también ante las víctimas y ante la sociedad que deben ser resarcidas, en la medida de lo posible, de los daños que hayan sufrido, y que, sobre todo, quieren garantías de que no habrá reincidencia delictiva, auténtica clave de la seguridad ciudadana.

El endurecimiento penal puede ser necesario en unos casos. En otros, no. Lo que esta claro es que por si mismo no garantiza ninguna de estas cosas que íbamos señalando. Momentáneamente el endurecimiento penal puede servir para dar una imagen de firmeza, puede tranquilizar, sobre todo cuando se ha creado una atmósfera de inseguridad en que se mezcla todo desde el terrorismo hasta el pequeño hurto.

Pero estas presiones ambientales son un mal asunto para la Justicia. Porque es evidente que el propósito de nuestro sistema judicial no es mezclar, sino al contrario, diferenciar, distinguir muy bien los tipos delictivos, y, entre otras muchas cosas, evitar que un delito menor sea el primer grado de una escalada delictiva.

Es necesario que la sociedad conozca todos los elementos.

Hay que hablar también de las personas que hay detrás de cada delito, y como han llegado a él.

Hay que hablar de la situación del sistema penitenciario, que hoy dista mucho de cumplir lo que fijaba la Ley General Penitenciaria de 1979, por ejemplo respecto a que cada interno tenga una celda.

Hay que hablar con claridad de los costes. Hay que explicar a la sociedad que, sin contar la inversión millonaria en infraestructuras, mantener una persona en la cárcel, privada de libertad, cuesta unos 60 euros diarios. Hay que explicar, pues, claramente que el aumento de más de quince mil internos en estos últimos años como consecuencia del endurecimiento penal ha cargado al sistema con un coste adicional de cerca de un millón de euros diarios, sin que se hayan resuelto los problemas del sistema, que al contrario se han agravado puesto que hay mayor hacinamiento y en general los recursos materiales, humanos, técnicos no han aumentado en proporción al aumento del número de penados.

Y llegados a este punto es necesario que nos preguntemos si estamos utilizando bien los recursos de que disponemos, si el dinero público está siendo invertido de la mejor manera posible para evitar la reincidencia delictiva.

Nosotros creemos que no. Consideramos que entre todos deberíamos avanzar en una reforma del conjunto de normas que inciden en sistema penal y penitenciario para adecuarlas a la realidad social, y dar un trato adecuado, diferenciado y proporcionado a los penados así como posibilidades reales de reinserción social.

También nos parece que si sabemos distinguir entre lo que es la política antiterrorista y sus repercusiones penitenciarias, y lo que es el resto de la política penal y penitenciaria, que es de lo que hemos querido tratar en nuestra moción, podremos avanzar más fácilmente.

Por nuestra parte, planteamos nuestra moción expresamente en unos términos y con unos propósitos no de mirar al pasado sino de conseguir el máximo consenso, en aras a reformas positivas.

Máximo consenso para iniciar una reflexión dirigida a promover las reformas legislativas que parezcan más razonables para cumplir, entre otros objetivos, lo que establece el artículo 25.2 de la Constitución:

“ las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social (…) El condenado (…) en todo caso tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.

Máximo consenso para desarrollar normas específicas en materia procesal penitenciaria, que podrían concretarse en una nueva Ley Procesal Penitenciaria, que entre otras cosas regule de forma coherente la actividad de los jueces de vigilancia penitenciaria, que desde nuestro punto de vista deberían especializarse como jueces de la ejecución de la pena de privación de libertad. Ley Procesal que creemos que se debe elaborar teniendo en cuenta las particularidades de las Comunidades Autónomas con competencias en materia penitenciaria, entre otros motivos porque nos parece que se debería considerar la propuesta de algunos expertos de llegar a establecer un sistema de recursos en esta materia que se agote en los órganos judiciales del territorio de la Comunidad Autónoma.

Máximo consenso para explorar las posibilidades de las medidas penales alternativas a la privación de libertad en delitos menores y también del tercer grado penitenciario, posibilidades que son muchas como lo demuestra la experiencia de otros países europeos.

Máximo consenso para estudiar las problemáticas específicas de los internos de origen extranjero que no tengan un arraigo social en este país; también para estudiar las problemáticas específicas del colectivo de mujeres reclusas y de los menores, como subraya una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que vamos a aceptar y que creo que los demás grupos también se avendrán a votar.

Máximo consenso para desde ahora ya aumentar los medios humanos, materiales y económicos del sistema penitenciario de todo el Estado, por lo tanto también de Catalunya, comunidad que tienen las competencias transferidas en esta materia. Aumento que nos parece que al menos debería estar en proporción al aumento de la población reclusa, que la directora general de Instituciones Penitenciarias cifraba en un 31,59% en estos últimos cuatro años.

Y también máximo consenso para incrementar el número de jueces de vigilancia penitenciaria, hoy francamente insuficiente para un seguimiento individualizado del cumplimiento de las penas, indispensable para asegurar la reinserción social de los penados.

Todos los grupos nos han manifestado su acuerdo con los siete puntos de que consta nuestra moción, incluidos los que han presentado enmiendas. Nos satisface este acuerdo, tanto más cuando desde la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que en Catalunya ejerce las competencias sobre el sistema penitenciario se está trabajando en la dirección en que apunta esta moción.

Nos felicitamos que los demás grupos hayan valorado nuestra voluntad, nuestro esfuerzo de avanzar juntos, y esperamos que haya el mismo acuerdo en los desarrollos legislativos que estamos propiciando.

El ministro del Interior nos pedía máximo consenso en estos temas. Pues bien, en lo que nos corresponde en eso estamos. Es hora pues de trabajar.

Moltes gràcies.