Compareix en nom del govern el ministre de l'Interior José Antonio Alonso a qui adreço aquestes paraules (que reprodueixo del Diari de Sessions):

Buenos días, señor ministro. Voy a empezar con una cuestión previa.

Bon dia senyor ministre. A l’espera que es modifiqui el Reglament d’aquesta cambra perquè s’hi puguin usar amb normalitat les llengües oficials a les CCAA, no m’expressaré en la meva llengua i em traduiré jo mateix directament al castellà. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del Diario de Sesiones.)
A la espera de que se modifique el reglamento de esta Cámara para que se puedan usar en ella con normalidad las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, no me expresaré en mi lengua y me traduciré yo mismo directamente al castellano.
Como bien sabe, el motivo de mi interpelación, evidentemente, no es la lengua sino la grave situación que vive el sistema penitenciario, es decir, los centros penitenciarios propiamente dichos y también el conjunto de procedimientos e instituciones que más allá de los centros de reclusión intervienen o deberían intervenir en la reinserción social de los que han cometido algún delito y en la prevención de la reincidencia.

No es un hecho totalmente nuevo porque el crecimiento demográfico y los profundos cambios sociales que ha sufrido la sociedad en estos últimos 25 años por sí misma han conllevado un aumento relativo de los delitos y sobre todo un cambio de su tipología. Hasta aquí nada realmente sorprendente puesto que, por desgracia, nos hemos ido acostumbrando a que en las políticas sociales la Administración vaya a remolque de los acontecimientos. Lo que sí es grave es que desde el Estado, durante el anterior mandato, se promovieran medidas, cambios legislativos tendentes a un endurecimiento de las penas y a una menor flexibilidad de su sistema de aplicación que han aumentado aún más la presión sobre el sistema penitenciario y han agravado su situación de sobrepoblación sin dotarlo siquiera de mayores medios.
La saturación de los centros penitenciarios obstaculiza la función que constitucionalmente tienen asignadas la reeducación y la reinserción social, saturación que no se debe a un aumento espectacular de la delincuencia. Debemos preguntarnos por qué el Estado español, a pesar de contar con un número inferior de delitos registrados, tiene igual o mayor población penitenciaria que países como Francia o Italia, que tienen 20 millones más de habitantes. Y la desproporción aumenta aún más si extendemos la comparación a los países del norte de Europa.
En 1995, en todo el Estado, había 45.198 reclusos; en el 2000, 45.384, y de hecho desde 1993 al 2001, la población reclusa se mantuvo relativamente estable alrededor de los 45.000 reclusos, pero desde el 2000 se ha producido un aumento constante y en el 2005 rondamos los 60.000. Es decir, entre 1993 y el 2000 el aumento fue cero; entre el 2000 y el 2005 el aumento ha sido del 31 por ciento. Y la previsión de todos los expertos es que, una vez que hayan entrado en vigor la totalidad de las reformas penales promovidas durante al anterior legislatura, la población reclusa no pare de crecer.
En Cataluña, única Comunidad Autónoma de todo el Estado que ha asumido desde 1984 el reto de la gestión del sistema penitenciario, la situación no es esencialmente distinta, condicionada, como está, por el marco legal general y por la política penal y penitenciaria y también de extranjería del Gobierno del Estado. También en Cataluña, el crecimiento de la población reclusa ha sido continua desde el 2001 y ha pasado de enero de 2001 a enero de 2005 de 6.049 a 8.178 reclusos, un aumento de un 35 por ciento en cuatro años, aumento que las cárceles catalanas, muchas obsoletas e inadecuadas no pueden absorber, ya que sólo tienen una capacidad para unas 6.000 personas internas. Esto se traduce en hacinamiento. Las celdas de un gran número de centros mantienen espacios de 10 a 12 metros cuadrados entre cuatro y seis internos, cifra muy alejada del principio de un interno por celda, que establece el reglamento penitenciario. Además, hay que tener en cuenta que este crecimiento del número de reclusos no se debe tanto a un aumento de los ingresos en las cárceles, como a un alargamiento de la estancia en prisión como consecuencia de las últimas reformas penales. Y hemos constatado en Cataluña que los reclusos con condenas de entre 3 y 15 años han aumentado considerablemente, mientras que han disminuido progresivamente las condenas de menos de tres años; estancias más largas en las cárceles que plantean también necesidades especiales que hay que atender, entre otras cosas porque el mayor período de privación de libertad aumenta el riesgo de desocialización de las personas penadas y, por lo tanto, aumenta el riesgo de marginación social y de reincidencia delictiva a la salida de los centros.
No tendríamos un cuadro completo de la situación sino tomara en consideración la incidencia que tiene el fenómeno de la inmigración en la actual situación penitenciaria en Cataluña. En Cataluña, y seguramente el ejemplo sería extrapolable a otras Comunidades Autónomas con un alto índice de inmigración, entre 1999 y 2005 los internos extranjeros han pasado de ser cerca del 20 por ciento a ser más del 32 por ciento del total de la población reclusa, es decir, que la población reclusa en general ha aumentado enormemente estos últimos años, pero en comunidades como Cataluña la proporción de extranjeros en este crecimiento es muy alta. Así, el número de internos extranjeros ha aumentado en Cataluña entre estas mismas fechas un 117 por ciento, mientras que el número de internos que tienen nacionalidad española ha aumentado cerca de un 12 por ciento. Esta presencia de extranjeros agrava los problemas que ha de afrontar el sistema penitenciario. ¿Cómo afrontar la reinserción social de personas que ni tan sólo tienen una situación jurídica regular en nuestro territorio? ¿Cómo resolver los múltiples problemas que plantea la babel lingüística y cultural que se vive en algunos centros?
Vale la pena añadir que el control de la ejecución de penas, el seguimiento individualizado que debería tener cada penado es evidentemente insuficiente, si consideramos que, por ejemplo, en Cataluña tenemos cuatro jueces de vigilancia penitenciaria para una población reclusa de 6.506 penados y de 629 en situación de libertad condicional.
La respuesta a todos estos problemas del sistema penitenciario es sin duda mayores recursos, pero también mayor inteligencia e imaginación práctica para dar tratamiento distinto a delitos y situaciones distintas, es decir, considerar la privación de libertad como uno de los recursos de nuestro sistema penal básicos en algunos delitos y situaciones, pero no el único. Hacen falta mayores recursos y no es de recibo que se aborden reformas sin prever sus consecuencias, como pasó en la anterior legislatura. Y aquí también hay que intentar ser concretos. Sólo en Cataluña, si la población reclusa continua creciendo al ritmo de estos últimos años, además de construir centros para absorber el actual déficit de 2.200 plazas, se debería construir una cárcel nueva cada año. A estos costes de infraestructuras de gran impacto social y territorial, hay que añadir que mantener en la cárcel a un recluso cuesta entre 50 y 60 euros día; el mantenimiento y el crecimiento constante de las estructuras y equipamientos relacionados con el internamiento penitenciario tienen un coste económico y social demasiado elevado en relación con su eficiencia. De hecho, es insostenible.
Mientras tanto, mientras se han estado privilegiando las políticas represivas, centradas en la privación de libertad, se ha descuidado la aplicación de medidas penales alternativas a la prisión.
Falta, incluso, una legislación coherente para que se puedan aplicar con eficacia.
Es necesario que se adopten nuevas políticas. Sabemos que el Gobierno es consciente de la situación. La señora Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias, reconoce que a los 25 años de la ley General Penitenciaria no se han puesto los medios suficientes para que un modelo basado en la capacidad de cambio de las personas se lleve a la práctica. En estos momentos -y son palabras suyas-se está produciendo un incremento de la población penitenciaria producto de que se aprobaron modificaciones legislativas que no tuvieron la previsión oportuna.
Nos gustaría conocer cuáles son las iniciativas que prevé abordar el Gobierno en los próximos meses y cuál es su calendario de iniciativas para hacer frente a estos problemas del sistema penitenciario. Especialmente nos gustaría conocer su opinión en relación, en primer lugar, a la revisión de las reformas del Código Penal que mayor impacto están teniendo en la actual situación penitenciara. En segundo lugar, la dotación de los recursos suficientes para hacer frente al aumento espectacular de la población reclusa que han inducido a esas reformas penales. Concretamente, Cataluña, que tiene transferidas las competencias de la gestión penitenciara, considera que es necesaria una actuación presupuestaria extra del estado con esta finalidad. En Cataluña el presupuesto de la Consejería de Justicia, que tiene las competencias penitenciarias, ha aumentado este año un 37 por ciento, pero aún así los recursos no son suficientes.
Por otro lado, también creemos que debería hacerse un estudio del impacto de las lagunas de las políticas de extranjería que inciden muy notablemente en la situación penitenciaria. Me refiero, entre otras cosas, a las problemáticas de las expulsiones o de la inserción porque no se puede hablar de reinserción de los que no tienen una situación regular administrativamente no socialmente en nuestro país.
En cuarto lugar, creemos que son necesarias las reformas sustanciales del conjunto de medidas legales posibles para remediar la situación. Concretamente, creemos que es necesario clarificar el papel de juez sentenciador y del juez de vigilancia penitenciaria en el cumplimiento de la penas y de promover la redacción de una nueva ley procesal penitenciaria, una nueva ley que debería tener en cuenta las particularidades de las comunidades autónomas con competencias en materia penitenciaria y establecer un sistema de recursos que se agote en los órganos judiciales de su territorio, sea cual sea el tribunal sentenciador.
Finalmente, creemos que es necesario promover las medidas penales alternativas a la prisión y, por tanto, sería conveniente, quizás, redactar una ley sobre estas medidas, de la misma manera que existe una Ley General Penitenciaria; y la necesidad de dotarse de medios suficientes para aplicar estas penas alternativas a la prisión como la localización permanente para que no pase como en el arresto de fin de semana que se dejó morir por falta de medios.
Para terminar, quisiéramos que por su parte favorecieran las iniciativas que la Generalitat de Cataluña está llevando de cara a la redacción de un nuevo Reglamento penitenciario de rango autonómico.
Muchas gracias.

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