Miquel Bofill :: Bloc Personal

Per un aparell judicial més sensible a la pluralitat (és a dir, menys carca)

Intervenció en el Ple del 22 de desembre amb motiu del debat de la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial perquè els magistrats del Tribunal Suprem i els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia siguin elegits amb els 3/5 dels vots del Consell General del Poder Judicial, que es va aprovar finalment per 131 vots a favor (tots els grups menys el PP) i 126 en contra (PP).

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,
tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: (El señor Bofill Abelló
pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según
el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones
».) «Gràcies senyor president, senyories.
En aquesta última sessió de 2004, alhora que els desitjo
unes felices festes i un bon 2005, permetin-me que els recordi
que per a aquest any vinent tenim pendent l’assignatura
de l’ús normal en aquesta Cambra de les llengües oficials
en alguna comunitat autònoma.»
He dicho: En esta última sesión de 2004, al mismo
tiempo que les deseo unas felices fiestas y un buen 2005,
permítanme que les recuerde que para este próximo año tenemos
pendiente la asignatura del uso normal en esta Cámara
de las lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma.
Estoy convencido de que encontraremos entre todos
fórmulas de consenso que lo harán posible: «Parlant, la
gent s’entén.»
Entrando en el debate de hoy, les diré que será una gran
satisfacción para nuestro grupo poder votar a favor de una
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial justamente
destinada a reforzar el consenso, a favorecer los
acuerdos amplios y representativos, transversales dentro
de los distintos sectores sociales e ideológicos, en la toma
de algunas decisiones fundamentales para el buen funcionamiento
de los altos tribunales y fundamentales para que
los ciudadanos puedan confiar en su ecuanimidad.
Queremos, todos, al menos es lo que suponemos, un poder
judicial independiente y un poder judicial democrático
acorde con la sociedad democrática y plural en la que se
reconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos del Estado
español. La expresión democrática de estos ciudadanos reside
en los parlamentos de las comunidades autónomas y
en estas Cortes Generales. Es desde esta representación
democrática, lógicamente, de donde debe salir el gobierno
del poder judicial, y en este sentido el Consejo General del
Poder Judicial es un órgano político, pero a la vez es necesario
que no funcione como una instancia política más, sometida
al vaivén de la confrontación de los partidos políticos
porque para eso ya está el Parlamento.
Cuando hablamos de justicia hablamos de democracia,
pero también de independencia, de ecuanimidad y de capacidad
y conocimiento jurídico. El Tribunal Supremo y
los tribunales superiores de Justicia, como el Tribunal
Constitucional, como últimas instancias, deben conformarse
al máximo posible con esas exigencias. Es evidente
que el nombramiento de sus miembros por una mayoría
cualificada del Consejo General del Poder Judicial va a reforzar
el consenso, va a favorecer que, por encima de las
simpatías o antipatías personales, políticas o ideológicas,
prime en todos los casos el mérito, la capacidad y la independencia
y, al menos en el peor de los casos, si se reproducen
los nombramientos mecánicamente en la correlación
de sensibilidades que haya dentro del Consejo General
del Poder Judicial, no solo estará representada la mayoría
sino también las sensibilidades minoritarias.
La verdad es que cuesta entender la oposición del
Grupo Parlamentario Popular a esta reforma, que tiene el
aval de todos, absolutamente de todos los grupos. Me parece
una posición encastillada en un cierto privilegio dada
la actual mayoría de sensibilidad conservadora en el Consejo
General del Poder Judicial, sensibilidad conservadora
correlativa a la lentitud de la profundización de la reforma
democrática y la modernización del Poder Judicial si la
comparamos con los cambios experimentados durante
treinta años en la estructura y funcionamiento del poder legislativo
y del poder ejecutivo.
Cuando sus posiciones ideológicas, señores del Grupo
Parlamentario Popular, no tengan la preeminencia que tienen
aún en el Consejo General, como no las tienen ya
ahora en la sociedad, seguramente les gustará la reforma
que hoy votamos. La votamos convencidos de que el ciudadano
de a pie prefiere mil veces más que sus asuntos
sean juzgados en última instancia por un tribunal con la
mayor competencia técnico-jurídica, constituido democráticamente
a partir del consenso o, al menos, con pluralidad
de sensibilidades.
La propia Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio, sobre
composición del Consejo General del Poder Judicial, ya
señala claramente en su exposición de motivos que la modernización
de la Justicia que demanda la sociedad española
debe cimentarse en el consenso, consenso que asegure
que el Poder Judicial actúa como poder independiente,
unitario e integrado, regido por una coherencia institucional
comúnmente aceptada que le permita desarrollar
con la máxima eficacia sus funciones constitucionales.
La reforma planteada va en esta misma dirección. Quedan,
sin embargo, otras reformas pendientes, de mayor calado,
como se reconoce explícitamente en la exposición de
motivos del proyecto de ley que hoy debatimos. En este
sentido, creemos que debates como el de hoy, con un procedimiento
de lectura única, han de ser muy excepcionales,
porque no favorecen este necesario debate más amplio.
Permítanme que me refiera muy brevemente a estas reformas
pendientes en el Poder Judicial que han de comprender
necesariamente nuevos elementos que garanticen
la neutralidad política y la independencia del Consejo General,
al tiempo que ajusten su estructura a los requerimientos
de un Estado compuesto como es el Estado español.
Todavía el Estado español posee una estructura judicial
propia de un país unitario centralizado, como puede ser el Estado
francés, y dista mucho de poseer una estructura de su
Administración de Justicia como la de los Estados compuestos,
en sus distintas configuraciones, véase República Federal
Alemana, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, etcétera.
Como señalaba un destacado miembro del propio Consejo
General del Poder Judicial, es una asignatura pendiente
que el Poder Judicial se amolde a la España plural
de la Constitución. Hay que desdramatizar, decía, su descentralización.
Es necesario —decía— que los tribunales superiores de
las comunidades autónomas asuman su papel de órgano
supremo dentro de la estructura judicial española, sin perjuicio
de la labor del Supremo como unificador de doctrina.
Proponía también crear consejos en cada autonomía
o, si los nombres asustan —decía—, salas de gobierno reforzadas.
Se mostraba partidario de reducir la dependencia
con respecto al Ministerio de Justicia y propugnaba con el
mayor conocimiento posible que los jueces ejercieran con
el mayor conocimiento posible de la lengua y el Derecho
propio del territorio.
En ese camino de democratización y adaptación a un
Estado compuesto, plural, déjenme que insista —y termino
— en la necesidad de abordar la descentralización territorial
del Consejo General del Poder Judicial. Esta descentralización
debería hacerse estableciendo en casos
como el de Cataluña un consejo autonómico o territorial
que ejerciera competencias delegadas del Consejo General
y en el nombramiento de cuyos miembros participara el
gobierno autonómico. Tendremos ocasión de hablar de
ello, pero es bueno que estas ideas se vayan abriendo camino.
«Gràcies, senyor president. Bones festes a tots.» Felices
fiestas a todos y espero que los Reyes Magos oigan los ruegos
de mi grupo y de los que nos votaron y nos traigan para
este año que viene un Senado respetuoso con la pluralidad
lingüística. Por lo menos —se lo aseguro—, brindaremos
con cava catalán y con vino manchego para que así sea.
Gracias.