¿Recordeu el Fiscal General de l'èpòca PP, l'extremdretà Jesús Cardenal? Doncs, bé, ara, gràcies a la derrota del PP, tenim un Fiscal General de l'Estat, Candido Conde-Pumpido Touron, civilitzat, demòcrata, sensible a la pluralitat, com ho prova la seva intervenció amb motiu de la compareixença que va fer el 29 de novembre, a la tarda, a la Comissió de Justícia del Senat (diari de sessions).

En la meva intervenció, que podeu llegir a continuació, li vaig plantejar: 1) Quines mesures preveia adoptar per promoure des de la fiscalia l'ús del català a l'Administració de Justícia. 2) La necessitat de tenir una Fiscalia General de Catalunya. 3) Quina posició té sobre la revisió dels consells de guerra franquistes, particularment els de Lluís Companys i de Blas Infante. 4) Quins criteris té sobre els sumaris per delictes contra la humanitat de persecució universal comesos a Xile, Argentina, Guatemala i Perú. 5) La necessitat d'una circular adreçada als fiscals perquè quedin excloses de la persecució dels delictes contra els drets d'autor les còpies privades. 6) El nombre extremament insuficient de fiscals a Catalunya.

A continuació la meva intervenció literal i les respostes detallades punt per punt del Fiscal General.

En nombre de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLO: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor fiscal general del Estado. Bienvenido a esta Cámara.
Aunque sea con unos meses de retraso, permítame que le manifieste la satisfacción de mi grupo, Entesa Catalana de Progrés, por su nombramiento, que ha representado un cambio sustancial en la actitud y la sensibilidad de la Fiscalía General del Estado hacia cuestiones fundamentales para la salvaguarda de las libertades y los derechos de los ciudadanos, y muy particularmente en lo que se refiere al reconocimiento efectivo de la pluralidad del Estado y la profundización de la construcción del Estado autonómico.

Hemos tenido la oportunidad de leer algunas de sus declaraciones, de gran interés, por lo que paso directamente a hacer referencia a una serie de cuestiones concretas.

En primer lugar, quisiéramos saber las medidas que prevé adoptar el Ministerio Fiscal para promover el uso de las lenguas cooficiales, y en particular de la lengua catalana. En este sentido, nos gustaría conocer su opinión sobre la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el Parlamento de Cataluña, y en trámite en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de regular como un requisito el conocimiento del catalán y del Derecho Civil propio por parte de los jueces y magistrados y el conjunto del personal de la Administración de Justicia que ejerza en una comunidad autónoma que la tengan como lengua oficial.

Asimismo, quisiéramos conocer sus líneas de actuación en lo que se refiere a la necesaria reforma de la estructura judicial para adaptarla a los requerimientos de un Estado compuesto como es el Estado español, en sintonía con el proceso de descentralización de carácter federalista que se ha producido en los ámbitos propios de los poderes Legislativo y Ejecutivo, con la constitución y consolidación de cada vez mayores competencias para las comunidades autónomas. Por nuestra parte, creemos que debemos tener una Fiscalía de rango superior propia de la comunidad autónoma, independiente de las fiscalías provinciales, que debería intervenir en su organización territorial y provisión.

En otro orden de cosas, quisiéramos saber cuál es la posición de la Fiscalía General respecto de la necesaria y justa revisión de los sumarios de carácter político del régimen franquista, con el fin de elaborar una ley que anule los consejos de guerra franquistas y responda así a las innumerables peticiones de anulación de esos juicios sumarios, y sirva también para restituir toda la dignidad de las víctimas más emblemáticas de esa represión, como el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluis Companys, o Blas Infante.

Relacionado en el orden de estos principios, con esta reclamación esencial de justicia histórica para las víctimas del franquismo, está el necesario cambio de criterios de la Fiscalía General sobre la persecución de crímenes contra la Humanidad en países en donde aún no se garantiza el ejercicio elemental de los derechos humanos y las libertades democráticas. En concreto, quisiéramos saber cuáles son los criterios de la Fiscalía General sobre los sumarios que se siguen en la Audiencia Nacional por delitos contra la humanidad, de persecución universal, cometidos en Chile, Argentina, Guatemala y Perú.

Por suerte, en nuestro país hoy en día la conculcación de los derechos humanos es marginal, y proviene fundamentalmente de grupos terroristas.
Nos felicitamos por su actuación en esta lucha en defensa de la libertad y la democracia.

Hablando de forma más prosaica, nos interesaría conocer su posición ante la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual; concretamente, si piensa dictar alguna circular a los fiscales sobre los criterios de persecución penal de los delitos contra los derechos de autor para que quede excluida la persecución penal de las copias privadas, que entre la juventud son muy habituales.

Volviendo a nuestra realidad diaria, de carencias e insuficiencias en el funcionamiento de nuestros órganos judiciales, no podemos pasar por alto la formulación de la necesidad de incrementar las plantillas de fiscales en Cataluña. Usted ya se ha referido a que el incremento previsto para el próximo ejercicio no era suficiente. Pues bien, queremos insistir en que en Cataluña, según los datos que nos proporciona la Consejería de Justicia, esas plantillas son insuficientes. Concretamente, se indica la necesidad de incrementar las plantillas en esa comunidad en 68 fiscales:
47 en Barcelona, seis en Tarragona, dos en Lleida y 13 en Gerona.
Evidentemente, con estos déficit es difícil que podamos asegurar un funcionamiento eficaz de la Administración de Justicia.

De nuevo le felicito por su nombramiento, y sólo me queda pedirles disculpas, ya que posiblemente tenga que ausentarme de la sala en algún momento por deber asistir a la reunión de la Comisión de Interior para defender una moción que mi grupo ha presentado allí.
Gracias, señora presidenta.

Resposta del Fiscal General:

Comenzaré contestando al senador señor Bofill, que ha planteado una serie de cuestiones que para mí tienen un enorme interés desde la perspectiva de la articulación territorial del Ministerio Fiscal. Es cierto --por no extender excesivamente mi intervención-- que existe una serie de cuestiones que me hubiese gustado preguntarles a sus señorías que sin embargo han quedado de alguna manera sin desarrollar, pero siempre he pensado que tendría ocasión de hacerlo, por lo menos de enunciarlas, precisamente al responder a sus intervenciones.

A mi entender, el Ministerio Fiscal tiene una articulación en este momento que no responde al sistema constitucional en el que es fundamental la constitución del Estado de las Autonomías. Por lo tanto, su articulación, si bien responde a un principio de unidad de actuación y dependencia jerárquica y, tal y como está en la Constitución, siempre tiene que tener efectivamente esta unidad que garantiza la seguridad jurídica --hay que tener en cuenta que la intervención del Ministerio Fiscal es fundamentalmente en materia penal y procesal penal, en esta materia no existen ordenamientos jurídicos autonómicos, el ordenamiento jurídico es único y de alguna manera el Fiscal también debe interpretarlo con una óptica única--, también lo es que, sin embargo, debe adaptarse a esta nueva articulación territorial del Estado.
En esta materia, es mi deseo mencionar que estamos planteando una circular o instrucción para que dentro del marco reglamentario y estatutario actual y sin esperar a una modificación se vaya produciendo una adaptación a esta nueva articulación territorial. He dado instrucciones a todas las fiscalías de todos los tribunales superiores de Justicia que he visitado, en primer lugar, para que se trate de diferenciar lo que es la figura del fiscal del Tribunal Superior de los diversos fiscales de las audiencias provinciales. En el futuro, eso para mí debería conllevar el que, de la misma manera que existe un presidente del Tribunal Superior de Justicia, y eso no excluye la existencia de un presidente de la Audiencia Provincial, para separar precisamente esta doble articulación exista también un fiscal de la Audiencia Provincial diferenciado del fiscal del Tribunal Superior de Justicia. En cualquier caso, he dado instrucciones para que se vaya articulando, dentro de lo posible, esta diferenciación entre ambas figuras.

He dado también instrucciones a los fiscales de los tribunales superiores de Justicia para que potencien la relación con las cámaras legislativas de cada comunidad autónoma y, de la misma manera que como fiscal general del Estado comparezco ante el Congreso y el Senado, comparezcan con ocasión de la elaboración de la Memoria del territorio ante el órgano autonómico parlamentario. Así se ha hecho ya en Andalucía; así se ha hecho ya en Cataluña; así lo hemos pactado también en mi visita a Extremadura entre el fiscal del Tribunal Superior de Justicia y el presidente de la comunidad extremeña y en general esa instrucción se está tratando de llevar a efecto por parte de los fiscales en Valencia, en Galicia y en las demás comunidades donde efectivamente pueda realizarse.

He tratado de potenciar también el conocimiento de los idiomas autonómicos, que considero un mérito especialmente cualificado para el desempeño de aquellas funciones en las que yo puedo valorar ese mérito, como son los nombramientos de carácter discrecional. En el primer nombramiento que he hecho para el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma con lengua propia, que ha sido el nombramiento del fiscal jefe de la Fiscalía de Galicia, he seleccionado a un fiscal que no solamente tiene un amplio conocimiento de la lengua de la comunidad sino que, además, se ha caracterizado precisamente por apoyar la normalización lingüística y es líder en la utilización de la lengua autonómica dentro de la administración de Justicia de la comunidad autónoma gallega. Así lo tendré en cuenta en todos los nombramientos de especial responsabilidad que se refieran a esos territorios. Dentro de las diversas posibilidades de que podamos disponer, el fiscal que tenga esa representación debe utilizar de manera adecuada y suficientemente fluida la lengua propia de la comunidad.

En estos días vamos a proceder al informe de una modificación reglamentaria relativa al personal de las Fiscalías, en las que informaremos favorablemente de la propuesta que nos ha hecho llegar el Ministerio de Justicia para que se modifique ese reglamento y el conocimiento de las lenguas autonómicas se haga constar como mérito no solamente para los fiscales sino también para el personal de la fiscalías.

Por tanto, en esa materia efectivamente mi idea, sin entrar en temas legislativos, que no me corresponden y sobre los que prefiero no pronunciarme, es decir, sobre las proposiciones legislativas que corresponden al Parlamento, pero en lo que cabe al ámbito de responsabilidad del Ministerio Fiscal, del fiscal general del Estado, sí voy a potenciar desde luego una mayor compenetración de lo que es la articulación del fiscal general del Estado con la articulación territorial del Estado, y sobre todo también con el respeto a la cultura y a la lengua propia de cada una de las comunidades.

Me planteaba su señoría en segundo lugar el tema de la recuperación de la memoria histórica en relación con las víctimas de las condenas injustas, realizadas con posterioridad a la Guerra Civil. Indudablemente yo he expresado ya mi idea de que esto debe de venir por la vía de una disposición de carácter general; que no me parece procedente que individualizadamente los tribunales de justicia en este momento vayan a proceder a una revisión caso a caso de esas sentencias, por la vía del proceso de revisión, porque para ese proceso habría que modificar previamente legislativamente los cauces, ya que si no no ofrecería un camino apropiado para ello. Y, por otra parte, podría resultar también una situación de desigualdad, porque sería difícil abarcar en realidad la totalidad de los casos. Por eso en mi entender debe haber una recuperación de la dignidad y del carácter moral que debe venir con una disposición de carácter general que pueda abarcar todos los supuestos. Esa sería mi posición, naturalmente respetando cualquier otra.

Su señoría va a un punto que para mí tiene un especial interés, desde mi perspectiva como jurista, que es la posición en relación con la justicia universal. Como magistrado del Tribunal Supremo he defendido un entendimiento amplio de las disposiciones que en la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que en determinados delitos de lesa humanidad, de delitos que afectan al conjunto de la humanidad debe potenciarse la actuación en materia de justicia universal. En consecuencia, he estado trabajando para conocer en el caso más significativo, que es en este momento el que se encuentra en la Audiencia Nacional, y relativo concretamente a la represión en la época de la dictadura chilena, que posiblemente va a celebrarse sobre el 15 de enero del año próximo, y saber cuál iba a ser el criterio del Tribunal Supremo en cuanto a la jurisdicción española. Pronunciado el Tribunal Supremo en sentido positivo, he dado instrucciones a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se formule una pretensión acusatoria, entendiendo que en esta materia, una vez que existe ya un criterio del Tribunal Supremo que justifica la intervención de la jurisdicción española, la posición del Ministerio Fiscal debe ser activa, y en este sentido se ha procedido a la designación de una nueva fiscal sobre esta materia, precisamente con la finalidad de que siga un criterio más acorde con sus propias convicciones, y posiblemente, si tiene oportunidad procesal de hacerlo, en la primera que tenga para ello expresará ese criterio acusatorio.

Me plantea seguidamente su señoría otro tema también para mí muy interesante, que es cuál va a ser la posición del Ministerio Fiscal en materia de propiedad intelectual. La Fiscalía General del Estado editará en el momento en que así lo podamos hacer una instrucción en esta materia. En este momento, dada la importancia de la renovación que se ha producido del Código Penal, que ha entrado en vigor el 1 de octubre, la Fiscalía General del Estado está concluyendo la redacción de una circular sobre todos los aspectos de la parte general del Código Penal que han sido modificados, y seguidamente iremos avanzando sobre los problemas de la parte especial más relevantes. Uno de los problemas sobre los que yo creo que la Fiscalía debe pronunciarse es éste, pero precisamente para no dilatarlo más he tenido la oportunidad de hacer ya un pronunciamiento personal, la pasada semana, en unas jornadas que se han celebrado en la Ciudad de la Justicia de Valencia, precisamente dirigidas a jueces y fiscales, y en las que como fiscal general del Estado, también con la colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores de España, que era una de las coorganizadoras de la reunión, expresé unas líneas generales. Estas líneas generales para mí se centran en que debe actuar el Ministerio Fiscal de oficio, promoviendo la persecución de los procedimientos y con la máxima contundencia en aquellos supuestos en los que se trate de criminalidad organizada, que en esta materia ya está muy desarrollada, porque hay que tener en cuenta que allí donde se encuentra una mercancía prohibida la criminalidad organizada inmediatamente tiene su entrada, y efectivamente existe esa criminalidad, y en todos aquellos supuestos a los que se refiere al Código Penal, que es en los supuestos en los que se actúe con ánimo de lucro, y por tanto en aquellos casos en que se actúe con ánimo de lucro la Fiscalía General del Estado actuará con la máxima contundencia. Pero también he podido expresar en esas jornadas que el ánimo de lucro debe ser entendido en sentido estricto, en sentido propio; no puede extenderse ese criterio del ánimo de lucro para hacer una concepción de lucro indirecto, como se denomina en algunas ocasiones, y que permitiría una criminalidad excesiva de comportamientos que en la sociedad se consideran usuales, y que cualquiera de nuestros hijos adolescentes desarrolla en el ámbito privado, sin que realmente se ocasione un daño de carácter significativo que implique la intervención del máximo instrumento de que dispone el Estado, que es la pena, para intervenir en esa materia.

Por tanto, yo dije en esas jornadas que el Derecho Penal no es un bastón; es un bisturí, por tanto un instrumento de precisión, y debe actuar con precisión para sancionar con contundencia las conductas que lo merecen, pero no debe de pretender utilizarse el Derecho Penal de una manera absolutamente generalizada para resolver cualquier problema, y desde luego nunca fuera de lo que la sociedad, de manera generalizada, estime como comportamientos que no son verdaderamente criminales. Esas serían las líneas generales que he marcado en estas jornadas, y que haremos llegar a todos los fiscales a través de la página web, de la que desde hace poco tiempo disponemos en la Fiscalía; es un instrumento de modernización que hasta ahora no había estado a nuestro alcance, pero en este momento podemos comunicarnos ya con los fiscales a través de esa vía.

Finalmente me hablaba su señoría del incremento de las plantillas para Cataluña. Indudablemente el esfuerzo que el Gobierno ha hecho para poder disponer en el próximo año de un incremento de plantillas significativo, de 135 plazas, es digno de toda alabanza, teniendo en cuenta que durante los últimos años se venían incrementando veinte plazas anuales. Por ello, 135 plazas significan una multiplicación importante de las posibilidades.
Dado que vengo visitando la mayor parte de las fiscalías, he visitado prácticamente todas las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia de España en estos seis meses, le puedo decir sin embargo que si debiese atender a las necesidades que cada una de esas fiscalías me transmite, resultaría absolutamente insuficiente este número tan importante de plazas. Yo creo que podemos disponer de un incremento considerable para Cataluña, pero no podrá alcanzar esa cifra señalada por los fiscales catalanes, porque hoy mismo se hablaba de que se pretende la creación de 86 plazas para Madrid, y realmente si quisiésemos atender a una u otra cosa no quedaría nada para el resto de España.

Creo que es necesario también dedicar una parte de ese incremento a potenciar los órganos centrales y las fiscalías especializadas, en la medida en que se trata de diseñar precisamente un ministerio fiscal que tenga una mayor especialización por materias, y por tanto que no sea exclusivamente importante la distribución territorial, sino que también sea importante la especialización, y a ella vamos a dedicar algunas de esas plazas.

En cualquier caso, lo que sí le puedo asegurar es que he visitado ya la Fiscalía de Barcelona en varias ocasiones en estos seis meses. He estado reunido recientemente con el fiscal jefe de Tarragona, que me ha trasladado también esa misma necesidad, que además allí se vive de una manera acuciante. Por tanto, es una necesidad que conocemos y a la que trataremos, dentro de nuestras posibilidades y en relación con las que nos permita el Ministerio de Justicia, de dar una satisfacción.