El 29 de novembre va comparèixer el ministre de Justícia a la Comissió de Justícia del Senat per exposar la seva política en realació amb la implantació d'aquests nous jutjats especialitzats (diari de sessions). Vam aprofitar la nostra intervenció per plantejar-li: 1) Que els tres mesos que havien transcorregut des de la implantació dels nous jutjats eren un període de temps massa curt per fer una valoració que permetés treure conclusions i que la previsió a Catalunya és que es necessitaran 10 jutjats mercantils (ara n'hi ha 7). 2) Que calen més jutges i magistrats a Catalunya. 3) Que s'havia d'abandonar el criteri provincial a l'hora de crear nous jutjats, ja que ciutats com Sabadell, per exemple, segurament necessitaven més un jutjat mercantil que no pas determinades capitals de província espanyoles, i que s'hi havia d'haver un mínim polític aquest era la Comunitat Autònoma. 4) Que una vegada més s'havia menystingut la llengua catalana en la convocatòria de places de jutges i magistrats a Catalunya.

A continuació podeu llegir la meva intervenció i alguns passatges de la resposta del ministre que s'hi refereixen directament o inidirectament.

Le corresponde iniciar su intervención al portavoz de Entesa Catalana de Progrés, señor Bofill.

El señor Bofill ABELLO: Gracias, señora presidenta.

Buenos días, señor ministro.
Señorías, por lo que se refiere a los juzgados de lo mercantil, he de decir que he tenido oportunidad de hablar con la Conselleria de Justicia de Cataluña y, más o menos, me vinieron a decir que consideran prematuro hacer una valoración del número de causas sustanciadas porque la propia abogacía ha detectado, de hecho, una cierta retención ante una jurisdicción novedosa. Por ello, nos remitimos todavía a los datos de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y a la propia demanda del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya que solicitó, en su momento, la creación de diez juzgados mercantiles, basándose justamente en el número de causas de este tipo sustanciadas hasta ese momento en otros juzgados.
En la práctica, se han creado siete juzgados: cuatro, en la demarcación de Barcelona, donde se solicitaron siete; y, uno, en cada una de las otras circunscripciones provinciales y, estos últimos, con competencias de hecho compatibilizadas con juzgados de primera instancia. En este sentido, nos gustaría saber cuál es la previsión de crecimiento respecto a Cataluña --que creemos que todavía no hay ninguna--, para el próximo año.
Desde Cataluña planteamos una cuestión que, en cierta manera, va un poco contracorriente con lo que está pidiendo el Grupo Parlamentario Popular.
En este sentido, creemos que se debería terminar con el concepto provincial de la adscripción en el momento de hablar de la planta judicial y hacer una mayor referencia a la demanda social efectiva, lo que nos llevaría a considerar más necesaria la creación de un juzgado mercantil en Sabadell o en una plaza en la que se sustancien un gran número de causas mercantiles, que en algunas capitales de provincia en las que el volumen, quizá, continúe siendo mediano --tal y como nos ha descrito el señor ministro--, y que por lo tanto, podría ser compatible con otras funciones judiciales, como la de los juzgados de primera instancia. Por lo tanto, consideramos que se debe terminar con este concepto provincialista que, en todo caso, no debería llevar a obviar la realidad autonómica. En este sentido, en el caso de Navarra, por ejemplo, estaría perfectamente justificada la creación de un juzgado mercantil porque nos debemos ajustar, sobre todo en este terreno, a un criterio quizá político, que es el del Estado autonómico, pero, en cambio, por lo que se refiere a las provincias se debe ir más a criterios funcionales y a un criterio de la demanda social en función de las causas reales que hay planteadas.
De hecho, en relación con la planta judicial, nos ha dicho el señor ministro que se han atendido con holgura las demandas de las comunidades autónomas, incluso más allá de lo que estas mismas solicitaban; pero esto, si bien es cierto en muchos casos, no lo es justamente para el caso de Cataluña que desde hace tiempo tiene competencias en el terreno de Justicia. Nos tememos que esto sea en beneficio a un posible traspaso de competencias a otras comunidades autónomas, porque ha perjudicado a Cataluña y esperamos que, de cara a próximos ejercicios, se tengan en cuenta las demandas que se hacen desde la Generalitat de Catalunya; concretamente este año se solicitaba 38 órganos judiciales, sin contar los especializados en la violencia de género, y se han concedido 30, incluidos los especializados en estos casos. Desde Cataluña esperamos que en el próximo ejercicio se puedan cubrir estos déficit, porque se puede hablar de justicia eficaz y próxima al ciudadano, pero no hacerla efectivamente próxima y eficaz.
Al margen de esta cuestión de la planta judicial, y por lo que se refiere a la puesta en funcionamiento de estos nuevos juzgados, desde Cataluña no podemos dejar de expresar nuestro malestar por la no consideración del conocimiento de la lengua oficial y del derecho civil especial o foral propio de las comunidades autónomas como requisito, o al menos como mérito preferente, para la provisión de las plazas de estos nuevos juzgados, cosa que excluía de forma expresa la convocatoria del concurso para la provisión de estas plazas y que ha sido motivo de un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la «Generalitat de Catalunya». Por desgracia, éste no es más que un botón de muestra de la sistemática desconsideración del conocimiento de la lengua catalana en la provisión de plazas judiciales en Cataluña y éste no es un tema menor. Tenemos que resolver entre todos esta situación que de hecho discrimina negativamente a una parte de los ciudadanos en el momento de acceder a la Administración de Justicia. En este sentido quiero recordar que el pleno del Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 1º de julio, tomar en consideración una proposición del «Parlament de Catalunya» para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduce como requisito para el ejercicio la obligación de conocer la lengua y el Derecho civil propio de una comunidad autónoma por parte de jueces y magistrados y del conjunto del personal de la Administración de Justicia. El texto inicial de esta propuesta de reforma se ha remitido al Consejo General del Poder Judicial y, como diría Sancho, con el Consejo hemos topado nuevamente porque este organismo en su informe apunta una posible inconstitucionalidad de esta propuesta del «Parlament de Catalunya» de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesta que esperamos ver prosperar, a pesar de todo, en estas Cortes, ya que el informe del Consejo no es vinculante. En este sentido han sido acogidos muy favorablemente en Cataluña, señor ministro, sus recientes declaraciones en Girona, en el marco de la Asamblea anual de la asociación de jueces y magistrados Francisco Vitoria, según las cuales esta es una iniciativa parlamentaria y es al parlamento al que corresponde en estos momentos dominar el curso del procedimiento. Es posible --afirmaba usted--, de acuerdo con la Constitución, promover la cooficialidad lingüística y el uso de las lenguas cooficiales, sin que ello suponga ningún desdoro ni de la unidad ni de la independencia en su conjunto del poder judicial, y sin que eso reporte efectos negativos a la estructura u organización del poder judicial. Esperamos que se ratifique también en estas palabras.Nos congratulamos de sus explicaciones y del detalle que nos ha dado del desarrollo de los juzgados de lo mercantil, siempre teniendo en cuenta la salvedad de que quizás es prematuro sacar de estos datos una conclusión definitiva por lo que se refiere a lo que va a ser la realidad en los próximos meses de estos juzgados.
Muchas gracias, señora presidenta.

Resposta del ministre de Justícia a alguns dels temes plantejats en la meva intervenció:

Ya he completado la pregunta en relación con la implantación de los juzgados de lo mercantil, y puedo comentarle que, efectivamente, estos datos, que son públicos y que no tengo ningún inconveniente en ponerle de manifiesto por escrito cuanto antes, nos están señalando que la mayor parte de los juzgados que han recibido competencia en materia mercantil reflejan índices de actividad muy bajos. Algunos de ellos dibujan un pico en alza sobre el que habrá que permanecer atento para ver qué tiene de representativo algún problema que merezca respuesta. Quizá el tiempo de implantación no es lo suficientemente largo como para ser representativo, de hecho este dato lo reconoce el propio Consejo General del Poder Judicial en la introducción de esta versión estadística, de la impresión de todas las tablas y datos estadísticos disponibles hasta el momento en la Sección de Estadística del propio Consejo General del Poder Judicial.
El propio Consejo manifiesta que será necesario disponer de datos de una sucesión de trimestres para poder sacar conclusiones válidas de lo que por el momento no es un seguimiento suficientemente representativo, teniendo en cuenta que el único mes enteramente analizado en todas las provincias, en todas las demarcaciones, es el de septiembre. Lo que sí señala el Consejo General del Poder Judicial es que, a la vista de los datos obtenidos, no se infiere como consecuencia que está en la capacidad de propuesta del Consejo General del Poder Judicial la demanda de nuevos órganos especializados en materia mercantil, como prueba el hecho de que el propio Consejo General del Poder Judicial, a la hora de adelantar las previsiones en lo que se denomina la relación de necesidades para la Administración de Justicia, no está considerando la materia mercantil como una materia requerida de incremento de la planta, lo que tendré oportunidad de singularizar en el caso de Cataluña, que ha puesto énfasis en este elemento.
Como digo, hay algunas demarcaciones en las que, efectivamente, se compatibiliza la materia mercantil con la materia civil en un juzgado de primera instancia, que recibe la encomienda en materia mercantil por parte del Tribunal Superior de Justicia, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y, sin embargo, se observan cifras de mayor alcance. Sería el caso del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada, que contempla 14 asuntos; el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Zaragoza, que contempla 60 --es una cifra importante--; el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, que contempla 25, o el Juzgado de Primera Instancia número seis de Badajoz, que contempla 12.
Del resto, salvo que quieran que les diga la relación completa --no creo que sea necesario--, no veo ninguna cifra equiparable a éstas. La mayor parte de ellas son cifras muy manejables que, lógicamente, marcan una diferencia con respecto de aquellos juzgados especializados exclusivamente en lo mercantil. Evidentemente, son los juzgados de lo mercantil los que han podido contemplar un volumen de asuntos que la mayor parte de los casos puede rayar en la veintena, en otros casos en la treintena, como es el caso de los Juzgados de lo Mercantil especializados números 1, 2 y 3 de Barcelona, con jurisdicción exclusiva en lo mercantil, o el de Palma de Mallorca, también cerca de la treintena. Como digo, hay que tener en cuenta que están especializados en lo mercantil y, por tanto, avocan toda la competencia de asuntos y de concursos de la respectiva demarcación. Por lo tanto, no es extraño ni resulta preocupante su proyección con respecto de lo que pueda ser el curso de la anualidad.
Me pregunta el senador Conde sobre la previsión de aspirar a implantar juzgados de lo mercantil en cada provincia de España. Mi respuesta, bienintencionada, sería que ojalá pudiésemos implantar juzgados especializados en todos los ámbitos de especialización imaginables.
Lógicamente, trabajando como lo hacemos, con recursos limitados, tenemos que ordenar prioridades, pero en principio, ni el propio Consejo General del Poder Judicial ni las comunidades autónomas lo demandan, y no parece razonable que trabajando con recursos limitados y con una previsión de 250 nuevas unidades judiciales para un ejercicio presupuestario sucesivo
--creo que es la previsión de incremento de la planta más notable que recordamos desde los años ochenta--, dedicásemos tal volumen de recursos a la implantación de unos juzgados de lo mercantil que, inevitablemente, porque todo en economía es así, perjudicaría la atención a la demanda de atención especializada y, por supuesto, de otros órdenes de la jurisdicción.
Las demarcaciones de la justicia requieren también crecimiento en materia social, en materia de juzgados de instrucción, de primera instancia e instrucción y, por lo tanto, hay que prever todas esas perspectivas en conjugación con los de la especialización mercantil.
Como digo, siempre hay un acento político en la medida en que la España autonómica requiere ese esfuerzo cuando la comunidad autónoma, con competencias asumidas en materia de Justicia, ha hecho esa apuesta específica y se la ha hecho saber al Gobierno, que tiene que cumplir también su parte del trabajo. Ese puede ser manifiestamente el caso de Navarra con el Juzgado de lo Mercantil especializado en Pamplona, cuya previsión de crecimiento se espera para el próximo año. ¿Por qué? Porque es una comunidad autónoma uniprovincial que, efectivamente, tiene competencias asumidas en materia de Justicia, porque así lo ha pedido y porque así se lo ha hecho llegar al Gobierno que, en el ejercicio de su autonomía política y del margen de maniobra de que dispone legítimamente, ha hecho esa priorización.
Sin embargo, debo decir en honor a la verdad que, desde el punto de vista cuantitativo, tampoco se justifica por el volumen de asuntos de que entiende la jurisdicción mercantil en Navarra, que es muy pequeño, muy por debajo del módulo, muy por debajo de 280, pero en la medida en que Navarra ha hecho una apuesta política muy insistente y ha asumido su parte de responsabilidad por esa apuesta política, lo que inevitablemente puede perjudicar la implantación de otros órganos en otros órdenes de la jurisdicción o especializados en otros ámbitos, por la colaboración interinstitucional que nos debemos en el Estado autonómico parece ineludible atender esa petición, a la vista también de la singularidad que plantea una comunidad autónoma uniprovincial.

Pasaré a comentar también alguna otra cuestión que se me ha planteado en los distintos turnos, en particular por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relativa a la previsión de crecimiento para Cataluña. A ese respecto, la apuesta de crecimiento de 250 nuevos órganos judiciales para el año que viene contempla de manera bastante satisfactoria la demanda planteada por Cataluña. También desde luego la planteada por el Tribunal Superior de Justicia y por el propio Consejo General del Poder Judicial para Cataluña, de manera que este es uno de los casos de correspondencia y de satisfacción al cien por cien.
No quiero decir con ello que se satisfaga al cien por cien las necesidades de justicia de Cataluña, sino que en este esfuerzo de interlocución razonada, siendo Cataluña consciente de las limitaciones presupuestarias, del esfuerzo que la propia Cataluña tiene que aportar para crecer --consideraciones también al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha preguntado en relación con las necesidades de justicia de Cataluña--, teniendo en cuenta que hace falta una inversión conjugada tanto por parte de la Generalitat como por parte del Gobierno, la previsión de crecimiento de nuevos 32 órganos judiciales para Cataluña el año próximo viene a atender la demanda planteada.
Teniendo en cuenta que la satisfacción de la implantación de los juzgados de lo mercantil en primera hornada resultaba bastante adecuada, no ha existido una demanda de incremento de especialización de lo mercantil en Cataluña. Por tanto, no existe una previsión inmediata de crecimiento, sin perjuicio de que en lo sucesivo pueda atenderse esa demanda según se vaya planteando.
Por otra parte, planteaba la consideración relativa a Navarra, y creo que acabo de dar una explicación a ese propósito.
Con respecto a un asunto que no es central en esta comparecencia, que es el relativo a las lenguas cooficiales vinculado al texto que en estos momentos se encuentra en tramitación en este Parlamento, debo decir al respecto que, por supuesto, respeto las iniciativas que el Parlamento decide tramitar y tomar en consideración, así como el trabajo que hagan los grupos parlamentarios, pero desde luego sostenemos la convicción de que el Estado autonómico, con todos sus mimbres, nos está mandatando, a los que tenemos responsabilidades políticas, a hacer un continuo ejercicio de integración a la búsqueda de soluciones razonables. Eso en lo que respecta a la ordenación de las competencias, a la aportación de recursos, a las previsiones presupuestarias, y también en el manejo de una cuestión tan sensible como es la cooficialidad lingüística. Es un dato inexorable del Estado de las autonomías que se recoge en el artículo tres de la Constitución, al referirse a las lenguas que los estatutos decidan reconocer como cooficiales en su respectivo ámbito. Por tanto, adquieren un estatus que debe ser validado en los distintos desarrollos del ordenamiento jurídico porque, de otra forma, la cooficialidad de esa lengua sería virtual y carente de contenido. Creo que eso hay que respetarlo, y estoy profundamente convencido de ello. Y además estoy convencido desde el punto de vista constitucional. No tengo ninguna duda de que eso es posible sin perjuicio de la unidad e independencia del Poder Judicial, aquí y en todos los países donde existe cooficialidad lingüística. La unidad esencial de la jurisdicción, que es la que en definitiva garantiza un ordenamiento jurídico regido por una fuente suprema, que es la Constitución, que garantiza la interpretación conforme a unos mismos principios y respetando derechos fundamentales, que son tales para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, nos está obligando a que la cooficialidad lingüística tenga presencia, es decir, no sea solamente una invocación virtual, «un flatus vocis», y habría que buscar soluciones para ello. Creo que eso es perfectamente posible. Nos hemos comprometido a trabajar en ello, y yo he dicho que uno de los propósitos de esta legislatura en materia de Justicia es el del impulso a la España autonómica, lo que significa completar el mapa de traspasos con respecto a aquellas comunidades autónomas que, siendo titulares de importantes competencias, no las ejercen todavía. Este hecho debe preocuparnos a todos porque, además, es bastante sintomático de males de una cierta profundidad en la Administración de Justicia. Creo que es muy sintomático de que la Administración de Justicia tiene problemas que deberían preocuparnos a todos, como puede ser el que comunidades autónomas, que son las legítimas propietarias de esas competencias y atribuciones en sus estatutos de autonomía no las quieran ejercer. Repito que esto es muy sintomático aunque me parece que se subraya poco. Se subraya muy poco que es revelador que las comunidades autónomas, que tienen importantes competencias en materia de Justicia, estén haciendo, desde hace ya unos cuantos años, todo lo posible para no ejercerlas. Me parece muy revelador y creo que ahí hay materia como para preocuparse. Tenemos que ir a una ordenación razonable de la distribución de competencias que incremente esa capacidad de colaboración en el ejercicio de las competencias propias, pero también de cumplir la Constitución, por supuesto, en lo relativo a los tribunales superiores de Justicia y en lo relativo a la cooficialidad lingüística. Por tanto, sin ser este asunto el central de esta comparecencia, tenga por seguro, señoría, que vamos a trabajar constructivamente para buscar soluciones que resulten satisfactorias.

Intervenció en el torn de portaveus:

¿Senador Bofill, desea hacer uso de su turno?
El señor BOFILL ABELLO: Sí, señora presidenta. Deseo precisar mi acuerdo con el señor ministro en lo que se refiere al tema de la racionalidad y a la distribución de los juzgados. En este sentido iba justamente mi intervención respecto de la adscripción provincial.
Consideramos que existe un problema político y un problema de racionalidad, y debemos conjugar ambas cosas. Nosotros pensamos que estamos en un Estado autonómico en el que la preeminencia está en manos de las comunidades autónomas, y por tanto, a la hora de considerar la creación de nuevos juzgados se debe tener en cuenta, como mínimo, ese criterio político, es decir, que se garantice que si existe una demanda en una comunidad autónoma, ésta realmente se cubra. Por ello, y aun estando lejos de nuestra adscripción política, hemos puesto el ejemplo de Navarra, pues no se trata de un tema de adscripción política, sino de concepción del Estado. Pensamos que en el Estado de las autonomías se debe actuar así.
En cambio, y por lo que se refiere a las provincias, consideramos que el proceso es distinto, pues en nuestra opinión debe primar dentro de cada comunidad autónoma el tema de aquellas plazas en las que hay una demanda social mayor, donde realmente existe la posibilidad de que se sustancien más casos. Nosotros no estamos a favor de que se creen, por ejemplo, siete juzgados de lo mercantil en la provincia de Barcelona, que es la demanda de la Generalitat, ni de que todo se concentre en la ciudad de Barcelona cuando resulta que seguramente hay un volumen de casos muy importante en la periferia de dicha ciudad y en una serie de ciudades también muy importantes, donde quizá deben radicar estos juzgados.
Incluso quizá sea más importante que dichos juzgados radiquen en alguna de esas ciudades que en otra capital de provincia, y no me refiero sólo a nuestra comunidad autónoma.
Es decir, que por un lado el criterio político debe ser el de las comunidades autónomas, y por otro, debe existir también un criterio de racionalidad. Evidentemente supongo que todos querríamos que en cualquier parte hubiera, con la máxima proximidad posible, un juzgado especializado, pero es evidente que existe un problema de economía. Así pues, en la medida en que la disponibilidad de medios lo permita, se debería tener en cuenta la demanda social.
Por lo que se refiere al uso de las lenguas cooficiales, es cierto que quizá ésta sea una cuestión que he sacado al margen del tema central objeto de esta comparecencia, pero quiero recordarles que el mismo nunca queda al margen, pues en toda actuación judicial se plantea este problema. En el momento en que se crean los juzgados de lo mercantil se convocan unas plazas, y en el concurso de la convocatoria de plazas de jueces no se tiene en cuenta esta cuestión. Esto es algo que sucede una y otra vez, y por tanto, desgraciadamente nos vemos obligados a jugar un papel que a veces también nos resulta molesto y que consiste en insistir siempre en las mismas cosas respecto de las lenguas cooficiales hasta el punto de que algunas de sus señorías pueden llegar a decir que ya estamos otra vez con el tema de las lenguas cooficiales. Pero, insisto, esto es algo de lo que no nos vamos a salvar si no damos a este problema una solución. Por ello agradezco las palabras del ministro en el sentido de reafirmar su posición, su convicción, su compromiso de promover la cooficialidad lingüística, porque en la medida en que este asunto se resuelva, dejaremos de hablar de él y quizá nos podremos concentrar en otras cuestiones más sustanciales respecto a la Administración de Justicia. Pero hemos de tener en cuenta que es básico que en la Administración de Justicia el uso de las lenguas esté bien regulado, entre otras cosas porque, por ejemplo, en la vida económica y mercantil en Cataluña es habitual el uso del catalán no sólo en la lengua oral, sino también en documentación escrita; por lo tanto, es importante que los jueces que vayan a ocupar estas plazas estén cualificados también en este terreno, es decir, que no sólo estén muy especializados en el Derecho Mercantil, sino que también deben poder acceder fácilmente al conjunto de la documentación procesal. Esto nos parece básico, por lo que esperamos resolverlo favorablemente para no tener que ser tan pesado por mi parte en este tema.
Gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bofill.