Intervenció a la Comissió de Justícia del Senat amb motiu de la compareixença del ministre de Juan López Aguilar el 24 de juny de 2004

Por Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Bona tarda, senyor ministre. Senyors senadors, senyores senadores, después de esta salutación en catalán, quería dirigirles el primer párrafo también en mi lengua, que no es regional [al·lusió a la intervenció del portaveu del PP]. Pero para ganar tiempo, ya que he de simultanear mi presencia en esta comisión y en la Comisión de Cultura, donde comparece la ministra, y a la espera de que dispongamos algún día no muy lejano de traducción simultánea, me traduzco yo mismo al castellano.

La señora PRESIDENTA: La presidencia se lo agradece enormemente.

El señor BOFILL ABELLÓ: Hoy, día de San Juan -esto es lo que quería decirles en catalán-, una de las fiestas nacionales de los països catàlans, quería aprovechar para decirles que del conjunto de las administraciones es justamente la Administración de Justicia donde se da uno de los déficit más evidentes por lo que se refiere al reconocimiento del derecho al uso del catalán en todas las instancias. Espero que desde esta Comisión y con la comprensión del Ministerio de Justicia sepamos encontrar los caminos para corregir esta anomalía.

Me ha alegrado oír al ministro que quiere impulsar la cooficialidad lingüística en la Administración de Justicia porque va en la misma dirección que apuntamos nosotros. La Justicia debe utilizar la lengua de los ciudadanos, los ciudadanos deben poder recurrir en cualquiera de las lenguas oficiales en su comunidad autónoma a todas las instancias judiciales, desde las radicadas en su comunidad autónoma hasta el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. En otras palabras, la lengua catalana debería ser oficial en todos los órganos de la Administración de Justicia que vean actuaciones iniciadas en los territorios en que es oficial la lengua catalana.

La Administración de Justicia se debería dirigir a los ciudadanos en las lenguas oficiales y la normativa legal que han de cumplir debería ser traducida a las lenguas oficiales en el mismo momento en que se dicta y se debería difundir en estas lenguas en los territorios de las comunidades autónomas en que sean oficiales.

Si estamos construyendo un Estado plural, si creemos que ese es realmente el mejor camino para una convivencia democrática, sin discriminaciones, entre otras cosas es esencial que demos pasos efectivos para que los órganos oficiales de la Administración del Estado asuman la oficialidad del catalán en las actuaciones judiciales. Actualmente apenas se garantiza el ejercicio efectivo de esta oficialidad en los órganos radicados en el propio territorio catalán, porque, entre otras cosas, no se han tomado las medidas suficientes para la capacitación lingüística de los jueces, fiscales y abogados del Estado y, en general, del personal de la Administración de Justicia que accede a plazas en Cataluña.

Igualmente, es imprescindible que se modifique la legislación registral para que los asientos se hagan en lengua catalana, y nos ha gustado ver que estamos de acuerdo en ello.

Entre los propósitos fundamentales de su mandato, señor ministro, usted ha situado, en primer lugar, hacer de la Justicia un servicio público de calidad. Para ello, no lo dude, contará siempre con nuestra colaboración. Por nuestra parte, consideramos que la excesiva centralización de la Justicia, no haber avanzado realmente en dirección a un modelo federal -al menos tanto como se ha avanzado por lo que se refiere al Poder Ejecutivo con los gobiernos autónomos o al Poder Legislativo con los parlamentos autonómicos- es uno de los factores que explica gran parte de la ineficiencia del sistema judicial, de un cierto alejamiento de los ciudadanos y de la sociedad. Desde Cataluña creemos que es necesario reformar la legislación sobre la Administración de Justicia para adaptar su estructura a la naturaleza compuesta del Estado.

En mi intervención me referiré al caso de Cataluña, que puede tener algunas especificidades, sin perjuicio de que algunas de las cosas que diré o de propuestas que haga sean de aplicación en otras comunidades con competencias ya transferidas. En relación con esto, diré que me ha preocupado un poco en su intervención que ha connotado negativamente la heterogeneidad, porque yo creo que en un Estado compuesto una de las características es justamente la heterogeneidad. Es decir, estando de acuerdo con que seguramente es conveniente que haya transferencias de competencias a comunidades autónomas que aún no han asumido competencias en la Adminsitración de Justicia, eso no quiere decir que los ritmos no puedan ser distintos en unas comunidades y en otras.

Entre paréntesis, permítame recordar que a causa de esta falta de consideración del carácter compuesto del Estado la Generalitat de Cataluña se vio obligada a presentar este mes de marzo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica del Poder Judicial y esperamos que se tenga en cuenta su contenido en el momento en que se aborde su reforma.

El actual Estatuto de Autonomía de Cataluña prevé el traspaso a la Generalitat de Cataluña de todas las competencias que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al Ministerio de Justicia y por ello creemos que se debería completar el proceso de transferencias.

Las reformas de la Administración de Justicia deberían apuntar, al menos en nuestro caso, a un traspaso de competencias sobre jurisdicción para ir construyendo un poder judicial catalán con un Consejo Judicial de Cataluña. También en la misma línea el programa del actual Gobierno catalán plantea la necesidad de instituir la figura del Fiscal de Cataluña con funciones sobre la Fiscalía.

Abundando en el tema de la necesaria reforma de nuestra Justicia, hay que fijar un calendario -en esto estamos de acuerdo- para que los tribunales superiores de justicia funcionen como última instancia judicial en los recursos judiciales iniciados en nuestros territorios. La Constitución así lo permite, como usted ha señalado, se abaratarían los costes del proceso, se acercaría la Justicia a los ciudadanos y se conseguiría una respuesta más rápida y más eficaz.

Hablamos todos de modernización, y estamos de acuerdo con muchas de las medidas concretas que usted ha propuesto, pero estamos chocando permanentemente con los mismos obstáculos alrededor de una centralización excesiva y especialmente problemática en todo lo que se refiere a los llamados cuerpos nacionales y al régimen del personal de la Administración de Justicia. El actual blindaje político-corporativo de los cuerpos nacionales y su funcionamiento, que afecta de manera notable la movilidad de sus miembros, es un obstáculo para la modernización de la Justicia, para acercarla a los ciudadanos y además va en contra del reconocimiento práctico efectivo del carácter compuesto del Estado.

Habida cuenta del bloqueo actual de esta cuestión tan fundamental, les animamos a buscar nuevas maneras de integración de estos cuerpos nacionales en la Administración autonómica en colaboración con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. En este sentido creo que por parte de la Consejería hay una actitud muy abierta en el sentido de buscar caminos originales para que salvemos este obstáculo.

La actual reserva a favor del Ministerio de Justicia en la regulación de aspectos fundamentales del funcionamiento de los órganos judiciales y de su personal interfieren permanentemente en la capacidad de decisión de la Administración autonómica, gestora y pagadora, y provoca la ruptura del principio de responsabilidad. Resulta incomprensible que en el actual Estado autonómico se fijen desde el Gobierno central hasta los horarios de nuestros juzgados o se firmen pactos laborales, que contienen cláusulas que comprometen a la Generalitat de Cataluña, sin que ésta haya intervenido en la negociación. La Generalitat nos ha comunicado que se encuentra con unas obligaciones no previstas de unos 10 millones de euros para este ejercicio 2004.

Desde Cataluña quisiéramos asegurar la intervención de la Generalitat en la fijación de la planta y demarcación judicial e integrar a su personal no judicial en la función pública catalana. Por lo que se refiere a la planta, creemos que, por racionalidad, debería desaparecer la provincia como marco de referencia, y que los nuevos juzgados mercantiles en este caso se deberían distribuir atendiendo al volumen de procedimientos previsibles a lo largo del territorio. Según la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en nuestra comunidad autónoma se necesitan 10 juzgados mercantiles. Por otro lado, la sala de gobierno de este tribunal solicitó en diciembre 49 nuevos órganos judiciales con categoría de magistrados y ocho con categoría de juez. Esperamos que en sus planes de creación de nuevas plazas se tengan en cuenta todas estas demandas.

Uno de los graves problemas que perturban la buena marcha de los órganos judiciales en Cataluña es la movilidad del personal, de los titulares y de los secretarios. Habría que agilizar la cobertura de las vacantes e incentivar de alguna manera la estabilidad con medidas adecuadas.

Para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia seguramente coincidiremos en que es necesario crear órganos de justicia de proximidad gestionados, en nuestro caso, por la Generalitat, que ofrezcan juicios rápidos y baratos para resolver pequeños conflictos. El establecimiento de la justicia de paz en las poblaciones con juzgados de primera instancia y la justicia municipal en los distritos de las grandes ciudades podrían ir en esta dirección.

En otro orden de cosas, no podemos dejar de reclamar el cumplimiento de lo previsto en nuestro Estatuto de Autonomía para el traspaso de competencias sobre el notariado y los registradores mercantiles y de la propiedad.

Por lo que se refiere a conflictos competenciales, desde Cataluña se valoraría muy positivamente que se atendiera la demanda, que se retiren los recursos del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra las leyes catalanas de garantías y la de ocupación y derechos reales, y muy especialmente contra la del Código Civil catalán. Nos gustaría que se pronunciara específicamente sobre este tema tan sensible para la sociedad catalana.

En cuanto al acercamiento de las decisiones de la Administración de Justicia a la sociedad, una reclamación competencial muy sentida en relación con el Registro de asociaciones es la potestad de la declaración de su utilidad pública, lo que tiene importantes consecuencias en lo que se refiere al régimen fiscal de esas entidades. Parece más lógico que sea la Administración autonómica, que está cerca del proceso de constitución de las asociaciones y que mejor conoce su actividad y su funcionamiento, quien pueda declarar su utilidad pública.

Permítame referirme, aunque sea brevemente, a la necesidad de revisar las reformas del Código Penal introducidas por el anterior Gobierno, que han recortado algunos derechos y libertades además de provocar en la práctica graves problemas en el correcto funcionamiento de nuestro sistema penitenciario.

Como usted ya sabe, señor ministro, Cataluña es la única comunidad autónoma con competencias exclusivas en materia penitenciaria. Actualmente la Administración penitenciaria tiene graves problemas derivados de algunas de esas medidas penales, que ahora es necesario rectificar, entre otros motivos para evitar el colapso de las cárceles, que en las actuales condiciones de saturación no pueden cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los internos y los funcionarios de prisiones y de reinserción social de los recursos.

La Consellería de Justicia de la Generalitat de Cataluña ha trasladado recientemente su inquietud al Ministerio de Justicia solicitando la rectificación de disposiciones penales recientes, que tienen y tendrán un impacto negativo sobre la ejecución penal, como son la reintroducción de las penas cortas de prisión, que entran en vigor en octubre de este año, la reforma del artículo 36 del Código Penal, que dificulta la clasificación de tercer grado de condenados a penas superiores a cinco años hasta no haber cumplido la mitad de la condena, la reforma del artículo 90 del Código Penal sobre la libertad condicional, que dificulta su concesión si el penado no ha satisfecho la responsabilidad civil del delito, la reforma del artículo 72 de la Ley General Penitenciaria sobre clasificación o progresión al tercer grado, que dificulta el acceso al mismo al penado que no ha satisfecho la responsabilidad civil del delito.

Todo ello al margen del hecho de que, o se dota a la Administración de Justicia y a la Administración penitenciaria de medios suficientes, o la aprobación de algunas leyes indiscutiblemente necesarias, como la nueva ley contra la violencia de género, se pueden convertir en un auténtico boomerang ya que pueden agravar la sobrepoblación de nuestras cárceles además de generar expectativas sociales en relación con medidas como el alejamiento domiciliario sin que después haya medios para controlar su ejecución.

Volviendo al tema de la necesario revisión de algunas iniciativas legislativas del anterior Gobierno que atentan contra el ejercicio de algunos derechos democráticos básicos, permítame que le pregunte, señor ministro, por la derogación de los artículos del Código Penal que se refieren a la convocatoria de referéndums que usted declaró en el Congreso de los Diputados querer abordar de inmediato.

No he podido asistir a toda su intervención y no sé si hoy lo habrá recordado usted, pero quiero decirle que desde nuestro grupo nos felicitamos el que se plantee avanzar en la construcción de un Estado genuinamente aconfesional -en el Congreso de los Diputados lo dijo usted en su intervención- asumiendo la responsabilidad que asignan al Gobierno las leyes de cooperación con todas las confesiones religiosas. Le pediríamos que considerara la existencia de un numerosísimo grupo de ciudadanos agnósticos, ateos, o que simplemente no profesan ninguna religión. Yo añadiría que en esta materia seguramente la mejor definición de genuinamente aconfesional es laico.

Por lo que se refiere a nuevas iniciativas legislativas de su Gobierno a favor del reconocimiento de nuevos derechos civiles de acuerdo con la evolución de nuestras sociedades, como el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, sepa que podrá contar con el apoyo de nuestro grupo.

Entre los fenómenos sociales sobre los cuales se está haciendo necesario legislar, destaca también el caso de la prostitución, en que el exceso de hipocresía que reina en el momento de abordarlo sólo sirve para esconder graves problemas de explotación, de conculcación de derechos fundamentales y de carácter sanitario. El senador de nuestro grupo, Rafael Bruguera, le planteó esta cuestión al ministro del Interior en su comparecencia del lunes en esta Cámara. El ministro le pidió que se la trasladara al ministro de Justicia, cosa que hago en este momento. La regulación podría ser el modelo más adecuado en nuestro caso, en relación con la prostitución, ya que permitiría garantizar, en primer lugar, la libertad de decisión de las personas que la ejercen. Además, permitiría también que estas personas tuvieran reconocidos los derechos laborales, que hubiera un control sanitario, que los establecimientos donde se ejerce la prostitución cumplieran unas condiciones determinadas y que en conjunto esa actividad cumpliera con sus obligaciones fiscales. Nos gustaría conocer el punto de vista del Gobierno sobre esta cuestión que, además, tiene muy importantes repercusiones en relación con la emigración.

Nos felicitamos de que en los próximos días se reúna la conferencia sectorial de Justicia. Deseamos que tanto en ese marco como en los contactos bilaterales de la Consellería de la Generalitat se llegue a acuerdos que nos permitan avanzar en la dirección que hemos venido apuntando.

Esperamos, por nuestra parte, poder colaborar lealmente en la modernización de la Justicia en este Estado compuesto. Estaremos muy atentos a que las reformas que hay que abordar tengan los suficientes medios presupuestarios para que se hagan efectivas.

Muchas gracias, señor ministro, por su atención.

Señorías, les ruego disculpen si me ausento porque también soy portavoz en la Comisión de Cultura que se está celebrando en este mismo momento.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bofill, por ese doble esfuerzo.